Miguel Ángel Sánchez Lugo
Expediente 777/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 777/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Miguel Ángel Sánchez Lugo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 777/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio de este año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad; remitido por razón de turno, a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, ese mismo día, Miguel Ángel Sánchez Lugo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca y otras autoridades, que hizo consistir en orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado y manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación de la demanda. Mediante acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintitrés (fojas 7 a 11), se radicó la demanda de amparo con el número 777/2023; se admitió a trámite; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 41); y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Los terceros interesados agente del Ministerio Público que interviene en la causa penal 714/2019, del conocimiento de la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca, así como Juana San Juan López, quedaron emplazados a este juicio de amparo, conforme a las constancias que obran a fojas 63 vuelta y 78 en este sumario constitucional. CUARTO. Cita para audiencia. Seguida la secuela procesal, previos diferimientos, el día de hoy, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. QUINTO. Expediente electrónico. En certificación previa, el Secretario Judicial encargado del trámite de este expediente hizo constar que verificó que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado y que coincide con el expediente impreso, en términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo, así como 3° y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, dado que la demanda fue presentada en la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, en atención a que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito de competencia territorial que corresponde a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de los actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y derivado del análisis de la demanda de amparo, se precisa que los actos reclamados por el quejoso a las autoridades responsables consisten en: - Orden de aprehensión, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia del actos reclamados. Las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales en el Estado de Oaxaca, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados (fojas 28, 34, 36 y 30); sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, como se vio, al no acreditarse la existencia de los actos aquí reclamados a las citadas autoridades responsables, así como sus consecuencias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se estima que lo procedente al respecto es sobreseer el presente asunto, por cuanto a las autoridades referidas en este considerando. CUARTO. Existencia del actos reclamados. Las autoridades responsables Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca; Fiscal General del Estado de Oaxaca; Coordinación General; y, Agente Estatal de Investigaciones Encargado del Grupo de Aprehensiones, los dos últimos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados (fojas 15, 20, 24 y 51). Certeza que se corrobora con las documentales remitidas por el citado juez de control, en apoyo a su informe con justificación, consistentes en copia certificada del disco óptico que contiene el audio y video de la orden de aprehensión reclamada, dictada dentro de la causa penal 714/2019; así como su correspondiente versión escrita en formato pdf; probanzas a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". QUINTO. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de alguna; por lo que, resulta procedente pronunciarse sobre el tema de fondo. SEXTO. Transcripción innecesaria. La parte quejosa expresó en su escrito de demanda los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales deben tenerse por reproducidos sin que sea necesaria su trascripción, dado que tal circunstancia no deja en estado de indefensión a la parte peticionaria, pues ello no incide en el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, aunado a que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso resultaron fundados, aunque para ello, fueron suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en razón a que la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, al librar la orden de aprehensión contra el aquí quejoso Miguel Ángel Sánchez Lugo, vulneró su derechos a la legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la consideración que realizó para tener por acreditada la necesidad de cautela, adolece de una adecuada fundamentación y motivación. Marco constitucional y legal. El artículo 16 de la Carta Magna, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". De dicho precepto constitucional se desprende el derecho a la legalidad el cual consiste en que el acto de molestia debe constar por escrito, emitido por autoridad competente y debidamente fundado y motivado, pues sólo de esta forma se otorga seguridad jurídica a los gobernados. La fundamentación consiste en que la autoridad debe expresar con la mayor precisión posible el precepto legal aplicable al caso, es decir, la adecuación prudente entre los discursos fáctico y normativo. La motivación es el señalamiento de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto de molestia, siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Así, es un imperativo constitucional que la autoridad funde y motive debidamente sus resoluciones, requisitos formales que si no son satisfechos en los actos sometidos a su potestad, esa deficiencia impide determinar la legalidad o no del acto reclamado. Ahora bien, del contenido de los dispositivos 16 de la Constitución Federal y 141 a 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que para librar una orden de aprehensión, dentro del sistema penal acusatorio, deben reunirse los siguientes requisitos: a) La solicite el Ministerio Público. b) Se libre por autoridad judicial competente. c) Preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. d) Que tal hecho esté sancionado por la ley, cuando menos con pena privativa de libertad. e) Se encuentre justificada la necesidad de cautela. f) Los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público, arrojen evidencia razonable de que aconteció un hecho, previsto en la ley como delito; así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Como se precisó al inicio del considerando, el acto reclamado -orden de captura- carece de una debida fundamentación y motivación, específicamente, en lo relativo a la acreditación de la necesidad de cautela. Doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En relación al tema en estudio -necesidad de cautela-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la entonces contradicción de tesis 300/2019, que dio origen a la jurisprudencia de rubro "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA", estableció lo siguiente: Que la orden de aprehensión es una forma de conducción excepcional al proceso penal; esto es, llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. Indicó que las formas de conducción al proceso penal se encuentran contenidas en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que el caso previsto en la fracción I del referido precepto legal -citatorio-, se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican la probable comisión de un hecho delictivo, y considera que es oportuno formalizar la imputación, por lo cual en caso de que el indiciado no se encuentre retenido, solicitará al Juez de Control que lo cite para la audiencia inicial. Que en cuanto al caso previsto en la fracción II -orden de comparecencia-, se actualiza cuando el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado, por lo que el Juez de Control, a petición del Ministerio Público, determinará librar orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Que la forma de conducción del imputado al proceso consistente en la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III del artículo 141 citado, puede ser solicitada por el Ministerio Público al Juez de Control cuando advierta que existe necesidad de cautela; cuando la persona resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de libertad; y, al incumplirse con una medida cautelar. Indicó que para considerarse satisfecho el requisito de necesidad de cautela, el Ministerio Público deberá convencer al Juez de Control -al constituir una carga para éste-, que ni el citatorio ni la orden de comparecencia -las cuales son las otras formas de conducción del imputado al proceso aunque menos restrictivas- son insuficientes para conducir al imputado ante el juzgador y que por tanto, la orden de aprehensión es el medio idóneo para lograr dicho cometido. Asimismo, dijo que el Ministerio Público al solicitar el libramiento de una orden de aprehensión, por considerar que existe necesidad de cautela, debe exponer ante la autoridad judicial las razones y motivos que sustenten su pretensión, esto es, que esa forma especial de conducción al proceso es necesaria e idónea; para lo cual, deberá explicar por qué es absolutamente indispensable la misma y no otra, para lograr el fin perseguido. Refirió que lo anterior implica que la Representación Social exponga la suficiencia de datos que conduzcan a establecer que: a) existe riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia; b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad; o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación, para que el Juez de Control evalúe si en el caso concreto se justifica esa necesidad de cautela. Señaló que la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente que el fiscal exponga una serie de circunstancias, entre las que podría estar dicha cuestión -pero no como razón única-, que conduzcan al juez a determinar que solamente a través de una orden de aprehensión, y no mediante una forma diversa, se puede conducir al inculpado al proceso penal. Realizó especial énfasis en que el Juez de Control debe evitar confundir para tener por satisfecho el requisito de necesidad de cautela, las formas de conducción al proceso penal -citatorio, orden de comparecencia y orden de aprehensión- con las medidas cautelares -las que tienen por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento- pues son medidas instrumentales de contenido material que cumplen con una función procesal, aunque su aplicación limita la esfera jurídica del indiciado. Caso concreto. En el caso, se tiene que la representación social señaló que se encontraba justificada la necesidad de cautela, bajo los siguientes argumentos (minuto 00:56:51): "[.] De tal suerte que, en relación a los hechos que se han vertido ante este tribunal, consideramos que existe una necesidad de cautela, esto en relación, primeramente a que pues se trata de un delito de homicidio calificado con ventaja, mismo que trae aparejada una penalidad de treinta a cuarenta años de prisión, y que dicha penalidad difícilmente haría que los imputados gozaran de alguna salida alterna ni beneficio de pena de presión, lo cual obviamente dificultaría su presencia en el proceso. De igual manera, pues como lo establecen los artículos 19 de la constitución Política de los Estados Unidos mexicanos de nuestro país así como el 167 tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, este delito de homicidio calificado trae aparejada lo que es la prisión preventiva oficiosa. Por lo cual, una vez que consideramos que estan reunidos los requisitos que establece el artículo 141, primer párrafo, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales y los requisitos que establece el artículo 16 constitucional, solicitamos a usted su señoría se sirva librar orden de aprehensión en contra de los imputados Miguel Ángel Sanchez Lugo, Sinaí de Jesús Balderas Hernández y David Espíndola Ortega, esto por la posibilidad de que hayan cometido el hecho de homicidio calificado cometido en contra de Lenin Arturo Rebollar San Juan. [.]". De la anterior transcripción se desprende que la institución ministerial consideró que el imputado -aquí quejoso- podría darse a la fuga o abstenerse de someterse al procedimiento penal, en razón a que: - Difícilmente le sería concedido algún beneficio de pena de prisión o salida alterna, dado que la pena de prisión del delito imputado -homicidio calificado-, contempla una pena de prisión de treinta a cuarenta años. - El delito de homicidio calificado se encuentra catalogado como de los que merecen prisión preventiva oficiosa, conforme a lo establecido en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Acto continuo, la juez responsable resolvió la solicitud ministerial relativa a la orden de captura, y en relación al requisito de necesidad de cautela consideró (minuto 01:26:00): "[.] Respecto de la necesidad de cautela válidamente el Ministerio Público emite argumentos que son suficientes para establecer que se reúnen los extremos suficientes para considerar que se encuentra acreditada esa necesidad de cautela, primeramente porque en el caso, de acuerdo a la punibilidad con la que se encuentra sancionado el hecho que se atribuye a los imputados de referencia, el artículo 291 del Código Penal vigente en el Estado, éste establece una punibilidad que va de treinta a cuarenta años de prisión, es una pena excesivamente alta que no concede ninguna salida alterna, como tampoco algún sustituto procesal, además de que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que al delito de homicidio le es aplicable la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, lo cual también tiene sustento en lo dispuesto por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, luego entonces a partir de estos dos parámetros es válido determinar que los imputados de referencia no podrían comparecer de manera voluntaria al procedimiento penal y como consecuencia para lograr su comparecencia y darle trámite o continuar con el presente proceso sería factible obsequiar la petición del Ministerio Público al considerar que existe riesgo de sustracción de la acción de la justicia, por eso entonces, al colmarse las exigencias del artículo 19 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 141 fracción III, 142 ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, a esta resolutora no le queda más que librar orden de aprehensión [.].". De la transcripción que antecede, se desprende que la Jueza de control responsable determinó que se encuentra justificada la necesidad de cautela al considerar que existe riesgo en la sustracción de la acción de la justicia, en razón a los siguientes argumentos: 1. Que al aquí quejoso probablemente no se le concederían sustitutivos procesales, ni salidas alternas, atendiendo a que la pena de prisión que prevé el artículo 291 del código punitivo de la entidad, resulta excesivamente alta -treinta a cuarenta años-. 2. Que los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contemplan al delito de homicidio calificado como de los que merecen prisión preventiva oficiosa. De lo anterior, se advierte que la juez responsable tuvo por justificada -de forma incorrecta- la necesidad de cautela, pues su consideración adoleció de una adecuada fundamentación y fundamentación. Esto es así, pues omitió señalar las circunstancias particulares y elementos objetivos que tomó en cuenta para determinar que existe riesgo de que el aquí quejoso se sustrajera de la acción de la justicia; pues, únicamente se basó en aspectos generales relacionados con el delito de homicidio calificado (catalogado como de los que merecen prisión preventiva oficiosa y que dada su penalidad no serían concedidos beneficios penales o alguna salida alterna), que corresponde al hecho que la representación social imputó al aquí quejoso su participación. Sin embargo, resulta insuficiente que la juez responsable soporte esa decisión -acreditación de la necesidad de cautela-, tomando como base argumentativa que el delito -imputado al aquí quejoso- de homicidio calificado, se encuentra catalogado como de los que merecen prisión preventiva oficiosa, conforme a lo establecido en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la proyección de la penalidad que pudiere imponérsele en el juicio (treinta a cuarenta años de prisión), constituya un impedimento para el otorgamiento de los beneficios penales o salidas alternas; en razón a que estos tópicos tienen diversa finalidad a la necesidad de cautela; pues, el primero está relacionado con la imposición de las medidas cautelares; en tanto, que el segundo, se refiere a los beneficios que un imputado puede obtener en el procedimiento penal. De ahí, que tal como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación -en el precedente que se citó en esta sentencia-, resulta válido que el Ministerio Público argumente que el delito -homicidio calificado- merece prisión preventiva oficiosa y que atendiendo al quantum dela pena corporal, le serían negados los beneficios o sustitutivos de la pena de prisión; sin embargo, esos aspectos por sí solos resultan insuficientes para acreditar la necesidad de la cautela, pues para ello, deben adminicularse con circunstancias particulares del imputado; o bien, de la conducta desplegada antes, durante o después del hecho en el que probablemente participó. Lo que permitirá tener datos suficientes para establecer si es o no necesario acudir a esa medida excepcional -orden de captura-. De no ser así, la totalidad de delitos de homicidio, por regla general, se tendría por acreditada la necesidad de cautela, sin que fuera necesario realizar estudio alguno; lo que evidentemente quebranta el espíritu legal contenido en el fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis antes señalada, pues ello conduce a "tasar" el riesgo de sustracción de la acción penal. Por ello, como se ha dicho, es necesario adminicular tales tópicos con circunstancias particulares y especiales del imputado, así como de la conducta desplegada en el hecho posiblemente delictivo (antes, durante y después), a través de elementos objetivos que permitan al juzgador tener referencias suficientes para determinar si existe riesgo en la sustracción de la acción de la justicia, en la integridad de la víctima, ofendido, testigos o la comunidad, o bien, en el desarrollo de la investigación. Cabe precisar que la carga de demostrar la existencia de esas circunstancias particulares corresponde al Ministerio Público, por lo que, en caso de no haberlas expresado y probado en su solicitud, el Juez se verá impedido para tomarlas en cuenta de forma oficiosa. Se afirma lo anterior, porque sólo así se considerara respetado el principio de excepcionalidad de tal forma de conducción al proceso penal, en función de la presunción de inocencia, bajo los parámetros relativos a la orden de aprehensión en el sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, cuyo objeto es únicamente poner a disposición del juez de control a una persona, entre otras cuestiones, para formularle imputación e informarle que está siendo investigado por la fiscalía y que ésta ha decidido formalizar la investigación iniciada en su contra. Asimismo, se considera que debió analizar si las razones que la representación social vertió en su solicitud de captura, resultaban lo suficientemente idóneas y contundentes para convencerle que esa medida -orden de aprehensión- resultaba necesaria para la conducción del imputado al proceso penal, esto es, un análisis ponderado de una medida excepcional desde la óptica de la última ratio. Por último, no explicó por qué se privilegió la orden de aprehensión, respecto a la citación u orden de comparecencia, tomando en consideración que las últimas son menos lesivas y todas ellas son formas de conducción al proceso penal; es decir, debía señalar las razones por las que consideraba que la única medida efectiva para lograr la conducción del aquí quejoso ante el juzgador era la orden de aprehensión. Con base en lo anterior, se estima que las razones invocadas en la orden de aprehensión reclamada son insuficientes para considerar que está justificada la necesidad de cautela, por lo que, ese mandamiento de captura emitido contra el quejoso incumple el requisito previsto en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que sea posible que en sede constitucional se subsanen las deficiencias destacadas, pues hacerlo implicaría sustituirse en la autoridad responsable; lo que este órgano jurisdiccional se encuentra impedido, ya que sólo le compete determinar si el acto reclamado es constitucional o no. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia IX.2o. J/14, con el epígrafe: "JUEZ DE DISTRITO, EN SU RESOLUCIÓN NO PUEDE SUPLIR LAS DEFICIENCIAS EN EL FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE." Similares consideraciones fueron emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en la ejecutoria pronunciada el veintiuno de abril de dos mil veintidós, dentro del amparo en revisión 235/2021. Luego, dada la conclusión a la que se arriba, resulta innecesario analizar si la orden de aprehensión reclamada cumple o no los restantes requisitos, toda vez que de no quedar demostrada la necesidad de cautela, deberá negarse su libramiento. En tal virtud, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede a Miguel Ángel Sánchez Lugo, la protección de la Justicia Federal solicitada contra la orden de aprehensión librada en su contra el trece de septiembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 714/2019, al habérsele considerado probable responsable en la comisión del hecho con apariencia del delito de homicidio calificado (ventaja), en agravio de quien en vida respondió al nombre de Lenin Arturo Rebollar San Juan, para que la Jueza responsable realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente la determinación reclamada -orden de aprehensión librada el trece de septiembre de dos mil diecinueve-, única y exclusivamente por lo que se refiere al impetrante Miguel Ángel Sánchez Lugo. 2) Lo que deberá hacer del conocimiento de inmediato de la Fiscalía solicitante, para que cancele la orden de captura respectiva. 3) En su lugar, reanude la audiencia relativa a la solicitud ministerial establecida en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y sin dar uso de la voz a la Fiscalía, emita un nueva determinación, en la que conforme a los lineamientos vertidos en esta sentencia, con libertad de jurisdicción- determine si se encuentra justificada la necesidad de cautela. 4) En caso de que estime que se encuentra justificada la necesidad de cautela, igualmente con libertad de jurisdicción determine si los datos de prueba aportados por la representación social son suficientes e idóneos para establecer que se cometió un hecho con la apariencia del delito de homicidio calificado (ventaja), en agravio de quien en vida respondió al nombre de Lenin Arturo Rebollar San Juan, así como la posible participación del aquí quejoso. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución, al impugnarse en vía de consecuencia y, no por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso Miguel Ángel Sánchez Lugo, contra los actos y autoridades precisados en el considerando TERCERO de este fallo, por los motivos expuestos en ese mismo considerando. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Miguel Ángel Sanchez Lugo, en los términos y para los efectos precisados en el ÚLTIMO considerando del presente fallo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declararon inhábiles los días correspondientes del dieciséis al veintisiete de octubre del presente año; en el entendido que subsistirá la validez de aquellas actuaciones y diligencias que se hubieren celebrado los días dieciséis y diecisiete del citado mes y año; por tanto, se suspendieron términos y plazos procesales durante dicho periodo; por tanto, se suspendieron términos y plazos procesales durante dicho periodo. Por su parte, visto el estado de autos, se advierte que el once de octubre dos mil veintitrés, se dio vista a la parte tercera interesada con las constancias que integran este expediente; sin embargo, por las razones expuestas, no fue posible que transcurriera dicha vista. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fija como nueva fecha para su celebración, las ONCE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente a las partes; y, publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Se ordena notificación por lista al tercero interesado. Vista la certificación de cuenta, se despende, que ha transcurrido el plazo de tres días otorgados en auto de veintiuno de septiembre del año actual, a la tercera interesada Juana San Juan López; para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, o en su caso, en esta localidad, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones subsecuentes por lista de acuerdos, incluso las de carácter personal. Vista. Por otra parte, toda vez que el cuatro de octubre del año en curso se emplazó a la tercera interesada a este juicio de amparo, por lo cual, se le da vista con las constancias de autos, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento Anticipado. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, así como 115 y 124, de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las doce horas con veintiún minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE ESTE AÑO, para que tenga verificativo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, ********************, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Agente del Ministerio Público de la Mesa Cinco Especial de Homicidios de la Fiscalía General del Estado de ********************; mediante el cual en atención al requerimiento de ocho de septiembre pasado proporciona el domicilio de la tercera interesada********************. Se ordena emplazamiento de tercera interesada. En consecuencia, se comisiona al Actuario llevador de este expediente para que realice lo siguiente -previo cercioramiento de que se trata de la persona buscada y que ahí puede ser emplazada-: ********************, con domicilio en ********************, número ********************, colonia ********************, ********************, ********************, ********************. 1) Notifique personalmente este auto, el de inicio de veintisiete de julio de este año, y la emplace a juicio, en su carácter de víctima indirecta. 2) Corra traslado con copia simple de la demanda de amparo, a fin de que, si a sus intereses conviene, pueda apersonarse, ofrecer pruebas y alegar de su derecho. 3) La requiera para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio en la Ciudad de ******************** de Juárez o en esta esta localidad, en el que reciba sus notificaciones -o en su caso, proporcione usuario para que en términos de los artículos 3° y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se realicen sus notificaciones electrónicas-; con el apercibimiento, que de no hacerlo, las subsecuentes que surjan, aún las de carácter personal, se le practicarán, por medio de lista de acuerdos; tal como lo dispone el artículo 27, fracción II, de la Ley de la materia. 4) Hagan de su conocimiento la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Debiendo asentar expresamente dicha circunstancia en el acta de notificación que elabore. Diferimiento Anticipado. Por otra parte, para dar margen a lo anterior, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, así como 115 y 124, de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las once horas con un minuto del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE ESTE AÑO, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente a la tercera interesada; y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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- Miguel Ángel Santiago Cruz870/2021
- Miguel Ángel Santiago López767/2019
- Miguel Ángel Téllez Reséndiz455/2023
- Miguel Ángel Vargas Orozco590/2022
- Miguel Ángel Vázquez Ramírez1316/2022