Miguel Ángel Rivera Hernández
Expediente 1168/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1168/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Ángel Rivera Hernández
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja administrativa 760/2022 de ese índice. Acúsese recibo de estilo y comuníquese a las partes que al resolver el medio de impugnación interpuesto, el tribunal de alzada determinó: "[.] PRIMERO. Es infundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el acuerdo pronunciado por la Jueza Noveno de Distrito en el Estado con residencia en Irapuato, el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo número 1168/2022-II, mediante el cual desechó la demanda promovida por Miguel Ángel Rivera Hernández, en contra del acto de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta resolución. [.]". En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en la capital, mediante el cual transcribe el proveído de veinte de los actuales, dictado en el recurso de queja administrativo 760/2022 de su índice, en el que se advierte que dicho tribunal admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso ********************, en contra del auto de veintinueve de septiembre pasado; en consecuencia, estese en espera de la resolución que determine la superioridad, para proveer lo conducente.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por Miguel Ángel Rivera Hernández; atento a su contenido, se tiene interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veintinueve de septiembre pasado, en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, remítase el original y copia del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, en turno. Asimismo, con fundamento en los artículos 101 de la Ley de Amparo y 73 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, otórguense los permisos necesarios para que el Tribunal de Alzada acceda al expediente electrónico del presente asunto, a fin de substanciar el recurso de mérito. En vía de informe comuníquese al superior que en el proveído recurrido se desechó de plano la demanda de amparo, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, a saber: la fracción XIV en relación con los numerales 17 y 18 (acto identificado con el inciso a), fracción XVIII (acto identificado con el inciso b) y 61 fracción XXIII, (acto identificado con el inciso c) de la Ley de Amparo.-
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE A LA LETRA DICE "...ecepción y registro de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Rivera Hernández, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1168/2022-II. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. La demanda se advierte que el quejoso reclama diversas actuaciones que se realizaron en el expediente 2029/1ª.Sala/16, del índice de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, las cuales son las siguientes: a) El acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en el que se declaró cumplida la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete y se ordenó su archivo. b) La notificación de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, del acto señalado en el punto anterior. c) El acuerdo de veinticinco de agosto de este año, en el que se le negó acordar de conformidad la petición del actor para que se le requiera a la demandada para que exhibiera el documento que acreditara el debido cumplimiento de la sentencia. Para mejor comprensión del asunto se narran algunos antecedentes relevantes: Miguel Ángel Rivera Hernández, presentó demanda nulidad en contra de la resolución de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Secretario de Seguridad Municipal de León, Guanajuato, en la que ordenó su destitución como policía municipal que venía desempeñando dentro de la Dirección General de Policía Municipal de esa ciudad. El nueve de septiembre de dos mil dieciséis, el Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, la registró como expediente 2029/1ª.Sala/16; admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de las autoridades demandadas Secretario de Seguridad y Director Jurídico de la Dirección General de Policía, ambos del Municipio de León, Guanajuato. El siete de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la Dirección General de Policía, contestando la demanda y por precluido su derecho para ello al Secretario de Seguridad. El dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se declaró la nulidad de la resolución reclamada, por tanto se condenó a las autoridades al pago de las prestaciones económicas concedidas, no así a su reincorporación del actor. El tres de octubre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a las demandadas a su cumplimiento. El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se tuvo al actor manifestando su conformidad con el cumplimiento de la sentencia, en virtud de que las autoridades cubrieron todas las prestaciones reclamadas, toda vez que le hicieron el pago de $353,274.28 pesos (trescientos cincuenta y tres mil doscientos setenta y cuatro pesos con veintiocho centavos), por lo que se declaró cumplida la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete y se ordenó su archivo (es el acto reclamado identificado como 1). El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se le notificó tal determinación al actor (es el acto reclamado identificado como 2). El veinticinco de agosto de este año, se negó acordar de conformidad la petición del actor para que se le requiera a las autoridades demandadas a fin de que exhibieran el documento mediante el cual acreditaran el debido cumplimiento de la sentencia, en virtud de que se está ya se tuvo cumplida y se había decretado su archivo (es el acto reclamado identificado como 3). Desechamiento del acto identificado en el inciso a). Este juzgado estima que respecto al acto reclamado señalado con el inciso a), se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo. Dichos numerales establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Lo destacado no es de origen. "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo dispuesto por el citado numeral 17, se colige que el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, siempre y cuando no se encuentre dentro de alguno de los supuestos de excepción a que se refiere dicho precepto normativo; además, se estatuye por el ordinal 18 del mencionado ordenamiento, que tal término deberá computarse, según el caso: 1) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; o bien, 2) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo; y, 3) En el caso de la fracción I del artículo 17, se computará a partir del día de la entrada en vigor de la norma autoaplicativa reclamada. Con base en lo anterior, se sostiene que existen tres supuestos para el cómputo referido, los cueles son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación. Bajo esa línea de estudio, en el caso se estima que la presentación de la demanda de amparo de trato, resulta notoriamente extemporánea, toda vez que de las constancias que exhibe el propio quejoso, se advierte que el acto reclamado (acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho) se le notificó el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Por tanto, si se le notificó el acto que reclama, desde esa data, entonces los quince días que tenía como plazo para la presentación de la demanda, transcurrió del veintiséis de abril al diecisiete de mayo de dos mil dieciocho; en el entendido de que se consideran días inhábiles y, por tanto, no se tuvieron en cuenta para el cómputo de dicho término, los días sábados y domingos comprendidos dentro de ese periodo, así como el uno de mayo de ese año, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Sin embargo, como es de verse del sello que obra en la parte superior de la primera foja del escrito de demanda, esta fue presentada hasta el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, lo que patentiza su extemporaneidad. Además, el acto reclamado en dicha demanda, cuya procedencia aquí se analiza, no encuadra en alguno de los supuestos de excepción establecidos en el artículo 17, en sus fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, pues no se refiere a la aplicación de una norma general autoaplicativa, a un procedimiento de extradición, ni constituye una sentencia condenatoria definitiva que se hubiese emitido en un procedimiento penal, así como tampoco implica ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. De igual manera, no se está frente a actos reclamados que tiendan a privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal; ni se trata de actos que engasten en cualquiera de los restantes supuestos contemplados en la fracción IV del citado numeral, a saber: que impliquen peligro de privación de la vida, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Por tanto, si la presentación de la demanda en estudio se realizó fuera del término que para tal fin establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, y el acto no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción establecidos en las fracciones I a IV de dicho numeral; entonces, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la citada ley de la materia. Desechamiento del acto identificado como inciso b). El juicio de amparo es improcedente, porque el acto reclamado carece de definitividad, lo cual actualiza la hipótesis que prevé el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. En el caso, es de considerarse que el quejoso es la parte que actora en el juicio de origen, por lo tanto, a partir de que se admitió la demanda, quedó incorporado a la relación procesal y por eso estuvo en aptitud de interponer los recursos y medios ordinarios de defensa que prevé el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En contra del acto que el quejoso reclama ciertamente caben medios ordinarios de defensa legal, a través de los cuales era posible modificarlos o revocarlos. En efecto, de acuerdo con el artículo 294 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, pudo recurrir el acto identificado inciso b) a través del incidente de nulidad de actuaciones. Por tanto, hay un impedimento para analizar el fondo del asunto, porque la ley establece medios ordinarios de defensa, a través de los cuales era posible obtener la anulación de los actos reclamados, antes de promover el juicio de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o.C. J/259, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1654, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario judicial de la Federación, que señala: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Desechamiento del acto identificado como inciso c). En lo que respecta al acto reclamado consistente en el acuerdo de veinticinco de agosto de este año, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 217 en su redacción anterior de la Ley de Amparo y la tesis sin número a partir de esa redacción, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, volumen 217-228, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 232011, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Los invocados dispositivos, sobre el particular establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. (.)" De los preceptos legales antes trascritos, así como del criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citado, se colige que el juicio de amparo resulta improcedente, cuando la improcedencia resulta de alguna disposición de la Ley de Amparo, en tanto que del numeral 217 de ésta última, se desprende que la jurisprudencia que establezca el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para las Salas de la misma, los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Así, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. Para que esta causa de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución; y, b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En el entendido, de que el consentimiento puede ser expreso o tácito, según las siguientes proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; o cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 2) Hay consentimiento tácito del acto cuando no se impugna a través de la acción constitucional y dentro de los términos que se conceden para ello. En tanto que las condiciones necesarias para reputar a un acto como derivado de otro consentido, son precisamente, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Es aplicable, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Semanario Judicial de la Federación 139-144 Primera Parte, Séptima Época, de rubro y texto: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." En el caso, en el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós que reclama el quejoso, el Magistrado de la Sala responsable determinó que no había lugar a requerir a la autoridad demandada, el cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente 2029/1ª.Sala/16, en razón de que en proveído de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, tuvo cumplida la sentencia emitida en ese asunto y ordenó su archivo definitivo (acto identificado como inciso a). Además, en el proveído que reclama el quejoso, la responsable destacó que el propio actor y aquí quejoso presentó promoción el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, en el sentido de estar conforme con el pago de las prestaciones que le hizo la autoridad demandada. Entonces, si el quejoso no impugnó el proveído de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se colige que lo consintió. Así, si consintió el proveído que declaró cumplida la sentencia emitida en el juicio de origen y ordenó su archivo definitivo (acto identificado como inciso a), resulta claro que el proveído de veinticinco de agosto de este año por el que la autoridad se niega a requerir su cumplimiento (acto identificado como inciso c), no es más que una consecuencia de un acto consentido, aunado a que, no se atribuye un vicio propio, sino que le atribuye el mismo que ya tenía, a partir de cantidades de antemano conocidas. Suponer lo contrario equivaldría permitir a los quejosos que impugnaran en cualquier tiempo los actos contra los que no se inconformaron oportunamente, pues los actos que son consecuencia natural de estos, se sustentan en las mismas bases jurídicas, de manera que al ser estudiados en una instancia de amparo, se estarían analizando aquéllos de los que surgen; pues la falta de impugnación del acto del que deriva el reclamado constituye una manifestación de la voluntad que entraña también la conformidad en éste, como consecuencia lógica y natural de aquél. Similar criterio se sostuvo en el juicio de amparo 1149/2022-III de este índice. Consecuentemente, como se adelantó, se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII, fracción XIV y XXIII en relación con el 217, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 de ese mismo ordenamiento y, por ello, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Juan Pablo II, número 3565, interior 3, colonia Villas Bernalejo, en esta ciudad. Asimismo, ténganse como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Alberto Portillo López, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral a Francisco Javier Gómez Mojaraz, por no contar con registro en dicho sistema. Medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Con base en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno Del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se considere necesario. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo..."
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