Miguel Ángel Rosas Álvares
Expediente 480/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 480/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/05/2021
Partes del expediente
- Miguel Ángel Rosas Álvares
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/1/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, a través del cual la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, acusa de recibo del escrito de agravios signado por el Director Jurídico Contencioso en representación del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en Tepic; asimismo, del contenido de dicho oficio se advierte que el recurso de revisión fue registrado con el número 112/2021, y se admitió en sus términos, de lo que se toma conocimiento. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por MIGUEL ÁNGEL ROSAS ÁLVAREZ, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta Ciudad, por tanto, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 480/2021. Con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis del contenido del escrito de demanda de amparo y de sus anexos, este juzgador advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo que dispone el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dice: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación literal de dicho precepto, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse de plano cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, debe tenerse en consideración que lo manifiesto de una causal de improcedencia, se da cuando ésta se advierte en forma patente y clara del análisis de la demanda. Por otra parte, lo indudable resultará de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal manera que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, se llegaría a la misma conclusión en el dictado de la sentencia. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En segundo término, es importante mencionar que conforme con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Apoya a lo expuesto, la Jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, página 95, registro digital 222780, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En efecto, este juzgador federal advierte de oficio, que en relación al acto reclamado por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que en ese orden disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, mercantiles o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". Así también, de una interpretación literal del último precepto invocado, se concluye que procede el juicio de amparo indirecto, contra actos: 1). Ejecutados fuera de juicio, como son: actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; 2). Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria que están encaminados a hacer posible o a preparar la ejecución; supuesto del que derivan las hipótesis siguientes: a) Cuando se trate de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en ese procedimiento de ejecución, en el que podrán reclamarse todas las violaciones que se hayan cometido durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. b) Cuando se trate de remates, solo podrá promoverse contra la última resolución dictada durante ese procedimiento de remate, que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos que se precisan en el inciso anterior. Ciertamente, conforme al precepto citado en última instancia, el amparo ante el Juez de Distrito, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento correspondiente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Tal exigencia como presupuesto de procedencia de la vía biinstancial, de que para impugnar los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, se realice a través de la última resolución emitida en dicho procedimiento, tiene como finalidad evitar que se abuse del juicio de amparo. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: ". la INCONSTITUCIONALIDAD del auto de fecha cinco de abril de 2021, dictado en mi contra dentro del juicio Especial Hipotecario Expediente Número 268/2019, radicado en mi contra ante el C. Juez Segundo Civil de Primera Instancia de este Partido Judicial de Tepic, Nayarit; miso que me fue formalmente notificado a las 9:00 nueve horas del día 19 de abril de 2021, por parte de la C. Licenciada Sandra Margarita Cervantes Mendoza, en su carácter de Notificadora adscrita al Juzgado de referencia, en el cual me notifica entre otras cosas lo siguiente: 'Tepic, Nayarit; cinco de abril de dos mil veintiuno. A sus autos la promoción que presenta José Godínez Curiel, en su carácter reconocido en autos, y como lo solicita en razón de que el demandado no dio cumplimiento voluntario con la sentencia definitiva, en consecuencia, procédase a la ejecución forzosa. De la misma manera y por ser la etapa correspondiente y de conformidad con lo previsto en el artículo 316 de la ley procesal que nos ocupa requiérase a las partes para que presenten avalúo de su parte dentro del término de diez días, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término antes señalado se tomará como base el primero que se presente.' Auto que reitero es inconstitucional y violatorio de garantías individuales, toda vez que al suscrito se me está dictado un auto de ejecución forzosa cuando jamás he sido notificado por parte de la demandada Responsable de la sentencia definitiva dictada en mi contra, y así estar en condiciones de poder objetar con algún medio legal la misma." De esta manera se determina, sin lugar a dudas, que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, en virtud de que dicho acto no constituye la última determinación practicada en el juicio especial hipotecario, pues se considera una actuación dictada dentro del periodo de ejecución de sentencia del juicio especial hipotecario que no puede combatirse a través del juicio constitucional, habida cuenta que su impugnación sólo es procedente contra la última resolución dictada en ese período (ejecución de sentencia), entendiéndose por ésta, la que reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en la que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Es aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 32/2001, consultable en la página 31, del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil uno, Novena Época, de rubro: "AMPARO INDIRECTO, SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.". Asimismo, es aplicable a lo considerado, la tesis 2a.VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro que dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." De igual forma, la diversa tesis I.3º.C. 765 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página mil trescientos cuarenta y cinco, Tomo XXX, Octubre de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que establece lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías". En consecuencia, al resultar evidente la improcedencia de la demanda de amparo que nos ocupa, atento a que, la única hipótesis en la que el amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia es procedente, es aquella en la que la parte quejosa promueve el juicio de amparo como tercero extraño a juicio, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de la Materia; supuesto legal que no se da en la especie, ya que de las propias manifestaciones que realiza la parte quejosa en su demanda se advierte que tiene el carácter de demandado dentro de ese procedimiento que se sigue en su contra ante la autoridad responsable, y que compareció al mismo, de ahí que no le revista el carácter de persona extraña al procedimiento ni que sea equiparable a ello. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 39/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 93 del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil uno, Novena Época, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Por consiguiente, al acreditarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del precepto 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de dicha ley, lo procedente es DESECHAR de PLANO la demanda de garantías promovida por MIGUEL ÁNGEL ROSAS ÁLVAREZ. Como lo solicita la parte quejosa se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y como autorizado para tal efecto, a FERNANDO MARTÍN MERAZ RIVERA, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo y, a IRVIN FERNANDO MERAZ SANDOVAL, en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el párrafo segundo del arábigo 24 de la legislación de referencia, toda vez que dicha persona no tiene inscrita cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que lo faculte para ejercer la profesión de Abogado o Licenciado en Derecho. Por otra parte, respecto a la solicitud que efectúa en el sentido de que también se le realicen las notificaciones en el correo electrónico que menciona, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que con esta misma fecha se le tiene señalando como domicilio para tal fin, el que se indica en el párrafo que antecede. Sin embargo, se le tiene proporcionando dicho medio de comunicación para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que proceda a llevar a cabo la diligencia ordenada en el presente auto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
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