Miguel Angel Rico Santoy

Expediente 547/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
547/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
11/07/2019

Partes del expediente

  • Miguel Angel Rico Santoy

Actuaciones

  1. Principal

    547/2019-2once de julio de dos mil diecinueve Reynosa, Tamaulipas, once de julio de dos mil diecinueve. Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en este juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, en su debida oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero, fracción V, en relación con el ordinal cuarto del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto.

  2. Principal

    El Juez, quien actúa asistido de la Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Posteriormente, se da lectura al escrito de demanda, y a las demás constancias de autos, además, se da cuenta al Juez con el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad (foja 11). A lo que el Juez provee: ténganse por relacionadas las constancias de autos, que se tomaran en consideración en su momento. Acto seguido, se declara abierto el período probatorio, dándose nueva cuenta con las documentales que anexó a su informe justificado la autoridad responsable (fojas 12 a 14). A lo que el Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la documental de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza; sin más pruebas por relacionar, se declara cerrada dicha fase. Por otro lado, se abre y se cierra el periodo de alegatos, en virtud de que no existen alegato que tener por reproducido. Sin que exista promoción pendiente de acuerdo, el Juez dicta la siguiente: S E N T E N C I A : V i s t o s los autos que integran el juicio de amparo 547/2019-2; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede esta ciudad, turnado en esa misma fecha a este órgano de control constitucional, Miguel Ángel Rico Santoy promovió juicio de amparo contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veinte de mayo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda con el número 547/2019-2, se ordenó pedir informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, se dio al representante social de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló en los términos anotados (fojas 5 a 7); y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, es competente para resolver este juicio de amparo en términos de lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que la demanda de amparo fue presentada en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado lo constituye la omisión de regularizar el procedimiento en el expediente laboral 594/4/2018, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. No es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por así manifestarlo en su informe justificado la Presidenta de dicha Junta (foja 11). Además, tal autoridad remitió copia certificada del auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve, así como del oficio 1077/2018, emitido en el juicio de origen; que al ser expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Ahora bien, de la documental pública allegada por la autoridad responsable, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda que dio origen a este juicio de derechos fundamentales, efectivamente no existía la omisión reclamada, y tal circunstancia actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." En efecto, del juicio constitucional en que se actúa, se advierte que el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, Miguel Ángel Rico Santoy reclamó la omisión de regularizar el procedimiento en el expediente laboral 594/4/2018, del índice del tribunal laboral mencionado. Por su parte, la Presidente de la Junta responsable al rendir su informe justificado negó el acto reclamado, además, adjuntó copia certificada del auto de catorce de mayo de este año, en el que se declaró incompetente para seguir conociendo del juicio laboral 594/4/2018, considerando que dicha competencia le recae, en su caso al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado de los Municipios de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, así como del oficio 1077/2019 del quince de mayo siguiente, a través del cual remitió el expediente de que se trata (fojas 12 y 13); lo que hace evidente el seguimiento en el trámite de dicho juicio, cuya omisión constituye el acto reclamado en este asunto. Lo anterior prueba de manera fehaciente e indudable, que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio (diecisiete de mayo de dos mil diecinueve), el acto reclamado no existía, al haberse emitido auto de competencia de la demanda laboral el catorce de mayo del presente año (fojas 12 y 13), con lo que se surte la causa de sobreseimiento en estudio. Cobra vigencia la tesis sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 254, Tomo XIII, Enero de 1994, Octava Época (registro 213793), cuyo rubro y letra señalan: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.- Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Dadas las razones anotadas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe SOBRESEERSE en este juicio de amparo. No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, el hecho de que no haya sido emplazada a este juicio de amparo la parte demandada en el juicio de origen, pues se estima que la presente determinación no le perjudica. Además, en su caso, estará en aptitud de impugnar esta resolución en los términos de la Jurisprudencia P.J. 41/98, visible en la página 65, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, (registro 195673), del siguiente tenor: "TERCERO PERJUDICADO NO EMPLAZADO O MAL EMPLAZADO EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA EJECUTORIADA Y QUE AFECTA CLARAMENTE SUS DERECHOS, DENTRO DEL PLAZO LEGAL CONTADO A PARTIR DE QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA." La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en los artículos 1, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 547/2019-2, promovido por Miguel Ángel Rico Santoy contra la autoridad, acto reclamado y por los motivos precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria que autoriza y da fe. La presente foja pertenece a la parte final de la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 547/2019-2. Conste.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, trece de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable, rindiendo su informe justificado, adjunta documental, que se tomarán en consideración al resolver este juicio, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes mediante notificación por lista, para que expongan lo que a su interés convenga. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante la licenciada Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. L´LIBQ/mprl

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda presentada por Miguel Ángel Rico Santoy, y copias; regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 547/2019-2. Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda signada por Miguel Ángel Rico Santoy, que promueve contra acto de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia simple de la demanda de que se trata. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 124 de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS QUINCE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al que reciba la notificación del presente proveído, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional. Indíquese a la autoridad responsable que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Amparo, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, tal como lo marca el artículo 251 de la ley en consulta. Se reserva el emplazamiento de la tercero interesada, hasta en tanto obren en autos las constancias relativas al juicio de origen y de ellas se corrobore el domicilio donde pueda ser localizada. Como lo solicita la parte promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, el lugar y personas mencionadas en el escrito de demanda. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos leales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, del Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario adscrito a este órgano de control constitucional para que proceda a practicar las diligencias encomendadas en este juicio en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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