Miguel Ángel Rivera Hernández
Expediente 431/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 23 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 23/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Miguel Ángel Rivera Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia de cuatro de agosto de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad, con su artículo segundo, en relación con el numeral 86 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de la fecha de notificación de la mencionada resolución a las autoridades responsables, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la misma afectara el acto que les fue reclamado; lo que no acontece en la especie, dado el sentido de la sentencia dictada. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL CUADERNO PRINCIPAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo el plazo de conservación y transcurridos los tres años que se establecen en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. CUADERNO INCIDENTAL ORIGINAL. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo, el original del cuaderno incidental es destruible, en virtud de que haberse negado la suspensión provisional y definitiva y dado que no existen documentos originales, remítase físicamente al archivo de este Juzgado junto con el expediente principal y una vez transcurrido el plazo de tres años, procédase a su destrucción en términos de lo previsto en el citado numeral, con apoyo además en el diverso 24 del mismo ordenamiento. CUADERNO INCIDENTAL DUPLICADO. Por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del plazo de seis meses, en términos de lo previsto en los artículos 20, fracción II, inciso a) y 24 del indicado Acuerdo. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente y en el original y duplicado del incidente de suspensión que son susceptibles de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. DEVOLUCION DE CONSTANCIAS. Ahora, toda vez que no es necesaria la retención de las constancias que acompañó a su informe justificado la Agente Fiscal adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales y Fraudes de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, devuélvasele y se solicita se sirva acusar recibo, previo glose de la portada del anexo uno formado con el citado expediente. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente acuerdo al original y duplicado del incidente. Notifíquese.
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Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Téngase recibido el escrito remitido por Amalec López Salinas, y, atento a su contenido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, expídase a su costa las copias certificadas que solicita, previa razón de recibo que se deje en autos. En la inteligencia que el horario de atención autorizado a este órgano jurisdiccional comprende de las ocho horas con treinta minutos a las dieciséis horas con treinta minutos. Por ende, se precisa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, deberá generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este Juzgado Federal, a efecto de que se le otorgue un código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional, en el horario citado. En virtud de lo anterior, reitérese al quejoso que debido al límite máximo de la duración de la cita (veinticinco minutos) y que además las copias que solicita pide le sean expedidas certificadas, atento a que en el esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020, que limita la presencia física y el horario del personal de este Juzgado Federal, la entrega de las copias se efectuará en una fecha posterior, previa comunicación que entable con la secretaria de acuerdos, al número de teléfono y/o correo electrónico que para el efecto se encuentra en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" apartado "consulta de directorio de los órganos jurisdiccionales" del citado Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.
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CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 17, 94, 103 fracción I, y 107 fracciones I, II, primer párrafo, y III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto, en acatamiento a la jurisprudencia 40/2000 y tesis aislada VI/2004, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se fijan los actos reclamados, los cuales en el presente juicio de amparo lo constituyen: Al Agente Fiscal adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales y Fraudes de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Expedición del oficio por el cual se ordena la anotación marginal dentro de la escritura pública con folio R08-033199, derivado de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/26374/19. Al Registrador del Instituto Registral y Catastral del Octavo Distrito Judicial de Tamazunchale, San Luis Potosí. Anotación marginal dentro de la escritura pública con folio ... propiedad del quejoso. TERCERO. Negativa del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados al Fiscal General de Justicia en el Estado de San Luis Potosí por conducto de la Vicefiscal Jurídico y Director Jurídico del Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí por así haberlo manifestado al rendir sus respectivos informes justificados; sin que la parte quejosa haya desvirtuado las negativas de las potestades responsables, pues correspondía a la misma demostrar su existencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados y autoridades mencionadas. Al caso se invoca la jurisprudencia identificada con el número 310, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo II (septiembre dos mil once), Sexta Época, registro digital 804176 cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, toda vez que así lo reconocieron el Agente Fiscal adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales y Fraudes de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y el Registrador del Instituto Registral y Catastral del Octavo Distrito Judicial de Tamazunchale, San Luis Potosí, al rendir sus respectivos informes justificados. Circunstancia que además se corrobora con el contenido de las copias certificadas de la carpeta de investigación ... que remitió el agente del Ministerio Público responsable, las cuales adquieren pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º del último de los ordenamientos en comento. CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Toda vez que las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público, su estudio es preferente, las invoquen o no las partes, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este órgano estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que refieren: ... La transcripción que antecede permite sostener que el juicio biinstancial es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda de amparo dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 transcrito, prevén las excepciones a la regla general, respecto de la oportunidad para presentar la demanda de amparo. Esto es: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese contexto, de la interpretación armónica de los numerales citados, puede concluirse que el plazo para promover el juicio de amparo, por regla general es de quince días, ya que en el caso no se está en alguno de los supuestos de excepción planteados por el aludido numeral. Por otro lado, conforme al artículo 18 de la legislación en comento, el plazo aludido se contabilizará a partir del día siguiente al en que: Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame, El quejoso haya tenido conocimiento del acto que reclama o de su ejecución. El quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. El primero de dichos supuestos deriva de la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, se hace saber al agraviado el acto reclamado, esto es, mediante una notificación practicada conforme a la ley que rija el acto y, por ende, referente válido para efectos del aludido cómputo. Por cuanto hace al segundo, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable [distinto a la notificación], de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento, en determinada fecha de los actos reclamados; empero, ese conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. Y la última hipótesis implica una manifestación del quejoso a través de la cual acepta que sabe del acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa que evidencia la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado; por ello, cuando el quejoso se manifiesta sabedor desde determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa, toda vez que ello se evidencia de ese reconocimiento, de tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente enterado del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho, para que el juzgador de amparo contabilice el plazo para la presentación de la demanda desde la fecha referida en esa manifestación. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo comience a computarse a partir del día siguiente al en que se verifica cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. En el caso, de las constancias allegadas por la autoridad ordenadora responsable se advierte que en la carpeta de investigación ... llevada ante el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de delitos patrimoniales, en la ciudad de San Luis Potosí, capital, el aquí quejoso Miguel Ángel Rivera Hernández, ostenta el carácter de indiciado, merced a la denuncia presentada por Juan Carlos Carvajal Vidales, falsificación de documentos. Ahora, del informe justificado rendido por la autoridad responsable denominada Agente Fiscal de la Unidad Especializada en la Investigación de Delito Patrimoniales y Fraudes, con residencia en la Ciudad de San Luis Potosí, capital, se advierte que tal autoridad emitió oficio número ... de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dirigido al Registrador del Instituto Catastral del Octavo Distrito Judicial en Tamazunchale, San Luis Potosí, suscrito por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, quien se encontraba adscrito a esa Unidad de Delitos Patrimoniales en la fecha mencionada del citado oficio, en el que solicitó al Instituto Registral, la anotación marginal sobre la inscripción ... Por otro lado, de las mismas constancias a fojas ciento setenta y siete a ciento ochenta y seis, se advierte la existencia de un escrito del hoy impetrante de amparo dirigido al agente del Ministerio Público responsable y recibido el dieciséis de enero de dos mil veinte, al que le anexó el certificado de libertad de gravamen correspondiente, ocurso por el cual le solicitó a la autoridad responsable dejara sin efecto el oficio en este amparo reclamado, así como que girara un diverso oficio al Registrador responsable con el fin de que cancelara la anotación marginal realizada. Por tanto, con dicha documental se desprende de manera fehaciente que el accionante de amparo conocía desde el día diez de enero de dos mil veinte, tanto la anotación marginal realizada por el Registador Público responsable, así como el oficio por el cual se ordenó aquella, incluso el quejoso anexó copia certificada de la constancia registral fechada el diez de enero de dos mil veinte, suscrita por el Registrador del Octavo Distrito Judicial del Instituto Registral y Catastral de Tamazunchale, San Luis Potosí, boleta de escritura acta 17816 del volumen número 170 pasada ante la fe del Notario Público número 3, del Distrito Judicial de Tamazunchale, San Luis Potosí, con residencia en Axtla de Terrazas, el día once de mayo de dos mil diecinueve, que adquirió mediante compraventa a ... Así las cosas, se colige que se actualiza la segunda hipótesis contemplada en el numeral 18 de la Ley de Amparo, para computar el plazo para presentar la demanda de amparo, esto es, un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable [distinto a la notificación], que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento, en determinada fecha de los actos reclamados; empero, ese conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. En ese sentido, la demanda de amparo que dio origen al presente asunto resulta extemporánea, ya que fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, hasta el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, según se advierte del sello de recibido, esto es, fuera del término de quince días que para tal fin se establece en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues desde la data en que el quejoso sabía de la existencia del acto reclamado diez de enero de dos mil veinte-, a la fecha de presentación de la demanda, ya había transcurrido el término de quince días que para tal efecto se prevé en el numeral en cita. Se considera así, toda vez que si el auto reclamado fue conocido personalmente por el quejoso en esa data, el diez de enero de dos mil veinte, en virtud de que solicitó al Instituto Catastral Registral medio , la expedición de un certificado de libertad de gravamen del inmueble ya descrito; por lo tanto, sí estaba enterado de ese gravamen, tan es así que solicitó a la representación social responsable ordenara la cancelación del oficio de que se trata; de ahí que a partir de esa fecha diez de enero de dos mil veinte, el término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a transcurrir al día hábil siguiente, esto es, el trece de enero de dos mil veinte y concluyó el treinta y uno de enero siguiente, al ser inhábiles los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de enero de dos mil veinte. No se soslaya que la parte quejosa sostenga que la autoridad responsable denominada Agente Fiscal de la Unidad Especializada en la Investigación de Delito Patrimoniales y Fraudes, con residencia en la Ciudad de San Luis Potosí, capital, carece de facultades para ordenar anotaciones marginales en el Instituto Registral y Catastral, por las razones y motivos que expone en su escrito de alegatos recibido en este juzgado federal el veintiséis de julio del presente año; puesto que la demanda de amparo que presentó resulta ser extemporánea, lo que impide efectuar un estudio sobre ese tópico en concreto. En esas condiciones, si la parte quejosa asumió una actitud pasiva y dejó pasar el tiempo sin controvertir el acto reclamado, con su actuar, lo consintió tácitamente; de ahí la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; lo cual impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción XIV, primer párrafo de dicha Ley Especial. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución que atribuyó al Registrador del Instituto Registral y Catastral del Octavo Distrito Judicial de Tamazunchale, San Luis Potosí; por no reclamarse por vicios propios sino en vía de consecuencia. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia número VI. 2o. J/7, publicada en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Finalmente, no es obstáculo para sostener la presente de determinación el que previamente a esta etapa procesal se haya admitido a trámite la demanda y, ahora, se decrete el sobreseimiento por extemporaneidad, pues el hecho de que se le haya dado trámite sólo se establece en razón al cumplimiento de determinados requisitos, pero si en ese momento no se advierte la extemporaneidad, ello no impide a este juzgador acatar las reglas de procedencia del juicio de amparo, al momento de emitir la sentencia correspondiente. Es aplicable, por identidad jurídica, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 477, Tomo III, abril de 1996, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. ... Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 431/2022-IV, promovido por ... contra los actos que reclamó del Agente Fiscal adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales y Fraudes de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, precisados en el considerando segundo, y por los motivos expuestos en el último considerando de la sentencia. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de julio de dos mil veintidós. ALEGATOS. Téngase recibido el escrito presentado por Amalec López Salinas, autorizado de la parte tercero interesada, por el cual desahoga la vista que se le dio por con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y al efecto, realiza diversas manifestaciones, mismas que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas a manera de alegatos, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
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