Miguel Ángel Solis Magaña
Expediente 721/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 45 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 721/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 27/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Miguel Ángel Solis Magaña
- Ángel Guillen Correa
- MIGUEL ÁNGEL SOLIS MAGAÑA y Otros.
- FEDERICO MARQUEZ GARCIA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a la parte quejosa ********************, en el goce de sus derechos violados en términos de la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso... Ahora, del análisis de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que en el caso la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en razón de que la autoridad responsable dio vista al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, para la investigación de los posibles actos de tortura analizados en la ejecutoria, y este último, el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, inició la carpeta de investigación relativa, registrándola con el Número Único de Caso: CI-CU_I-1047/2022. Sin que la presente determinación implique decidir sobre la legalidad de las actuaciones realizadas en cumplimento a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Por otra parte, de autos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Por otro lado, devuélvase al Juzgado de Control de la Región Judicial Dos, de Cunduacán, Tabasco, los tres discos compactos que adjuntó a su informe justificado. Dése vista con la anterior determinación en los cuadernos incidentales formados con motivo del presente juicio.
- Incidental
Villahermosa, Tabasco, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en el cuaderno principal del cual deriva este incidente, en esta fecha se ordenó el archivo definitivo; y al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se establece: Tocante al original del incidente de suspensión, debe decirse que se concedió tanto en fase provisional, como en fase definitiva, la medida cautelar peticionada, por lo que es susceptible de depuración, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo. Por su parte, el duplicado del cuaderno incidental, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo general mencionado, es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses de archivo, procédase en consecuencia. Asimismo, una vez concluido el proceso de depuración, deberá transferirse el original del incidente de suspensión, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio signado por la Juez de Control de la Región Judicial Dos de Cunduacán, Tabasco, mediante el cual informa que el nueve de enero de dos mil veintitrés se dictó sentencia condenatoria en procedimiento abreviado contra ***********, y que el tres de febrero siguiente se dictó sentencia condenatoria contra Miguel Ángel Solís Magaña; quedando únicamente en proceso la carpeta por lo que hace a **********. En atención a su contenido, resérvese de proveer lo conducentes hasta en tanto, fenezca el plazo otorgado a la parte quejosa, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma
- Principal
Villahermosa, Tabasco, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio remitido por Joaquín Martínez Margalli, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, mediante el cual reitera que existen diversas carpetas de investigación relacionados con los hechos de tortura denunciados por los aquí quejosos Miguel Ángel Solís Magaña, Ángel Guillén Correa, Julio César Bravo Márquez y Federico Márquez García; asimismo, que a efecto de dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, se dio inicio a la carpeta de investigación FEIDT-74/2022, a efecto de determinar lo conducente. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a Joaquín Martínez Magalli, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir de la recepción del oficio por el que se notifique el presente proveído, remita copia certificada de la citada carpeta de investigación. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a la autoridad de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a 20 MG, éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrá hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. Asimismo, se hace del conocimiento a la citada autoridad que en caso de no contar con firma electrónica o bien, de tener una imposibilidad para remitir de manera electrónica las citadas constancias, las mismas podrán ser presentadas de manera física. Bajo el apercibimiento que de ser omisa, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se le destituya del cargo que desempeña y sea consignado al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que resulte aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 185736, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación."
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