Miguel Ángel Sánchez Tapia
Expediente 283/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 283/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/03/2022
Partes del expediente
- Miguel Ángel Sánchez Tapia
- Fiscal General del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad
Actuaciones
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- Principal
"2022, Año de Ricardo Flores Magón" Tepic, Nayarit, 23 de marzo de 2022. OFICIO. 521-VI. MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO EN EL ESTADO DE NAYARIT EN TURNO. C I U D A D. En cumplimiento al proveído de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, en doscientas cuarenta y cuatro fojas útiles, remito a usted, los autos originales del juicio de amparo indirecto 1166/2019 promovido por JOSÉ MANUEL MADRIGAL ESPINOSA, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada "PRODUCTORA PECUARIA ALPERA S.A.P.I. DE C.V.", para la substanciación del recurso de inconformidad interpuesto por FRANCISCO JESÚS ORTEGA FERNÁNDEZ, en su carácter de apoderado legal de la persona moral de referencia, en contra del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el juicio de amparo de referencia; adjuntándole igualmente, original y copia del escrito de inconformidad. Con la súplica que a su llegada, acuse el recibo correspondiente. R E S P E T U O S A M E N T E IVAR LANGLE GÓMEZ. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Descentralizado Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación del Director en Jefe, Director General de Registro y Control Documental, Directora de Normatividad Registro y por el Director de Informática encargado de la Dirección General de Operaciones y Sistemas, todos dependientes de dicha Institución, con sede en la ciudad de México, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que este órgano jurisdiccional le formuló mediante auto de uno de febrero de dos mil veintidós, para lo cual remite copia certificada con lo que acredita que dicha autoridad realizó la cancelación del título de propiedad de origen parcelario 4127, a nombre de OSCAR BRISEÑO OROZCO, que ampara la parcela 717, zona 1, polígono 28/3, con una superficie de 07-4750.850 hectáreas, con sede en Compostela, Nayarit. Luego, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional mediante sentencia de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso para los efectos siguientes: "para el efecto de que las autoridades responsables actúen en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de que el tramite solicitado por la parte quejosa el veintiuno de enero de dos mil diecinueve ante la Delegación del Registro Agrario en el Estado de Nayarit, sea culminado satisfactoriamente y como consecuencia de lo anterior, sea entregado al quejoso el certificado parcelario correspondiente que lo ampare como titular de la parcela 717 Z-1 P28/3, con superficie de 7-47-50.850 hectáreas." En razón a lo anterior, requiérase a la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente auto, para que expida el certificado parcelario correspondiente que ampare al quejoso Eleazar Salgado Bustos como titular de la parcela 717 Z-1 928/3, con superficie de 747-50.850 hectáreas, tal y como se ordenó en el fallo protector dictado en autos, debiendo anexar en copias certificadas las constancias que acrediten su dicho, es decir. Se apercibe a las citadas autoridades responsables que de no dar cumplimiento al requerimiento de que son objeto dentro del plazo que se les indica sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, se harán acreedoras a una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, de conformidad a lo que prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 1931 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por Elsa Nayeli Pardo Rivera, David Horacio Salas García y Patricia Tozcano Gómez, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, mediante el cual interponen recurso de queja en contra del auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio de amparo 264/2020; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, agréguese una copia a este expediente y una vez notificadas las partes del presente proveído, remítanse copia certificada de las constancias necesarias del presente juicio, y por separado el escrito original de expresión de agravios y copia del mismo, así como el informe correspondiente para que la Superioridad tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda. Luego, es un hecho notorio para este juzgador que mediante oficio 508/2022-A recibido en este juzgado de Distrito el veintiocho de febrero del presente año, el Expresidente Arbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, informó que el veinticinco del mismo mes y año se instaló y entró en funciones el Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, a quien se le remitieron los expedientes a su cargo para la continuación de su trámite; lo anterior, de conformidad con el artículo octavo transitorio de la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, publicada en la Sección Tercera del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, que establece lo siguiente: "Octavo. Una vez que sea formalmente instalado e inicie sus funciones el Instituto de Justicia Laboral para el Estado de Nayarit, tanto el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, como la Junta Local y las Especiales de Conciliación y Arbitraje, remitirán al Presidente del Instituto, debidamente inventariados los Expedientes y documentos de sus respectivas competencias en materia laboral burocrática, para que continúe, según corresponda, con su resguardo y en su caso continuación procesal a que se refieren los dos artículos transitorios precedentes en los términos precisados. El Presidente del Instituto, proveerá de inmediato su recepción y, procederá dentro de los cinco días siguientes, a su distribución, a las Salas que correspondan conforme a la competencia fijada en la presente Ley. Una vez recibidos por el Presidente del Instituto, los expedientes a que se refiere el presente artículo transitorio, cesará en sus funciones el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit." En razón de lo anterior, es el Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, quien actualmente conoce respecto del juicio laboral de origen, por tanto, al él le corresponde la ejecución del laudo dictado en el citado juicio. Luego, de los autos del juicio de amparo se advierte que en veintidós de febrero del año en curso se le requirió al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, a efecto de que fijara nueva fecha para la diligencia de pago y reinstalación de los quejosos, proveído que le fue notificado a dicha respónsale el veinticinco siguiente, es decir, la misma fecha que dejó de funcionar dicho órgano e inicio en funciones el instituto antes señalado. En razón a lo anterior, a fin de no retardar más la impartición de justicia, requiérase al Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que queden legalmente notificado del presente auto, fije nueva hora y fecha para la diligencia de requerimiento de pago y reinstalación de los quejosos Jorge Antonio Murillo Cruz, Heleodoro Guevara González, Bertha Adanely Salas Peña, Melquiades Murillo Cruz, Alejandra Amaya Navarro, Arturo Ocampo Martínez, Arturo Prisciliano Ocampo Calbillo, Jaime Enrique Rodarte, Francisco Atanasio Ramírez Muñoz, Claudia Marisol Parra Sánchez, Aurora Edaena Sánchez Miramontes, Roberto del Toro Magaña y María de la Cruz Espinoza García en el puesto que venían desempeñando. En la inteligencia de que la referida autoridad deberá realizar las gestiones necesarias a fin de que el día y hora señalados para dicha diligencia se lleve a cabo la misma, y no sea diferida por algún motivo imputable a dicha autoridad o a algún funcionario de su adscripción. De igual forma, el Instituto de Justicia Laboral responsable deberá ordenar al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlan del Rio, Nayarit, para que el día y hora que sea señalado, cuente con el numerario suficiente a efecto de hacerle el pago de la cantidad referida en párrafos anteriores, debiendo ordenar la notificación del auto respectivo con la debida oportunidad al referido Ayuntamiento. A fin de lograr lo anterior, deberá hacer uso de las medidas de apremio que al efecto la ley le concede, debiendo acreditar haber hecho efectivos los apercibimientos de multa decretados con anterioridad. Luego, en mérito de lo expuesto, y a fin de lograr el cumplimiento expedito, eficaz y pleno del fallo protector, se requiere a todas las autoridades que conforman a la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit -Presidente Municipal, Síndico y Tesorero- para que actúen conforme lo siguiente: a) El día y hora que el Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, señale para que se lleve a cabo la diligencia de pago y reinstalación a favor de los aquí quejosos, esté presente persona con facultades necesarias para hacerlo. b) El día de referencia paguen a los quejosos la cantidad que fue condenada en el laudo dictado el treinta de mayo de dos mil catorce, asimismo proceda a realizar la reinstalación de Jorge Antonio Murillo Cruz, Heleodoro Guevara González, Bertha Adanely Salas Peña, Melquiades Murillo Cruz, Alejandra Amaya Navarro, Arturo Ocampo Martínez, Arturo Prisciliano Ocampo Calbillo, Jaime Enrique Rodarte, Francisco Atanasio Ramírez Muñoz, Claudia Marisol Parra Sánchez, Aurora Edaena Sánchez Miramontes, Roberto del Toro Magaña y María de la Cruz Espinoza García en el puesto que venían desempeñando. Al respecto, se reitera a las autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, lo que les fue señalado en auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, esto es, que con fundamento en lo establecido en el artículo 2021 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, cuando dichas autoridades tengan que cumplir con resoluciones de naturaleza jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio, pueden hacer uso del presupuesto de egresos aun y cuando no se encuentre autorizado el gasto que implique cumplir con la obligación del pago correspondiente. En ese orden de ideas, si en el juicio laboral de origen se dictó un laudo en el que se condenó al Ayuntamiento Constitucional a pagar en favor de los quejosos diversas prestaciones, por tanto, es evidente que existe una resolución que implica obligaciones de carácter jurisdiccional al Ayuntamiento en cita; en ese sentido, no existe impedimento para que hagan uso del presupuesto de egresos a fin de que paguen a los quejosos la cantidad que se les adeuda con motivo del laudo dictado en el citado juicio laboral. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 178, emitida por la entonces Tercera Sala del más Alto Tribunal del País, consultable en la página 145 y 146, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de 1 "ARTÍCULO 202.- Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto que la autorice y que tenga saldo disponible para cubrirlo, a excepción de las resoluciones de la naturaleza jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio. Los beneficiarios de subsidios, aportaciones o transferencias, otorgados con cargo al Presupuesto de Egresos Municipal, deberán rendir cuenta detallada de la aplicación de los fondos relativos al Ayuntamiento, así como la información y justificación correspondientes en la forma y plazos de ley. sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." Se apercibe a las autoridades referidas que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, con fundamento en el precepto legal invocado, en relación con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedores a una multa de CIEN días, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 1932 de la Ley de Amparo se considerará 2 "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta Ciudad, derivado de la ejecutoria pronunciada en los autos del amparo en revisión 515/2021, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 29/2020 del índice de este Juzgado, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes (únicamente las constancias originales) que se formó con motivo del citado medio de impugnación. Hágase saber a las partes que el mencionado Tribunal, en la ejecutoria de referencia, en sus puntos resolutivos concluyó: "PRIMERO. Quedan intocadas las consideraciones vertidas por el Juez de amparo en que se sustenta la concesión de amparo por lo que hace al Congreso del Estado y Gobernador Constitucional ambos del Estado de Nayarit. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia Federal ampara y protege a Francisco Salvador Arellano Álvarez, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de la resolución impugnada." Luego, dado el estado que guardan los presentes autos, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86, ambos de la Ley de Amparo, y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la sentencia dictada en el presente juicio CAUSA EJECUTORIA para todos sus efectos legales procedentes. Ahora, tomando en consideración que en los presentes autos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, para que dentro del término de tres días, contados a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia. Sin que sea el caso de requerir por el cumplimiento al fallo protector a las autoridades legislativas que intervinieron en la creación de la norma declarada inconstitucional, toda vez que quedan exentas para ello atento al principio de relatividad de las sentencias contra leyes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, del Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN." Se apercibe a la autoridad responsable que de no dar cabal cumplimiento al fallo protector o no informe oportunamente el impedimento legal que para ello tenga, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su posterior consignación ante la autoridad correspondiente, de conformidad con lo ordenado en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la citada Ley se considerará incumplimiento, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de su parte. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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