Miguel Ángel Sánchez Fragoso
Expediente 672/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Miguel Ángel Sánchez Fragoso
Actuaciones
- Principal
pral672/2020 mesa 4 $San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veinte. 1. Causa estado desechamiento. Vistos los autos y de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término conferido para hacer valer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el auto de treinta de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que lo hubiese interpuesto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 1.1 Manifestaciones. Por otra parte, se advierte que en proveído de dieciocho de noviembre pasado, se reservó acordar las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en la razón actuarial de quince de noviembre del año en curso; al respecto, dígasele al promovente del amparo que se esté a lo acordado en párrafo que antecede, pues no obsta que I) no se haya llevado bien su defensa, II) que su abogado no haya presentado en tiempo, la anterior demanda de amparo y que III) deba tomare en consideración su comportamiento y que se encuentra alejado de sus hijos; ya que este juicio se tramita, únicamente, con las disposiciones que establece la Ley de Amparo. 2. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto de desechamiento estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Instrucción Secretaría y Actuaría. Por otra parte, se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública de auto de desechamiento sea consultable por internet. 3. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso d) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Relevancia. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 5. Destino (destrucción). Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula de expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente consten las leyendas referidas en los apartados que anteceden (relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda). Notifíquese personalmente a la parte quejosa en su centro de reclusión.
- Principal
pral.672/2020 mesa 4 b $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. 1. Manifestaciones del quejoso. Vista la razón de quince de noviembre del año en curso asentada por el actuario adscrito a este Juzgado, se advierte que el quejoso *** manifestó lo siguiente: "***). 2. Se reserva. De lo cual, se reserva acordar lo procedente, hasta en tanto transcurra el término al que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, respecto al auto de treinta de octubre de octubre pasado, por el que se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
A PRAL. 846/2019 2-A [] Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con dos minutos del dieciséis de octubre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 846/2019, como se ordenó en acuerdo de veintinueve de septiembre del año en curso (foja 315), Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta esta etapa, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, e informes justificados de las autoridades responsables y hace constar que no existe documento con el que deba darse cuenta. Asimismo, hace constar que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, provéase lo conducente al dictarse la sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que: La quejosa ofreció como pruebas: a) La documental, consistente en copia de diversas constancias relacionadas con los actos reclamados (fojas 12 a 16, 72 a 84, 240 y 241), mismas que obran en este expediente y en un tomo por separado. b) Presuncional legal y humana. c) Instrumental de actuaciones. Las autoridades responsables, 1º comisionado Ejecutivo de la Comisión de Atención a Víctimas, residente en la ciudad de México, a través de la titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (fojas 41 a 48 y 86 a 96) y 2º titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en la ciudad de Oaxaca (fojas 102 a 133, 151 a 189 y 252 a 264), remitieron copias simple y certificada de diversas constancias que obran en los archivos de las dependencias a su cargo. Además, la primera autoridad ofreció como diversos medios de convicción, la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana (foja 45). A lo que se acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las referidas probanzas, mismas que se desahogan en razón de su propia naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio; no existiendo pruebas por desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto este período, se hace constar que por escritos presentados el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 57 a 71), siete de enero (fojas 191 a 210), once de marzo (fojas 235 a 241), veintisiete de agosto (fojas 281 a 283) y veinticinco de septiembre (fojas 298 a 312) de dos mil veinte, la quejosa realizó diversas manifestaciones al respecto y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado no presentó pedimento; se cierra esta etapa y se da por terminada la audiencia constitucional. Enseguida, se procede a dictar la sentencia respectiva. JUEZ PONCIANO VELASCO VELASCO. TITULAR DEL JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA GUADALUPE MISHELL ZAVALETA REYES SECRETARIA DE JUZGADO. Sentencia. Visto, para resolver el juicio de amparo número 846/2019; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en este municipio y turnado el treinta de septiembre siguiente a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca (fojas 7 a 16), ,*** por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los siguientes actos reclamados: I. Falta de pago por conceptos de alimentación y pasajes, correspondiente al período del diez de abril al tres de junio de dos mil diecinueve, establecidos en las medidas de alojamiento, alimentación y traslado, previstas en los artículos 39 bis y demás relativos de la Ley General de Victimas, las que, dice, solicitó a las autoridades responsables mediante escrito fechado el tres de julio de dos mil diecinueve. II. Falta de pago por concepto de hospedaje, correspondiente al período del diez de abril al tres de junio de dos mil diecinueve, establecido en las medidas de alojamiento, alimentación y traslado, previstas en los artículos 39 bis y demás relativos de la Ley General de Victimas. III. Falta de contestación a su escrito de fecha tres de julio de dos mil diecinueve, dirigido al titular del Centro de Atención Integral en Oaxaca de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Lo que atribuye al a) comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, residente en la ciudad de México y b) titular del Centro de Atención Integral en Oaxaca de la referida Comisión. Narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes (fojas 8 y 9). Segundo. Prevención. Por auto de uno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 17 a 19), con la demanda de amparo se ordenó formar expediente impreso y electrónico, registrarla en el libro de gobierno con el número 846/2019 y se previno a la quejosa, para que aclarara esa promoción inicial constitucional. Tercero. Admisión de la demanda de amparo. El nueve de octubre del año próximo pasado (fojas 23 a 27) se tuvo a la quejosa aclarando el escrito de demanda y señalando que: a) Reclama en este juicio de amparo la suspensión de las medidas en materia de traslado que comprenden los conceptos de alimentación, pasajes y hospedaje, previstas en el artículo 39 bis, de la Ley General de Víctimas. b) A la fecha en que aclaró la demanda de amparo, no había tenido conocimiento de manera legal sobre esa suspensión, pues, agrega, sólo se le dejó de proporcionar el apoyo de esas medidas. c) La suspensión de las medidas en materia de traslado, la atribuye al 1) comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas y 2) titular del Centro de Atención Integral en Oaxaca de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y, d) La falta de pago por conceptos de alimentación, pasajes y hospedaje, correspondientes al período del diez de abril al tres de junio de dos mil diecinueve, tiene su origen únicamente en la suspensión de las medidas en materia de traslado, previstas en el artículo 39 bis, de la Ley General de Víctimas. Por lo que se admitió a trámite ese ocurso, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y las omisiones se atribuyen, entre una diversa responsable, a una autoridad residente en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta, además de que este órgano de control constitucional previno en el conocimiento del asunto. Segundo. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que los actos reclamados por la quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda y escrito aclaratorio, son: a) La suspensión de las medidas en materia de traslado que comprenden los conceptos de alimentación, pasajes y hospedaje, previstas en el artículo 39 bis, de la Ley General de Víctimas; y, b) La falta de respuesta a su escrito fechado el tres de julio de dos mil diecinueve. Que atribuye al a) comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, residente en la ciudad de México y b) titular del Centro de Atención Integral en Oaxaca de la referida Comisión. Tercero. Manifestaciones de la quejosa, respecto de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Por escritos presentados el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 57 a 71) y siete de enero de dos mil veinte (fojas 191 a 210), la quejosa realizó diversas manifestaciones respecto a la vista que se le dio con el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Al efecto manifestó, esencialmente, que: I. La titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, residente en la ciudad de México, rindió el informe justificado en representación del titular de dicha Comisión, sin contar con la personalidad jurídica para ello, pues su designación, con base en lo dispuesto en el artículo 43, fracción VII, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fue realizada por el consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, quien, señala, no tiene facultades y competencia para hacerlo (fojas 57 y 58). II. Es ilegal rendir un informe justificado a nombre de un titular que no ha sido nombrado, como en el caso lo es el comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas (fojas 57 y 58). III. El informe justificado del titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas carece de firma (fojas 57 y 58); y, IV. Que el titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Oaxaca usurpa funciones cuando rinde informe justificado, ya que lo hizo sin exhibir el nombramiento o instrumento jurídico que lo faculte a actuar como lo hace (foja 191). Se estiman ineficaces las aseveraciones de la quejosa para desacreditar el carácter con el que la titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Oaxaca rindieron su informe justificado, por los motivos siguientes: a) Contrario a lo que arguyó la promovente del amparo, el artículo 43, fracción VII, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece: "Artículo 43. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes: [. VII.- Presidir la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno Federal, integrada por los responsables de las unidades de asuntos jurídicos de cada dependencia de la Administración Pública Federal, la que tendrá por objeto la coordinación en materia jurídica de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El Consejero Jurídico nombrará y, en su caso, removerá a los titulares de las unidades encargadas del apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, quienes estarán adscritos administrativa y presupuestalmente a las dependencias y entidades respectivas.]. De ahí que, conforme al citado precepto legal, el consejero Jurídico del Ejecutivo Federal sí tiene la facultad de nombrar al titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien, a su vez, en términos de lo dispuesto en el diverso precepto 32, fracción II, del Estatuto Orgánico de esa Comisión, está legitimado para representar legalmente a esta última dependencia, en los juicios de amparo en que sea parte, cuando versen sobre asuntos de la competencia del Pleno, los comisionados y directores Generales. b) Por cuanto hace a su manifestación, en el sentido de que el referido titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos rindió un informe justificado a nombre de un titular que no ha sido nombrado, como en el caso lo es el comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, se precisa que el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo no depende de la fecha en que la persona física comienza a ejercer su función como titular del órgano del Estado al que se le atribuyen los actos reclamados, ya sea por elección popular, ministerio de ley, nombramiento o algún otro, pues es el órgano el que de forma abstracta asume la calidad de autoridad responsable y no la persona física que como titular ejerce la función correspondiente. Razón por la que no debe confundirse al órgano del Estado con su titular, porque siendo éste una persona física tiene, junto con la necesidad de satisfacer sus intereses particulares, una actividad que se realiza en interés del Estado, y solamente desde este último punto de vista se le puede considerar encargado de las funciones que al órgano corresponden, el cual constituye una unidad abstracta de carácter permanente, a pesar de los cambios que haya en los individuos que son titulares de él. c) También es ineficaz el argumento de la quejosa en el sentido de que el informe justificado del titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas carece de firma; pues si bien a foja setenta y ocho de este expediente obra un oficio remitido vía correo electrónico, por el que la citada autoridad señala que remitió su informe justificado, en el que, efectivamente, no obra la firma autógrafa, también se aprecia que dicha documental (informe justificado) fue remitida como anexo a ese oficio, vía correo electrónico oficial (fojas 41 a 45) y ordinaria (fojas 86 a 90), en los que se estamparon las firmas de esa titular. d) Por último, es ineficaz la manifestación de la quejosa en el sentido de que el titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Oaxaca usurpa funciones cuando rinde informe justificado en representación del comisionado; dado que la Ley de Amparo no establece la obligación de las autoridades responsables de acreditar su nombramiento para comparecer a la instancia constitucional, ya que cuando una persona física es nombrada autoridad, adquiere las facultades que al cargo le correspondan; por tanto, cuando la persona que obtuvo el nombramiento ejerce sus facultades no actúa en representación del cargo que obtuvo, sino en ejercicio del cargo. De ahí que la firma de un funcionario público es suficiente para que dicho acto sea válido, sin ser necesario que exhiba su nombramiento; además, la quejosa no promovió lo procedente, para cuestionar si la titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Oaxaca tiene el cargo con el que comparece, en el que esta última tendría, en su caso, la carga de exhibir su nombramiento. Cuarto. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es pertinente narrar los antecedentes de los actos reclamados, que se desprenden de lo expuesto por la quejosa en la demanda de amparo, lo que constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; constancias exhibidas por esa parte procesal, con valor probatorio de indicio, por haber sido expedidas en copia simple y las que remitieron como justificación a su informe las autoridades responsables, con pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del referido código procesal; a saber: - La quejosa ***tiene reconocido el carácter de víctima indirecta del delito, como se advierte del acuerdo 24795-1, de fecha quince de enero de dos mil diecinueve (foja 12), emitido por el director General del Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en la ciudad de México. - El padre de la promovente del amparo, de nombre Faustino Andrés Vásquez, quien, dice, tiene el carácter de víctima directa del delito, estuvo internado en el Hospital de Especialidad de Traumatología e Infecciones Oseas "Victorio de la Fuente Narváez", en la ciudad de México, del nueve de enero al tres de junio de dos mil diecinueve (foja 8), por lo que la quejosa tuvo la necesidad de acompañarlo, para cuidarlo y estar pendiente de la atención médica que le proporcionaron en dicho nosocomio. - Por ocurso fechado el diecisiete de enero de dos mil diecinueve (foja 78) la quejosa solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le otorgara el apoyo para traslado, alimentación y hospedaje, al tener el carácter de víctima indirecta. - Ese apoyo le fue otorgado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como se advierte de un indicio que obra en las constancias que integran este juicio de amparo, consistente en copia simple del escrito fechado el treinta de abril de ese año (foja 79), dirigido a la referida dependencia pública, con sello de recibido de la misma fecha, que demuestra que, con anterioridad, la aquí quejosa recibió una cantidad por concepto de medidas en materia de traslado, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le proporcionó de manera anticipada, cuyo contenido no fue objetado por las autoridades responsables. Lo que denota que la quejosa tuvo acceso a las medidas en materia de traslado, que comprenden los conceptos de alimentación, pasajes y hospedaje, previstas en los artículos 39 bis, de la Ley General de Víctimas. - Asimismo, la quejosa refiere que esas medidas de ayuda inmediata le fueron brindadas únicamente del nueve de enero al nueve de abril de dos mil diecinueve, pues, sin previo aviso o notificación legal, le fueron suspendidas (foja 8). - Ante ello, mediante escrito fechado el tres de julio de dos mil diecinueve (fojas 14 a 16), solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en la ciudad de Oaxaca, se le reembolsara el dinero que erogó por conceptos de alimentación y pasajes, correspondiente al período del diez de abril al tres de junio de dos mil diecinueve, sin que, dice, a la fecha de presentación de la demanda (veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve), hubiere obtenido respuesta alguna. Quinto. Certeza de los actos reclamados. 5.1. Titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Oaxaca. La referida autoridad responsable, al rendir su informe justificado (fojas 102 a 104), negó la existencia de los actos que se le reclaman. Al respecto, adujo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no tiene la facultad de atender la petición de la aquí quejosa; sin embargo, señala que con la finalidad de brindar atención a lo que pidió, por oficio CEAV/OAX/1063/2019, de dos de agosto de dos mil diecinueve (fojas 102 reverso y 107), remitió su ocurso fechado el tres de julio de dos mil diecinueve al titular de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que, dice, hizo del conocimiento de la promovente del amparo a través de su representante legal Alberto Porfirio Hernández Martínez, el doce de agosto de dos mil diecinueve (foja 102 reverso y 107). También adujo que con motivo del envío de ese escrito, por diverso oficio CEAV/DGAIPC/1926/2019 (fojas 102 reverso y 108), la directora General de Atención Inmediata y Primer Contacto le remitió la tarjeta informativa de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, suscrito por el acompañante integral adscrito a esa Dirección, quien le informó la atención dada a la petición de la agraviada y el trámite a seguir respecto a su solicitud de reembolso correspondiente al período del diez de abril al tres de junio de dos mil diecinueve, lo que, dijo (foja 103), hizo del conocimiento de la quejosa, mediante diverso oficio CEAV/OAX/1456/2019, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, mismo que le remitió vía correo electrónico, toda vez que no señaló domicilio para recibir notificaciones (fojas 125 y 126). Asimismo, mediante oficio presentado en este Juzgado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 151 y 152), la titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Oaxaca remitió el oficio ***, dirigido a la aquí quejosa ****Blas, en el que provee lo relativo a su escrito fechado el tres de julio de dos mil diecinueve, así como de diversas constancias de notificación. Se precisa que en estos dos últimos oficios (CEAV/OAX/1456/2019 y CEAV/OAX/1665/2019), la titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Oaxaca acordó, entre diversas cuestiones, que la dependencia a su cargo no brindó acompañamiento a Faustino Andrés Vásquez, durante su internamiento hospitalario en la ciudad de México, por lo que no cuenta con documentación o información del trámite que se realizó durante dicho período. De igual forma, proveyó que, conforme a lo establecido en el artículo 45 del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dicho Centro de Atención carece de competencia para realizar el reembolso de los gastos sufragados a que hace referencia la quejosa, ya que esa facultad le corresponde a la Dirección General del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. También refirió que ese Centro de Atención Integral, en el ámbito de sus atribuciones, ha brindado atención al asunto de la quejosa, pues si bien no puede resolver de fondo su petición de reembolso, ha realizado la valoración en trabajo social para que acceda a las medidas de ayuda por concepto de alimentación y hospedaje. Se desvirtúa negativa. Como se ve, de lo expuesto por la citada autoridad responsable se desvirtúa su negativa y se tienen por ciertos los actos que se le reclaman, toda vez que: * Respecto de la falta de respuesta al escrito de la quejosa, fechado el tres de julio de dos mil diecinueve, si bien la citada autoridad responsable dijo que hizo del conocimiento de esta última el contenido de los oficios CEAV/OAX/1063/2019, de dos de agosto de dos mil diecinueve (foja 107), CEAV/OAX/1456/2019 (fojas 125 y 126) y CEAV/OAX/1665/2019 (fojas 163 a 165), a través de los cuales, dice, atendió su petición. Sin embargo, la primera documental (oficio CEAV/OAX/1063/2019) no está dirigida a la aquí agraviada y, además, fue notificada a Alberto Porfirio Hernández Martínez, quien si bien es autorizado legal de la quejosa en este juicio de amparo, empero, de las constancias de autos no se advierte que tenga el carácter de su representante legal, como lo aseveró la titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Oaxaca. Y respecto a los oficios CEAV/OAX/1456/2019 (fojas 125 y 126) y CEAV/OAX/1665/2019 (fojas 163 a 165), fueron notificados, el primero, a través de un correo electrónico y el restante, en domicilios que no se aprecia hayan sido señalados por la aquí quejosa para tal efecto. Se presume cierto el acto. * En relación al diverso acto consistente en la suspensión de las medidas en materia de traslado que comprenden los conceptos de alimentación, pasajes y hospedaje, previstas en el artículo 39 bis, de la Ley General de Víctimas, la citada autoridad responsable no señaló lo relativo a su existencia o inexistencia, pues únicamente realizó diversas manifestaciones concernientes a cuestiones diversas, como lo son, que no cuenta con la documentación o información del trámite que la quejosa hubiere realizado durante el internamiento hospitalario en la ciudad de México de Faustino Andrés Vásquez y que el Centro de Atención Integral carece de competencia para realizar el reembolso de los gastos sufragados en el período del diez de abril al tres de junio de dos mil diecinueve, que la agraviada le solicitó por escrito fechado el tres de julio del año próximo pasado; razón por la que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto ese acto. 5.2. Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas. Por su parte, la referida autoridad responsable, al rendir su informe justificado (fojas 41 a 45 y 86 a 90), negó la existencia del acto reclamado por la quejosa, concerniente a la suspensión en el pago de las medidas en materia de traslado, que comprenden los conceptos de alimentación, pasaje y hospedaje, pues, refiere, conforme con lo establecido en los artículos 85 y 95 de la Ley General de Víctimas, le corresponde, entre diversas atribuciones, determinar, previa propuesta del Comité Interdisciplinario Evaluador, las medidas de ayuda para las víctimas, entre ellas, las previstas en los diversos numerales 38, 39 y 39 bis del referido ordenamiento legal (foja 42 y 87). De ahí que, dice, ese acto reclamado, en su caso, se actualizará hasta el momento en que el Comité Interdisciplinario Evaluador, previa integración y análisis del expediente administrativo que se aperture con motivo de la solicitud de acceso a los recursos de Fondo correspondientes a la Medida de Ayuda, elabore el proyecto del dictamen y lo ponga a consideración del comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, lo que, aduce, hasta el momento no ha acontecido, pues dicho Comité no cuenta con alguna solicitud de la quejosa; ante ello, no se tiene la posibilidad de integrar el expediente administrativo y elaborar el proyecto de dictamen correspondiente. Asimismo, señaló que por un oficio fechado el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el director General del Comité Interdisciplinario Evaluador le informó que en sus archivos no existe alguna petición o expediente relacionado con la aquí quejosa ***, por lo que no puede reclamarse a su representada la suspensión de medidas que no han sido sometidas a su consideración (fojas 42 y 87). Se desvirtúa negativa. En el caso, se desvirtúa la negativa vertida por la citada autoridad responsable por cuanto hace a ese acto reclamado, pues aun cuando afirma que la quejosa no ha solicitado el acceso a los recursos de Fondo correspondientes a esa medida de ayuda inmediata, de las constancias de autos, justipreciadas con anterioridad, se advierte que: - La promovente del amparo tiene reconocido el carácter de víctima indirecta del delito, según del acuerdo 24795-1, de fecha quince de enero de dos mil diecinueve (foja 12), emitido por el director General del Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en la ciudad de México y que, por escrito fechado el diecisiete de enero de dos mil diecinueve (foja 78), solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le otorgara el apoyo para traslado, alimentación y hospedaje, al tener el carácter de víctima indirecta. Apoyo que le fue otorgado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como se advierte de un indicio que obra en las constancias que integran este juicio de amparo, consistente en copia simple del ocurso fechado el treinta de abril de este año (foja 79), dirigido a la referida dependencia pública, con sello de recibido de la misma fecha, que demuestra que, con anterioridad, la aquí agraviada recibió una cantidad por concepto de medidas en materia de traslado, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le proporcionó de manera anticipada, cuyo contenido no fue objetado por las autoridades responsables. Además, esa documental se encuentra adminiculada con la copia certificada de la solicitud de pago reembolso de traslados (foja 188) y con lo manifestado por la titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Oaxaca (fojas 102 a 104), en el sentido que reconoció que aun cuando se informó a la peticionaria del amparo la improcedencia del apoyo de traslado que solicitó, el personal de la oficina central de la Comisión Ejecutiva realizó dos trámites de traslado anticipados, con la ruta de Oaxaca a la ciudad de México, por el período del treinta y uno de enero al veintinueve de marzo de dos mil diecinueve y del treinta de marzo al catorce de abril de dos mil diecinueve, sumando ambos, la cantidad de $210,184.00 (doscientos diez mil ciento ochenta y cuatro pesos, 00/100, moneda nacional); así como con lo señalado por la directora General del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en la ciudad de México, respecto a que la quejosa presenta un monto de traslado pendiente por comprobar por la referida cantidad. Todo lo anterior denota, contrario a lo que asevera la autoridad responsable, que la quejosa tuvo acceso y se le otorgaron las medidas en materia de traslado que comprenden los conceptos de alimentación, pasajes y hospedaje previstas en los artículos 39 bis, de la Ley General de Víctimas. Se presume cierto un acto. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el diverso acto que combate la quejosa al comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, consistente en la falta de respuesta a su escrito fechado el tres de julio de dos mil diecinueve, toda vez que no manifestó si es o no cierta su existencia. Sexto. Análisis de los conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, al no existir disposición de la Ley de Amparo que obligue hacerlo, ni se le deja en estado de indefensión; atento la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conceptos de violación. En suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, son fundados los conceptos de violación que hizo valer la quejosa. Séptimo. Análisis del acto reclamado consistente en: la falta de respuesta al escrito de la quejosa de fecha tres de julio de dos mil diecinueve. Precepto constitucional. El artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Por imperativo constitucional, toda autoridad está obligada a respetar el ejercicio del derecho de petición de los gobernados, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, que la obliga a acordarlo también por escrito y hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. Ese ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de emitir una respuesta, se caracterizan por lo siguiente: La petición debe: 1. Formularse de manera pacífica y respetuosa. 2. Dirigirse a una autoridad. 3. Proporcionar un domicilio para recibir respuesta. La contestación debe: a. Emitirse en breve término. b. Ser congruente con la petición. c. Ser notificada en el domicilio señalado para ese efecto. En el caso, en el escrito cuya omisión en acordar se reclama, la quejosa solicitó inicialmente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, residente en la ciudad de Oaxaca le reembolse el dinero que erogó por conceptos de alimentación y pasajes correspondiente al período del diez de abril al tres de junio de dos mil diecinueve, comprendidos en las medidas de traslado que se le otorgó como víctima indirecta, previstas en los artículos 39 bis, y demás relativos de la Ley General de Víctimas. Ocurso que fue presentado el cinco de julio de dos mil diecinueve (foja 14) ante el Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Oaxaca y que fue remitido por la titular de esa dependencia, para su atención, a la titular de Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a lo que la directora de Área de la Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto de esa Comisión, por oficio CEAVV/DGAIPC/1926/2019, emitió una respuesta (foja 108). Sin que, hasta la fecha en que se promovió la demanda de amparo (veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve), ni en la que se dicta esta sentencia: I. La autoridad responsable, titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Oaxaca, haya notificado a la quejosa ****, el oficio CEAV/OAX/1063/2019 (foja 107), mediante el que informa que remitió su ocurso fechado el tres de julio de dos mil diecinueve al titular de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ni los diversos oficios CEAV/OAX/1456/2019 (fojas 125 y 126) y CEAV/OAX/1665/2019 (fojas 163 a 165), en los que acordó, entre diversas cuestiones, que la dependencia a su cargo no brindó acompañamiento a Faustino Andrés Vásquez, durante su internamiento hospitalario en la ciudad de México, por lo que no cuenta con documentación o información del trámite que se realizó durante dicho período. II. Tampoco se advierte que la diversa responsable, comisionado Ejecutivo de la Comisión de Atención a Víctimas, residente en la ciudad de México, hubiere notificado la respuesta que la directora de Área de la Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto, emitió por oficio CEAVV/DGAIPC/1926/2019 (foja 108), a la petición que la quejosa realizó por escrito fechado el tres de julio de dos mil diecinueve. Lo anterior, revela que el acto reclamado en sede constitucional vulnera el derecho fundamental consagrado el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no dar a conocer las contestaciones dadas a la petición efectuada por la aquí quejosa. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tercera Parte, CXXXII, página 138, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE PROBAR QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de probar un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación.". Octavo. Efectos de la concesión del amparo. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto negativo, se concede a la quejosa ****el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables: a) Titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Oaxaca notifique a la quejosa ****el contenido de los oficios **** que emitió en atención a la petición que le realizó en escrito fechado el tres de julio de dos mil diecinueve. b) Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, residente en la ciudad de México, haga del conocimiento de la promovente del amparo ***el contenido del oficio ***(foja 108), firmado por la directora de Área de la Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto, en el que se proveyó lo relativo al escrito de la quejosa, que fue enviado para su atención, por la titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Oaxaca (foja 107). Noveno. Acto reclamado: Suspensión de las medidas en materia de traslado que comprenden los conceptos de alimentación, pasajes y hospedaje, previstas en el artículo 39 bis de la Ley General de Víctimas. Por otra parte, en el escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio, la quejosa aduce que las autoridades responsables vulneran el derecho fundamental contenido en el artículo 16 de la Constitución Federal, al habérsele suspendido las medidas en materia de traslado que le fueron otorgadas y que comprenden los conceptos de alimentación, pasaje y hospedaje, previstas en el artículo 39 bis de la Ley General de Víctimas, sin que previamente se le hubiere notificado ese acto. En el caso, la quejosa acude a esta instancia constitucional, pues aduce no haber sido notificada de la suspensión de esa medida de ayuda inmediata; ante ello, como se advierte una violación a la ley que la deja sin defensa, se procede a analizar ese acto reclamado a la luz del derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal. Dicho precepto constitucional dispone: "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. - - - - ." El referido artículo contiene la garantía de seguridad jurídica en favor de los gobernados, exigiendo que la emisión de cualquier acto de molestia proveniente de una autoridad cumpla con los requisitos siguientes: 1. Que provenga de autoridad competente; 2. Que se encuentre fundado y motivado, y 3. Que conste por escrito. El primero de los requisitos en cuestión se refiere al principio de legalidad que rige en nuestro sistema jurídico, donde las facultades de las autoridades deben reconocerse en la ley, por lo que la conducta se encuentra indefectiblemente subordinada a un ordenamiento de carácter general, abstracto e impersonal. Por su parte, el requisito formal de debida fundamentación y motivación, implica que en todo acto de autoridad ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Sobre el particular resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, en la parte correspondiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 178, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca". Por último, la exigencia de que la conducta de la autoridad conste por escrito asegura que quede constancia de ella, siendo así factible su análisis y confrontación con las normas en que se debe fundar para determinar así su legalidad y consecuente constitucionalidad. Los requisitos precisados constituyen un derecho fundamental de los gobernados, con la finalidad de que dispongan de los elementos necesarios para su oportuna defensa. Con base en lo anterior, se concluye que todo acto de autoridad que genere molestia debe obrar por escrito, en un documento dirigido al agraviado, señalándose de quién proviene, qué medida se impone, las razones o circunstancias que la provocan (motivación), así como el ordenamiento legal en que se basa la autoridad para actuar en ese sentido, incluyendo los artículos, fracciones, incisos, párrafos de la ley invocada y que sean aplicables al caso concreto (fundamentación). En otras palabras, el presupuesto indispensable para verificar el cumplimiento de cualquiera de las demás exigencias constitucionales que debe observar un acto de autoridad (competencia, fundamentación y motivación), lo constituye que provenga de mandamiento escrito, en virtud de que sin éste, como ya se mencionó, se tornaría imposible realizar cualquier examen en relación a los demás requisitos. De no existir un documento escrito, el particular queda en absoluto estado de indefensión para impugnar la resolución que constituye la conducta de la autoridad. Sobre esas premisas, resulta necesario tener presente que, en el caso, se demostró que la quejosa tiene el carácter de víctima indirecta del delito, como se advierte del acuerdo 24795-1, de fecha quince de enero de dos mil diecinueve (foja 12), emitido por el director General del Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y, contrario a lo que señalaron las autoridades responsables, existe la petición que realizó por escrito fechado el diecisiete de enero de dos mil diecinueve (foja 78), a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a efecto de que se le otorgara el apoyo para traslado, alimentación y hospedaje. También quedó acreditado que la quejosa tuvo acceso y le fueron otorgadas las medidas en materia de traslado, pues, como se dijo, en autos obra la copia simple del escrito fechado el treinta de abril de ese año (foja 79), dirigido a la referida dependencia pública, con sello de recibido de la misma fecha, que demuestra que, con anterioridad, la promovente del amparo recibió una cantidad por ese concepto, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le proporcionó de manera anticipada. Lo que fue confirmado, además, por la titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Oaxaca (fojas 102 a 104), cuando refirió que aun cuando se informó a la quejosa la improcedencia del apoyo de traslado que solicitó, el personal de la oficina central de la Comisión Ejecutiva realizó dos trámites de traslado anticipados, con la ruta de Oaxaca a la ciudad de México, por el período del treinta y uno de enero al veintinueve de marzo de dos mil diecinueve y del treinta de marzo al catorce de abril de dos mil diecinueve, sumando ambos la cantidad de $210,184.00 (doscientos diez mil ciento ochenta y cuatro pesos, 00/100, moneda nacional), así como con lo señalado por la directora General del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en la ciudad de México, respecto a que la agraviada presenta un monto de traslado pendiente por comprobar por la referida cantidad. En el caso, la quejosa refiere que las medidas en materia de traslado le fueron brindadas únicamente del nueve de enero al nueve de abril de dos mil diecinueve, pues, sin previo aviso o notificación legal, le fueron suspendidas (foja 8). Es prudente hacer mención del contenido de los artículos 39 y 39 Bis de la Ley General de Víctimas, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 39. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar al mismo, las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno, pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más seguro y el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones. Artículo 39 Bis. Las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas: I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal; II. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes; III. Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes, cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional, y IV. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, pública o privada cuando así sea autorizado en términos del quinto párrafo del artículo 8 de esta Ley, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera. En caso de que las Comisiones de víctimas no hayan cubierto los gastos, la Comisión Ejecutiva de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita, deberá brindar la ayuda a que se refiere el presente artículo, con cargo al Fondo. Las Comisiones de víctimas deberán reintegrar los gastos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley." De la transcripción de dichos preceptos legales se advierte que las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación. Erogación que se genera cuando la víctima tenga que trasladarse con la finalidad de formular denuncia o querella; para desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes; a solicitar de alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes, cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional, y, a recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, pública o privada cuando así sea autorizado el apoyo médico, psicológico o social que requiera. Se advierte también que, en caso de que las Comisiones de víctimas no hayan cubierto los gastos, la Comisión Ejecutiva, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita, deberá brindar la ayuda a que se refiere ese artículo, con cargo al Fondo. Lineamientos para el otorgamiento de medidas en materia de traslado que, en lo que aquí interesa, establecen: "LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS EN MATERIA DE TRASLADOS OBJETO Primero. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las bases para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el ámbito de su competencia, otorgue a las víctimas las medidas en materia de traslado, previstas en el Capítulo III del Título Tercero de la Ley General de Víctimas. DEFINICIONES Segundo. Además de las definiciones previstas en la Ley General de Víctimas, para efecto de los presentes Lineamientos, se entiende por: Apoyos de traslados: los gastos por concepto de transportación, hospedaje y/o alimentación que requieran las víctimas para trasladarse, cuando se ubiquen en los supuestos previstos en los artículos 39 o 39 Bis de la Ley General de Víctimas; Comisión Ejecutiva: La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Comisiones de Víctimas: Las Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas y de la Ciudad de México; Formato único de declaración: el formato publicado por la Comisión Ejecutiva en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se recaba la información de la víctima y del hecho victimizante para su ingreso al Registro Nacional de Víctimas; Ley: Ley General de Víctimas, y Lineamientos: los presentes Lineamientos para el otorgamiento de medidas en materia de traslados. ÁMBITO DE APLICACIÓN Tercero. Los Lineamientos aplicarán a los traslados de víctimas que se ubiquen en los siguientes supuestos, previstos en los artículos 39 y 39 Bis de la Ley: Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar al mismo; Cuando la víctima requiera trasladarse para formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal; Cuando la víctima requiera trasladarse para desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes; Cuando la víctima requiera trasladarse para solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes, cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional, y Cuando la víctima requiera trasladarse para recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, pública o privada cuando así sea autorizado en términos del quinto párrafo del artículo 8 de la Ley, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera. - - - - "." Décimo Primero. De conformidad con los artículos 8 y 136 de la Ley, las víctimas a las que se les entreguen los apoyos de traslado de manera anticipada deberán comprobar a la Comisión Ejecutiva el ejercicio del monto correspondiente a más tardar a los treinta días naturales posteriores de haber recibido el recurso. La documentación preferentemente deberá contener requisitos fiscales a su nombre, o en su defecto presentarán el documento idóneo que señale que el recurso se aplicó para los fines para los que fue otorgado. En caso de que la persona beneficiaria no haya utilizado la totalidad de la cantidad otorgada, deberá reintegrar el restante a la cuenta de la fiduciaria que el área del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral le indique. El monto del gasto no comprobable podrá ser de hasta el veinticinco por ciento del monto que le fue otorgado a la víctima de manera anticipada por concepto de medidas de traslados, debiendo manifestar la víctima que no entrega documentación por dicho porcentaje en la comprobación del gasto. En el caso de que la Comisión Ejecutiva otorgue los apoyos de traslado vía reembolso, las víctimas presentarán la documentación comprobatoria, la cual preferentemente deberá contener requisitos fiscales a su nombre, o en su defecto presentarán el documento idóneo que acredite el traslado. CONCEPTOS Y MONTOS PARA APOYOS DE TRASLADOS. Décimo Segundo. La Comisión Ejecutiva cubrirá los apoyos de traslado conforme a los siguientes criterios: Las Las categorías de transportación aérea y terrestre podrán ser diferentes cuando la víctima lo justifique en su solicitud. La Comisión Ejecutiva valorará los casos de excepción a los montos previstos en el presente tabulador, y su incremento sólo podrá ser autorizado por el Comisionado Ejecutivo". De lo transcrito se aprecia que los referidos lineamientos tienen por objeto establecer las bases para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el ámbito de su competencia, otorgue a las víctimas las medidas en materia de traslado, previstas en el Capítulo III del Título Tercero de la Ley General de Víctimas y que se ubiquen en los supuestos de los artículos 39 y 39 bis de dicha norma. El último párrafo del lineamiento décimo primero señala que, en el caso de que la Comisión Ejecutiva otorgue los apoyos de traslado vía reembolso, las víctimas presentarán la documentación comprobatoria, la cual preferentemente deberá contener requisitos fiscales a su nombre o, en su defecto, presentarán el documento idóneo que acredite el traslado. Por su parte, el lineamiento décimo segundo indica los criterios y cantidades que la Comisión Ejecutiva cubrirá respecto al apoyo de traslado. Ahora, las constancias que obran en este juicio de amparo y que fueron valoradas con anterioridad, son suficientes para poner de manifiesto que no existe una determinación de las autoridades responsables que a) declare que ya no es necesario brindar a la víctima indirecta, aquí quejosa, las medidas en materia de traslado que comprenden los conceptos de alimentación, pasajes y hospedaje, previstas en el artículo 39 bis de la Ley General de Víctimas, b) que éstas hubieren sido revocadas o concluidas y, en consecuencia, c) que hayan sido suspendidas. Esto es, no hay constancia alguna en autos de la que se pueda determinar la suspensión de la medida de ayuda inmediata que le fue otorgada a la agraviada, ni que esa interrupción se hubiese hecho de su conocimiento. Con base en lo anterior, se concluye que las autoridades responsables vulneran en perjuicio de la quejosa el artículo 16 de la Constitución Federal, pues no obra en autos constancia alguna de la que se advierta que, previo a suspender las medidas en materia de traslado que le había sido otorgadas, hayan dado cumplimiento a los requisitos constitucionales, esto es, que hicieron de su conocimiento un mandamiento por escrito y debidamente fundado y motivado en que se indiquen los motivos de esa suspensión. En efecto, esos actos son de los que se estiman, por su naturaleza, de violación directa a la Constitución Federal, toda vez que no existe mandamiento escrito que funde y motive la determinación de la suspensión de las medidas de traslado. Décimo. Efectos de la sentencia. En consecuencia, al ser inconstitucional el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, consistente en la suspensión de las medidas de traslado que comprenden los conceptos de alimentación, pasajes y hospedaje, previstas en el artículo 39 bis, de la Ley General de Víctimas, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que las autoridades responsables, 1º comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, residente en la ciudad de México y 2º titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Oaxaca, en el ámbito de sus respectivas competencias: a) Dicten una resolución en la que, de manera fundada y motivada, precisen si resulta o no procedente el reembolso de las medidas de traslado a la quejosa ****, del período del diez de abril al tres de junio de dos mil diecinueve, que comprenden los conceptos de alimentación, pasajes y hospedaje, previstas en el artículo 39 bis, de la Ley General de Víctimas. b) Con base en el principio de equidad y bajo criterios de razonabilidad, atendiendo a lo aseverado por la víctima indirecta, aquí quejosa, y a las circunstancias específicas del caso, de ser procedente lo anterior (reembolso), fijen el monto que se le debe reembolsar; y, finalmente, también de ser procedente: c) Devuelvan en su integridad la cantidad que se determine al respecto. Décimo Primero. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado de Distrito a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 1°, 73, 74 y 75 y demás relativos de la Ley de Amparo; se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal ampara y protege a ****, contra los actos reclamados, consistentes en: a) La suspensión de las medidas en materia de traslado que comprenden los conceptos de alimentación, pasajes y hospedaje, previstas en el artículo 39 bis, de la Ley General de Víctimas; y, b) La falta de respuesta a su escrito fechado el tres de julio de dos mil diecinueve. Que atribuyó al comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, residente en la ciudad de México y al titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Oaxaca. En términos de los considerandos séptimo y noveno y para los efectos precisados en los considerandos octavo y décimo de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, treinta de octubre de dos mil veinte, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia en este juicio. GMZR´
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