Miguel Angel Sanchez Cuellar
Expediente 755/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 755/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Angel Sanchez Cuellar
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de veintiséis de julio pasado en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por ***********, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL PROVEÍDO DE VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE,MISMO QUE A LA LETRA DIEC: A) Registro de demanda. Vista la demanda de amparo signada por **********, contra actos de la autoridad que denominó como Juez Primero de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, en esta ciudad. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, bajo el registro número 755/2017-A2. B) Estudio y desecamiento de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior transcripción, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causal de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, este juzgado federal estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, de los preceptos legales transcritos, se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18, de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Ahora, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo relativo a la notificación a las partes de las determinaciones judiciales, dispone lo siguiente: "Artículo 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código." "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." "Artículo 84. Regla general sobre notificaciones Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias." En la especie, el acto reclamado en esta instancia constitucional, de forma destacada, se hace consistir en lo siguiente: "La audiencia de fecha 29 de junio del 2017, específicamente en cuanto a la omisión por parte del juez de control y/o autoridad responsable a que hace referencia el ordinal 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, denominada 'de control de la detención'". En tanto que en el capítulo relativo a los hechos que, bajo protesta de decir verdad, narra como constitutivos de los actos reclamados, señala: "Con fecha 27 de junio de 2017,a las 9:30 horas dio inicio ante la responsable la audiencia inicial derivada del proceso penal seguido en mi contra, a solicitud de mi ex pareja la ciudadana XXXXXXXX, en la cual previo al inicio de la misma manifiesto bajo protesta de decir verdad no se me leyeron mis derechos constitucionales y legales, ni se dio a conocer que tengo derecho a ellos, tal como lo refiere el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y sí por el contrario me privó de mi libertad, sin que se llevara a cabo 'el control de legalidad de la detención', lo cual se traduce en una clara violación en mi perjuicio a lo dispuesto por el ordinal ya referido mismo que a la letra reza: 'Artículo 307. Audiencia inicial. En la audiencia inicial se informaran al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubieren informado de los ismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación." Luego, conforme a lo antes plasmado, se advierte, acorde con lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que el promovente del amparo se duele de las violaciones que refiere se cometieron en su perjuicio den la audiencia inicial a que alude el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dijo, bajo protesta de decir verdad, se verificó a partir de las nueve horas con treinta minutos del día veintisiete de junio de la presente anualidad, pues señala en esta no se le hicieron saber sus derechos fundamentales ni se pronunció el Juez de Control responsable sobre la calificación de su detención, de lo que según se desprende en lo dispuesto por los invocados numerales 63 y 82, quedó notificado en la propia audiencia, tal y como lo asevera en su escrito de demanda, manifestación que constituye una confesión expresa y, por tanto, tiene pleno valor probatorio en términos de lo establecido en el artículo 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de hechos aseverados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad. Apoya lo anterior la consideración relativa a la confesión expresa de la parte quejosa la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos datos de rubro, texto y localización son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." (Novena Época, Registro: 200094, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 27/96, Página: 57). En esas condiciones, si la demanda que nos ocupa fue presentada el veinticinco de julio de dos mil diecisiete, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, y turnada a este tribunal, debe decirse que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, con el 17 de la Ley reglamentaria, tocante a que el quejoso tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que le fue notificado el acto que reclama, y al no haberlo hecho así, su demanda resulta extemporánea. En tal virtud, el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del día veintinueve de junio pasado, día hábil inmediato siguiente al en que, por disposición de la ley, surtieron efectos las determinaciones contenidas en la audiencia inicial de veintisiete del mismo mes y año, al haber sido notificado de estas en la propia audiencia, por encontrarse presente, debiendo contarse los quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del veintinueve de junio de dos mil diecisiete para concluir el diecinueve de julio en curso, excluyendo los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis del presente mes y año, por ser inhábiles. De ahí que si la demanda de amparo fue presentada el veinticinco del presente mes y año, evidente resulta que es extemporánea por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla el citado numeral que se transcribió en líneas precedentes, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), Décima Época, Registro 2009174, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 38, del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA." No obstante lo antes señalada, ante la circunstancia de que el promovente del amparo, en el apartado relativo a la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclama, señala de forma destacada: "La audiencia de fecha 29 de junio del 2017.", para, en su caso, computar a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le haya hecho en la audiencia respectiva, el plazo de ley para la interposición de su demanda de amparo, aun así, de haberse verificado la citada audiencia el día veintinueve de junio inmediato anterior, la promoción de su demanda de amparo sigue siendo extemporánea, en razón a que las determinaciones asumidas en el proceso penal del que hace derivar el acto reclamado, surtieron efectos el siguiente día, treinta del mes y año en cita, computándose el plazo de quince días a partir del tres de julio y vencía el veintiuno siguiente; y su reclamo de derechos fundamentales lo presentó hasta el veinticinco de los actuales, inconcuso resulta que aun así, se reitera, este resulta extemporáneo. En consecuencia, es de concluirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Es aplicable, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia IV.3o. J/44, sustentada por Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible a página 49 del Semanario Judicial de la Federación número 86-2, Febrero de 1995, octava época, del rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." Con fundamento, además, en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." C) Domicilio para oír y recibir notificaciones. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en ***. Ahora, dado que el promovente no proporciona dato alguno con el que se acredite que las personas que indica en su escrito de demanda, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (verbigracia el número de cedula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se tiene a los mismos como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. D) Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Se faculta al actuario de la adscripción para que proceda a llevar las notificaciones del presente asunto, aun en días y horas inhábiles; lo anterior con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo.
- Principal
A) Registro de demanda. Vista la demanda de amparo signada por **********, contra actos de la autoridad que denominó como Juez Primero de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, en esta ciudad. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, bajo el registro número 755/2017-A2. B) Estudio y desecamiento de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior transcripción, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causal de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, este juzgado federal estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, de los preceptos legales transcritos, se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18, de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Ahora, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo relativo a la notificación a las partes de las determinaciones judiciales, dispone lo siguiente: "Artículo 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código." "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." "Artículo 84. Regla general sobre notificaciones Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias." En la especie, el acto reclamado en esta instancia constitucional, de forma destacada, se hace consistir en lo siguiente: "La audiencia de fecha 29 de junio del 2017, específicamente en cuanto a la omisión por parte del juez de control y/o autoridad responsable a que hace referencia el ordinal 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, denominada 'de control de la detención'". En tanto que en el capítulo relativo a los hechos que, bajo protesta de decir verdad, narra como constitutivos de los actos reclamados, señala: "Con fecha 27 de junio de 2017,a las 9:30 horas dio inicio ante la responsable la audiencia inicial derivada del proceso penal seguido en mi contra, a solicitud de mi ex pareja la ciudadana Miriam Erika Ramírez Rodríguez, en la cual previo al inicio de la misma manifiesto bajo protesta de decir verdad no se me leyeron mis derechos constitucionales y legales, ni se dio a conocer que tengo derecho a ellos, tal como lo refiere el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y sí por el contrario me privó de mi libertad, sin que se llevara a cabo 'el control de legalidad de la detención', lo cual se traduce en una clara violación en mi perjuicio a lo dispuesto por el ordinal ya referido mismo que a la letra reza: 'Artículo 307. Audiencia inicial. En la audiencia inicial se informaran al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubieren informado de los ismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación." Luego, conforme a lo antes plasmado, se advierte, acorde con lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que el promovente del amparo se duele de las violaciones que refiere se cometieron en su perjuicio den la audiencia inicial a que alude el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dijo, bajo protesta de decir verdad, se verificó a partir de las nueve horas con treinta minutos del día veintisiete de junio de la presente anualidad, pues señala en esta no se le hicieron saber sus derechos fundamentales ni se pronunció el Juez de Control responsable sobre la calificación de su detención, de lo que según se desprende en lo dispuesto por los invocados numerales 63 y 82, quedó notificado en la propia audiencia, tal y como lo asevera en su escrito de demanda, manifestación que constituye una confesión expresa y, por tanto, tiene pleno valor probatorio en términos de lo establecido en el artículo 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de hechos aseverados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad. Apoya lo anterior la consideración relativa a la confesión expresa de la parte quejosa la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos datos de rubro, texto y localización son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." (Novena Época, Registro: 200094, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 27/96, Página: 57). En esas condiciones, si la demanda que nos ocupa fue presentada el veinticinco de julio de dos mil diecisiete, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, y turnada a este tribunal, debe decirse que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, con el 17 de la Ley reglamentaria, tocante a que el quejoso tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que le fue notificado el acto que reclama, y al no haberlo hecho así, su demanda resulta extemporánea. En tal virtud, el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del día veintinueve de junio pasado, día hábil inmediato siguiente al en que, por disposición de la ley, surtieron efectos las determinaciones contenidas en la audiencia inicial de veintisiete del mismo mes y año, al haber sido notificado de estas en la propia audiencia, por encontrarse presente, debiendo contarse los quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del veintinueve de junio de dos mil diecisiete para concluir el diecinueve de julio en curso, excluyendo los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis del presente mes y año, por ser inhábiles. De ahí que si la demanda de amparo fue presentada el veinticinco del presente mes y año, evidente resulta que es extemporánea por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla el citado numeral que se transcribió en líneas precedentes, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), Décima Época, Registro 2009174, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 38, del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA." No obstante lo antes señalada, ante la circunstancia de que el promovente del amparo, en el apartado relativo a la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclama, señala de forma destacada: "La audiencia de fecha 29 de junio del 2017.", para, en su caso, computar a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le haya hecho en la audiencia respectiva, el plazo de ley para la interposición de su demanda de amparo, aun así, de haberse verificado la citada audiencia el día veintinueve de junio inmediato anterior, la promoción de su demanda de amparo sigue siendo extemporánea, en razón a que las determinaciones asumidas en el proceso penal del que hace derivar el acto reclamado, surtieron efectos el siguiente día, treinta del mes y año en cita, computándose el plazo de quince días a partir del tres de julio y vencía el veintiuno siguiente; y su reclamo de derechos fundamentales lo presentó hasta el veinticinco de los actuales, inconcuso resulta que aun así, se reitera, este resulta extemporáneo. En consecuencia, es de concluirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Es aplicable, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia IV.3o. J/44, sustentada por Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible a página 49 del Semanario Judicial de la Federación número 86-2, Febrero de 1995, octava época, del rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." Con fundamento, además, en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." C) Domicilio para oír y recibir notificaciones. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en ***. Ahora, dado que el promovente no proporciona dato alguno con el que se acredite que las personas que indica en su escrito de demanda, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (verbigracia el número de cedula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se tiene a los mismos como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. D) Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Se faculta al actuario de la adscripción para que proceda a llevar las notificaciones del presente asunto, aun en días y horas inhábiles; lo anterior con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo.
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