Miguel Angel Rodríguez Días

Expediente 502/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
502/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Miguel Angel Rodríguez Días

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    DE LA REVISIÓN EFECTUADA AL EXPEDIENTE SE ADVIERTE QUE YA OBRAN LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE; ASIMISMO, QUE EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA COMUNICÓ QUE SE AVOCÓ DEL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO Y QUE LO REGISTRÓ CON EL NÚMERO DE JUICIO DE AMPARO 363/2020. HÁGANSE LAS ANOTACIONES RESPECTIVAS EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHÍVESE EL PRESENTE CUADERNO DE ANTECEDENTES COMO ASUNTO CONCLUIDO.

  2. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de septiembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Encargada del Departamento de Servicios Médicos y por el Director Jurídico, en ausencia del Director General, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número UNO "Altiplano", por medio del cual rinden informe en relación con la medida cautelar dictada en autos. Atento a lo anterior, atendiendo a que en auto de nueve de junio pasado esta Juzgadora declino´ su competencia para conocer del presente asunto, remítase el oficio de cuenta al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, toda vez que es el órgano jurisdiccional que se avoco´ al conocimiento del asunto, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda, previa copia simple que se deje en autos.

  3. Principal

    Ciudad de México, once de junio de dos mil veinte. Por recibido el oficio 4799/2020 con evidencia criptográfica de la Secretaria del Juzgado octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto con número de orden 36/2020 y número de origen 36/2020 del índice de este Juzgado Federal, por las razones que expone. Atento a lo anterior, se confirma la recepción del exhorto de cuenta y agréguese a los autos para que obre como corresponda; y en virtud de su contenido, reexpídanse los oficios respectivos para que se realice la notificación de las autoridades respectivas, dada la urgencia de dicha diligencia. Por otra parte, agréguese al expediente el oficio presentado en línea con evidencia criptográfica de Israel Estrada Velázquez adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca en el que confirma la recepción del juicio de amparo 503/2020; además, comunica que se avoca al conocimiento de la demanda promovida por Miguel Ángel Rodríguez Díaz, registrándolo con el número 363/2020-I. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y una vez que obre en autos la diligencia ordenada en el auto de nueve de junio del presente año, archívese el presente cuaderno como asunto concluido. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Ciudad de México, a nueve de junio de dos mil veinte. Con la demanda de amparo presentada por *****, por conducto de quien se ostenta como su defensor privado *****; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 502/2020 y dese de alta en el sistema correspondiente. Del análisis integral de la demanda, anexos y ocurso aclaratorio, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer del presente asunto Por cuestión de orden, debe observarse que en materia jurisdiccional, la competencia es la facultad que tiene un juez para conocer de ciertos negocios y esa facultad debe serle atribuida por la ley o puede derivarse de la voluntad de las partes. En el caso del amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos, a saber: a) La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto o directo). En el amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 107 de la Ley de Amparo, el órgano competente es un Juzgado de Distrito. b) La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en los artículos 48 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. c) El territorio, el cual está regulado por el artículo 37, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. Respecto de la competencia por territorio, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la anterior trascripción, se conoce, esencialmente, que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Con base en lo anteriores supuestos, puede establecerse que: 1) El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquél en donde: a) El acto aún no ha sido ejecutado; y, b) En virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos habrán de tener ejecución en ese lugar e indudablemente se ejecutarán dentro de esa jurisdicción, tal y como se establece en la tesis que refiere: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. 2) El lugar en donde trate de ejecutarse, es aquél donde iniciaron o realizaron actos con la finalidad de consumarla, pero sin que se haya ejecutado en su totalidad, al no haber sido posible producir o culminar los efectos que eran objeto del acto de autoridad. 3) En donde se esté ejecutando, es aquél en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda; y, 4) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquél en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción, supuesto que puede dar cabida a dos tipos de actos con base a sus efectos, a saber: En el caso, el acto reclamado de forma destacada consiste en la negativa de proporcionar al quejoso la atención médica que requiere; en ese sentido, de la demanda de observa que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano; por tanto, se considera que es competente el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde el quejoso está privado de su libertad. Sin que sea obstáculo para ello, el hecho de que el acto reclamado se haga consistir en una abstención por parte de las responsables; sin embargo, este órgano jurisdiccional advierte que dicho acto tiene efectos positivos, que consisten en un hacer por parte de las responsables. De ahí, que el acto reclamado de forma destacada tendrá ejecución en el lugar en el que el justiciable se encuentra recluido. Asimismo, resulta aplicable la tesis sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. INCOMPETENCIA Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ESTE JUZGADO DECLINA SU COMPETENCIA y ordena remitir el presente expediente al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, a quien se solicita atentamente informe si acepta la competencia declinada en su favor. Fórmese cuaderno de antecedentes. SUSPENSIÓN DE PLANO En otro contexto, el presente asunto se ubica en uno de los supuestos a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De lo transcrito se conoce que procede la suspensión de oficio y de plano, en los siguientes casos: a) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, b) Tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Con esa base, es que este órgano de control constitucional considera que la falta de atención médica, constituye un acto que de continuar ejecutándose haría físicamente imposible la restitución en el goce de la garantía violada, no obstante que el artículo 77 de la Ley de Amparo establece que sus efectos, consistirán en restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus garantías individuales y, en el caso de negarse la suspensión de oficio, no sería factible pues la sentencia que se dicte sería ineficaz al llevarse a cabo dicho acto hasta su total conclusión. En ese sentido, se estima que la parte quejosa solicita la suspensión de plano contra los actos reclamados; esto es, contra la negativa a proporcionarle atención médica para los tumores que presenta en la espalda baja; así como la omisión por parte de las responsables de tomar las medidas necesarias para protegerse contra el virus del COVID-19; en el entendido, que bajo protesta de decir verdad, manifestó que pertenece a un grupo vulnerable al padecer asma e hipertensión. En esa medida, es obligación de este Juzgado decretar las medidas necesarias para preservar el estado de salud del justiciable, tal como lo dispone el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en lo que aquí importa, establece: "4º(.)--- Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." De las transcripción que antecede se colige que el derecho a la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, a través de la implementación de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general, lo que implica información, prevención, atención, control de enfermedades y otorgamiento de medicamentos y otros insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, cuya existencia y disponibilidad debe estar garantizada. Así, en el texto constitucional reproducido en párrafos anteriores, por una parte se reconoce el derecho fundamental del que gozan todos los gobernados a tener servicios de salud, los cuales deben ser proporcionados por el Estado a través de instituciones públicas que se establezcan para tal efecto. De igual manera el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dispone lo siguiente: "12 --- 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. --- 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: --- a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; ---b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; --- c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; --- d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad." Igualmente, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", establece lo siguiente: "Artículo 10 --- Derecho a la salud --- 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: --- a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; --- b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; --- c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; --- d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; --- e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y --- f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.". Instrumentos internacionales, que al igual que nuestra Carta Magna, reconocen el derecho que tiene toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, así como la obligación del Estado en establecer las medidas necesarias para lograrlo. Sobre ese tópico, y principalmente, por el acontecimiento inesperado que se vive en esta Ciudad de México, en los Estados de la República Mexicana y en gran parte del mundo, provocado por la propagación y contagio del virus SARS-Co2 (COVID -19), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el diez de abril de dos mil veinte, emitió la resolución No. 1/2020, en la que estableció que las medidas adoptadas por los Estados miembros en relación con esa pandemia debe tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos, como lo son, principalmente, la vida, la salud y la integridad personal de la sociedad en general, en la que, evidentemente, se incluyen los grupos en situación de especial vulnerabilidad (diabéticos, hipertensos, enfermedades crónicas, obesidad, edad adulta, infantes, etc). Destacando que la salud es un bien público que debe ser protegido por todos los Estados y que ese derecho incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación. Por tal motivo, realizó algunas recomendaciones, en las que, para efectos de este asunto, destaca la relativa a adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las personas. Tales medidas deben estar enfocadas de manera prioritaria a prevenir los contagios y brindar un tratamiento médico adecuado a las personas que lo requieran. Sentado lo anterior, resulta evidente la obligación de este Juzgado de Distrito en decretar las medidas necesarias para proteger los derechos de salud, vida e integridad de los que goza la parte justiciable. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. XV/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. Ahora, en cambio, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales". Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis 1a. LXV/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS "Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud". Es relevante mencionar que el pasado once de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud, declaró que la enfermedad por virus COVID-19 es oficialmente una pandemia, por lo que ante dicho panorama, el Secretario de Salud, en observancia al mandato de garantizar la protección de la Salud consagrado en el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Federal expidió el "ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo del año en curso, en cuyo artículo SEGUNDO, inciso a), señaló los grupos vulnerables que no deben asistir a su centro de trabajo, entre lo que se encuentran: "ARTÍCULO SEGUNDO. Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: --- a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; [.]". Entonces, si el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, ser parte de un grupo vulnerable por padecer asma e hipertensión, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se CONCEDE la suspensión de plano a *****, para que el Director y el Director del Área Médica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social 1 Altiplano, le proporcionen la atención médica que requiera a efecto de salvaguardar su integridad física y su salud. Puesto que al ser parte de un grupo vulnerable debido al asma e hipertensión que dice padecer, se encuentra en un alto estado de vulnerabilidad respecto del virus mencionado y de la enfermedad que padece. Para ello, la responsable podrá implementar con libertad de decisión, las medidas que considere pertinentes para lograr el cumplimiento a la suspensión otorgada. Ello implica que la responsable deberá dejar de lado las formalidades administrativas que impidan la consecución del fin referido, como principio de relevancia a salvaguardar. Pues de razonar en sentido contrario, se causarían daños de difícil o imposible reparación a la salud de la parte quejosa; además, se pondría en peligro su vida, e incluso a los demás reclusos que se encuentren en el Centro Federal de Readaptación Social 1 Altiplano, así como de las personas que ahí laboran. Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija requisito de efectividad alguno, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE". Importa destacar que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: --- (...) --- III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a aquél en que queden debidamente notificados de esta determinación, informen sobre la forma en la que han dado cumplimiento a la suspensión de plano otorgada. En este punto, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el referido artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, siempre y cuando no exista duda y resulte evidente su existencia, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan. Apercibidas que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula, el Juzgado de Distrito competente estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. EXHORTO Con fundamento en los artículos 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, y en el artículo 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula los Servicios Tecnológicos Relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros De Justicia Penal Federal, tramítese vía electrónica atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario judicial de su jurisdicción y se sirva notificar la presente determinación a las autoridades responsables Director y Director del Área Médica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social 1 Altiplano. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal invocado, de ser necesario, se faculta al Juez exhortado para que autorice al Actuario Judicial de su adscripción, a llevar a cabo la diligencia encomendada aún en horas y días inhábiles. Sin que sea necesario confirmar la recepción de la comunicación oficial que se envía, toda vez que el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE) genera la constancia correspondiente. Uso de medios electrónicos Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos -salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidencial-; para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello . Habilitación Actuarios De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Para ello, al llevarse a cabo la notificación de este proveído, y de conformidad con el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril del año corriente, los fedatarios públicos, en el acto de la diligencia, deberán solicitar el correo institucional de las responsables emplazadas para que las subsecuentes notificaciones se les realicen por ese medio y no se propicie el riego de contraer el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Posteriormente, deberán elaborar una lista con los correos correspondientes, a efecto de que el personal de este juzgado pueda facilitar su consulta y enviar los oficios que correspondan. Ello, con excepción de las dependencias que expresamente detalla ese acuerdo de difusión oficial. Asimismo, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Asimismo, tomando en consideración que la demanda de amparo fue recibida dentro de la guardia para recibir demanda en casos urgentes, en su oportunidad, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la recepción de dicha demanda, a efecto de que proceda a la compensación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, último párrafo, inciso c), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente asunto, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, a través de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos; asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para la reproducción de constancias, con la misma salvedad, y en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En consecuencia, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; y el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona que se menciona en el ocurso de mérito, únicamente la consulta del expediente electrónico, por medio del usuario vhlopez7. En términos de los artículos 26, fracción IV, y 12 de la Ley de Amparo, respectivamente, realícense las notificaciones de manera electrónica a la parte quejosa mediante el usuario que se señala. En caso de que las partes interpongan recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha y hora de recepción de la mencionada comunicación. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial pronta y efectiva y al debido proceso, de los artículos 12 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio ni requieran ser acordadas mediante determinación judicial adoptada por este órgano jurisdiccional, -por ejemplo, los acuses de recibo, las autorizaciones de las partes, las notificaciones a los peritos o gestiones para hacer efectivas multas ya impuestas, etcétera- con excepción de aquellas con las que por disposición expresa de la ley deba darse vista a las partes, se glosarán en el expediente, en términos del artículo 62 del citado código adjetivo, el secretario hará constar el día y la hora en que se presentó el oficio o escrito, considerando desde este momento procedente la pretensión plasmada en el documento, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas y, sólo en caso de que resulte notoriamente improcedente su solicitud, se comunicará a la parte promovente tal determinación mediante acuerdo del juzgado y notificación correspondiente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA. Así lo proveyó y firma Dinorah Hernández Jiménez, Jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con la Secretaria Karina Cruz Campos, que autoriza y da fe. Doy fe.

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