Miguel Angel Rosales Gomez
Expediente 1381/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1381/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Miguel Angel Rosales Gomez
Actuaciones
- Principal
Glósese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, a través del cual acusa recibo del oficio 22733 -con sus anexos- remitidos por este juzgado federal, por el que se le hizo del conocimiento que no se aceptó la competencia declinada; al tiempo, se pronunció en el sentido de declarar el sobreseimiento del asunto por los motivos que expone. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO En tal virtud, dado que no existe actuación pendiente por realizar, hágase las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. CUADERNO DE ANTECEDENTES DESTRUIBLE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 201, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.1 inciso a)2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, archívese como asunto concluido, con la indicación de que el mismo es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental al ser un cuaderno de antecedentes, en el que las actuaciones se encuentran vinculadas a un diverso procedimiento. Se ordena su destrucción una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, y en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo.
- Principal
Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, al que adjunta el juicio de amparo 975/2022 de su índice, radicado a nombre del quejoso Miguel Ángel Rosales Gómez. Atento a su contenido, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] con el número de expediente 1381/2022, VIII-A. Ahora, del contenido de las constancias que integran el diverso 975/2022, se desprenden los siguientes datos relevantes: _ Autoridad responsable. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. _ Acto reclamado. La omisión de dictar resolución en el recurso de revisión presentado en el expediente 20212001- 131022, en contra de la negativa de reconocimiento de la condición de refugiado. DECISIÓN - NO SE ACEPTA COMPETENCIAYAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 2 Con fundamento en los artículos 37 y 48 segundo párrafo de la Ley de Amparo, 103 y 107 constitucionales, este juzgado federal no acepta la competencia declinada para el conocimiento de la demanda de amparo, pues la suscrita de manera respetuosa disiente del criterio del órgano jurisdiccional oficiante, en los términos siguientes. Como cuestión previa, es conveniente tomar en cuenta, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los artículos transcritos, se advierte que se establecen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos, cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2. Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en el ámbito de competencia de uno o de varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una sede; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez en cuyo distrito se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces federales con competencia en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de uno de ellos o haya comenzado a ejecutarse en uno de y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia y a la jurisprudencia de los tribunales de la Unión; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En este sentido, razonar sobre si un acto de autoridad requiere de ejecución material o no, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula con éste. Así, cuando por virtud del acto de autoridad no ocurre ninguna modificación o cambio en la situación de hecho, o en la esfera jurídica del quejoso, se está en presencia de un acto de autoridad meramente declarativo; en cambio, si genera los cambios aludidos, se trata de un acto positivo o negativo con efectos positivos. Ahora, el tema central de la controversia competencial latente es determinar qué Juzgado Federal es competente en razón del tipo de acto reclamado que se combate en el presente juicio de amparo, por lo que se procede a destacar, que el quejoso reclama a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la omisión de dictar resolución en el recurso de revisión presentado en el expediente 20212001-131022; de ahí que resulta claro que en el presente asunto el acto reclamado carece de ejecución, pues sus efectos son meramente declarativos, esto es, únicamente se constriñe a que se emita una resolución en el recurso de revisión, sin que ello, traiga consigo ejecución alguna. Ello, porque la finalidad del recurso de revisión tiene como objetivo que se analice si fue correcta o no la determinación de la autoridad migratoria que negó el reconocimiento de la condición de refugiado, de ahí que es dable establecer que éste sólo tiene un efecto mediato e indirecto en relación con el derecho subjetivo inmerso. En consecuencia, aquél no puede reputarse como un hecho de ejecución material, por lo que se ubica dentro de la tercera regla de competencia prevista por el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Esto se refuerza con el derecho de acceso a la justicia, pues en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, se permite presumir fundadamente que ese juzgador federal resulta ser el de más fácil acceso material para el justiciable, puesto que en dicha localidad se encuentra alojado en la estación migratoria. Finalmente, cabe señalar que la regla de competencia establecida en el artículo en referencia es de interpretación literal, lo que impide al juzgador realizar interpretaciones sistemáticas, teleológicas o lógicas, pues la intención cierta del legislador ha sido el evitar conflictos competenciales a través de una mejor operatividad de los derechos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita establecidos en los artículos 14 y 17 constitucionales; ello, tal y como se sigue del siguiente precedente1,: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE 1 "Época: Décima Época, Registro: 2006529, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 17/2014 (10a.) Página: 500. AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, fórmese cuaderno de antecedentes y de inmediato devuélvase el expediente 975/2022 al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con residencia en Apizaco, solicitándose acuse recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo. Lo anterior, en el entendido que no se acompañaron al oficio de cuenta las copias de la demanda exhibidas por la parte quejosa. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Toda vez que el domicilio de la parte quejosa se ubica fuera del territorio donde ejerce competencia territorial este órgano de control constitucional, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala en turno, con residencia en Apizaco, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notifique este acuerdo a los autorizados del impetrante en las instalaciones de la Defensoría Pública Federal, ubicadas en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Apizaco, Tlaxcala. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte demandante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Maiakovski Alderete Martínez, Mónica Vázquez Hernández, Arturo Fibela Hernández y Salvador Cortés Carcaño, toda vez que cuentan con sus respectivas cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Y únicamente para oír y recibir notificaciones al resto de personas que cita en su demanda de amparo. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En diverso punto, de la lectura integra de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso solicitó acceso al expediente electrónico, por lo que, en esta data, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se localizó el nombre de los usuarios maiakovski y koe095, asociados a los nombres de Maiakovski Alderete Martínez y Kenia Ortega Estrada. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo numeral 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa, la consulta del expediente electrónico vía internet, sin que lo anterior implique la notificación por esa vía, por no haberlo solicitado expresamente. En ese sentido, se ordena dar de alta de inmediato en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el nombre del usuario antes referido para su debida consulta. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA OBTENCIÓN Y USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA Con fundamento en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso 282, se exhorta a las partes para que obtengan el certificado digital de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por conducto de alguna de las Unidades Certificadoras del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, cualquier certificado digital reconocido, como el 2 Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea." certificado digital (FIEL) emitido por el Servicio de Administración Tributaria, para que presenten, tramiten y/o reanuden sus asuntos a través de la modalidad "Juicio en Línea"3, para lo cual es menester el uso de esta. De esa manera, se encontrarán en aptitud de obtener los diferentes beneficios que representa presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; ello en el completo entendido que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica solicitud ni autorización alguna para recibir notificaciones, pues ésta se deberá realizar de manera expresa. Asimismo, hace del conocimiento de las partes que se encuentra disponible la aplicación -APP- para teléfonos móviles que utilicen los sistemas operativos iOS y Android, de modo que, únicamente a través de este medio, podrán tramitar la Firma Electrónica Certificada (FIREL) con su credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral, en virtud de que, derivado la pandemia por la que atraviesa el mundo y nuestro país, de momento no se encuentran habilitadas las citas presenciales para realizar dicho trámite ante las Unidades Certificadoras del Poder Judicial de la Federación. Para mayor información sobre cómo obtenerla, se puede consultar el video tutorial disponible en su canal de Youtube, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ac8PJvfpfGU. SIGNATURA DE OFICIOS 3 Tomando en cuenta lo preceptuado en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, los diversos 3o., 5o. y 6o., del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada (FIREL) y al Expediente Electrónico, además de lo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del citado Consejo, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Amparo indirecto 1381/2022 Se autoriza a los secretarios y actuarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación, ya sea de manera autógrafa o por medio de su signatura electrónica [FIREL o FIEL]. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar que la parte quejosa se opone a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que en cumplimiento al artículo 30 del acuerdo citado, el tratamiento de datos personales deberá ser acorde al principio de calidad, el cual se caracteriza por ser exacto, adecuado, pertinente y no excesivo, respecto de las atribuciones legales de las áreas administrativas y los órganos jurisdiccionales; esto es, respecto de la finalidad con la cual fueron recabados. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia.
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