Miguel Angel Romero Ayala
Expediente 274/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 274/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Angel Romero Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Improcedencia de la demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Además, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". Ahora, la transcripción de las porciones normativas antes transcritas revela que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo debe intentarse contra la última resolución dictada en dicha etapa, lo cual implica que las decisiones intermedias ahí pronunciadas no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella, entendiendo por "última resolución", la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En efecto, es menester indicar que la redacción de la ley limita de manera precisa lo que se debe entender como última resolución, utilizando la palabra "sólo" para referirse a un catálogo limitativo, no enunciativo, de tres supuestos que deben considerarse como la "última resolución", en los procedimientos de ejecución. La razón de lo anterior, es limitar la viabilidad del juicio biinstancial, evitando así que los gobernados abusen del ejercicio de esta acción constitucional y, por ende, que se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que se considera una cuestión de orden público que éstas produzcan materialmente sus efectos jurídicos, por lo que ese proceso ni siquiera puede ser interrumpido por la parte que haya resultado vencedora en la controversia natural. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la diligencia de ampliación de embargo ordenada mediante auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós y practicada el quince de febrero de dos mil veintitrés, dentro del expediente ******************** del índice del Juzgado de Oralidad Mercantil de esta ciudad, aconteció en la etapa de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil; misma que no constituye la última resolución dictada en dicha etapa, en razón de que no determina su cumplimiento, la imposibilidad para ello o el archivo definitivo del expediente. Por lo ilustrativa que resulta, se cita la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consultable bajo el número III.4o.(III Región) 8 C (10a.), visible en la página 1647, del Libro XXIII, Tomo 3, Agosto de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EMBARGO DE BIENES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO QUE LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE EN SU CONTRA, CUANDO AQUÉL TIENDE A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. De acuerdo con los artículos 1346 y 1347 del Código de Comercio, el embargo que se suscita en esa etapa, forma parte del sistema establecido para que la demandada cumpla con la obligación de pago que le fue impuesta y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio, por lo que sólo podrá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en el que podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase, que lo hubiesen dejado sin defensa. Lo anterior, sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 108/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", porque la afectación que en esas condiciones se produce sobre el derecho de propiedad del ejecutado, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural que le impuso la obligación de cubrir con sus bienes la deuda que tenía con el actor." Por tanto, deviene innegable que la determinación reclamada por el quejoso, se suscitó en el periodo de ejecución del juicio de origen, por lo que sólo podrá ser impugnada al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, donde podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución del juicio y que lo hubieren dejado sin defensa, pues tal determinación, no implica una decisión que involucre aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado, como ya quedó previamente establecido, pues aún no se ha emitido la resolución en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia definitiva. Incluso, la resolución de la cual se aqueja la parte quejosa, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y menos aún ordena el archivo definitivo del expediente en que se tramita el juicio de origen; resultando así inconcuso que sólo podrá ser impugnada al controvertir en amparo, la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en la que, como ya se dijo, podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución de la sentencia, y que la hubieren dejado sin defensa, y que además hubiesen trascendido al resultado de la referida última resolución. Se asevera lo anterior, pues se insiste, las actuaciones que se realicen en la etapa de ejecución de sentencia están encaminadas a lograr la eficacia de la cosa juzgada, por lo que sólo procede el juicio de amparo contra la última resolución dictada en esta etapa, entendiéndose como "última resolución", sólo las expresamente indicadas en la Ley de Amparo, y no otras diferentes, como las que se combaten en el presente juicio. Por tanto, como en la especie la determinación reclamada sólo es un acto en el trámite del periodo de ejecución de sentencia, esto es, no constituye un acto emitido en dicha fase que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, ni se trata de la determinación en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la cual como última, en todo caso sí podría ser impugnada mediante el juicio de control constitucional, al actualizar el supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; demanda en la cual podrá reclamar las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, como la que en el caso se alega. Atenta a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo; por lo que atento a lo que señala el numeral 63, fracción V y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata.
- Principal
Improcedencia de la demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Además, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". Ahora, la transcripción de las porciones normativas antes transcritas revela que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo debe intentarse contra la última resolución dictada en dicha etapa, lo cual implica que las decisiones intermedias ahí pronunciadas no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella, entendiendo por "última resolución", la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En efecto, es menester indicar que la redacción de la ley limita de manera precisa lo que se debe entender como última resolución, utilizando la palabra "sólo" para referirse a un catálogo limitativo, no enunciativo, de tres supuestos que deben considerarse como la "última resolución", en los procedimientos de ejecución. La razón de lo anterior, es limitar la viabilidad del juicio biinstancial, evitando así que los gobernados abusen del ejercicio de esta acción constitucional y, por ende, que se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que se considera una cuestión de orden público que éstas produzcan materialmente sus efectos jurídicos, por lo que ese proceso ni siquiera puede ser interrumpido por la parte que haya resultado vencedora en la controversia natural. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la diligencia de ampliación de embargo ordenada mediante auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós y practicada el quince de febrero de dos mil veintitrés, dentro del expediente ******************** del índice del Juzgado de Oralidad Mercantil de esta ciudad, aconteció en la etapa de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil; misma que no constituye la última resolución dictada en dicha etapa, en razón de que no determina su cumplimiento, la imposibilidad para ello o el archivo definitivo del expediente. Por lo ilustrativa que resulta, se cita la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consultable bajo el número III.4o.(III Región) 8 C (10a.), visible en la página 1647, del Libro XXIII, Tomo 3, Agosto de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EMBARGO DE BIENES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO QUE LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE EN SU CONTRA, CUANDO AQUÉL TIENDE A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. De acuerdo con los artículos 1346 y 1347 del Código de Comercio, el embargo que se suscita en esa etapa, forma parte del sistema establecido para que la demandada cumpla con la obligación de pago que le fue impuesta y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio, por lo que sólo podrá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en el que podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase, que lo hubiesen dejado sin defensa. Lo anterior, sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 108/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", porque la afectación que en esas condiciones se produce sobre el derecho de propiedad del ejecutado, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural que le impuso la obligación de cubrir con sus bienes la deuda que tenía con el actor." Por tanto, deviene innegable que la determinación reclamada por el quejoso, se suscitó en el periodo de ejecución del juicio de origen, por lo que sólo podrá ser impugnada al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, donde podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución del juicio y que lo hubieren dejado sin defensa, pues tal determinación, no implica una decisión que involucre aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado, como ya quedó previamente establecido, pues aún no se ha emitido la resolución en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia definitiva. Incluso, la resolución de la cual se aqueja la parte quejosa, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y menos aún ordena el archivo definitivo del expediente en que se tramita el juicio de origen; resultando así inconcuso que sólo podrá ser impugnada al controvertir en amparo, la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en la que, como ya se dijo, podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución de la sentencia, y que la hubieren dejado sin defensa, y que además hubiesen trascendido al resultado de la referida última resolución. Se asevera lo anterior, pues se insiste, las actuaciones que se realicen en la etapa de ejecución de sentencia están encaminadas a lograr la eficacia de la cosa juzgada, por lo que sólo procede el juicio de amparo contra la última resolución dictada en esta etapa, entendiéndose como "última resolución", sólo las expresamente indicadas en la Ley de Amparo, y no otras diferentes, como las que se combaten en el presente juicio. Por tanto, como en la especie la determinación reclamada sólo es un acto en el trámite del periodo de ejecución de sentencia, esto es, no constituye un acto emitido en dicha fase que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, ni se trata de la determinación en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la cual como última, en todo caso sí podría ser impugnada mediante el juicio de control constitucional, al actualizar el supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; demanda en la cual podrá reclamar las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, como la que en el caso se alega. Atenta a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo; por lo que atento a lo que señala el numeral 63, fracción V y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata.
- Principal
No ha lugar a tener por cumplida prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ********************, a través del cual pretende dar cumplimiento a los requerimientos formulados en proveídos de tres y diez marzo de dos mil veintitrés, en el que se le instó para que por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, sin formular ni presentar una nueva demanda, cumpla con lo siguiente: Relate bajo protesta de decir verdad, de manera cronológica y detallada todos los antecedentes del acto que señala como reclamado, es decir, una narración precisa de todos aquellos acontecimientos ocurridos con antelación al mismo y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al proveer sobre el presente juicio de amparo, en virtud de que es el único elemento con que inicialmente cuenta este órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones correspondientes, aunado a que es un requisito formal establecido en la ley de la materia y los que narra en su demanda de amparo resultan insuficientes. Exhiba una copia más de su demanda de amparo y anexos, ya que únicamente exhibió cinco copias de la misma para correr traslado a las partes, cuando se requieren seis, a saber: tres para las autoridades responsables, una para la apertura del incidente de suspensión, una para la tercera interesada y una para el agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado de Distrito, las cuales son necesarias. Sin embargo, se advierte que solo da cumplimiento al inciso b) de los requerimientos, ya que exhibe una copia más de su demanda de amparo, pero no cumple cabalmente con lo solicitado en el inciso a), en virtud de que del escrito de cuenta se advierte que no narra sus antecedentes "bajo protesta de decir verdad", ya que constituye un requisito legal que tiene bases constitucionales y que por lo mismo no puede ser omitido, pues además de tener como objetivo responsabilizar al particular, en el sentido de que deberá de conducirse con veracidad en la narración de los hechos que apoyan la demanda de amparo, su omisión puede tener como consecuencia que el juzgador tenga por no interpuesta la demanda. En tales condiciones, requiérase de nueva cuenta al peticionario del amparo, para que cumpla cabalmente con lo anteriormente señalado. Ahora bien, virtud de que la parte promovente fue notificada del auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, el catorce de marzo del año en curso, surtiéndole efectos dicha notificación al día siguiente, de tal suerte que el término concedido empezó a computarse a partir del dieciséis al veinticuatro del mismo mes y año, y el escrito con el que se dio cuenta se presentó el dieciséis de marzo actual, esto es, el primer día del término concedido, indíquese al ocursante que cuenta con cuatro días para desahogar la prevención que le fue hecha, cómputo que se reanudará el día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente auto se practique.
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