Miguel Angel Rojas Ramirez

Expediente 1151/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1151/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
24/05/2019

Partes del expediente

  • Miguel Angel Rojas Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado procesal de las presentes actuaciones, se advierte el proveído de siete de mayo del año en curso, donde se concedió un plazo de tres días al quejoso y autorizados, para ocurrir a este órgano jurisdiccional a recoger las copias simples de la carpeta de investigación ** y el disco compacto DVD, las cuales fueron ofrecidas como pruebas en este asunto. Pese a lo anterior, el plazo otorgado para tal efecto transcurrió hasta su conclusión, y tanto el quejoso como sus autorizados omitieron presentarse a las instalaciones de este juzgado a recoger dichas constancias y disco compacto DVD Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el auto de siete del mes y año actual, y aquellos podrán ser destruidos junto con este expediente una vez haya transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, capítulo quinto, punto vigésimo primero, primer párrafo . Con independencia de lo anterior, mientras el presente expediente no se haya depurado, podrán comparecer a este juzgado a recogerlos. Por último, se ordena devolver los autos del presente juicio al archivo para su debido resguardo.

  2. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado procesal que guarda el expediente, se advierte el proveído de uno de abril de dos mil diecinueve (fojas 200 a 202), donde se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio, el cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidos en caso de omitir hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado para tal efecto transcurrió hasta su conclusión, y tanto el quejoso como las demás partes omitieron interponer el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió dentro del periodo en mención. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 201, fracción I y 202, primer párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME) y se tiene por consentido por las partes. Luego, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto concluido en forma total y definitiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 214 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, en atención a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración, por tanto, debe conservarse la demanda y sentencia respectiva. Atento a lo anterior, se ordena devolver al Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro, sede Puebla, los discos compactos , uno de ellos remitido en apoyo a su informe justificado y el otro a fin de acreditar el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto; así como las copias cotejadas de la carpeta de investigación *** a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia Central 1, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Se hace notar que resulta innecesario solicitar el acuse de recibo porque solo se devuelven copias certificadas. Luego, requiérase al quejoso ***, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este acuerdo, ocurra él o sus autorizados a las instalaciones de este órgano jurisdiccional debidamente identificados, a recoger las copias simples de la carpeta de investigación ***, y el disco compacto DVD que contiene la audiencia celebrada el veinte de noviembre del año pasado, las cuales fueron ofrecidas como pruebas en el presente expediente, y se formaron los cuadernos auxiliares tomos I y II; apercibido que de omitir hacerlo, los mismos podrán ser destruidos junto con este expediente o con las constancias que de este se depuren.

  3. Principal

    DADO QUE SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE FORMA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guarda el expediente, se advierte el proveído de uno de abril de dos mil diecinueve (fojas 200 a 202), donde se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio, el cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidos en caso de omitir hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado para tal efecto transcurrió hasta su conclusión, y tanto el quejoso como las demás partes omitieron interponer el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió dentro del periodo en mención. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 201, fracción I y 202, primer párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME) y se tiene por consentido por las partes. Luego, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto concluido en forma total y definitiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 214 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, en atención a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración, por tanto, debe conservarse la demanda y sentencia respectiva. Atento a lo anterior, se ordena devolver al Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro, sede Puebla, los discos compactos , uno de ellos remitido en apoyo a su informe justificado y el otro a fin de acreditar el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto; así como las copias cotejadas de la carpeta de investigación *** a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia Central 1, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Se hace notar que resulta innecesario solicitar el acuse de recibo porque solo se devuelven copias certificadas. Luego, requiérase al quejoso ***, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este acuerdo, ocurra él o sus autorizados a las instalaciones de este órgano jurisdiccional debidamente identificados, a recoger las copias simples de la carpeta de investigación ***, y el disco compacto DVD que contiene la audiencia celebrada el veinte de noviembre del año pasado, las cuales fueron ofrecidas como pruebas en el presente expediente, y se formaron los cuadernos auxiliares tomos I y II; apercibido que de omitir hacerlo, los mismos podrán ser destruidos junto con este expediente o con las constancias que de este se depuren.

  4. Principal

    De la certificación de cuenta y el estado procesal del juicio, advierto ha concluido el plazo de tres días concedido a las partes en acuerdo de trece de marzo de dos mil diecinueve (foja 195) para manifestarse respecto del cumplimiento que realizó el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, a la ejecutoria de protección constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, verificaré de oficio y con base en el registro audiovisual de la audiencia de once de marzo del del año en curso remitido por la autoridad responsable, si la sentencia dictada se cumplió; en otras palabras, si se ejecutó lo juzgado, porque sería infructuoso para el quejoso haber obtenido el amparo, si al final nunca se lograran materializar los efectos precisados a manera de tutela. Sobre todo porque el acceso a la justicia de los gobernados se mide en la sentencia, pero se materializa hasta su ejecución. Bajo esa premisa, considero reparado el derecho de seguridad jurídica de *** o el quejoso), pues la autoridad responsable actuó conforme a los efectos esgrimidos en la sentencia de protección. Para demostrarlo considero necesario empezar con lo siguiente: En audiencia oral y pública de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal ***, del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, vinculó a proceso a *** por los hechos con apariencia de delitos de violencia familiar y lesiones calificadas. Esa determinación emitida por el juez responsable fue considerada inconstitucional por una parte en la sentencia dictada en este juicio, pues en la justificación del delito de violencia familiar y la probable intervención del quejoso, el juez responsable realizó un análisis indebido de esos apartados frente a la estructura del artículo 294 bis del Código Penal del Estado de Puebla, que lo obligaba a ponderar el requisito de cohabitación entre los familiares involucrados (fojas 131 a 160). Sin embargo, en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, en audiencia de once de marzo del presente año, comunicó a las partes que la vinculación a proceso del veinte de noviembre, se mantiene firme en la acreditación del delito de lesiones calificadas y la probable intervención del quejoso en esa conducta. Acto continuo, dejó insubsistente lo relativo al delito de violencia familiar y su probable intervención, comunicándole a las partes que realizaría un nuevo análisis respecto a dicho delito atribuido al quejoso como sujeto activo. Puntualizó a las partes la estructura del delito de violencia familiar prevista en el artículo 289 Bis del código sustantivo e incluyó el requisito de cohabitación entre los familiares involucrados como activos y pasivos. Enseguida, determinó la insuficiencia de datos de prueba ofrecidos por la fiscal para demostrar la cohabitación del quejoso como sujeto activo y en consecuencia resolvió la imposibilidad jurídica para acreditar el hecho con apariencia de delito de violencia familiar y su probable intervención, por lo que emitió el auto de no vinculación a proceso a su favor, solo por dicho delito. Luego, realizó una actualización respecto de las medidas cautelares impuestas a ***, a fin de ajustarlas a su nueva situación jurídica; en específico, la relativa a la prohibición de molestar a la víctima, la cual se limitó a la agraviada del delito de lesiones. Todo lo anterior materializa la protección constitucional otorgada al quejoso, pues la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de vinculación de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del proceso ***, solo por el delito de violencia familiar. Por ello, considero que se ha restituido al quejoso en el goce de los derechos violados, en particular el que fue considerado en la sentencia de este juicio. Así, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, declaro cumplida la protección otorgada en este juicio -sin excesos ni defectos en los actos realizados por la autoridad responsable-. Pero a fin de respetar la opinión del quejoso y terceros interesados, en caso de inconformarse con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, hago de su conocimiento: es su derecho recurrir esta determinación a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. De hecho, tendrán un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Asimismo, ordeno dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales. A fin de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), puntualizo: a) El once de febrero de dos mil diecinueve, terminé de engrosar la sentencia en el presente asunto, sin que ninguna de las partes la recurriera (fojas 131 a 160); b) El veintiocho de febrero del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de amparo y requerí su cumplimiento (fojas 168 y 169). c) El Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, cumplió los efectos de la protección, el once de marzo de dos mil diecinueve; d) El doce siguiente, se recibió en la oficialía de este juzgado el oficio 4587/2019/JC, por cual se recibió el dicto óptico dvd que contiene copia de la audiencia donde la autoridad responsable demostró acatar los efectos de la sentencia de amparo (foja 194). e) En la presente fecha (uno de abril de dos mil diecinueve) declaré cumplida la protección constitucional.

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