Miguel Angel Rodríguez Díaz

Expediente 529/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
529/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
16/07/2019

Partes del expediente

  • Miguel Angel Rodríguez Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el ocurso signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual acusa recibo del diverso a través del cual se le remitió el juicio 529/2019, promovido por ***, e informa que aceptó la competencia planteada. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, respecto al destino de este cuaderno, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto VIGÉSIMO, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, mismo que deroga el Acuerdo General Conjunto 1/2001, de la misma superioridad; consecuentemente, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de SEIS MESES.

  2. Principal

    I. DESAHOGO DE PREVENCIÓN. Agréguese al expediente el escrito firmado por el quejoso ******, mediante el cual, en desahogo a la prevención formulada el veintiséis de junio del año en curso, manifiesta: " . BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que la etapa procesal en la que se encuentra mi procedimiento de extradición es la etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas y no se ha dictado resolución. Así mismo, BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que la autoridad ante la cual me encuentro a disposición es C. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. Y respecto si he promovido diverso juicio de amparo relacionado con el procedimiento de extradición BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que existen diversos juicios de amparo, pero no son por los actos que se reclaman en el presente juicio.". II. ACTOS RECLAMADOS. Ahora bien, del ocurso inicial de demanda se advierte que la parte quejosa puntualiza como tales, los siguientes: 1) Del Fiscal General de la República: -"La omisión de dar contestación de manera directa al escrito presentado por el suscrito, evadiendo sus obligaciones" 2) Del Director General de Procedimientos Internacionales dependiente de la Fiscalía General de la República -"El oficio *********, mediante el cual solo hace un pronunciamiento de que ha tomado nota de lo solicitado por el suscrito" 3) Del Juez de Distrito, del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. -"La inminente opinión que habrá de emitir en la extradición ***** radicada en ese Centro de Justicia, derivado de la omisión de diversas responsables en actuar" III. DECLINACIÓN DE COMPETENCIA. Bajos esas consideraciones, debe destacarse que el numeral 37 de la ley de la materia dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la norma transcrita se derivan tres reglas básicas para determinar la competencia por territorio en favor de los jueces de Distrito, mismas que para una mejor comprensión se puntualizan: 1. La primera se obtiene del último párrafo del aludido precepto, el cual establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de cumplimiento material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. 2. La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, misma que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad ordenadora del acto de inconformidad, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener, trate, o se haya ejecutado el mismo, lo cual presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren que se materialice por parte de una diversa. 3. La última previsión normativa, más que una regla diferente en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la segunda precitada, ya que sobre el mismo criterio para determinar la competencia a que se ha hecho referencia en el párrafo que antecede, se establece que en caso de que el acto reclamado haya comenzado en un Distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces federales de esas circunscripciones que haya prevenido, será el competente para conocer del asunto y emitir el fallo correspondiente. Bajo ese contexto, establecidos los tres supuestos conforme a los cuales debe fijarse la competencia de los jueces de Distrito, se observa que el inmerso en el primer párrafo del precepto legal en cita, se establece que le corresponderá el conocimiento del asunto al juzgador que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener, trate, o se haya ejecutado el acto reclamado; con independencia de que en la demanda de garantías no se reclame concretamente el cumplimiento de aquél, ni se mencione autoridad ejecutora, porque, de llegar a tales extremos, la competencia de los órganos de control constitucional quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no tales responsables. Sirve de apoyo, por el criterio que la rige la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." (Publicada en la página 1299, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época). Así, del contenido de la demanda de amparo y del escrito de desahogo se desprende que en esencia lo que reclama el quejoso es "La inminente opinión que habrá de emitir en la extradición ********** radicada en ese Centro de Justicia, derivado de la omisión de diversas responsables en actuar", -por vicios propios-. Por lo que la emisión de la opinión, sin que se hayan atendido las peticiones solicitadas por el quejoso, debe tener ejecución en el lugar en que radique el juez instructor del procedimiento de extradición, siendo en el presente caso, el JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO; dado que se debe conservar la unidad del procedimiento de extradición a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones en las diversas etapas de aquél, que pueden dar lugar a dictar criterios contradictorios. Lo anterior es así, en virtud de que incluso el quejoso en escrito de desahogo, señala que ha combatido actos del procedimiento de extradición radicados en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con los consecutivos ******* y *****. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES QUE CONCEDE LA EXTRADICIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y NO DEL QUE RADIQUE EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO. De los artículos 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013 y 37 de la vigente a partir del día siguiente -normas que fijan los criterios de competencia de los jueces de distrito-, deriva que cuando el acto reclamado tenga ejecución material, la competencia para conocer del juicio de amparo se surte a favor del juez que ejerza jurisdicción donde se materializan los efectos del acto reclamado. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la que se instruye el procedimiento de extradición y promueve juicio de amparo contra la resolución definitiva mediante la cual la Secretaría de Relaciones Exteriores la concede, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez instructor del procedimiento respectivo, pues si bien es cierto que dicha resolución es la que da la pauta para la entrega del reclamado, también lo es que el artículo 34 de la Ley de Extradición Internacional establece un procedimiento al que debe sujetarse esta entrega, la cual se realizará al personal autorizado por el Estado que obtuvo la extradición en el puerto fronterizo o, en su caso, a bordo de la aeronave en que deba viajar el extraditado. De lo anterior se advierte que el cumplimiento de la resolución que concede la extradición comienza con la extracción del reclamado del lugar de su reclusión, a fin de ponerlo a disposición de la Procuraduría General de la República, por ser ésta la encargada de su entrega al Estado reclamante en el lugar convenido, el cual, por estar sujeto al sitio donde se acuerde la entrega, puede no coincidir con la jurisdicción del juez del lugar donde se encontraba recluido el reclamado. Este criterio obedece al propósito de conservar la unidad del procedimiento de extradición, así como el permitir la emisión de criterios generales a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones en las diversas etapas de aquél, que bien podrían ser contradictorias." (Consultable en la página 853, del Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Tesis 1ª./J. 116/2013 10a) de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Máxime que, dado que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, resulta evidente que los citados actos, de ser el caso, tendrán ejecución en dicho centro penitenciario; de ahí que la competencia se surta en favor del juez donde se lleva a cabo el procedimiento respectivo y del lugar en el que el quejoso se encuentra recluido. Tiene aplicación por las razones expuestas la tesis aislada II.2o.P.79 P (10a.) visible en la página 2924, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Tomo II, febrero de 2019, Décima Época, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA EJECUCIÓN -POR VICIOS PROPIOS- DE LA ORDEN DE EXTRADICIÓN (TARDANZA, RETRASO O DEMORA EN LA ENTREGA MATERIAL DEL RECLAMADO AL ESTADO REQUIRENTE). SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN EL QUEJOSO PERMANEZCA RECLUIDO. La naturaleza del acto reclamado consistente en el transcurso excesivo del tiempo sin que se materialice la orden de extradición autorizada por las autoridades competentes, corresponde a la de un acto de ejecución material, porque la tardanza, el retraso, la demora o cualquier otro defecto en la ejecución del acto concreto de la extradición, se relacionan con la ejecución del acto y sus posibles vicios, no con su fundamento, procedencia y legalidad, que ya fueron, incluso, previamente determinados cuando se analizó la constitucionalidad de la orden de extradición, en sí misma. Además, se infiere que, en este supuesto, el reclamo del retraso en la entrega material del reclamado al Estado requirente, conlleva la pretensión del quejoso de ser extraditado preferentemente, a permanecer sin que se materialice dicha orden, lo que implica la inconformidad con la continuidad en la permanencia de las condiciones y circunstancias en que se encuentra privado de su libertad personal en el sitio en el que se halle, pues sería absurdo suponer lo contrario y pensar que, en este caso, el amparo impidiera la ejecución o culminación de la orden definitiva de extradición. Aspecto que repercute, incluso, para definir las cuestiones inherentes a la eventual solicitud de suspensión del acto. Por ello, al tratarse de un acto de ejecución material que sólo puede reclamarse por vicios propios de ejecución, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción el quejoso permanezca recluido, ya que la ejecución cuya tardanza o demora se reclama, incide necesariamente en las condiciones de privación de la libertad en las que aquél se mantiene, en tanto no se cumpla fácticamente la orden de extradición a la que está sujeto ineludiblemente." Por lo anterior expuesto, se está ante la primera de las hipótesis contenidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que estipula que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En tales condiciones, se considera que la competencia por razón de territorio recae en el JUEZ DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA. En similar sentido se pronunció el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, al resolver el conflicto competencial **********, suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca y el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Sin que obste a lo anterior, que el peticionario señale también como actos reclamados: -"La omisión de dar contestación de manera directa al escrito presentado por el suscrito, evadiendo sus obligaciones" y -"El oficio *******, mediante el cual solo hace un pronunciamiento de que ha tomado nota de lo solicitado por el suscrito" Lo anterior, en virtud de que la causa de pedir del quejoso lo constituye "La inminente opinión que habrá de emitir en la extradición ******* radicada en ese Centro de Justicia.", y el propio peticionario refiere que dicha opinión derivará de la omisión de las responsables de actuar en la forma solicitada en el escrito petitorio, cuya omisión también por esta vía reclama; razón por la cual, atendiendo a la continencia de la causa los citados actos, deben estudiarse en forma conjunta al estar estrechamente ligados entre sí. Debe precisarse que al tratarse de actos de efectos positivos, la competencia se debe fincar en favor del juez dentro de cuya jurisdicción el acto de imperio tendrá consecuencias jurídicas y de hecho. Lo anterior, tiene sustento en la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, interpretada en sentido contrario, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL JUEZ DE DISTRITO ADMITE ÍNTEGRAMENTE AQUELLA EN LA QUE SE RECLAMAN ACTOS DE DISTINTA NATURALEZA QUE ESTÁN FUERTEMENTE LIGADOS ENTRE SÍ Y AL CELEBRAR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DIVIDE LA CONTINENCIA DE LA CAUSA AL DECLINAR SU COMPETENCIA PARA CONOCER RESPECTO DE ALGUNO DE ELLOS, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DE LA REVISIÓN DEBE ORDENAR REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA EL EFECTO DE QUE SE RESUELVA COMPLETAMENTE EL ASUNTO PLANTEADO. Si el Juez de Distrito admite íntegramente una demanda de amparo en la que se reclaman actos de distinta naturaleza, como puede ser penal y administrativa, que están fuertemente ligados entre sí, puesto que tienen el mismo sustento y origen, por el hecho de haber prevenido queda surtida su competencia para conocer de ella totalmente, por no estar facultado para desintegrarla y desvincular dichos actos. En esas condiciones, si al celebrar la audiencia constitucional aquél divide la continencia de la causa al declinar su competencia para conocer respecto de alguno de los mencionados actos, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión, a fin de corregir la irregularidad precisada y atento al principio de indivisibilidad de la señalada demanda, con fundamento en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se resuelva completamente el asunto planteado." (Consultable a foja 3120, del Tomo XXX, Septiembre de 2009 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). Y la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito que señala: "ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL PRINCIPIO DE CONTINENCIA DE LA CAUSA OBLIGA AL JUZGADOR A ESTUDIAR TODOS SUS COMPONENTES, AUNQUE ALGUNOS NO SEAN DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. En los juicios de amparo, tomando en consideración la unidad de la demanda y que se trata de un solo acto reclamado, no puede dividirse la continencia de la causa, esto es, no es posible examinar una parte de dicho acto y omitir el estudio de otra, bajo el argumento de que la determinación contenida en una de ellas sí trae aparejada una ejecución de imposible reparación y lesiona los derechos de la agraviada, en tanto que las consideraciones en que se sustenta la segunda parte no ocasiona una afectación de tal naturaleza, por tratarse de una violación procesal reclamable en el juicio de amparo directo que llegare a promoverse en contra de la sentencia definitiva, puesto que al ser procedente la vía indirecta en la primera hipótesis referida, ello es suficiente para que la autoridad jurisdiccional que conozca del juicio constitucional emprenda el estudio del resto de los argumentos que conforman el acto reclamado, aunque estos últimos no ocasionen una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la quejosa." (Publicada en la página 1412, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, octubre de 2001, Tomo 3 Décima Época). Consecuentemente, con fundamento en el precepto 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los arábigos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano de control constitucional se DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer del escrito de garantías y se declina en favor del JUEZ DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, EN TURNO. Por ello, previo cuaderno de antecedentes que se forme, envíense el expediente original, así como las correspondientes copias de la demanda y escrito de desahogo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, para que por su conducto lo haga llegar al órgano jurisdiccional en turno, solicitándole a éste el acuse de recibo y la comunicación de lo que determine al respecto.

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