Miguel Angel Sanchez Aviles

Expediente 954/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 30 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
954/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • Miguel Angel Sanchez Aviles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta que remite la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; y, en atención a su contenido, se provee: Ténganse recibidos los autos de este juicio de amparo 954/2021-III, el cuaderno de pruebas y el testimonio de la ejecutoria pronunciada el catorce de los actuales, por el citado Tribunal en el amparo en revisión administrativa 182/2022. Acúsese recibo, agréguense únicamente las actuaciones originales que contiene el cuaderno de antecedentes y destrúyanse las copias certificadas que obran glosadas en el mismo, por ser innecesarias; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la ejecutoria que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se confirmó la sentencia dictada por este juzgado, en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Consecuentemente, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, archívense los cuadernos incidentales por separado; con la indicación de que el duplicado respectivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; ello, al contar con su original y no existir documentos originales en tal cuaderno, lo que deberá hacerse constar en la carátula respectiva. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el diverso numeral 18 del Acuerdo en cita, toda vez que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original es susceptible de depuración; hágase constar dicha circunstancia en la carátula del expediente, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita. Por tanto, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, transcurrido el cual, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia, sin que en éste obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Acorde a lo establecido el arábigo 15, fracción X, del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente juicio de amparo, se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental debe conservarse, al versar sobre materia agraria. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa allegó el billete de depósito N 912545, a fin de garantizar la medida cautelar decretada en el incidente de suspensión; en ese sentido, se precisa a la promovente, que una vez que transcurra el plazo de seis meses que contempla el artículo 156 de la Ley de Amparo, para que en caso de que se tratará hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la aludida medida cautelar; el mismo se pondrá a disposición. Asimismo, en razón de que obra en autos un documento que por sus características debe ser devuelto a su oferente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlo, previa razón de recibo que se deje en autos; en la inteligencia que de no recoger dicho documento, podrá ser destruido junto con el expediente de mérito. En el entendido que para poder presentarse en este Juzgado, la persona compareciente deberá programar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea. Glósese copia de este proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse al Tribunal responsable, las constancias que exhibió en este asunto. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta que remite la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; y, en atención a su contenido, se provee: Ténganse recibidos los autos de este juicio de amparo 954/2021-III, el cuaderno de pruebas y el testimonio de la ejecutoria pronunciada el catorce de los actuales, por el citado Tribunal en el amparo en revisión administrativa 182/2022. Acúsese recibo, agréguense únicamente las actuaciones originales que contiene el cuaderno de antecedentes y destrúyanse las copias certificadas que obran glosadas en el mismo, por ser innecesarias; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la ejecutoria que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se confirmó la sentencia dictada por este juzgado, en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Consecuentemente, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, archívense los cuadernos incidentales por separado; con la indicación de que el duplicado respectivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; ello, al contar con su original y no existir documentos originales en tal cuaderno, lo que deberá hacerse constar en la carátula respectiva. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el diverso numeral 18 del Acuerdo en cita, toda vez que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original es susceptible de depuración; hágase constar dicha circunstancia en la carátula del expediente, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita. Por tanto, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, transcurrido el cual, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia, sin que en éste obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Acorde a lo establecido el arábigo 15, fracción X, del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente juicio de amparo, se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental debe conservarse, al versar sobre materia agraria. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa allegó el billete de depósito N 912545, a fin de garantizar la medida cautelar decretada en el incidente de suspensión; en ese sentido, se precisa a la promovente, que una vez que transcurra el plazo de seis meses que contempla el artículo 156 de la Ley de Amparo, para que en caso de que se tratará hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la aludida medida cautelar; el mismo se pondrá a disposición. Asimismo, en razón de que obra en autos un documento que por sus características debe ser devuelto a su oferente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlo, previa razón de recibo que se deje en autos; en la inteligencia que de no recoger dicho documento, podrá ser destruido junto con el expediente de mérito. En el entendido que para poder presentarse en este Juzgado, la persona compareciente deberá programar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea. Glósese copia de este proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse al Tribunal responsable, las constancias que exhibió en este asunto. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial.

  3. Incidental

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los presentes autos los oficios de cuenta signados por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito "25", con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención a la vista ordenada mediante proveído de nueve de los presentes mes y año, informa el cumplimiento dado a la suspensión definitiva decretada en el juicio en que se actúa. En consecuencia, con su contenido, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese.

  4. Incidental

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Miguel Ángel Sánchez Avilés, mediante el cual realiza manifestaciones respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsable a la suspensión definitiva decretada en el juicio en que se actúa. En ese sentido, con copia simple del escrito de cuenta, dese vista a las autoridades responsables a fin de que dentro del plazo máximo de tres días contados a partir del siguiente a aquel en que surta la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones vertidas en el líbelo de mérito. Ello, en el entendido de que dichas autoridades se encuentran constreñidas al cumplimiento de la medida cautelar ya decretada. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que en caso contrario, se les impondrá una multa, a cada una de las omisas, equivalente a cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; ello, al demeritar la pronta administración de justicia, y al ser la penalización económica más baja contemplada por la ley de la materia. Con independencia de lo anterior, queda expedito el derecho de la parte quejosa de ejercer los derechos y las defensas de los mismos en la vía y forma pertinentes, de considerar la violación de ellos por personas ajenas a la litis constitucional del presente juicio. Al respecto se invoca, por las razones que la sustenta, la tesis 1a. CLII/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230 del tomo XXXIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 2011, Novena Época, con registro digital 161192, que dice: REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. RESULTA LA VÍA ADECUADA PARA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONOZCA DE AQUELLAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO QUE NO REPAREN UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDA POR UN PARTICULAR. La posibilidad de que ciertos derechos fundamentales se configuren como límites al actuar de los particulares, no resulta incompatible con la actual regulación y desarrollo jurisprudencial del concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, que ha venido realizando esta Suprema Corte. A fin de determinar la vigencia de los derechos fundamentales en las relaciones privadas, es necesario atender a una doble problemática: por un lado, la cuestión relativa a la validez de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, que se configura como un problema sustantivo; y por el otro, la cuestión relativa a la eficacia de los derechos fundamentales, esto es, la procedencia de la garantía judicial correspondiente ante eventuales violaciones procedentes de un particular, que podemos identificar con el problema procesal. En esta lógica, la improcedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, no determina, en modo alguno, que los derechos fundamentales no rijan las relaciones entre particulares, ni que esta Suprema Corte se encuentra imposibilitada para conocer, de forma indirecta, de este tipo de problemáticas. En estos términos, los tribunales del Poder Judicial de la Federación, vinculados directamente a arreglar sus fallos de conformidad con las normas constitucionales de acuerdo a los derechos fundamentales, juegan una suerte de puente entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto, ya que el juez tendrá que analizar si el derecho aplicable, en ese litigio, es compatible con lo dispuesto en la Constitución, y en caso de ser negativa la respuesta, introducir el contenido del derecho fundamental respectivo. Este razonamiento, que no es más que la aceptación lógica del principio de supremacía constitucional, lleva a esta Primera Sala a determinar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede conocer, a través de la revisión en amparo directo, de aquellas sentencias de los tribunales colegiados de circuito que no atiendan a la función de los derechos fundamentales como principios objetivos del ordenamiento jurídico mexicano. Así, cuando un tribunal colegiado de circuito establece la interpretación constitucional en un caso concreto, derivado de una violación de derechos fundamentales entre particulares, y se reúnen los requisitos de procedencia del recurso de revisión, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta competente para declarar si dicha interpretación encuentra cabida en el texto constitucional. Notifíquese.

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