Miguel Ángel Serna Medina
Expediente 799/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Miguel Ángel Serna Medina
Actuaciones
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el cuatro de octubre de la presente anualidad en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales o copia certificada exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado que constituye el tomo I y II, agregando al presente juicio la carátula que lo contenía.
- Principal
Visto; el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite los autos del juicio de amparo directo civil 648/2018, en que en resolución de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por Miguel Ángel Serna Medina; y, remitió los autos del citado juicio de amparo con dos anexos y testimonio autorizado de la resolución de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, del que tocó conocer a este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la referida demanda de garantías, hágase lo anterior del conocimiento del Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y en acuse de recibo de su oficio 15776/2019, de dos de octubre de dos mil diecinueve. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 799/2019-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por su parte, el artículo 113, de la ley en cita dice que debe examinarse ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acato a lo anterior, es de indicarse que el quejoso Miguel Ángel Serna Medina, reclama de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación civil 146/2018, en la que confirmó la resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jalpa, Zacatecas, en el juicio civil ordinario 448/2017, que declaró improcedente la excepción de cosa juzgada opuesta por el demandado, aquí quejoso, como de previo y especial pronunciamiento. En su escrito de demanda el quejoso narra que Camerina Medina Márquez, a quien señala como tercera interesada, ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, promovió juicio civil ordinario plenario de posesión y/o acción publiciana en su contra. Que radicado el juicio fue emplazado y contestó la demanda entablada en su contra, oponiendo las excepciones y defensas, entre ellas la de previo y especial pronunciamiento de cosa juzgada, en virtud a que las dos fracciones de terreno que reclama la posesión la actora, el derecho posesorio y de propiedad ya había sido discutido en el juicio civil ordinario marcado con el número 387/2013, que promovió contra la mencionada tercero interesada. Que el juez mencionado resolvió sobre dicha excepción e inconforme con la resolución interpuso recurso de apelación, formándose el toca bajo el número 146/2018, resuelto el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y confirmó la resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jalpa, Zacatecas. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, se advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Establecido lo anterior, se destaca que en el caso a estudio el acto reclamado se hace consistir en la la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación civil 146/2018, en la que confirmó la resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jalpa, Zacatecas, en el juicio civil ordinario 448/2017, que declaró improcedente la excepción de cosa juzgada opuesta por el demandado, aquí quejoso, como de previo y especial pronunciamiento. Así, de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá ante el juez de distrito, contra actos en juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. Por lo tanto, es necesario dejar establecido que, por actos que producen ejecución irreparable, debe entenderse aquéllos que dentro del juicio afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de lo que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos no se pueden reparar en el curso del juicio, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable a la quejosa, en razón de que los daños o perjuicios que pudiera resentir el particular con esa clase de actos, no se le pueden resarcir en ninguna actuación posterior. Por consiguiente, no puede considerarse como actos de imposible reparación los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, el perjuicio que en su caso se ocasione, puede ser reparado al momento de dictarse la sentencia definitiva, en caso de ser favorable a los intereses de la quejosa, o no siéndolo mediante la impugnación de la misma, haciéndose valer aquélla violación procesal. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, del Tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo tenor literal es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas de los quejosos, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley de Amparo, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Sobre el particular, deviene aplicable el criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.9o.C.141 C, publicada en la página tres mil ciento dos, materias civil y común, tomo XXVI, octubre de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 171240, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE UNA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE UN INCIDENTE DE NULIDAD POR VICIOS EN EL EMPLAZAMIENTO, SE DEBE ATENDER AL SENTIDO Y A LOS EFECTOS QUE A CADA PARTE LE PRODUCE. La resolución que declara fundado un incidente de nulidad de emplazamiento y que ordena la reposición del procedimiento, sí puede producir en perjuicio de la parte actora una afectación en grado predominante y superior, por lo que ese acto debe ser considerado como de ejecución de imposible reparación. Esto es así, en razón de que en ese caso, la reposición del procedimiento obliga al actor a pasar de nuevo por todas las etapas procesales, desde el momento en que se ordene la reposición del procedimiento, y lo obliga a soportar de nuevo el desgaste procesal y económico correlativos, lo cual no sería reparable aun obteniendo sentencia favorable a sus intereses, dado que el proceso ya habrá sido repuesto; de modo que en ese caso, la resolución que declara fundado un incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la diligencia de emplazamiento, sí puede ser objeto de control constitucional en la vía de amparo indirecto. En cambio, la resolución que declara la validez del emplazamiento no produce una afectación en grado predominante y superior, en contra de la parte demandada, porque en este caso, subsiste la posibilidad de que obtenga sentencia favorable a sus intereses, y de no ser así, puede combatir la resolución del incidente de nulidad de emplazamiento, en amparo directo, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo. Cabe mencionar que lo anteriormente considerado, no implica desequilibrio en el acceso a la tutela constitucional de los actos de autoridad dictados dentro de juicio, ya que como se ha evidenciado, para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado sea la interlocutoria que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones por vicios en el emplazamiento, se debe tomar en cuenta el sentido del acto impugnado y los efectos que, para cada una de las partes, produce esa resolución." Pues, se reitera que los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone nuestra Constitución. Siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución a los quejosos en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidos como garantías individuales, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Luego, conforme al acto reclamado antes precisado, es evidente que dicha actuación solo produce efectos intraprocesales, que pueden ser reclamados una vez que se dicte el fallo definitivo en caso de que éste sea desfavorable a la parte inconforme, mediante el juicio de amparo directo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, pues no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, a través de las garantías individuales. En efecto, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; y, en el caso a estudio, el acto que se impugna no reúne esa característica, pues la resolución que desestimo la excepción de cosa juzgada por parte de la autoridad señalada como responsable, es un acto procesal que no tiene una ejecución irreparable, en la medida que, se reitera, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por las garantías individuales, como la vida, la libertad, propiedad, posesión o cualquier otro de ese tipo, sino que, en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 12/2018, en materia común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6 del libro cincuenta y cinco, junio de dos mil dieciocho, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2017109, de rubro y texto: "COSA JUZGADA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESTA EXCEPCIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la resolución que desestima la excepción de cosa juzgada es improcedente el juicio de amparo indirecto, al no ajustarse a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que afecten materialmente derechos, ni el afectado reviste la categoría de sustantivo; esto es, aquella resolución es un acto de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Por otro lado, no puede estimarse que exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, toda vez que la violación procesal que se pretende combatir a través del juicio de amparo indirecto puede resolverse en sentido favorable al interesado en la sentencia definitiva, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio, además de que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que el inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano, máxime que al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo." Por imposible reparación, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la jurisprudencia visible en la página ciento cuarenta y cuatro, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, definió lo siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Además, la jurisprudencia por contradicción de tesis, número P./J.24/92, sustentada por el Pleno de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 164, del Apéndice de 1995, tomo VI, tesis 244, Octava Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el juicio de amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De lo anterior, podemos establecer como actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Entonces, dadas las consideraciones antes expuestas, se concluye que el acto controvertido en la presente instancia constitucional no tiene ejecución de imposible reparación en perjuicio del impetrante de garantías. Lo anterior es así, porque el acto reclamado no es la resolución que ponga fin a la etapa procesal que se advierte que se encuentra ese juicio, sino que se trata de la resolución que resolvió la excepción de cosa juzgada. Por consiguiente, como ya se indicó, resulta incuestionable que los actos controvertidos en la presente instancia constitucional, no tienen una ejecución de imposible reparación sobre el impetrante de garantías en sus derechos personales o reales, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que emana tal acto procesal, aunque se obtuviera una resolución favorable, pues éstos no afectan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela nuestra Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, sino sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia V.2o. J/68, de la Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 66, Junio de 1993, visible en la página 46, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito." Bajo las anteriores consideraciones, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de garantías por concurrir en el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del ordinal 107 de la citada Ley. Con los anexos que remitió la superioridad, fórmense por separado tomos I y II, con su respectiva carátula, para el fácil manejo del presente juicio de amparo. Se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es únicamente para imponerse de los autos y oír notificaciones a Bernardo del Real Sánchez, José Jesús Mireles García y Jorge de la Rosa Carrillo, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que los faculta a ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como exige el mencionado precepto legal; y, como domicilio para ello, el ubicado en Avenida González Ortega, número ciento cuatro, interior cinco, en esta ciudad de Zacatecas.
- Principal
se publica auto de cuatro de octubre de dos mil diecinueve con efectos de notificar a la parte quejosa: Visto; el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite los autos del juicio de amparo directo civil 648/2018, en que en resolución de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por Miguel Ángel Serna Medina; y, remitió los autos del citado juicio de amparo con dos anexos y testimonio autorizado de la resolución de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, del que tocó conocer a este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la referida demanda de garantías, hágase lo anterior del conocimiento del Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y en acuse de recibo de su oficio 15776/2019, de dos de octubre de dos mil diecinueve. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 799/2019-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por su parte, el artículo 113, de la ley en cita dice que debe examinarse ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acato a lo anterior, es de indicarse que el quejoso Miguel Ángel Serna Medina, reclama de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación civil 146/2018, en la que confirmó la resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jalpa, Zacatecas, en el juicio civil ordinario 448/2017, que declaró improcedente la excepción de cosa juzgada opuesta por el demandado, aquí quejoso, como de previo y especial pronunciamiento. En su escrito de demanda el quejoso narra que Camerina Medina Márquez, a quien señala como tercera interesada, ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, promovió juicio civil ordinario plenario de posesión y/o acción publiciana en su contra. Que radicado el juicio fue emplazado y contestó la demanda entablada en su contra, oponiendo las excepciones y defensas, entre ellas la de previo y especial pronunciamiento de cosa juzgada, en virtud a que las dos fracciones de terreno que reclama la posesión la actora, el derecho posesorio y de propiedad ya había sido discutido en el juicio civil ordinario marcado con el número 387/2013, que promovió contra la mencionada tercero interesada. Que el juez mencionado resolvió sobre dicha excepción e inconforme con la resolución interpuso recurso de apelación, formándose el toca bajo el número 146/2018, resuelto el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y confirmó la resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jalpa, Zacatecas. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, se advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Establecido lo anterior, se destaca que en el caso a estudio el acto reclamado se hace consistir en la la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación civil 146/2018, en la que confirmó la resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jalpa, Zacatecas, en el juicio civil ordinario 448/2017, que declaró improcedente la excepción de cosa juzgada opuesta por el demandado, aquí quejoso, como de previo y especial pronunciamiento. Así, de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá ante el juez de distrito, contra actos en juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. Por lo tanto, es necesario dejar establecido que, por actos que producen ejecución irreparable, debe entenderse aquéllos que dentro del juicio afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de lo que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos no se pueden reparar en el curso del juicio, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable a la quejosa, en razón de que los daños o perjuicios que pudiera resentir el particular con esa clase de actos, no se le pueden resarcir en ninguna actuación posterior. Por consiguiente, no puede considerarse como actos de imposible reparación los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, el perjuicio que en su caso se ocasione, puede ser reparado al momento de dictarse la sentencia definitiva, en caso de ser favorable a los intereses de la quejosa, o no siéndolo mediante la impugnación de la misma, haciéndose valer aquélla violación procesal. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, del Tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo tenor literal es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas de los quejosos, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley de Amparo, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Sobre el particular, deviene aplicable el criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.9o.C.141 C, publicada en la página tres mil ciento dos, materias civil y común, tomo XXVI, octubre de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 171240, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE UNA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE UN INCIDENTE DE NULIDAD POR VICIOS EN EL EMPLAZAMIENTO, SE DEBE ATENDER AL SENTIDO Y A LOS EFECTOS QUE A CADA PARTE LE PRODUCE. La resolución que declara fundado un incidente de nulidad de emplazamiento y que ordena la reposición del procedimiento, sí puede producir en perjuicio de la parte actora una afectación en grado predominante y superior, por lo que ese acto debe ser considerado como de ejecución de imposible reparación. Esto es así, en razón de que en ese caso, la reposición del procedimiento obliga al actor a pasar de nuevo por todas las etapas procesales, desde el momento en que se ordene la reposición del procedimiento, y lo obliga a soportar de nuevo el desgaste procesal y económico correlativos, lo cual no sería reparable aun obteniendo sentencia favorable a sus intereses, dado que el proceso ya habrá sido repuesto; de modo que en ese caso, la resolución que declara fundado un incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la diligencia de emplazamiento, sí puede ser objeto de control constitucional en la vía de amparo indirecto. En cambio, la resolución que declara la validez del emplazamiento no produce una afectación en grado predominante y superior, en contra de la parte demandada, porque en este caso, subsiste la posibilidad de que obtenga sentencia favorable a sus intereses, y de no ser así, puede combatir la resolución del incidente de nulidad de emplazamiento, en amparo directo, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo. Cabe mencionar que lo anteriormente considerado, no implica desequilibrio en el acceso a la tutela constitucional de los actos de autoridad dictados dentro de juicio, ya que como se ha evidenciado, para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado sea la interlocutoria que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones por vicios en el emplazamiento, se debe tomar en cuenta el sentido del acto impugnado y los efectos que, para cada una de las partes, produce esa resolución." Pues, se reitera que los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone nuestra Constitución. Siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución a los quejosos en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidos como garantías individuales, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Luego, conforme al acto reclamado antes precisado, es evidente que dicha actuación solo produce efectos intraprocesales, que pueden ser reclamados una vez que se dicte el fallo definitivo en caso de que éste sea desfavorable a la parte inconforme, mediante el juicio de amparo directo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, pues no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, a través de las garantías individuales. En efecto, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; y, en el caso a estudio, el acto que se impugna no reúne esa característica, pues la resolución que desestimo la excepción de cosa juzgada por parte de la autoridad señalada como responsable, es un acto procesal que no tiene una ejecución irreparable, en la medida que, se reitera, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por las garantías individuales, como la vida, la libertad, propiedad, posesión o cualquier otro de ese tipo, sino que, en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 12/2018, en materia común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6 del libro cincuenta y cinco, junio de dos mil dieciocho, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2017109, de rubro y texto: "COSA JUZGADA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESTA EXCEPCIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la resolución que desestima la excepción de cosa juzgada es improcedente el juicio de amparo indirecto, al no ajustarse a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que afecten materialmente derechos, ni el afectado reviste la categoría de sustantivo; esto es, aquella resolución es un acto de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Por otro lado, no puede estimarse que exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, toda vez que la violación procesal que se pretende combatir a través del juicio de amparo indirecto puede resolverse en sentido favorable al interesado en la sentencia definitiva, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio, además de que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que el inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano, máxime que al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo." Por imposible reparación, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la jurisprudencia visible en la página ciento cuarenta y cuatro, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, definió lo siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Además, la jurisprudencia por contradicción de tesis, número P./J.24/92, sustentada por el Pleno de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 164, del Apéndice de 1995, tomo VI, tesis 244, Octava Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el juicio de amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De lo anterior, podemos establecer como actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Entonces, dadas las consideraciones antes expuestas, se concluye que el acto controvertido en la presente instancia constitucional no tiene ejecución de imposible reparación en perjuicio del impetrante de garantías. Lo anterior es así, porque el acto reclamado no es la resolución que ponga fin a la etapa procesal que se advierte que se encuentra ese juicio, sino que se trata de la resolución que resolvió la excepción de cosa juzgada. Por consiguiente, como ya se indicó, resulta incuestionable que los actos controvertidos en la presente instancia constitucional, no tienen una ejecución de imposible reparación sobre el impetrante de garantías en sus derechos personales o reales, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que emana tal acto procesal, aunque se obtuviera una resolución favorable, pues éstos no afectan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela nuestra Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, sino sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia V.2o. J/68, de la Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 66, Junio de 1993, visible en la página 46, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito." Bajo las anteriores consideraciones, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de garantías por concurrir en el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del ordinal 107 de la citada Ley. Con los anexos que remitió la superioridad, fórmense por separado tomos I y II, con su respectiva carátula, para el fácil manejo del presente juicio de amparo. Se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es únicamente para imponerse de los autos y oír notificaciones a Bernardo del Real Sánchez, José Jesús Mireles García y Jorge de la Rosa Carrillo, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que los faculta a ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como exige el mencionado precepto legal; y, como domicilio para ello, el ubicado en Avenida González Ortega, número ciento cuatro, interior cinco, en esta ciudad de Zacatecas.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · 7,805 expedientes
- Miguel Ángel Ramírez Ramírez851/2016
- Miguel Ángel Razo Salas738/2018
- Miguel Ángel Rentería Luna304/2018
- Miguel Ángel Salas Valle2/2016
- Miguel Ángel Santivañez Ríos266/2019
- Miguel Ángel Serna García768/2021
- Miguel Ángel Tenorio Botello57/2021
- Miguel Ángel Torres Mercado1847/2018
- Miguel Ángel Torres Rosales1445/2022
- Miguel Ángel Valles Barrios1058/2022
- Miguel Ángel Varela Ramírez85/2019
- Miguel Ángel Velazquez Ferrales511/2022