Miguel Ángel Rivera Rosales

Expediente 718/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
718/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
27/08/2018

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Rivera Rosales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    ii)Toluca, Estado de México; veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta patentiza que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformo contra el auto de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo, evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. 4. El original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo tercero). Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal; razón por lo cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada al presente cuaderno principal. De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veintiséis de los actuales. ii) Toluca, Estado de México; veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de trece de julio de dos mil dieciocho (foja 47), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Miguel Ángel Rivera Rosales por propio derecho, contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: "AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora: Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Procesal Acusatorio del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México. Ejecutora: Director del Centro Preventivo de Reinserción Social de Lerma. ACTO RECLAMADO - El auto dictado el veinticinco de abril de dos mil dieciocho en el expediente de ejecución 53/2015 que desechó por extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto por el hoy quejoso." Mediante sentencia terminada de engrosar el trece de junio de dos mil dieciocho (fojas 16 a 32), en lo relativo a los efectos del amparo, se determinó lo siguiente: "(.) En la especie, dado que la violación es de carácter positiva, el efecto de la protección federal será restituir a Miguel Ángel Rivera Rosales en el goce de los derechos fundamentales vulnerados, a saber, de audiencia, debido proceso y seguridad jurídica, por lo que el Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Procesal Acusatorio del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, deberá: a) Dejar insubsistente la resolución de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente de ejecución 53/2015. b) Hecho lo anterior considere que en la especie es aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal y conforme a dicha normativa, deberá reponer el procedimiento desde el auto de doce de abril de dos mil dieciocho para darle trámite a la solicitud del quejoso conforme a la citada legislación, para que con posterioridad, con plenitud de jurisdicción, resuelva como en derecho proceda. Concesión del amparo que debe hacerse extensiva al acto reclamado a la autoridad ejecutora Director del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Lerma, Estado de México, toda vez que la ejecución no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender del acto reclamado a la ordenadora. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 65, 74, 75, 76, 107, 119, 124, 215, 216 y 217 de la nueva Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Miguel Ángel Rivera Rosales, contra la autoridad mencionada en el considerando tercero, respecto del acto precisado en el considerando segundo, en los términos y para los efectos referidos en el último considerando de la presente resolución. Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que el Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Procesal de Acusatorio del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, dejará insubsistente la resolución de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente de ejecución 53/2015, así como reponer el procedimiento desde el auto de doce de abril de dos mil dieciocho, para darle trámite a la solicitud del quejoso de obtener el beneficio de libertad condicionada de localización y rastreo; lo anterior, basándose en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, mediante oficio 680, suscrito por el Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Procesal Acusatorio del Distrito Judicial de Lerma, México, informó sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitió copia certificada del acuerdo de once de julio del año en curso, en el que se observa que la responsable proveyó lo siguiente: "De tal suerte, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria amparante, en términos del numeral 192 de la Ley de Amparo en vigor, se deja insubsistente la resolución del veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente de ejecución en que se actúa; se repone el procedimiento desde el doce doce de abril de ese mismo año y se da trámite a la solicitud del sentenciado Miguel Ángel Rivera Rosales, ingresada el doce de abril del año en curso, en la oficialia de partes de este juzgado, acatando asi la ejecutoria amparante, emitida por el Juez de Distrito, quien arriba a la conclusión que el ordinal 141 de la Ley Nacional de Ejecucian Penal que regula el beneficio de libertad anticipada, entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis; en cuyo caso, la petición que realiza el sentenciado debe ser atendida y reglamentar su trámite de conformidad con la Ley Nacional de Ejecución Penal. En esa perspectiva, con fundamento en lo establecido por los articulo 1, 2, 116 fracción IV, 120, 121, 122 y 23 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a virtud de que el sentenciado solicita se le concede la libertad anticipada que regula el articulo 141 de aquella Ley, misma que se encuentra prevista como una controversia de conformidad con el ordinal 116, que debe ser resuelta por el Juez Especializado en Ejecución Penal, cuyo trámite se encuentra regulado en el Capitulo V, de la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, con apoyo en los numerales 122 párrafo primero y 123 fracción II de la citada Ley, se previene al sentenciado para que dentro del termino de setenta y dos horas contadas a partir de la legal notificación de este proveído, haga saber a este unitario sí cuenta con medios de prueba que ofertar, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se desechara de piano su petición". Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Bajo esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    ii) Toluca, Estado de México; veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de trece de julio de dos mil dieciocho (foja 47), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Miguel Ángel Rivera Rosales por propio derecho, contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: "AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora: Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Procesal Acusatorio del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México. Ejecutora: Director del Centro Preventivo de Reinserción Social de Lerma. ACTO RECLAMADO - El auto dictado el veinticinco de abril de dos mil dieciocho en el expediente de ejecución 53/2015 que desechó por extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto por el hoy quejoso." Mediante sentencia terminada de engrosar el trece de junio de dos mil dieciocho (fojas 16 a 32), en lo relativo a los efectos del amparo, se determinó lo siguiente: "(.) En la especie, dado que la violación es de carácter positiva, el efecto de la protección federal será restituir a Miguel Ángel Rivera Rosales en el goce de los derechos fundamentales vulnerados, a saber, de audiencia, debido proceso y seguridad jurídica, por lo que el Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Procesal Acusatorio del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, deberá: a) Dejar insubsistente la resolución de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente de ejecución 53/2015. b) Hecho lo anterior considere que en la especie es aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal y conforme a dicha normativa, deberá reponer el procedimiento desde el auto de doce de abril de dos mil dieciocho para darle trámite a la solicitud del quejoso conforme a la citada legislación, para que con posterioridad, con plenitud de jurisdicción, resuelva como en derecho proceda. Concesión del amparo que debe hacerse extensiva al acto reclamado a la autoridad ejecutora Director del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Lerma, Estado de México, toda vez que la ejecución no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender del acto reclamado a la ordenadora. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 65, 74, 75, 76, 107, 119, 124, 215, 216 y 217 de la nueva Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Miguel Ángel Rivera Rosales, contra la autoridad mencionada en el considerando tercero, respecto del acto precisado en el considerando segundo, en los términos y para los efectos referidos en el último considerando de la presente resolución. Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que el Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Procesal de Acusatorio del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, dejará insubsistente la resolución de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente de ejecución 53/2015, así como reponer el procedimiento desde el auto de doce de abril de dos mil dieciocho, para darle trámite a la solicitud del quejoso de obtener el beneficio de libertad condicionada de localización y rastreo; lo anterior, basándose en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, mediante oficio 680, suscrito por el Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Procesal Acusatorio del Distrito Judicial de Lerma, México, informó sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitió copia certificada del acuerdo de once de julio del año en curso, en el que se observa que la responsable proveyó lo siguiente: "De tal suerte, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria amparante, en términos del numeral 192 de la Ley de Amparo en vigor, se deja insubsistente la resolución del veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente de ejecución en que se actúa; se repone el procedimiento desde el doce doce de abril de ese mismo año y se da trámite a la solicitud del sentenciado Miguel Ángel Rivera Rosales, ingresada el doce de abril del año en curso, en la oficialia de partes de este juzgado, acatando asi la ejecutoria amparante, emitida por el Juez de Distrito, quien arriba a la conclusión que el ordinal 141 de la Ley Nacional de Ejecucian Penal que regula el beneficio de libertad anticipada, entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis; en cuyo caso, la petición que realiza el sentenciado debe ser atendida y reglamentar su trámite de conformidad con la Ley Nacional de Ejecución Penal. En esa perspectiva, con fundamento en lo establecido por los articulo 1, 2, 116 fracción IV, 120, 121, 122 y 23 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a virtud de que el sentenciado solicita se le concede la libertad anticipada que regula el articulo 141 de aquella Ley, misma que se encuentra prevista como una controversia de conformidad con el ordinal 116, que debe ser resuelta por el Juez Especializado en Ejecución Penal, cuyo trámite se encuentra regulado en el Capitulo V, de la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, con apoyo en los numerales 122 párrafo primero y 123 fracción II de la citada Ley, se previene al sentenciado para que dentro del termino de setenta y dos horas contadas a partir de la legal notificación de este proveído, haga saber a este unitario sí cuenta con medios de prueba que ofertar, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se desechara de piano su petición". Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Bajo esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    ii)Toluca, Estado de México; veinte de julio de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Director del centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, México, mediante el cual informa que recibió la cédula de notificación emitida por el Juzgado de Ejecución de Sentencias en el cual le hace del conocimiento que se deja insubsistente la resolución de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese para los efectos legales correspondientes, toda vez que en auto de trece de julio de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a la parte quejosa con la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo el Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Procesal Acusatorio del Distrito Judicial de Lerma, México, asimismo, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en auto de cinco de julio de dos mil dieciocho.

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