Miguel Ángel Sánchez Fragoso y Otros.

Expediente 447/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
447/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
01/07/2019

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Sánchez Fragoso y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a primero de julio de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la promovente de amparo.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa de amparo, el auto de diecisiete del mes y año en curso, que en lo conducente dice: ".Ciudad de México, a diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Sarahi Alejandra Sánchez Castillo, a favor de Miguel Ángel Sánchez Fragoso, contra actos del Consejo Técnico Interdisciplinario de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 447/2019. Ahora, en relación con los actos que se mencionan, consistentes en: incomunicación, segregación, afectación física y psicológica, así como "peligro de perder la vida", de los que según es objeto el quejoso, es improcedente decretar la suspensión de oficio y de plano, ya que de los antecedentes relatados en la demanda, no se advierte algún hecho que evidencie su ejecución, pues la promovente de amparo, en lo que interesa, refirió ".solo se le permite hacer una llamada semanal de tan sólo cinco minutos.", lo que pone de manifiesto que no se encuentra incomunicado, asimismo, mencionó "que el quejoso se encuentra actualmente interno en EL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 13, viviendo de manera provisional en una estancia ubicada en la zona conocida como 'ingreso', corriendo peligro de privación de la vida por la manera tan violenta en que se efectúan los traslados. como ha sucedido antes con el quejoso en que se le ha amenazado y se le ha agredido físicamente.y su ejecución implica PELIGRO EN LA INTEGRIDAD Y SALUD FÍSICA Y MENTAL DEL QUEJOSO.", aseveraciones de las que se advierte que el amparista tampoco se encuentra segregado, dado que permanece en un área común, para las personas que ingresan a dicho centro de reclusión, de igual manera, la promovente de amparo no se refirió algún hecho, en específico, en que se evidencie que el quejoso está siendo objeto de algún tipo de violencia (física o psicológica), con lo cual pudiera estar en peligro su vida, del mismo modo, no informa algún dato respecto de la forma en que se enteró de los hechos que narró bajo protesta de decir verdad y con ello tener certeza de sus aseveraciones. En ese sentido, este órgano de control constitucional, tomando en consideración los términos en que se redactó la demanda de amparo, no advierte circunstancias que permitan establecer que dichos actos son actuales e inminentes, que hagan procedente dicha medida cautelar. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la página 951 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo". Por otro lado, de la lectura integral de la demanda, también se advierte que se reclama la orden de traslado y/o autorización de traslado del quejoso de la Penitenciaría de esta ciudad al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, en Miahuatlán, Oaxaca. Asimismo, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, se advierte que existe un motivo para desechar de plano la demanda. En efecto, se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, vinculados con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tales preceptos, en el orden anunciado, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 107. Las controversias de que habla el Artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: . I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". De la interpretación sistemática de los numerales transcritos se obtiene que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo es el de instar la acción constitucional por la parte agraviada, es decir, podrá promoverse únicamente por la persona a quien perjudique el acto reclamado, lo cual podrá realizar por sí, por su representante o apoderado, por su defensor, cuando provenga de una causa criminal, y cuando expresamente lo permita la ley, por medio de algún pariente o persona extraña, de ahí que si una persona promueve demanda de amparo en favor de otra, sin que esté legitimada para realizarlo, trae como consecuencia la improcedencia del juicio. En ese sentido, acorde con los actos y hechos relatados en la demanda, es inconcuso que el directo quejoso es el único legitimado para instar la acción constitucional, sin que se advierta que esté imposibilitado para suscribir la demanda por derecho propio, pues como se estableció en párrafos que anteceden, no se aprecia que el directo quejoso se encuentre incomunicado y/o segregado, aunado a que no se actualiza alguno de los supuestos para que otra persona lo haga a su favor. Sirve de apoyo, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1848 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, del rubro siguiente: "AMPARO, INTERPOSICIÓN DEL, POR QUIEN SE DICE DEFENSOR SIN SERLO". Así como por identidad jurídica sustancial, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 272 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de 1991, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO". En ese sentido, toda vez que la persona que signa la demanda carece de legitimación para instar la acción constitucional a favor del directo quejoso, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. Por otro lado, en cuanto a su diversa petición en el sentido de que se ".permita el uso de cámara fotográfica en la revisión del presente expediente.", dígasele que en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dispuso: "no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos", de lo que se advierte que el uso de los citados aparatos, se permitirá exclusivamente para imponerse de acuerdos dictados en el expediente, y no de notificaciones, resoluciones, informes de ley o cualquier otro tipo de constancia que se encuentre integrada en autos, lo anterior a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Por tal motivo, se autoriza hacer uso de dichos medios única y exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio de amparo. En el entendido que los servidores públicos adscritos al área de actuaría, deberán vigilar el estricto cumplimiento a lo acordado en el párrafo que antecede. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, y por autorizadas a las personas mencionadas para los efectos que se precisan. Finalmente, acorde con en el precepto 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el diverso 27 de la ley señalada.".

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