Miguel Angel Saldaña Diaz
Expediente 1005/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1005/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Angel Saldaña Diaz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Se ordena archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental. Por tanto, atendiendo al numeral 21, inciso b), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser destruido en el plazo de tres años. Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 35 de dicho acuerdo general. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años referidos, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos y garantía. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron en el sumario. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, ***, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuyen a las autoridades siguientes: Juez de Control de Oralidad Penal de la Segunda Región. Jefe de Célula de Mandamientos Judiciales de la Agencia de Investigación. Las dos anteriores en Valle de Santiago. Juez de Control de Oralidad Penal de la Segunda Región. Jefe de Célula de Mandamientos Judiciales de la Agencia de Investigación Criminal en Celaya, Guanajuato. Las dos anteriores en Celaya, Guanajuato. Juez de Control de Oralidad Penal de la Segunda Región, Base Cortazar y Juventino Rosas; y, Sede en Salvatierra, Guanajuato. Jefe de Célula de Mandamientos Judiciales de la Agencia de Investigación Criminal en Cortazar, Guanajuato. Jefe de Célula de Mandamientos Judiciales de la Agencia de Investigación Criminal en Juventino Rosas, Guanajuato. Jefe de Célula de Mandamientos Judiciales de la Agencia de Investigación Criminal en Salvatierra, Guanajuato. Fórmese expediente y regístrese con el número 1001/2021-I.1, tanto en el libro de control de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Formalidades que debe cumplir la demanda de amparo. Es necesario analizar la forma en que se presentó la demanda de amparo, ya que, al ser un documento, debe contar los requisitos y formalidades que para su presentación prevé la Ley de Amparo. Formalidades que no constituyen formalismos sin sentido, sino que tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio constitucional, como son fijar la litis, pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público, abrir el incidente de suspensión -si se solicitó la medida cautelar-, y, además, de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Bajo esta perspectiva, se debe analizar íntegramente el escrito de demanda a fin de revisar si satisface los elementos necesarios para poder proceder a su análisis de fondo, mismos que se encuentran regulados en el ordinal 108 de la ley en la materia. Naturaleza de los actos combatidos y finalidad del artículo 15 de la Ley de Amparo. No obstante, el legislador previó la situación en que estos formalismos podían ser menos estrictos o más flexibles en atención al tipo de actos que se reclamen en la demanda de amparo. Así, en aquellos casos en que estuvieran en juego la integridad física o libertad del quejoso, se prescindió de algunos elementos formales para la promoción del juicio constitucional. La finalidad de esto es para hacer del juicio de amparo un recurso judicial efectivo para hacer frente al acto reclamado, ya que si se estuviera a expensas de presentar la demanda de manera ordinaria -esto es, con la totalidad de formalismos necesarios para su promoción-, se retrasaría la impartición de justicia, ya sea por errores, falta de copias, imprecisiones. Situaciones que harían nugatorio el fin de esta modalidad del juicio, puesto que lo primordial es que cesen, a toda costa, este tipo de actos que vulneran gravemente la integridad, libertad y dignidad de las personas. Por tal motivo, el legislador previó, en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así´ como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Y, con el objeto de hacer esta modalidad del amparo más accesible y fácil de tramitar, también estipuló, en los ordinales 3 y 109 de la ley en la materia, que serían menos los requisitos para su promoción; incluso, si se tramita de manera electrónica, es factible prescindir de la firma electrónica (FIREL). De ahí que, de una interpretación funcional de estos preceptos legales, se aprecia lo siguiente: Para la promoción del juicio de amparo, es necesario cumplir con los requisitos del normativo 108 de la Ley de Amparo; En caso de que el juicio constitucional se promueva por algún acto que enlista el numeral 15 de la ley en la materia, es factible la presentación de la demanda, siempre que se satisfagan los requisitos del diverso ordinal 109; y, Ante la necesidad apremiante de tramitar la demanda, si esta se presenta vía electrónica, para su envío es factible prescindir de la firma electrónica (FIREL). Actos reclamados en la demanda de cuenta; no actualizan la hipótesis prevista en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Hechas estas precisiones, de una interpretación integral de la demanda de amparo, se aprecia que la quejosa reclama lo siguiente: La orden de aprehensión y su ejecución. Como se vio, el multicitado ordinal 15 protege la libertad personal e integridad física de los quejosos directos cuando se ven imposibilitados para pedir amparo de manera personal. Lo que persigue este artículo es el llamado habeas corpus, ya que es necesario que se exhiba o ponga en presencia del juez de amparo al quejoso directo, con el objeto de velar porque se respeten sus derechos fundamentales con motivo de su detención y no se le practique tortura, malos tratos, incomunicación, deporte, expulse, proscriba, destierre, extradite o se le practique algún acto prohibido por el ordinal 22 constitucional o, bien, cuando se pretenda incorporar forzosamente al quejoso al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Así, de un simple contraste, se aprecia que el acto reclamado -orden de aprehensión y su ejecución- no actualiza el supuesto normativo previsto en el precepto 15 de la Ley de Amparo; es decir, el acto combatido, de manera alguna, atenta contra los derechos fundamentales que protege el referido numeral para hacer viable la promoción del juicio constitucional de manera más rápida y sin exceso de formalismos. Esto es así, ya que el hecho de que el acto reclamado pudiera afectar a los derechos de la parte quejosa, éste no es fuera de procedimiento, por lo que, para promover el juicio de amparo en su contra es necesario que se satisfagan los requisitos formales previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo y, además, en caso de promoverse por la vía electrónica, se firme electrónicamente por la parte quejosa. Lo anterior, ya que la finalidad del legislador, como se dijo, era la de proporcionar a las personas las facilidades necesarias para promover el juicio de amparo a cualquier hora y sin tantos formalismos, con el objeto de mover la maquinaria judicial a brevedad posible y poner ante la presencia judicial al quejoso directo.Pensar lo contrario equivaldría a hacer nugatoria la finalidad del legislador y desnaturalizar la función protectora del juicio de amparo como un habeas corpus. Bajo esta premisa, es evidente que el acto que se reclama en esta instancia constitucional no encuadra en la hipótesis normativa del artículo 15 de la Ley de Amparo y, por tanto, no le son aplicables las salvedades previstas en los diversos numerales 3 y 109 de la ley en la materia. De ahí que, el presente asunto no puede considerarse como caso urgente o de excepción en los términos precisados. Por tal motivo, es procedente analizar si la demanda satisface o no los requisitos que debe contener y que enuncia el precepto 108 del ordenamiento legal en cita. Consideraciones previas. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Falta de firma electrónica. En el caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, de los que se advierte que el juicio de amparo, con las salvedades a que alude el numeral 15 de la ley en consulta, sólo puede iniciarse a instancia de parte agraviada, es decir, mediante la promoción de la demanda correspondiente, con base en las formalidades previstas en el ordinal 108 de la Ley de Amparo, esto es por escrito. Así, al formularse por escrito, la voluntad de cualquier persona se realiza a través del estampado de la firma, acto de voluntad que supone desde luego la imposición autógrafa, del puño y con la letra del propio interesado; lo anterior, con la salvedad de que dicho signo gráfico debe corresponder al auténtico y no a una simple reproducción fotográfica, digitalización o facsímil de éste; ya que de ser así carecería de valor, en términos de los preceptos 3 de la Ley de Amparo y 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Ahora, el escrito de demanda en cuestión fue recibido en la vía electrónica, como se desprende del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin embargo, de la misma se advierte que el promovente ****, no firmó electrónicamente la demanda. Sobre este tópico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estipuló, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, que conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, conjuntamente con los Acuerdos Generales en cita, se estableció y se desarrolló la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información fuera posible promover la demanda de amparo, presentar promociones, recursos y cualquier escrito u oficio, utilizando la "firma electrónica (FIREL)", entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Esto es, la firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta de conformidad con los numerales 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Así, la implementación de las tecnologías de la información en la tramitación del juicio de amparo a partir de la reforma de la Ley Reglamentaria de los ordinales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -según se externó en la exposición de motivos correspondiente-, tuvo como objetivo fundamental favorecer el respeto y pleno ejercicio del derecho a una justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, así como en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte, simplificando con ello la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Todo ello, se dijo, en busca de orientar la impartición de justicia en todas sus vertientes hacia procesos ágiles, transparentes y accesibles a la población, modernizando la tramitación de los juicios de amparo a través de la Firma Electrónica, a fin de otorgar mayor certidumbre jurídica a los usuarios del sistema de impartición de justicia respecto del procedimiento en el que intervienen ante los órganos jurisdiccionales, permitiendo con ello un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados para ese efecto, a fin de generar certeza a las partes dentro de los juicios regidos por la Ley de Amparo. Sin embargo, de ello no puede colegirse que dicha reforma hubiera tenido como intención que los principios constitucionales rectores del juicio de amparo, como lo es particularmente, el principio de "instancia de parte agraviada" consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, se modificara; pues si bien de conformidad con el primer párrafo de dicho numeral, el Constituyente permanente delega en el legislador la obligación de desarrollar con toda precisión en la ley secundaria las instituciones y principios constitucionales que rigen el juicio de amparo, ello está condicionado a mantener intactos sus principios y fines y a no pugnar con el espíritu constitucional que los creó. Bajo esta lógica, si uno de los principios rectores del juicio de amparo es que éste deba seguirse siempre a "instancia de parte agraviada", entonces, dicho principio constitucional debe prevalecer aun tratándose de la presentación de la demanda de amparo mediante el empleo de las tecnologías de la información -que es el tema que particularmente nos ocupa-, por lo que no es jurídicamente factible que ante la ausencia de firma electrónica de una demanda de amparo presentada por los medios electrónicos a los que se ha hecho referencia, el juzgador proceda en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, que se requiera para la satisfacción de un requisito fundamental para demostrar el consentimiento y voluntad de quien promueve el amparo, porque ante la ausencia de firma lo único indubitable, es que no existe voluntad del quejoso de presentar la demanda; misma situación ocurre cuando se presenta una demanda de amparo ante la oficina de correspondencia y certificación judicial correspondiente sin que tenga firma autógrafa, en la cual existe una razón manifiesta y evidente de su improcedencia, sin que sea necesario requerir al promovente. Luego, resulta incuestionable que el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito, es decir, que el juicio de amparo se siga siempre a "instancia de parte agraviada" y, por esa razón debe estar firmada electrónicamente con la FIREL del quejoso, pues se insiste, la implementación del Sistema Electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implicó soslayar uno de los principios rectores del juicio, como lo es el de "instancia de parte agraviada". De ahí que, si el quejoso **** no firmó la demanda de amparo electrónicamente, y los actos reclamados tampoco se encuentran dentro de la hipótesis prevista en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es inconcuso que la misma debe desecharse, ya que no se tiene certeza sobre la autoría de la demanda ni la voluntad del promovente. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que, en el caso, la solicitud se presentó en forma electrónica y que en el escrito de demanda se advierta la impresión de grafismos; sin embargo, tal circunstancia es insuficiente para acreditar la manifestación de voluntad; toda vez que, la acción que se intenta constituye un derecho personalísimo que, por regla general, debe ejercerse directamente por las personas expresamente legitimadas para hacerlo, lo que se traduce en que si la parte interesada promovió por propio derecho, a través de la vía electrónica, es necesario que de la evidencia criptográfica generada con el motivo del envío de su promoción se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, corresponda a los promoventes, de lo contrario, deberá desechar la solicitud presentada. Además, de la redacción de la propia demanda se inaprecia que el quejoso se encuentre privado de su libertad o que ´diversa persona haya firmado en su favor por estar imposibilitado. Por tanto, no se está en un caso de excepción que permita proceder a la prevención si es evidente que no existe un impedimento en la voluntad del quejoso de plasmar su firma, sea de forma electrónica o física. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No escapa a la consideración de esta juzgadora que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Autorizados. Se autoriza acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas.
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