Miguel Ángel Santillán Guzmán

Expediente 642/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
642/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Santillán Guzmán
  • Rosalba Esperanza Guzmán y Calvo y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Glósese a los autos el escrito de *****, autorizada de la parte quejosa, con el que manifiesta interponer recurso de queja; atento a ello, se acuerda: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra del auto de seis de junio de esta anualidad. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la ley invocada, notifíquese a la parte quejosa, la interposición de este recurso y, en obvio de mayores dilaciones, ríndase el informe sobre la materia de la queja interpuesta, al cual se adjuntará el escrito con que se da cuenta, mismo donde se hizo valer el referido recurso, además remítase un testimonio de las constancias que existen en este juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, para el trámite de ese medio de impugnación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    ° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil veintidós. Registro de demanda Con la demanda de amparo que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el tres de junio del año en curso, se turnó en esa fecha, y se recibió en este órgano jurisdiccional el mismo día, promovida por 1) **** y ***, 2) **** y, 3) ****, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 642/2022. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. Se tiene a la parte quejosa señalando como representante común a *****. Desechamiento Ahora bien, procede realizar un análisis integral del escrito de demanda, en virtud de ser un todo, a fin de interpretarse para armonizar los datos que contiene y desentrañar la voluntad de la promovente; lo que se efectúa en términos de la tesis 169, publicada en la página 207, del Tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, se advierte que la parte quejosa reclama a las autoridades señaladas como responsables, en esencia, lo siguiente: "Se reclama los seriales (sic) normas y actos inconstitucionales los cuales redundan en violaciones directas y sistemáticas a la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actuando el Presidente con facultades y atribuciones con los que no TIENE NI ESTÁN CONTEMPLADAS en términos del artículo 89, Constitucional el Presidente de México, REALIZAR DONACIONES CUANTIOSAS DE DINERO DEL DINERO DEL PUEBLO MEXICANO REGALANDO DINERO DE MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS A GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASÍ COMO EL DE contratar y celebrar convenios con el gobierno de CUBA PARA QUE TRABAJEN Y COBREN COMO PROFESIONISTAS EN PAGO EN DÓLARES AMERICANOS 500 QUINIENTOS SUPUESTOS MÉDICOS (LO CUAL NO NOS CONSTA) DE NACIONALIDAD CUBANA, PARA QUE TRABAJEN COMO MÉDICOS ESPECIALISTAS EN NUESTRO PAÍS MÉXICO, ASÍ COMO TAMBIÉN A ENFERMERAS Y DEMÁS PERSONAL MÉDICO DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, (CUBANOS) TRABAJEN EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN LOS 32 ESTADOS DE MÉXICO, SIN CUMPLIR CON TODAS LAS FORMALIDADES Y REQUERIMIENTOS LEGALES SEÑALADOS EN NUESTRO ARTÍCULO 5 CONSTITUCIONAL Y DEMÁS LEYES REGLAMENTARIAS DE LA MATERIA VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN EN SU ART. 5 QUE A LA LETRA DICE: [.] Violaciones directas a la Constitución cometidas por parte del Presidente de la República, así como todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, Violándose gravemente en forma por demás directa el cual se encuentra relacionado como lo es el artículo 32 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, [.] Al darles preferencia el presidente de México y prioridad a los extranjeros y a los supuestos médicos y personal médicos que contrato mediante convenio celebrado con el gobierno cubano, está violentando y transgrediendo gravemente los derechos de preferencia que tienen nuestros nacionales médicos enfermeras-os, y personal médicos mexicanos, traduciéndose dichos actos cometidos por los responsables en violaciones directas a nuestra constitución antes señalados [.]. -DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en complicidad con el ejecutivo federal, se reclama la asignación de la partida presupuestal en pago de dinero de dólares americanos o de pesos mexicanos para pagarles [.}. -DEL C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN conjuntamente con la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MIGRATORIOS, en franca complicidad con el Poder Ejecutivo Federal, se les reclama la autorización ilegal de los MÉDICOS CUBANOS EXTRANJEROS y demás personal médico, y de medicinas desconocidas de permitirles ingresar a nuestro país [.]. -LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES ASÍ COMO LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL en franca complicidad con el Poder Ejecutivo Federal, se les reclama la autorización ilegal de los SEUDOS-MÉDICOS CUBANOS EXTRANJEROS y demás personal médico así como de medicinas desconocidas sin patente de permitirles darles autorización todos ellos realizar trabajos inherentes propios a médicos nacionales de MÉXICO que cumplieron todos ellos con los estudios y requerimientos y formalidades propios [.]. [.]." Este órgano jurisdiccional procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia" ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Conforme a esos lineamientos, a criterio de este juzgador, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Como puede apreciarse, el precepto constitucional establece una distinción para la promoción del amparo indirecto, en la cual se mantuvo la exigencia de que lo haga la parte agraviada, pero tal concepto fue desarrollado y segmentado en dos supuestos, a saber: a) El titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; o, b) El titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido, el interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurar el juicio de amparo, de modo que debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Por otra parte, el interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en forma colectiva), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. De lo anterior deviene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. De tal manera que es importante dejar establecido que en términos de los artículos 107, fracción I, constitucional y 107, fracción I, inciso g), de la ley de la materia1, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades administrativas, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (ya sea jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica del quejoso. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio constituye un tema que, de ordinario, se identifica con la propia pretensión y, por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. No obstante, el Máximo Tribunal del país ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el juzgador federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: XXIV.2o. J/5 K, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, página 2067, número de registro 2021644, de rubro y texto siguientes: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio." En primer término, es importante precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar a través de juicio de amparo actos que considere violatorios de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Ahora bien, en relación con el interés legítimo, dicho interés supone solo la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. De acuerdo con la explicación anterior, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que este no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. En relación con lo anterior, resulta oportuno invocar, la tesis publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero de 2013, tomo 1, página 882, con registro de localización 2002812, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia revista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De ahí que, para que el juicio de amparo prospere basta que los actos que se reclamen deriven de la actuación concreta de la autoridad, y que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular sea personal, directo o indirecto; es decir, les corresponde a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, lo que quiere decir que la acción constitucional de amparo únicamente puede ejercerla quien se vea perjudicado por la actuación de la autoridad. Como sustento a lo anterior, se cita la Tesis: P./J. 50/2014, Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, número de registro 2007921, que a la letra es: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Así, el juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Ahora bien, previo a continuar, es necesario puntualizar que la parte quejosa reclama, esencialmente, una autorización por parte del Ejecutivo Federal a fin de contratar a personal extranjero del sector de salud para desempeñar sus funciones en instalaciones hospitalarias en nuestro país, a quienes se les autoriza el pago correspondiente, sin verificar que dicho personal esté acreditado para ejercer la profesión correspondiente [como médicos y enfermeros], con todo lo cual, afirma, se ocasiona un perjuicio a la sociedad en general y a su salud; así como la omisión verificar los medicamentos provenientes de Cuba al ingresar a México, de ahí que dichas actuaciones atribuidas a las responsables resulten de realización incierta, tanto en su ejecución como en sus efectos; así, el estudio del presente asunto se ceñirá a determinar si los promoventes cuentan con alguno de los tipos de interés que se ha señalado para promover el presente juicio de amparo. Luego, conforme a los artículos 103, fracción I, de la Constitución, así como 6, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquella a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es entendible que podrá acudir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal quien alegue tener un interés. En esta hipótesis, debe señalarse que para demostrar el interés en el amparo convergen los siguientes elementos: -La titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo. -La afectación a un derecho reconocido por la Constitución. -La afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, se puede advertir que conforme al texto del artículo 107 constitucional, el interés permite constituir como quejoso al titular de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo, siempre que demuestre que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés para instar la acción de amparo se entiende como aquel derecho o interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico (Constitución y leyes que de ella emanen), así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra. Sobre el tópico del interés legítimo, es menester acudir a la definición que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación: es aquel interés personal, individual o colectivo, actual y jurídicamente relevante que puede traducirse, en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole profesional, económico, de salud pública y de cualquier otra. El interés legítimo permite constituir como quejoso en el amparo, entonces, a aquella persona titular de un derecho reconocido por la Constitución que resulte afectada en su esfera jurídica de forma directa o por virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, página 1854, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO,CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Estudio de la demanda En el caso concreto, como se adelantó, el acto reclamado se hace consistir en la autorización por parte del Ejecutivo Federal a fin de contratar a personal extranjero del sector de salud para desempeñar sus funciones en instalaciones hospitalarias en nuestro país, a quienes se les autoriza el pago correspondiente, sin verificar que dicho personal esté acreditado para ejercer la profesión correspondiente [como médicos y enfermeros], con todo lo cual, afirma, se ocasiona un perjuicio a la sociedad en general y a su salud; así como la omisión verificar los medicamentos provenientes de Cuba al ingresar a México y la "complicidad", de las demás autoridades señaladas como responsables; sin embargo, los solicitantes del amparo no evidencian ni señalan en forma alguna cómo ese hecho les irroga un perjuicio directo o indirecto en su respectiva esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige el artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limitan a basar su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernados. De suerte que, claramente aducen en su escrito de demanda un interés igual al de la generalidad de los gobernados; empero, no demuestran que tal actuación pudiera generar una afectación en algún derecho en relación con la autorización de contratación de dicho personal del sector de salud que atribuye a las autoridades responsables, ni refiere las características especiales que podría guardar su situación frente al orden jurídico, que los coloque en un punto diferenciado de la situación general y que la legitime para promover el juicio de amparo. Por ende, no puede considerarse que tienen un interés propio y distinto de cualquier otro gobernado, pues el acto que reclaman de las autoridades responsables no les agravia de manera directa ni diferenciada en relación con el resto de la sociedad. Situación que se torna patente y manifiesta, al considerar para ello que la parte quejosa emplea expresiones en su escrito de demanda que evidencian que no acude a instar la demanda de amparo por su situación diferenciada en relación con el resto de la sociedad, sino que, por el contrario, al referir que: ". al permitir que trabajen médicos extranjeros cubanos a México que no tienen título ni cédula profesional, en agravio y en menoscabo de los médicos mexicanos que todos ellos cuentas con estudios certificados y que cuentan con capacidad experiencia y con la documentación más suficiente acreditada." así como que, dice: ".Causan agravios los actos reclamados en virtud de tener interés legítimo sobre la situación que se plantea, por ser ciudadanos mexicanos y tener el derecho de reclamar los actos que realizan nuestros mandatarios electos para servir al pueblo de México."; todo lo cual, denota con claridad para este juzgador, que la pretensión de la parte quejosa no está encaminada a aducir la titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo que se vea afectado; tampoco, la afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; sino que alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por la población en general. Sustenta lo antes expuesto la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 448, de registro digital 2009201, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." Por consiguiente, la parte quejosa no ostenta el interés legítimo necesario para acudir a esta instancia constitucional, pues, en su caso, lo que demuestra es un interés simple, el cual consiste en aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Criterio sustentado en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 37, Primera Parte, página 27, número de registro 233517 de rubro y texto siguientes: "INTERES SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCION JURIDICA DIRECTA Y PARTICULAR. Entre los diversos intereses que puede tener una persona, o sean "situaciones favorables para la satisfacción de una necesidad", existen los llamados "intereses simples" que consisten en situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado cuando éste, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. En el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, pero no tienen ningún derecho para exigir que se mantenga esa situación privilegiada. Puede decirse que esos intereses no tienen ninguna protección jurídica directa y particular, sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales para el Estado." Por ello, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, de registro digital 2014433, de título y contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Domicilio y autorizados Se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 la Ley de Amparo a 1)****, 2) ***** y, 3) **** y en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo en mención a las personas restantes, pues no se encuentra registrada en el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cédula que lo faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, ni se proporciona el número de su cédula profesional. En otro orden, al corroborarse la existencia del registro del usuario "ednafranco" en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en el módulo de "Usuarios del juicio en línea", se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico en este juicio de amparo, dentro de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del segundo párrafo del artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, en términos de los artículos 26, fracción IV, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y del capítulo Sexto "De las notificaciones" del Acuerdo General mencionado, se autoriza se realicen las notificaciones personales de forma electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por así haber solicitado expresamente la parte quejosa que este juicio se tramite en línea. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito, para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo inmediato anterior. Habilitación de días y horas Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo invocada se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará en cualquier hora dentro del horario de atención al público. Protección de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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