Miguel ángel Rodríguez Rosillo

Expediente 703/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
703/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2016

Partes del expediente

  • Miguel ángel Rodríguez Rosillo

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual remite el testimonio autorizado de la resolución pronunciada por ese Tribunal el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en el recurso de queja 124/2016, en la que se resuelve: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." Acúsese recibo; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para sus efectos y las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído dictado el tres de agosto de dos mil dieciséis, quedando registrado como recurso de queja número 124/2016.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito de cuenta que suscribe el quejoso ******; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I.Se tiene a la parte quejosa presentando recurso de queja contra el proveído de tres de agosto del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, remítase para su substanciación, al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Décimo Sexto Circuito, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con sus respectivas notificaciones. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este juzgado el tres de agosto del año en curso, dictó un acuerdo en el que determinó desechar la demanda de amparo presentada por ******, por su propio derecho.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Rodríguez Rosillo, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 703/2016-III. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "." "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en tanto que si se trata de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Atento a lo establecido en el último de los dispositivos transcritos, conviene puntualizar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia puesto que el cumplimiento de éstas no debe obstaculizarse por ser de interés público. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución -como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta- que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento. Ahora bien, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada, conviene establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado: La resolución de veintidós de junio de dos mil dieciséis, dictada en el toca 355/2016 por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a través de la cual, resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de seis de mayo del año en curso, emitido dentro del juicio ordinario civil 194/2014, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, en el que se aprueba la diligencia de embargo realizada sobre el bien inmueble ubicado en la calle Alondra, número 216, Fraccionamiento Álamos. En ese sentido, si el acto que en esta vía se reclama es decir, la resolución de veintidós de junio de dos mil dieciséis que dirimió el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de seis de mayo del año en curso emitido por el Juez Quinto Civil de Partido de esta localidad, se dictó en etapa de ejecución de sentencia, determinación que, cabe destacar, guarda plena vinculación con la ejecución de sentencia, en virtud de que no es autónoma a ésta; es inconcuso, que la resolución aludida en el presente controvertido no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de las que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo del expediente. Lo anterior se afirma, habida cuenta que el acto que se reclama en esta instancia fue emitido en etapa de ejecución de sentencia, y no debe perderse de vista que: I. El quejoso es parte formal en el juicio del que emana el acto reclamado. II. El acto imputado deriva de la existencia de un fallo con el rango de cosa juzgada, el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, III. Admitir la demanda de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que las sentencias con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. No es obstáculo a lo anterior, las consideraciones expuestas por el quejoso, en el sentido de que la responsable debió embargar los derechos de crédito que señaló en la diligencia de embargo y no el bien inmueble que describe; pues se trata de cuestiones de índole intraprocesal que no son autónomas, ya que se encuentran vinculadas con la ejecución de la sentencia, las cuales podrá hacer valer hasta que el amparo se intente contra la última resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, ordene el archivo definitivo del expediente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia invocadas respecto de los descritos actos reclamados, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su líbelo constitucional, y autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Juan Aboytes Pizano, René Francisco Velázquez y Ricardo Enrique Corona Álvarez, al contar con sus cédulas profesionales 792622, 2250023 y 6115455, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, y de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a José Manuel Hernández España y Roberto Lenin Medina Borja, al no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará presumir su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las demás resoluciones públicas dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el juzgador. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano