Miguel Ángel Rodríguez Hernández

Expediente 276/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
276/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Rodríguez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada por este juzgado en el juicio de amparo 276/2023-II-B, de este índice, radicando el asunto bajo el número de amparo directo 76/2023. Al respecto, se toma conocimiento de lo anterior, hágase las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro electrónico correspondiente y archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido. En acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de seis años, de conformidad con el artículo 20, fracción I, inciso a) de esa normatividad. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, por medio del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 276/2023-II-B, de este índice, que le fueron remitidos con motivo de la incompetencia planteada por este Juzgado de Distrito, quedando registrado con el número de amparo directo 76/2023; asimismo, refiere que requirió a la autoridad responsable el estado procesal del expediente del cual deriva el acto reclamado, a efecto de acordar lo conducente; de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; nueve de marzo de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Rodríguez Hernández, por derecho propio, bajo el número 276/2023-II-B, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa refiere como acto reclamado: el auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dictado por la autoridad responsable Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, en el toca de apelación 49/2023, a través del cual se inadmitió por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria de diez de diciembre de dos mil veintiuno. INCOMPETENCIA Por ser un presupuesto procesal, es necesario dilucidar acerca de la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto planteado, y en la especie, este órgano de control constitucional advierte que carece de competencia para conocer del escrito inicial con base en las siguientes consideraciones: Los artículos 34, 47, 48 y 170 la Ley de Amparo, respectivamente, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. [.] Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. [.] Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, hipótesis (la última) que se actualiza en el presente caso, y, por lo tanto, corresponde conocer del asunto a los Tribunales Colegiados de Circuito. Lo anterior, tomando en conspiración que la parte quejosa reclama el acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dictado por la autoridad responsable en el toca de apelación 49/2023, a través del cual inadmitió por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria de diez de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, dentro de la causa de juicio 563/2020; es decir, el citado acto reclamado, al haber desechado el recurso idóneo para combatir la sentencia definitiva, implica la firmeza de esta última, por lo cual resulta procedente el juicio de amparo directo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 51/2004, registro 180958, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 21, Tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2004, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural." De igual forma, se invoca al efecto, por las razones que la integran, la tesis XXVII.3o.25 P (10a.), registro 2011976, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 2893, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2016, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "DENEGADA APELACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESE RECURSO Y DEJA INTOCADO EL DESECHAMIENTO DEL DIVERSO DE APELACIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN PARTICIPA DE LA NATURALEZA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA POR HABERLA SUSTITUIDO PROCESALMENTE, POR LO QUE LA OPORTUNIDAD PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN SU CONTRA DEBE REGIRSE POR EL PLAZO DE HASTA OCHO AÑOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA. Conforme al artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo, el plazo para promover la acción constitucional contra la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que impone pena privativa de la libertad, es hasta de ocho años. Ahora bien, tratándose de las resoluciones dictadas por el tribunal de alzada que resuelven el recurso de denegada apelación, también debe atenderse a este plazo, en virtud de que estas determinaciones constituyen la resolución definitiva impugnable en amparo directo que sin resolver el juicio penal lo da por concluido, ya que esta decisión implica la firmeza del auto que desechó el recurso de apelación y, por ende, de la sentencia condenatoria que impone pena privativa de la libertad, pues existe una sustitución procesal, como se definió en la jurisprudencia 1a./J. 97/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 50, de rubro: "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).". En ese sentido, atento a los efectos que produce la determinación que desecha el recurso de denegada apelación, esto es, la firmeza de la resolución que desechó el recurso de apelación, ello implica que, sin decidir el fondo de la controversia, se deja firme la sentencia recurrida, por lo que sus efectos son semejantes a los de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia, declarando infundado el recurso intentado, ya que igualmente en ambos casos concluye el juicio. De esta manera, si la naturaleza de dicha determinación implica dejar firme la sentencia recurrida, ya que incluso se asemeja, en sus efectos, a los de una sentencia que cuando resuelve tal recurso lo declara infundado y confirma la de primera instancia, es válido sostener que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. En consecuencia, para efectos de la oportunidad en la promoción del juicio constitucional en la vía directa, tratándose de la determinación que declara improcedente el recurso de denegada apelación y deja intocado el desechamiento del diverso de apelación promovido contra la sentencia condenatoria que impone pena de prisión, aquélla debe regirse por el plazo de hasta ocho años previsto en el mencionado artículo 17, fracción II, en virtud de que ante la falta de examen en segunda instancia de la resolución que impone pena privativa de la libertad, debe estimarse que la resolución que dejó intocado el acuerdo que desechó el recurso de apelación participa de la naturaleza de la sentencia condenatoria, por haberla sustituido procesalmente." No se soslaya que contra el citado auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, pudiera proceder el recurso de revocación contemplado en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues con independencia de ello, promover el juicio de amparo contra una determinación de esa naturaleza, torna procedente la vía directa en los términos antes mencionados y, por tanto, se surte la competencia a favor del Tribunal Colegiado de Circuito, quien tiene la facultad para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no, del principio de definitividad. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), registro 2008791, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 17, abril de 2015, tomo I, página 95, cuyo rubro es el siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En ese sentido, como la determinación reclamada constituye una resolución que pone fin al procedimiento penal de origen, con independencia de la procedencia, se surte la competencia a favor de un Tribunal Colegiado de Circuito; por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase este expediente, al Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Segundo Circuito, en turno, para que tenga a bien determinar lo conducente, solicitando el acuse de recibo respectivo. DOMICILIO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones EL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO, en términos de lo previsto en el numeral 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo. CONSULTA VÍA INTERNET Con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio al usuario "********************"; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente al quejoso en su centro de reclusión.

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