Miguel Ángel Romero Valdez

Expediente 710/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
710/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Romero Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 710/2021-3, se procede analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida en base a las constancias allegadas por la Juez Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad. En este asunto, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Miguel Ángel Romero Álvarez, para que se dejara sin efectos el emplazamiento y lo actuado con posterioridad, incluyendo la sentencia y actos de ejecución, así como reponer el procedimiento en el expediente 0441/2012, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, a fin de que sea llamado a juicio, en apego a los numerales 67 fracción IV, del Código de Procedimiento Civil, debiendo levantarse actas circunstanciadas, observando los requisitos contenidos en dicho numeral, en relación al emplazamiento, así como el criterio plasmado en la Jurisprudencia 1a./J.39/2020, el cual se hizo extensivo al Actuario adscrito al Quinto Distrito Judicial, al no haberse reclamado por vicios propios (fojas 49 a 59). Resolución que se declaró firme por ejecutoria de veinte de septiembre de dos mil veintiuno (foja 72). En cumplimiento del fallo protector, mediante oficio 2065/2020 el Jueza Primera Instancia del Ramo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del auto de veintitrés de septiembre de la anualidad que transcurre, en que dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente 0441/2012, relativo a juicio hipotecario instaurado contra el aquí quejoso, diligencia de emplazamiento, cita de espera de dos de abril de dos mil doce, y todo lo actuado en el juicio natural, ordenando reponer el procedimiento, asimismo, el emplazamiento al quejoso, con las formalidades de la ley procesal civil (fojas 76 a 81). Por tanto, se concluye que desde el punto de vista material y jurídico, con dicho proceder la sentencia ha sido acatada. Ahora bien, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo decimoctavo, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo General, por tanto, este expediente es susceptible de depuración, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se concedió la suspensión definitiva, no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; agréguese a este expediente principal el cuadernillo original relativo a dicha incidencia, y respecto del duplicado una vez que transcurran más de seis meses de su archivo, destrúyase, lo que tiene apoyo en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta; téngase por recibido el oficio 2065/2020 signado por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual allega constancias en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En atención a ello, dése vista a la parte quejosa, con el citado oficio y anexo, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento que da la autoridad responsable de referencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en el entendido que de no hacer manifestación alguna en el término indicado, este órgano de control constitucional se pronunciará respecto del citado cumplimiento con base en las constancias que obran en autos. Apoya lo expuesto, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Diciembre de 1999, página 728 (registro 192631), que a la letra dice: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA.- El Juez de Distrito debe dar vista a la parte quejosa con los oficios por los que las autoridades responsables informen lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de un ejecutoria de amparo, trámite que se considera necesario, a fin de que dicha parte manifieste lo que a su interés convenga, dado el derecho que le asiste para promover la ejecución de la sentencia de amparo, incluso para los efectos que contempla el artículo 105, último párrafo, de la ley de la materia." Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de la Actuaria Adscrita al Quinto Distrito Judicial en el Estado, con asiento en esta ciudad, y téngasele realizando manifestaciones en relación al cumplimiento del fallo protector, lo que deberá ponerse a la vista de las partes mediante lista. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, y tomando en consideración la razón de cuenta que antecede, asentada por el Secretario de este Juzgado, de la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Miguel Ángel Romero Álvarez, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado y Actuario adscrito a dicho Distrito, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días informen a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo dictada en autos, apercibidos que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá multa en forma individual, por el equivalente a cien días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, con apoyo en el numeral 258 de la Ley de la Materia, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar la Secretaria que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. A continuación, el Secretario procede a dar lectura al escrito de demanda, así como a las demás constancias de autos, y da cuenta al Juez con el informe justificado de la autoridad responsable. A lo que se provee: ténganse por relacionadas las constancias de autos y tómese en consideración el informe justificado al momento de resolver este juicio de amparo. Enseguida, en el periodo probatorio, el Secretario da cuenta con las documentales de la autoridad responsable, exhibidas al rendir su informe con justificación. A lo que se acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las probanzas de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza. Sin más pruebas por relacionar, se declara cerrada dicha fase. A continuación, en la fase de alegatos, no se cuenta con alegatos formulados, dando concluida esta fase. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente S E N T E N C I A : V I S T O S los autos que integran el juicio de amparo 710/2021-3; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, turnado a este órgano de control constitucional, Miguel Ángel Romero Valdez promovió juicio de amparo contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 2 a 17). SEGUNDO. Trámite. Por auto de tres de junio de dos mil veinte, se admitió la demanda con el número 710/2021-3, se pidió informe justificado a las autoridades responsables, se tramita incidente de suspensión por separado y duplicado solicitado, se dio intervención a la Representante Social de la Federación adscrita, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional (foja 18). Finalmente, el doce de julio de dos mil veinte, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, es competente para resolver este juicio de amparo en términos de lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que conforme a los preceptos legales invocados, al no ser Juzgado de materia especializada, le corresponde conocer de todos los asuntos a que se refiere el Título Segundo, Capítulo I, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado tiene efectos materiales en la circunscripción territorial sobre la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado lo constituye el emplazamiento realizado a Miguel Angel Romero Valdez, en el Juicio Hipotecario 441/2012, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad y todo lo actuado con posterioridad. Apoya tal precisión, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado aceptó el acto que se le atribuye (foja 31 y 32), anexando para apoyarlo copia certificada de las constancias que integran el expediente relativo al Juicio Hipotecario 00441/2012 (legajo de pruebas); documental que al ser expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sobre el particular, se invoca la Jurisprudencia emitida también por el Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 226, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 (registro 394182), que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, la Actuaria adscrita al Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta localidad, al rendir informe se adhirió a las manifestaciones del Juez responsable (foja 28). Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados. CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. En virtud de que no se advierte causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio, se procede al examen de los conceptos de violación, que no se transcriben por no exigirlo así los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo. En ese aspecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 164618), cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Por razón de técnica, primero será abordado el estudio respecto del emplazamiento realizado a la ahora quejosa en el juicio de origen, ya que de ser declarado inconstitucional produciría los efectos de dejar insubsistente todo lo actuado en dicho procedimiento a partir de tal diligencia. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Del expediente natural se advierten las siguientes constancias: 1. Mediante acuerdo de veintiuno de marzo de dos mil doce, se tuvo por recepcionado el escrito presentado por Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de apodera legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores (INFONAVIT), quien demandó en la vía Civil a la aquí quejosa, admitiéndose a trámite la demanda en la vía y forma propuestas, por lo que se ordenó el emplazamiento de la demandada (foja 59 del legajo de pruebas). 2. La Actuaria adscrita al Quinto Distrito Judicial en el Estado, dijo que atendió la diligencia con una persona de nombre Claudio Monterrubio Guidrobos, quien dijo ser familiar de la persona que buscaba, entregándole copia simple de la demanda y demás anexos, así como de la cédula de notificación (foja 62 y 63 del legajo de pruebas). 3. Seguida la secuela del juicio, el veinticuatro de abril de dos mil doce, dado que el demandado no dio contestación a la demanda instaurada en su contra, se le declaró en rebeldía, admitiéndose los hechos (foja 71 del legajo de pruebas); y el veintisiete de abril de dos mil doce, se dictó la sentencia correspondiente (legajo de pruebas, fojas 72 a 77). 5. Por auto de ocho de junio de dos mil doce, se declaró ejecutoriada la mencionada determinación, requiriendo el cumplimiento voluntario (foja 89 del legajo de pruebas). 6. El dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, se ordenó poner en posesión material del inmueble adjudicado a la parte actora (foja 285 del legajo de pruebas). SEXTO. Estudio de fondo. Ahora, se sostiene, en síntesis, que se violentaron los derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídica, así como el de audiencia consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues en esencia refieren no haber sido debidamente emplazados al juicio de origen. Ello, asegura, que el juicio instaurado en su contra se siguió de manera irregular, lo que implicó el desconocimiento del inicio del juicio en su contra y por tanto su indefensión. Tales conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, ya que se actualiza la hipótesis jurídica prevista en la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, resultan fundados, en la inteligencia de que lo anterior es procedente en la medida que la parte quejosa se duele del emplazamiento practicado en el juicio de origen, y se observan violaciones esenciales al procedimiento que la han dejado sin defensa, tal como lo dispone la jurisprudencia P./J. 149/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 22 (registro 190656), cuyo rubro y texto señalan: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL.- Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." También tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 247 emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 168 del Tomo IV, Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 (registro 392374), que establece: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO.- La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y si en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia." Además, el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, exige para la plena satisfacción de la garantía de audiencia previa al acto privativo, "juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." Dichas formalidades son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: I. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; II. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; III. Oportunidad de alegar; y IV. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Bajo esas condiciones, debe decirse que la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias constituye una formalidad esencial del procedimiento que de no respetarse impide u obstaculiza una adecuada defensa. Por el contrario, la ausencia o defectuoso emplazamiento al juicio representa la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues afecta la exigencia de que se dé la oportunidad al gobernado de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarlo en un serio estado de indefensión. Por ende, la falta de apego a los mencionados formalismos trae como consecuencia su nulidad; de ahí que, resulte indudable que las reglamentaciones que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento, tienen la finalidad de garantizar, hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. Apoya ese aspecto, la jurisprudencia publicada en la página 133, tomo II, diciembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga `se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Por tanto, el emplazamiento a juicio tiene como objeto que la persona a quien se le practique tenga conocimiento del procedimiento al que es llamado para preparar sus defensas ante el juzgado que conozca del asunto. Pues bien, el marco de referencia sobre las formalidades del emplazamiento en el Juicio Civil, se encuentran previstas en los artículos 67 fracción IV, ambos del Código de procedimientos civiles, que en lo concerniente establecen: "Artículo 67 Los emplazamientos deberán hacerse conforme a las siguientes reglas: i.- Si se tratare de persona física, directamente a ésta, a menos que carezca de capacidad procesal, pues en tal caso se hará a su representante legal. Sólo se autoriza el emplazamiento por medio de apoderado cuando éste radique dentro de la jurisdicción del tribunal y la persona emplazada viva fuera de ese lugar o se ignore su paradero, o si el apoderado vive fuera de la jurisdicción, pero dentro de la República y la persona por emplazarse en el extranjero no tiene domicilio conocido o se ignora su paradero. En este caso se requiere que el apoderado tenga poder general o especial bastante para contestar la demanda y para la defensa en juicio del emplazamiento, debiéndose observar lo dispuesto por el artículo 52. El apoderado sólo puede negarse a intervenir si demuestra que no aceptó o renunció a la representación; IV.- El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente. En caso de que no espere, se le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en la diligencia. Tratándose de arrendamiento o desahucio de vivienda o departamento, la cédula no podrá dejarse con personas que dependan del propietario. La cédula contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. La persona que la recoja deberá firmar por su recibo, y si se rehusare, se pondrá razón en la diligencia, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo. Sólo podrá hacerse el emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no esté presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente; De la transcripción que antecede se observa la forma y lugar en que debe realizarse el emplazamiento de manera personal al demandado en un Juicio Oral Mercantil, en el domicilio señalado en la demanda, el cual será el lugar en donde vive la parte que deberá ser emplazada; encontrada la parte demandada, entregársele cédula en la que conste fecha y hora, así como la clase de procedimiento, nombre de las partes, juez o tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar, nombre de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación. Para ello, el notificador debe requerir que se identifique a quien atienda la diligencia, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, las manifestaciones que haga la persona en cuanto a su relación laboral, parentesco, negocios, habitación o cualquier otra existente con el interesado. En la diligencia tiene que entregarse además de la cédula, copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada más, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda. Formalidades que se incumplieron en el asunto que nos ocupa, pues de la actuación de tres de marzo de dos mil doce, se desprende que la funcionaria no describió cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corrió traslado a la demandada, por lo que, el fedatario fue omiso en describir en el acta respectiva cuáles fueron los anexos que se entregaron a la persona con quien se entendió la diligencia respectiva, por lo que, ello ocasiona la ilegalidad de dicho emplazamiento. En las referidas diligencias se asentó lo siguiente: "Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a veintinueve de enero de dos mil diecinueve siendo las doce horas con diez minutos, la Suscrita Licenciada ELSA MAYRA CHAPA RAMIREZ Actuaria Adscrita al Quinto Distrito Judicial en el Estado, y en atención a lo ordenado mediante auto de fecha Veintiuno de Marzo del dos mil Doce dictado dentro del expediente número 441/2012, ante el Juzgado Primero Civil de este mismo Distrito, me constituyo en el domicilio señalado como del C. MIGUEL ANGEL ROMERO VALDES ubicado en calle Boulevard Imaq del condominio villa calandria, número 317, lote 4 entre Boulevard Imaq de la Colonia Fraccionamiento Conjunto Habitacional villa Imaq del Plano Oficial de esta Ciudad y una vez cerciorada de que me encontró en el domicilio correcto, por así indicármelo la nomenclatura del lugar que aparece en los letreros oficiales que se localizan en le esquina de la calle así como por el numero plasmado en lugar visible de este inmueble, además por el dicho propio de la persona que nuevamente me atiende a la cual encuentro en el interior del domicilio, persona del sexo femenino, la cual da por nombre el de CLAUDIO MONTERRUBIO GUIDRABOS, a quien solicito identificación Oficial, el cual exhibe credencial de elector expedida por el IFE con número de folio 0528020117941, manifiesta quien me atiende que este es el domicilio donde viven ambos actualmente, refiere ser familiar de quien busco, sin especificar el grado de parentesco, manifiesta quien me atiende que este es el domicilio donde viven ambos actualmente, agregando ser familiar del solicitado, sin especificar, el grado de parentesco, de quien la suscrita requiero su presencia, manifestando que dicha persona no se encuentra presente de momento no obstante la cita de espera que deje con anterioridad.- En acto seguido procedo a entender, esta diligencia con quien me atiende, por lo que, por su conducto y por medio de cedula que le entrego, le notifico por su lectura integra, el auto antes indicado, relativo al JUICIO HIPOTECARIO, promovido por la C. LICENCIADA CLAUDIA IVETTE AVILA VAZQUEZ, en su carácter de Apoderada de INFONAVIT, en contra de quien busco, ante el Juzgado antes mencionado y en cumplimiento al mismo, con las copias simples de la demanda, así como con cedula hipotecaria y sus anexos que están debidamente requisitadas, le corro Traslado y Emplazo al demandado para que en el término de diez días, comparezca a este Juzgado a producir su contestación si a sus intereses conviniere, haciéndole entrega, a la persona que me atiende, de la cedula hipotecaria ordenada y del conocimiento del requerido que la finca y accesorios que forman parte de la misma, materia de la garantía hipotecaria, quedaran en depósito judicial a su cargo, por lo que, dentro del término de tres días, deberá comparecer al Juzgado a manifestar si acepta o no el cargo conferido.- la persona que me atiende me recibe de conformidad la documentación que le entrego, agregando que no es su deseo firmar el documento, en razón de lo anterior se da por terminada la presente diligencia. Doy Fe--- LIC. ELSA MAYRA CHAPA RAMIREZ ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA AL QUINTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO." Lo anterior se considera importante, porque la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar a los demandados cualquier información o que esté incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que los emplazados tengan conocimiento cierto y completo. Máxime que, como en el caso, de las constancias del juicio natural que obran en cuaderno de pruebas, se observa además de la demanda de origen, copias simples del contrato de compraventa, copia del otorgamiento del crédito. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 107/2020, publicada el viernes dieciocho de septiembre de 2020, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Civil (registro 2022118), del rubro y contenido siguientes: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado." Ello, obedece a que, como quedó anotado, el emplazamiento es la actuación más importante en cualquier procedimiento judicial. De ahí la gran trascendencia de que se cumplan estrictamente los requisitos de legalidad en cuanto a la forma de realizarlo de tal suerte que ante cualquier vicio, ello lo invalida en forma total y amerita que sea reparado precisamente para que la parte demandada no quede en estado de indefensión. En apoyo a lo dicho, se cita la jurisprudencia 1a./J. 74/99 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, visible en la página 209 (registro 192969), cuyo rubro y texto señalan: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL.- El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental." Es cierto que el artículo 67 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles, establece que además de la cédula, se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada más y, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda, enunciado normativo que no contiene la orden expresa de que el fedatario público encargado de practicar el emplazamiento describa en las actas de emplazamiento cuáles son esos anexos documentales con los que corrió traslado. Sin embargo, tal precepto no debe interpretarse sólo de manera literal o gramatical; pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado consistentemente que los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica. Por ello, cuando el actuario respectivo, al practicar los emplazamientos, sólo expresa que corrió traslado con las copias simples de la demanda y demás anexos, sin precisar cuáles son éstos, no permite al enjuiciado tener certeza respecto a que la información que obtiene de las copias con las que se le corrió traslado es consistente con la que se desprende de los documentos que se adjuntaron a la demanda, menos aún si está completa; habida cuenta que la diligencia de emplazamiento debe cumplir con todos aquellos requisitos y formalidades que permitan al demandado conocer con fidelidad los términos, las pretensiones y los hechos en que se basa la demanda.. En apoyo a lo dicho, se invoca la jurisprudencia 2a.lJ.199/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 2013494, de los siguientes rubro y texto: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL Artículo 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO.- De acuerdo al citado principio, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: (I) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II)antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y (III) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta -ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica-, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual, se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, se invoca como apoya, por las ideas que contiene, la jurisprudencia P./J. 2/2018 (10a.), sustentada el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, página 7 (registro 2015995), cuyo contenido es: "JURISPRUDENCIA. NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 97/2013 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO EXISTIR UNA JURISPRUDENCIA PREVIA.- Conforme al artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que presupone la existencia de un criterio jurisprudencial previo que interprete la misma hipótesis jurídica que la nueva jurisprudencia, pues sólo en ese supuesto los órganos jurisdiccionales están obligados a resolver un caso conforme al criterio anterior; de ahí que ante la falta de jurisprudencia previa, el juzgador puede hacer uso de su autonomía interpretativa. Así, la aplicación en el juicio de la jurisprudencia 1a./J. 97/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", al tenor de la cual el autorizado por las partes en un juicio mercantil no está facultado para promover el juicio de amparo directo a nombre de su autorizante, no tiene efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, ya que no existía una jurisprudencia previa que interpretara o definiera esa hipótesis específica, sino una práctica judicial reiterada por un determinado tribunal que, incluso, podría ser distinta a la que adoptara otro tribunal en casos similares. Además, el hecho de que se admita una demanda de amparo directo, promovida por el autorizado en términos del artículo 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio, y este proveído no se haya impugnado, dando lugar a que ello no se resuelva en definitiva, genera que esta determinación siga sub júdice hasta que el órgano jurisdiccional de amparo dicte su sentencia, por lo que la aplicación del referido criterio jurisprudencial en ésta, no implica imprimirle efectos retroactivos, aun cuando este criterio se aplique a hechos pasados dentro de una secuela procesal, ya que no existe un criterio jurisprudencial previo que haya actualizado sus supuestos y que, por ende, lo obligue a resolver en determinado sentido, ni tampoco una determinación jurisdiccional previa dentro del proceso que no pueda ser revisada por resultarle vinculante. SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. En congruencia con lo expuesto, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que se deje sin efectos el emplazamiento reclamado y todo lo actuado con posterioridad, incluyendo la sentencia y actos de ejecución, así como reponer el procedimiento en el expediente 00441/2012, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, a fin de que Miguel Ángel Romero Álvarez sea llamada a juicio en estricto apego a los numerales 67 fracción IV del Código de Procedimiento Civil, debiendo levantarse actas circunstanciadas, en la que se observe, en lo conducente, los requisitos contenidos en dichos numerales, en relación al emplazamiento, así como el criterio plasmado en la Jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), invocada. Amparo que se hace extensivo respecto del acto reclamado a la autoridad responsable ejecutora Actuaria adscrita al Quinto Distrito Judicial del Estado, residente en esta ciudad, al no haberse reclamado por vicios propios. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta resolución son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 62, 63 y 73 a 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Miguel Ángel Romero Álvarez, en el juicio de amparo 710/2021-3, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas en el considerando séptimo de esta sentencia y para los efectos que se indican en su parte final. Notifíquese....

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