Miguel Ángel Rivera Carranza

Expediente 405/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
405/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
16/01/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Rivera Carranza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de las constancias que le fueron devueltas en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese por lista a las partes con excepción de las autoridades responsables.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    México, Ciudad de México, a tres de mayo de dos mil veintidós. Como del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Décimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, remitiendo las constancias que le fueron solicitadas en diverso auto de once del mismo mes y año, que en su oportunidad fueron solicitadas con motivo de lo manifestado por el quejoso, sobre la actual condición procesal que guarda el juicio de origen para decretar el sobreseimiento en este asunto. Ahora bien, atendiendo a que el estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo, constituyen una cuestión de orden público y examen oficioso por el juzgador constitucional, en cualquier etapa del juicio, atento a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al artículo 17 constitucional, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Del precepto transcrito, se desprende que podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, siempre y cuando durante su tramitación apareciere o sobreviniese alguna causal de improcedencia de las que contempla el artículo 61 de la Ley de Amparo, pronunciamiento que puede hacerse en cualquier etapa del juicio, aún antes de celebrar la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 de la Ley de Amparo, con la condición de que la causa de improcedencia que se invoque se actualice de una forma indudable y manifiesta y, que además, no pueda ser desvirtuada con ningún elemento probatorio que pudiera ofrecer la parte quejosa. Se cita la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, página 386, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Ahora bien, cabe precisar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se hizo consistir en el siguiente: 1. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez responsable en el juicio ordinario civil 290/2020, seguido por XXXXXXXXX, contra XXXXXXXX, mediante el cual dicho juzgador determinó, entre otras cosas, conceder un término extraordinario de noventa días naturales para el desahogo de la testimonial ofrecida por el aquí quejoso, solicitando a este como garantía la exhibición de la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), por cada testigo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, no se recibiría dicha prueba testimonial. 2. La inconstitucionalidad del artículo 300 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO Ahora bien, una vez analizadas las constancias que remitió la autoridad responsable, se corroboran las circunstancias expuestas por el quejoso, específicamente, permiten apreciar que, en primer lugar, respecto el acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)" Lo anterior, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales, por tratarse de copias certificadas, adquieren pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo al actor y aquí quejoso, desistiéndose de la acción intentada en el juicio de origen, expediente 290/2020, circunstancia procesal que ocurrió con posterioridad al dictado del acuerdo reclamado en esta instancia, que es el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en que se proveyó sobre diversos aspectos relacionados con pruebas ofrecidas por el impetrante. El evento antes narrado configura un cambio de situación jurídica y por ende actualiza el supuesto previsto por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; atento a las siguientes consideraciones. De conformidad con el precitado artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, se produce, cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que posteriormente se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el presente caso se actualiza el supuesto señalado y ha ocurrido un cambio de situación jurídica, lo que imposibilita entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, sin variar el nuevo estado procesal del juicio, por lo que de la correcta intelección que se hace a la fracción XVII del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, se permite establecer, que existe cambio de la situación jurídica y por ende el juicio constitucional resulta improcedente, motivando el sobreseimiento del mismo. En relación con este tema, se emitió la tesis número 2a.CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV Diciembre de 1996, Segunda Sala, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerase consumadas irreparables las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueve resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Como el acto reclamado se hizo consistir en el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual dicho se determinó, conceder un término extraordinario para el desahogo de la testimonial ofrecida por el aquí quejoso, solicitando a este como garantía la exhibición de la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), por cada testigo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, no se recibiría dicha prueba testimonial, pero si posteriormente el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se dio por concluido el juicio de origen por desistimiento expreso de la parte actora; como consecuencia de lo anterior ha surgido un cambio de situación jurídica generada por el quejoso, al presentar con su anuencia el convenio mencionado y solicitaron su autorización judicial, que fue acordada favorablemente; surtiéndose a si la causal de improcedencia de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Asimismo resulta aplicable la Tesis V.5o.1 K de la Novena Época, Materia Común, con número de registro 176744, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005 a página 845 la cual dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Establecido lo anterior, respecto de los actos reclamados por marcados con el número 2 en esta determinación, consistente en la discusión, aprobación, promulgación y publicación del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, específicamente, respecto su artículo 300, al tratarse de una ley heteroaplicativa, para que el juzgador pueda analizar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, en principio, debe tomar en cuenta si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia. De ahí que, al actualizarse la causa de improcedencia respecto el acto de aplicación reclamado (auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno), de igual forma resulta improcedente el juicio de garantías con relación al precepto señalado de inconstitucional, ya que la procedencia del juicio de amparo contra el acto concreto de aplicación es una conditio sine qua non para analizar un tema de constitucionalidad de leyes. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, en lo conducente, la jurisprudencia número 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, página 235 que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Primera Parte, Séptima Época, página 235, cuyo rubro y texto a la letra dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Así, como, por identidad, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Séptima Época, página 27, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." DETERMINACIÓN Por lo expuesto, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, lo anterior hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales a que haya lugar. En atención a lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional (TRECE HORAS DEL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS), señalada en auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente al quejoso, por oficio a las autoridades responsables y vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y por lista a las demás partes.

  4. Principal

    México, Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Décimo Cuarto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite las constancias solicitadas; las cuales, serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.

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