Miguel Angel Sahuaya Zavala
Expediente 1014/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1014/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Miguel Angel Sahuaya Zavala
Actuaciones
- Principal
se declara que el proveído mediante el cual este Juzgado de Distrito desechó por improcedente la demanda de amparo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. se declara que este expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE CITA: por recibida la demanda de amparo presentada contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Judicial del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en virtud de que de su contenido, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, como enseguida se expondrá. En el caso, el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable Juez Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Judicial del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad y otra autoridad, el siguiente acto a saber: "El auto de fecha 8 de julio de 2019, que aplica una multa por TRES MIL PESOS, y apercibe con una segunda aplicación de otra multa por SIETE MIL PESOS, sin fundar ni motivar en que tabulador se basó para imponer dichas cantidades, y sin mencionar si tomó en cuenta la capacidad económica del suscrito y la cuantía del asunto." Sin embargo, tal acto no es susceptible de combatirse en esta instancia constitucional, ya que previo a su impugnación en esta vía extraordinaria, debe agotarse el recurso que contempla la ley secundaria en observancia al principio de definitividad que rige este procedimiento de amparo. Ello, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la Materia, que establece la improcedencia del juicio de amparo "contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". Lo anterior es así, ya que el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. En el caso, el Código de Comercio que rige la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de donde emana el acto de molestia, contempla en su artículo 1334 el recurso de revocación, contra los autos y decretos que no fueren apelables. Luego entonces, si antes de la promoción de este juicio de amparo la parte quejosa no agotó el recurso de revocación que se menciona, a través del cual puede modificarse, revocarse o nulificarse el acuerdo reclamado, es dable sostener que dicho acto no puede ser analizado en esta instancia constitucional, pues previamente debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación, pero al no actuar así se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción legal antes invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas al procedimiento, pues como se ha visto, el acto de molestia se refiere al acuerdo en el que se aplicó al quejoso una multa por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.), y se apercibió con una segunda aplicación de multa por $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 m.n.), sin fundar ni motivar en que tabulador se basó para imponer dichas cantidades, y sin mencionar si tomó en cuenta la capacidad económica del quejoso y la cuantía del asunto. De modo que, el acto no encuadra en ninguna de las hipótesis acabadas de mencionar, máxime que el quejoso no tiene la calidad de tercero extraño al procedimiento ni aún por equiparación, si no de demandado, y ya compareció al expediente de origen con el objeto de hacer valer sus derechos, y por ello, está obligado a agotar los recursos procedentes, como en el caso del recurso de revocación ya mencionado. A lo anterior, se suma el hecho de que en el caso, tampoco cobra vigencia la diversa excepción al principio de definitividad contemplada en la fracción XVIII, del numeral 61 de la legislación en consulta, en cuanto establece que el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso procedente o acudir al juicio de amparo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Esto último, porque el texto del artículo 1334 del Código de Comercio, es claro al establecer expresamente la procedencia del recurso de revocación en contra de los autos que no fueren apelables, por lo que no se requiere realizar una argumentación de forma adicional, para determinar racional y objetivamente la procedencia de dicho medio de impugnación, así como tampoco resulta deficiente el fundamento legal para determinar que previo a la tramitación de este juicio de amparo, la parte inconforme debe agotar el aludido medio ordinario de defensa; de ahí que, sea indudable la actualización de la causal de improcedencia citada, conforme a la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de la Materia. Por consiguiente, resulta incuestionable que en el caso se actualizan las causas de improcedencia previstas por el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que es procedente desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta y por autorizados para los mismos efectos a las personas que menciona. Asimismo, se tiene por autorizado en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, con todas las facultades que el mismo confiere, al profesionista que menciona, en atención a que se encontró registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otro lado, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Finalmente, se hace saber que el artículo 261 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis: "I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.".
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