Miguel Ángel Ruggeri Correa

Expediente 1020/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1020/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
17/09/2018

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Ruggeri Correa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta, provenientes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1020/2017, anexos, y testimonio de la resolución emitida en el toca R.P. 180/2018; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, acúsese el recibo de estilo e infórmese a las partes que el órgano revisor resolvió: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida.". En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Ahora, toda vez que no es necesaria la retención de los anexos que remitió la autoridad responsable, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva. En otro aspecto, en cuanto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en el presente juicio -previo desglose de las constancias originales de este expediente-, procédase a su destrucción.

  2. Principal

    Ciudad de México, a tres de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, del que se advierte que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, acusa recibo del oficio 18380 de veintiséis de junio pasado, e informa a este órgano de control constitucional que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en autos, quedando registrado con el orden R.P. 180/2018.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veinte de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado del quejoso, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del impreso de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que se encuentre integrado el expediente remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, el original del ocurso de agravios y los presentes autos, para la sustanciación del recurso de referencia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, fórmese cuaderno de antecedentes.

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1020/2017, promovido por Miguel Ángel Ruggeri Correa, contra acto del Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló violados en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto de siete siguiente se registró la demanda de amparo con el orden 1020/2017; en esa fecha se desechó al considerar este órgano de control constitucional que se actualizaba de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos ahí expuestos. IV. Contra la anterior determinación el justiciable interpuso recurso de queja, que resolvió el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante sesión quince de marzo de dos mil dieciocho, declarándolo fundado. En atención a este último, por auto de dos de abril de este año se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió a la responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se tuvo como tercero interesada a Patricia Correa Capetillo -quien fue emplazada el ocho de mayo de este año-, y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el expediente, se precisa que el acto reclamado en este juicio es la determinación de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictada en la averiguación previa FCH/CUH-6/T3/01965/11-10 que se atribuye al Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. Sin que se soslaye que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, haya expuesto en la determinación que emitió mediante sesión quince de marzo de dos mil dieciocho, que la pretensión del justiciable era que se analizara el acto reclamado en vinculación con la dilación de integrar la averiguación previa de que se trata, sin embargo, este órgano está impedido para analizar esa cuestión, ya que no forma parte de la litis, aunado a que es un hecho notorio que el subprocurador responsable no integra averiguaciones previas, por lo que este juzgado únicamente se pronunciará en cuanto a la resolución reclamada. TERCERO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe de ley, lo que se corrobora de la constancia que remitió en apoyo a ese informe, de la que se advierte la determinación reclamada; documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante la certeza del acto reclamado, es innecesario el estudio de fondo del asunto, en virtud que se actualiza la causal de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable en su informe de ley, la cual es de orden preferente a dicho estudio. En ese sentido, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, en la fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley.". En efecto, la improcedencia de que se trata estriba en que el acto reclamado no afecta a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo, es decir, los actos reclamados no vulneran los derechos humanos reconocidos, ni las garantías otorgadas para su protección, tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues para ello es necesario que se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o indirecta, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, siendo que en tratándose de actos u omisiones provenientes de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá ser el titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, si en el fondo, la emisión del acto reclamado tuvo como finalidad que se continuara con la investigación de un hecho estimado delictivo, es evidente que no existe tutela jurídica alguna del interés en que se apoya la pretensión del promovente de este juicio, que acredite agravio jurídico alguno -directo o indirecto- que lo legitime para instar esta vía constitucional. Se afirma lo anterior, porque dicha resolución constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Argumento que se obtiene de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, que no ha sido superada y por ende obliga a este juzgado, que se encuentra visible a página 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, enero de 2009, de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica". Así, se concluye que en el caso específico, el interés invocado por el quejoso no tiene alguna protección directa y particular en su favor, pues como se aprecia de la resolución de treinta de agosto de dos mil diecisiete (fojas 724 a 748, del anexo III), se declaró improcedente el dictamen de cinco de mayo de dos mil diecisiete, en que se autorizó la propuesta de no ejercicio de la acción penal emitido en la indagatoria seguida contra el peticionario de amparo, por lo que se devolvió la averiguación al Ministerio Público, a efecto de que practicara las diligencias necesarias para integrar debidamente la averiguación previa mencionada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia de que se trata, dado que únicamente se invoca un interés simple, que por sí no faculta al particular para instar esta vía constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto de la resolución emitida por el subprocurador responsable. Es ilustrativa al respecto, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1220 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, que dice: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS SIMPLE. SUS DIFERENCIAS PARA EFECTOS DEL AMPARO. La afectación al interés jurídico como condición para la procedencia del amparo tiene como sustento la titularidad de un derecho que puede ser de carácter subjetivo, o bien de carácter objetivo o erga omnes. Así, este último lo tiene cualquier eventual afectado que resienta un daño concreto por su situación frente al orden jurídico, cuando se vea afectado por el hecho de que las autoridades no se conduzcan dentro del margen de la ley, y pueda ser remediado a través de una medida individualizada por parte de las autoridades. Cabe señalar que esta hipótesis debe distinguirse claramente de aquella situación en que simplemente se aduzca la pérdida del beneficio o ventaja, ya sea fáctica o material, y no derive de una actuación irregular de la autoridad, pues tal supuesto equivale a un interés simple, que no faculta al particular para exigir una determinada prestación, de manera que no es susceptible de tutela judicial, sino sólo permite formular peticiones o denuncias". Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Ruggeri Correa, contra el acto reclamado consistente la determinación de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictada en la averiguación previa FCH/CUH-6/T3/01965/11-10 que se atribuye al Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad.

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