Miguel Ángel Rodríguez Prado
Expediente 1239/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1239/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/11/2023
Partes del expediente
- Miguel Ángel Rodríguez Prado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que el juez acuerda: téngase por precluido el derecho de las partes para tal efecto; por lo que se cierra el periodo y se dicta la siguiente:S E N T E N C I A VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1239/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Miguel Ángel Rodríguez Prado, por el conducto habido, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. La demanda fue admitida bajo número 1239/2023 y, tramitado el juicio, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues lo reclamado tiene alegada ejecución material en la circunscripción territorial en la que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda de derechos fundamentales, se precisa que el acto de reclamo destacado es el rechazo de variar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en perjuicio del quejoso en la causa penal 702/2022. TERCERO. Debe tenerse por cierta la materia de reproche atribuida a la autoridad responsable, de conformidad con las constancias que remitió en el incidente de suspensión derivado de este asunto, las cuales se toman en consideración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así, del escrito de demanda se advierte que Miguel Ángel Rodríguez Prado, controvierte la determinación por medio de la cual se rechazó la solicitud de variar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que le impuso el juez de control responsable en la causa penal 702/2023. Acto respecto del cual se actualiza la causa de improcedencia invocada, toda vez que en cumplimiento a la suspensión provisional concedida en el incidente derivado del presente juicio de derechos fundamentales, el treinta de septiembre de dos mil veintitrés -fecha posterior a la presentación de la demanda-, se llevó a cabo la audiencia de revisión de medida cautelar impuesta al imputado, aquí quejoso, y en la cual el juez responsable consideró procedente su modificación, por ende, la dejó sin efectos y le otorgó su inmediata libertad, sujetándolo a las medidas siguientes: Presentación periódica semanal, ante el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en esta ciudad, debiendo presentarse el primer día hábil de cada semana. Exhibición de garantía económica, por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), que debía presentar en el plazo de cinco días hábiles Así, la constancia descrita merece pleno valor probatorio al poseer el carácter de documental pública, misma que resulta eficaz para demostrar que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo, a contrario sensu, la jurisprudencia 1a./J. 44/2022 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2299, libro 15, julio de 2022, tomo II, Undécima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ESTUDIO CONSTITUCIONAL DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY EN LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO HA SIDO LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA, AUN SI SOBREVIENE UNA RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES QUE LA CONFIRMA. Hechos: Los tribunales contendientes llegaron a conclusiones opuestas sobre la procedencia o no del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la ley en la materia, referente a la cesación de efectos, cuando el acto reclamado es la imposición de la prisión preventiva en el proceso penal y sobreviene una resolución de revisión de medidas cautelares que la deja subsistente. Criterio jurídico: Cuando en el juicio de amparo se reclama la imposición de la prisión preventiva, aun cuando luego sobrevenga una revisión de medidas cautelares y se resuelva mantener su subsistencia en el proceso penal, esto no hace improcedente el estudio constitucional de la prisión preventiva reclamada de origen, precisamente, porque no ha sido modificada ni revocada, sino que la misma permanece y sigue afectando a la persona que la sufre. Justificación: La medida cautelar de prisión preventiva debe ser revisada en el proceso penal, tanto por su propia naturaleza como por su especial gravedad y excepcionalidad; esto implica que puede o no mantenerse. Así, si la imposición de la prisión preventiva fue impugnada en el juicio de amparo, es claro que cuando se ha resuelto su subsistencia bajo su revisión por la autoridad en el proceso penal, resulta procedente su estudio conforme al parámetro de control de regularidad constitucional. Por ello, se impone a los tribunales de amparo un mayor y estricto escrutinio en el estudio constitucional de esta grave y excepcional medida cautelar, desde el origen de la prisión preventiva como acto reclamado y cuando precisamente subsiste en el proceso penal en perjuicio de la persona que instó la acción constitucional. Esta Primera Sala ya ha interpretado la causal de improcedencia correspondiente a la cesación de efectos del acto reclamado, concluyendo que no basta que la autoridad responsable modifique tal acto, sino que es necesario que destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que la cesación no deje huella que amerite ser reparada por la protección constitucional. Por consecuencia, si la prisión preventiva subsiste, resultaría un contrasentido desestimar su estudio constitucional cuando sea revisada eventualmente en el proceso penal, pero finalmente mantenida en perjuicio de la persona que la resiente al estar interna en un centro de reclusión." [Énfasis añadido]. Asimismo, encuentra sustento la conclusión alcanzada, en la tesis 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Criterio aplicable, virtud de que no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. Así las cosas, en el caso concreto sí se está en presencia de una cesación total e incondicional de los efectos del acto reclamado, consistente en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues lo propio ya no afecta al quejoso al haber obtenido su libertad. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la citada legislación. QUINTO. Considerando que las partes en el presente juicio no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75, 76, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1239/2023, promovido por Miguel Ángel Rodríguez Prado, contra el acto que reclamó del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, precisado en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último apartado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días a la autoridad responsable para efecto de que rinda el informe justificado; por ello, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las doce horas con veinte minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.
- Incidental
Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1239/2023-F, promovido por Miguel Ángel Rodríguez Prado, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. R e s u l t a n d o I. Por escrito recibido en este juzgado de distrito, Miguel Ángel Rodríguez Prado, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: ". la resolución de fecha 26 de septiembre de 2023, mediante el cual el C. Juez de Control, RECHAZÓ la solicitud de imponer otra medida cautelar .." Por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Se abrió el cuaderno incidental por separado, se solicitó el informe previo y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o Primero. Este Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; y, 50 y 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Segundo. Es presuntivamente cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, en términos del primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, pues fue omisa en rendir su informe previo, a pesar de estar debidamente notificada para ello, tal como se deprende de las constancias que obran en autos. Asimismo, se advierte que en cumplimiento de la suspensión provisional, mediante determinación de treinta de septiembre actual, la jurisdiccional responsable modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, e impuso al aquí quejoso diversas medidas cautelares, ordenando su inmediata libertad. Tercero. El quejoso señala como acto reclamado destacado la determinación emitida el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en los autos de la causa penal 702/2022, en la que rechazó la solicitud de cambio de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, sin embargo, el juez de control responsable al emitir informe de acatamiento a la suspensión provisional, indicó que celebró audiencia en la que determinó modificar la prisión preventiva oficiosa, e impuso medidas cautelares diversas, ordenando la libertad de Miguel Ángel Rodríguez Prado, respecto del citado expediente. Por ende, con apoyo en los numerales 163 y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede a Miguel Ángel Rodríguez Prado, la suspensión definitiva para el único efecto de que quede a disposición de este juzgado de distrito en lo que a su libertad personal se refiere, pero a disposición del juez de la causa de origen, para la continuación del procedimiento que se instaura en su contra. Medida cautelar que surte efectos desde luego, en términos del precepto 136, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que sea el caso fijar garantía dada la naturaleza del acto reclamado. Por otro lado, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, hágase del conocimiento del juez de control que podrá continuar el procedimiento en la causa penal 702/2022, pero deberá suspenderlo antes de concluir la etapa intermedia, es decir, deberá de abstenerse de enviar el auto de apertura a juicio oral al tribunal competente. Lo anterior, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que eventualmente se dicte en el juicio de amparo del que deriva esta incidencia. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 125, 128 y 144 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Miguel Ángel Rodríguez Prado, contra los actos que reclamó de la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, para los efectos apuntados en el considerativo tercero. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio remitido por la superioridad, con el cual devuelve el expediente de este juicio; asimismo, remite testimonio de la determinación dictada en el amparo en revisión 168/2023, en el que se resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a DESARROLLO DE ACTIVOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en mérito de las consideraciones precisadas por el Juez de Distrito en el considerando sexto de la sentencia recurrida." Acúsese el recibo de estilo correspondiente, dese aviso a las responsables y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico. En consecuencia, intégrese el cuaderno de antecedentes, desglosando las copias certificadas con que se formó, ya que son susceptibles de destrucción. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimento al artículo 17, fracción III, inciso a), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal es conservable, por haberse negado el amparo y la protección de la Justicia Federal, estableciéndose como fecha probable para su transferencia al depósito documental designado para tal efecto el veintiséis septiembre de dos mil veintiséis. En su oportunidad, solicítese la transferencia correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, en cumplimiento al artículo 20, párrafo segundo, del acuerdo en comento, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, en caso de haber exhibido documentación original y/o fotocopias certificadas, comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para su devolución, apercibiéndole que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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