Miguel Ángel Romero Camacho

Expediente 323/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
323/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Romero Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, se declara que han perdido el derecho que pudieron ejercitar en dicho plazo, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que el auto en comento ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo....

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, ocho de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de marzo del año en curso, se dio vista a las partes dentro del presente juicio de amparo, con el oficio 5179/2021, y anexos, a través del cual la autoridad responsable Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, informó a este órgano de control constitucional, que el doce de marzo de dos mil veintiuno se llevó a cabo la totalidad de los pagos convenidos por las partes dentro del juicio laboral de origen número 248/4/2011, sin que las partes hayan realizado manifestación alguna al respecto, no obstante haber quedado legalmente notificadas del aludido acuerdo, tal y como se desprende de autos. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, séptimo párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Carta Fundamental, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el citado artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En ese contexto, se procede hacer una relación de los antecedentes correspondientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional dictó sentencia constitucional en el presente juicio, la cual quedó firme mediante ejecutoria pronunciada el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el recurso de revisión 88/2020, interpuesto por el tercero interesado Juan Carlos Vázquez García, en contra de la citada sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, en la cual confirmó la sentencia recurrida, teniendo como trascendencia jurídica que la autoridad responsable, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución incidental de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, emitida dentro del juicio laboral de origen 248/4/2011; En su lugar, dicte otra en la que, de manera fundada y motivada, realice las operaciones aritméticas correspondientes, a fin de cuantificar las prestaciones obtenidas en el laudo consistentes en salarios caídos, pago de prima de antigüedad, pago de aguinaldo, pago de vacaciones, prima vacacional y séptimos días, días festivos y tiempo extra, y que tiene derecho a recibir la trabajadora, aquí tercera interesada. Sobre los lineamientos de la ejecutoria mencionada, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, diera cabal cumplimiento a la misma; por lo que, mediante el oficio 81/4/2021, la autoridad responsable informó a este órgano jurisdiccional que se encontraba impedida jurídica y materialmente para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y al efecto remitió copia certificada de la comparecencia de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, de la que se advierte que las partes en el juicio laboral de origen acordaron llegar a un convenio, en el cual la parte demandada (aquí quejosa) se comprometió a llevar a cabo el pago en cuatro partes de la cantidad de $1,400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos 00/100) a la parte actora (aquí tercero interesado), a cubrir en las fechas indicadas para ello [primer pago realizado el dieciocho de diciembre de dos mil veinte por la cantidad de $300,000.00 pesos (trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional) a través del cheque de caja 0005504 a nombre del aquí tercero interesado Juan Carlos Vázquez García; el segundo pago efectuado en la comparecencia de quince de enero de dos mil veintiuno, por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), a través de los cheques de caja 0005523 y 0005522 a nombre del referido tercero interesado valioso cada uno por la cantidad de $200,000.00 pesos 00/100 moneda nacional); el tercer pago efectuado en comparecencia de doce de febrero de dos mil veintiuno, por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), a través del cheque 0000006 a nombre del citado tercero interesado]; posteriormente mediante diverso oficio 5179/2021, la junta responsable remitió copia certificada de la comparecencia de doce de marzo de dos mil veintiuno, de la que se advierte que se llevó a cabo el cuarto pago por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional), a través del cheque 0000051 a nombre del referido tercero interesado; con lo que se colige que se llevó a cabo la totalidad de los pagos, con lo que se dio cumplimiento al convenio de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, ordenando dicha junta responsable el archivo del asunto de origen como definitivamente concluido, elevándolo a categoría de laudo consentido y ejecutoriado; documentales a las que se otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo anterior, es claro que la junta responsable de mérito está ante una imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a una sentencia de amparo, tomando en consideración el convenio al que llegaron las partes en el juicio de origen, el cual fue cumplido a satisfacción de las mismas, por lo que la junta responsable ordenó el archivo del asunto de origen como asunto definitivamente concluido y lo elevó a categoría de laudo consentido y ejecutoriado; por lo que es evidente que no existe materia para que la Junta responsable resuelva nuevamente. Por estimarse conveniente, se ordena que la anterior determinación se notifique en forma personal a la parte quejosa, en términos del artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo vigente. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se desprende, en lo que aquí interesa, que son depurables los expedientes en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, así como los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, facción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental en términos de lo dispuesto en artículo 15 del Acuerdo General en cita. Por otra parte, respecto el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, resulta susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 18, del aludido Acuerdo General. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual manera, con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, tanto el expediente principal como el original del incidente de suspensión, deberán conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes 90 días, este Juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo; el caso del incidente de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; así como todos aquellos documentos que resulten indispensables, en su caso. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores de los seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo general. Notifíquese personalmente...

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Romero Camacho, contra actos de la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda, la cual queda registrada en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 323/2021-II, por ser el ordinal progresivo que le corresponde; sin tramitar incidente de suspensión en virtud de no haber sido solicitado. Se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio. ...De conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesado al Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud de Tamaulipas", con domicilio en calle Jazmín, número 105, de la colonia Fernández Gómez, de esta ciudad; a quien se ordena emplazar a juicio, mediante oficio, con transcripción de este auto y copia simple de la demanda, en términos de la fracción II, inciso b) del artículo 26 de la invocada ley. Asimismo, como lo dispone el numeral 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde; en la inteligencia de que en términos del artículo 110 de la ley de la materia, deberá entregársele copia simple de la demanda de amparo, por conducto del Actuario de la adscripción, de lo que se deberá dejar constancia legal de su recibo. ... Notifíquese. ...

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