Miguel Ángel Saucesa Chacon

Expediente 520/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
520/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Saucesa Chacon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, quince de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés (notificado el diecisiete de febrero del año en curso), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherente al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada por este juzgado; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por otra parte, y toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas que la autoridad responsable Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en esta ciudad, anexo a su informe justificado; por tanto, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra concluido, remítase a la citada autoridad responsable las constancias de referencia, para los efectos legales que haya lugar.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de tres de febrero de dos mil veintitrés, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En principio, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "Los efectos de la protección de la Justicia Federal se hacen consistir en que la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de inmediato, dé cumplimiento a la sentencia interlocutoria dictada el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio ordinario civil 486/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en la que se le condenó a pagar a la demandada la cantidad de $********************(******************** MONEDA NACIONAL), por concepto de cobros indebidos vía nómina." Ahora bien, de autos se advierte que la autoridad responsable Gerente del Área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación IV en el Estado de Sinaloa, mediante oficio sin número comunicó que ante la presencia del Notario Público Número 217 en el Estado de Sinaloa, el hoy quejoso ******************** recibió el cheque ******** por la cantidad de $******************** (*************** y **** pesos ***/100 moneda nacional), y que corresponde a la condena de cinco de diciembre de dos mil veintidós dentro del juicio civil 486/2017 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, dándose el impetrante por pagado de las prestaciones que fueron reclamadas en dicho sumario; remitiendo además copia certificada del mencionado cheque. Luego, como la cantidad que fue recibida por el impetrante del amparo es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, por tanto, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo en el pleno goce de las garantías violadas, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo, pues la ejecutoria se cumplió en los lineamientos precisados. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil veintitrés el propio quejoso ******************** manifestó que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores le entregó un cheque por la cantidad de $******************** (************ pesos ***/100 moneda nacional), y que por ello se daba por pagado de todas y cada una de las prestaciones señaladas en la sentencia interlocutoria dictada en el juicio civil ***/2017; de ahí que al manifestar su conformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, deba tenerse por totalmente concluido el presente amparo.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, tres de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Gerente del Área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Delegación IV en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio a nombre del Gerente Jurídico Contencioso Civil y Mercantil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual en respuesta al oficio 18202/2022 manifiesta que se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que no cuenta con copia de la sentencia; en consecuencia y a fin de evitar mayores dilaciones, envíesele copia de la misma para que esté en condiciones de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

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