Miguel Ángel Ruiz Dircio

Expediente 954/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
954/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
18/12/2017

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Ruiz Dircio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    MESA II Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente. Se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional; por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA II Visto el estado de autos así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia de veintinueve de noviembre del año en curso, que sobreseyó el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la ley de la materia, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que este sumario es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó en términos de la fracción V del artículo 63, en relación con el artículo 61 fracción XVII, de la Ley de Amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, se precisa que este controvertido constitucional se tramitó con incidente de suspensión, razón por la cual, se ordena acordar lo pertinente en dicho cuaderno.

  3. Principal

    MESA.. II. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 954/2017-II-A promovido por Rafael Adrián García Ramos a favor de Miguel Ángel Ruíz Dircio; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, turnado en esa propia fecha, Rafael Adrián García Ramos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, a favor de Miguel Ángel Ruiz Dircio, contra el acto reclamado consistentes en: LA ORDEN DE DETENCIÓN EJECUTADA. SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa señaló como prerrogativas vulneradas las contenidas en el artículo 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado al libelo constitucional. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, se radicó bajo el registro 954/2017-II-A (fojas 7 a 9). En acuerdo de esa propia fecha -fojas 13 y 14-, previa ratificación de la demanda por el directo quejoso, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, y; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal de la República; 37, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los actos reclamados derivan de un asunto penal y tuvo ejecución dentro de la demarcación territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción en términos del punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De la demanda de amparo se conoce que la parte impetrante señaló como acto reclamado el siguiente: LA ORDEN DE DETENCIÓN EJECUTADA. TERCERO. Inexistencia de la autoridad responsable y de los actos reclamados. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 111/2008, resolvió que si durante el trámite del juicio el juzgador decreta la inexistencia de una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia respectiva, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados, ya que con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia, ya que en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. Bajo esa perspectiva, atendiendo a las consideraciones expresadas en la jurisprudencia destacada, este órgano de control constitucional pone de manifiesto que acorde a la razón actuarial de diecisiete del mes y año en curso -foja 22 -, se advierte que la autoridad que la parte quejosa señaló como "Agente del Ministerio Público, titular de la Unidad Tres con Detenido, de la Coordinación Territorial COY-01, de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Coyoacán, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México" no existe con tal denominación, por ende, menos puede existir el acto que se le reclama. Por otra parte, el Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Desconcentradas, en ausencia del Jefe General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México (foja 25); la Directora de Amparo, en ausencia del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México (foja 28); y el Encargado de la Coordinación de la Policía de Investigación en Coyoacán Uno (foja 24), al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos imputados por el impetrante, sin que aquél hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar esa postura. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, y de la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno, de la Unidad Uno con Detenido, de la Coordinación Territorial COY-1, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, al rendir informe previo aceptó el acto reclamado. Ahora bien, de las constancias remitidas por dicha autoridad en apoyo a éste, se advierte que el quejoso Miguel Ángel Ruiz Dircio, estuvo a disposición de la citada autoridad ministerial, derivado de las diligencias llevadas a cabo dentro la carpeta de investigación CI-FCY/COY-1/UI-2/C/D/3263/11-2017, por el delito robo calificado, decretando su formal retención a las tres horas con treinta y cinco minutos del quince de noviembre del año en curso. También se advierte que, a las veintiún horas del dieciséis de noviembre de este año, la autoridad ministerial emitió acuerdo en la carpeta de investigación citada, en el que ejerció acción penal, dejando al impetrante Miguel Ángel Ruiz Dircio, a disposición del Juez de Control en Turno, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; asimismo, se advierte que en esa misma data, solicitó hora y fecha para la celebración de la audiencia inicial con detenido. QUINTO. Improcedencia del amparo y sobreseimiento. Respecto del acto reclamado consistente en la orden detención ejecutada, atribuida al Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno, de la Unidad Uno con Detenido, de la Coordinación Territorial COY-1, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]" De la disposición legal transcrita se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncia una resolución que cambia la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c. No puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d. Existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio biinstancial, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede sustituir a aquélla, con independencia de que el acto materia del amparo resulte inconstitucional. Sobre esa base, como se anticipó, el Agente del Ministerio Público responsable a las tres horas con treinta y cinco minutos del quince noviembre del año en curso, decretó la retención legal en contra del quejoso; sin embargo, a las veintiún horas del dieciséis de noviembre siguiente, ejerció acción penal, por el delito robo calificado, dejando al impetrante Miguel Ángel Ruiz Dircio, a disposición del Juez de Control en Turno, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Entonces, al ser la detención ejecutada, el acto que por esta vía se reclama y en atención a que el quejoso, fue consignado ante el Juez de Control correspondiente, ya que se ejerció acción penal en su contra, se concluye que ha quedado resuelta la situación jurídica del quejoso, pues en la especie ha operado un cambio de situación jurídica respecto al acto inicial reclamado. El objetivo de la detención en flagrancia por parte del Ministerio Público se satisface al momento de que se ejerciera acción penal contra el quejoso, momento en el que opera el cambio de situación jurídica y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en tales condiciones, procede decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 892, del tomo LXXXIV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "SITUACIÓN JURÍDICA, CAMBIO DE LA, COMO CAUSA DE SOBRESEIMIENTO (DETENCIÓN REALIZADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS). Es inoperante el argumento esgrimido en el sentido de que la causa de improcedencia de que habla la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, atañe solamente a los actos emanados de un procedimiento judicial, porque la citada fracción establece la improcedencia del juicio constitucional, cuando se opera un cambio de situación jurídica que dé lugar a que las violaciones cometidas a través de un acto emanado de la autoridad judicial, deben considerarse consumadas irreparablemente, por no poder decidirse en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica; y es inconcuso que la detención inmotivada que el quejoso pudo haber sufrido, por parte de las autoridades administrativas, se consumó irreparablemente y cesó, al consignársele a la autoridad judicial, y la circunstancia de que la fracción X del artículo 73 aluda solamente a actos emanados de un procedimiento judicial, no hace viable el argumento que se analiza, porque la fracción IX del propio precepto contiene la causal de improcedencia que genéricamente se refiere a actos consumados de un modo irreparable y la XVI a la cesación de los efectos del acto reclamado, fracciones ambas que sirven de apoyo al sobreseimiento, con relación a la detención arbitraria que pudo haber sufrido el reclamante, por parte de las autoridades administrativas". Así como la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, Apéndice de 2000, Tomo VI, Materia Común, Precedentes Relevantes SCJN, visible en la página 39, de epígrafe y sinopsis: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En consecuencia, se SOBRESEE, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V en relación con el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por el quejoso Miguel Ángel Ruíz Dircio, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el Resultando Primero de este fallo, por las razones expuestas en los Considerandos Tercero y Último de esta resolución.

  4. Incidental

    MESA.. II. V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 954/2017-II-A; y, RESULTANDO: PRIMERO. Apertura del incidente. En acuerdo de dieciséis de noviembre del año en curso, como fue ordenado en el cuaderno principal, se tramitó por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 954/2017-II-A, promovido por Rafael Adrián García Ramos a favor de Miguel Ángel Ruiz Dircio, contra el acto consistente en la orden de detención ejecutada, atribuida a autoridades ministeriales. SEGUNDO. Suspensión provisional. En la fecha precisada en el resultando que antecede, se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa, se solicitó a las autoridades responsables informe previo, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el incidente de suspensión, en términos de los numerales 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 y 125, de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de un asunto en materia penal. SEGUNDO. Inexistencia de la autoridad responsable y de los actos reclamados. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 111/2008, resolvió que si durante el trámite del juicio el juzgador decreta la inexistencia de una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia respectiva, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados, ya que con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia, ya que en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. Bajo esa perspectiva, atendiendo a las consideraciones expresadas en la jurisprudencia destacada, este órgano de control constitucional pone de manifiesto que acorde a la razón actuarial de diecisiete del mes y año en curso -foja 55 del cuaderno original-, se advierte que la autoridad que la quejosa señaló como "Agente del Ministerio Público, titular de la Unidad Tres con Detenido, de la Coordinación Territorial COY-01, de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Coyoacán, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México" no existe con tal denominación, por ende, menos puede existir el acto que se le reclama. Por otra parte, el Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Desconcentradas, en ausencia del Jefe General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México (foja 53 del cuaderno original); la Directora de Amparo, en ausencia del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México (foja 57); y el Encargado de la Coordinación de la Policía de Investigación en Coyoacán Uno (foja 54), al rendir sus respectivos informes previos, negaron la existencia de los actos imputados por el impetrante, sin que aquél hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar esa postura. En tales condiciones, ante la inexistencia de una de las autoridades responsables y de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 144, de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión definitiva. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 286, emitida por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y siete, tomo VI, 1917-2000, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno, de la Unidad Uno con Detenido, de la Coordinación Territorial COY-1, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, al rendir informe previo aceptó el acto reclamado. Ahora bien, de las constancias remitidas por dicha autoridad en apoyo a su informe previo, se advierte que el quejoso Miguel Ángel Ruiz Dircio, estuvo a disposición de la citada autoridad ministerial, derivado de las diligencias llevadas a cabo dentro la carpeta de investigación CI-FCY/COY-1/UI-2/C/D/3263/11-2017, por el delito robo calificado, decretando su formal retención a las tres horas con treinta y cinco minutos del quince de noviembre del año en curso (fojas 30 a 41). También se advierte que, a las veintiún horas del dieciséis de noviembre de este año, la autoridad ministerial emitió acuerdo en la carpeta de investigación citada, en el que ejerció acción penal, dejando al impetrante Miguel Ángel Ruiz Dircio, a disposición del Juez de Control en Turno, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (foja 42); asimismo, se advierte que en esa misma data, solicitó hora y fecha para la celebración de la audiencia inicial con detenido (foja 45). CUARTO. Procedencia de la suspensión definitiva. A fin de que este órgano de control constitucional se pronuncie respecto a la solicitud de la parte quejosa relativa a la obtención de la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe puntualizarse que el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los requisitos que deben reunirse previo a conceder la medida suspensional, a saber: a) Que la suspensión sea solicitada por el quejoso; b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, que de conformidad con la naturaleza del acto reclamado, sea susceptible de suspenderse. Sobre esa base, como se anticipó, el ente responsable a las tres horas con treinta y cinco minutos del quince noviembre del año en curso, decretó la retención legal en contra del quejoso; sin embargo, a las veintiún horas del dieciséis de noviembre siguiente, ejerció acción penal, por el delito robo calificado, dejando al impetrante Miguel Ángel Ruiz Dircio, a disposición del Juez de Control en Turno, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (foja 42); por tanto, con fundamento en el numeral 144, de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión definitiva, por falta de materia sobre cual decretarla. En mérito a lo expuesto, se R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a Miguel Ángel Ruiz Dircio, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos y autoridades precisados en el Resultando Primero, por los motivos expuestos en los Considerandos Segundo y Cuarto de esta interlocutoria.

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