Miguel Ángel Rivera López

Expediente 433/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
433/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
03/07/2019

Partes del expediente

  • Joel López Ortiz
  • Miguel Ángel Rivera López
  • Juez Único Penal de Primera Instancia del Partido Judicial de Mexicali
  • Basilio López Montoya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la determinación de catorce de junio de dos mil diecinueve, se declara que la misma ha causado estado; hágase del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio fuera de la audiencia constitucional, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el ocho de julio de dos mil veinticuatro Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda, el ocho de julio de dos mil veintidós Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de junio de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales, los informes justificados rendidos por la autoridad responsable y anexo que a uno de ellos se acompaña; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por un término de ocho días hábiles, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El texto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieren cesado, es decir, cuando el acto que constituye la materia del juicio quede insubsistente, y las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, extinguiendo por completo todas las consecuencias jurídicas, virtud de un acto posterior y diverso. Acorde con lo anterior, se considera que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado, el cual se hizo consistir en la omisión de trasladar a los aquí quejosos Miguel Ángel Rivera López, Joel López Ortiz, Basilio López Lozoya, Cirilo Ontoniel López López y Doroteo Angulo Solano, del Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California, al Centro de Reinserción Social Mexicali, conforme a lo ordenado por el Juez Único Penal de Primera Instancia del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, dentro de la causa penal 450/2007-4, virtud que el veintiuno de mayo del año en curso, se llevó a cabo la referida transferencia, lo que se corrobora con la copia autentificada del acta de entrega-recepción de los privados de la libertad -foja 78-. Probanza que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, eficaz para demostrar que han cesado los efectos del acto reclamado por los impetrantes. Por lo que, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se deja insubsistente la fecha programada para que tuviera verificativo la audiencia referida en el párrafo anterior, para lo cual se señalaron las diez horas con cincuenta minutos del nueve de julio de dos mil diecinueve. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Finalmente, visto el estado de autos se advierte que mediante acuerdo de diecisiete de mayo del año en curso, se giró exhorto a la parte quejosa a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha lo hubiere hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia, y con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese a la misma el referido auto, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    hago constar que se notifica a la parte quejosa, el acuerdo de catorce de junio de dos mil diecinueve, emitido en autos del expediente al rubro citado, por medio de lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado de distrito, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en términos de los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Juez Provisional del Juzgado Único de Primera Instancia Penal, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado el diecisiete de mayo del año en curso, informa que Alma Lorena Araujo Ramos y Rubén Amaya Coronado, son defensores particulares de los quejosos, y al efecto remite copia certificada de las constancias que acreditan su dicho; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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