Miguel Ángel Reyna Rodríguez

Expediente 565/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
565/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
02/08/2019

Partes del expediente

  • Claudia Leticia Plascencia Romero
  • Miguel Ángel Reyna Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    ha causado estado la resolución y se ordena el archivo

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado en Baja California, con sede en Tecate, mediante el cual remite copia autentificada del registro audiovisual relativo a la audiencia de veinticuatro de junio del año en curso, relativa al cuaderno de ejecución 372/2019, en la que se determinó conceder al aquí quejoso el beneficio de libertad anticipada de remisión parcial de la pena y ordenó la inmediata y absoluta libertad del agraviado, única y exclusivamente por lo que hace a la causa penal antes mencionada, actualizándose de esta manera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En primer término, conviene precisar que las causales de improcedencia del juicio de amparo, al ser un presupuesto procesal de orden público, deben estudiarse de manera oficiosa sin perjuicio de la etapa procesal en que se encuentre un determinado juicio. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , cuyo rubro y contenido son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia" Así, el quejoso Miguel Ángel Reyna Rodríguez, reclamó del Juez de Control Especializado del Poder Judicial de Baja California, con residencia en Tecate, la falta de administración de justicia dentro de los términos que señala la ley, pues al efecto indicó que en el año dos mil dieciocho, solicitó por escrito un beneficio de preliberación, posteriormente, presentó ante el referido Juez, diversos escritos y no había recibido respuesta. Respecto de lo cual, como se advierte de las constancias que se analizan, determinó conceder al aquí quejoso el beneficio de libertad anticipada de remisión parcial de la pena y ordenó la inmediata y absoluta libertad del agraviado, única y exclusivamente por lo que hace a la causa penal que dio origen al cuaderno de ejecución 372/2019. En efecto, la causal de improcedencia que se estima actualizada en los presentes autos, se encuentra contemplada en los artículos 61 fracción XXI y 63 fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante del juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Del texto de los artículos reproducidos, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de su derecho constitucional. Bajo esa premisa, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A esa conclusión arribó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a./J. 59/99 , que al rubro y texto expresa: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Efectivamente, en el caso sometido a estudio de las documentales que se allegaron, así como del registro audiovisual de la audiencia de veinticuatro de junio de este año, relativas al cuaderno de ejecución 372/2019, se llega al convencimiento de que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en que el Juez de Control Especializado del Poder Judicial de Baja California, con residencia en Tecate, no había dado respuesta al escrito presentado el veintidós de abril del año en curso, puesto que al haberse resuelto dicha petición en la audiencia que tuvo verificativo el nueve de de julio de dos mil diecinueve, en la que se determinó conceder al aquí quejoso el beneficio de libertad anticipada de remisión parcial de la pena y, se ordenó la inmediata y absoluta libertad del agraviado, única y exclusivamente por lo que hace al asunto de que se trata, por parte de la autoridad responsable, cesaron los efectos del acto que en esta instancia constitucional se reclama, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia Federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Registro audiovisual que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, y por consiguiente es bastante para tener por acreditada la causa de improcedencia que se analiza. Así como, en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que al rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Luego, ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia Federal, es claro que, cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que deberá sobreseerse en el juicio que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en armonía con el diverso 63, fracción V de la Ley de Amparo. En tal virtud, al haber sobrevenido durante la tramitación del presente juicio de amparo, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Reyna Rodríguez, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Partido Judicial de Tecate, Baja California, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, se deja sin efectos la parte conducente del auto de fecha tres de julio de dos mil diecinueve, en lo relativo al señalamiento de la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la anotación correspondiente en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano judicial. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis número 2a./J.10/2003 , que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Corolario a lo anterior, cabe decir que el análisis de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no dejan en estado de indefensión a la parte quejosa, al haberse omitido darle vista con las constancias allegadas a efecto de que realizara las manifestaciones que a su derecho convinieran, y en su caso, aportara los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que deriva en el sobreseimiento del juicio, por cuanto hace a los actos en cuestión, tal y como lo establece el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues dicha omisión no controvierte el derecho al acceso a la justicia con que cuenta, dado que el derecho que se tutela por el citado numeral, se encuentra privilegiado al quedar expedito su derecho para hacerlo valer en contra de esta determinación ante el Tribunal de Alzada al momento de promover, en su caso, recurso de revisión, razón por la cual, no queda inaudito; a más de que, al referirse el citado precepto legal a un "órgano inferior", se concluye válidamente que la obligación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a los Juzgados de Distrito, dado que estos últimos no tienen un órgano inferior, aunado a que la finalidad de tal disposición es que el quejoso esté en aptitud de alegar y probar en contra, y ello se cumple con la existencia del recurso de revisión, pues este Juzgado de Distrito no es órgano terminal a diferencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que la finalidad de dicha disposición es que los quejosos no queden inauditos ante las resoluciones de estos últimos, motivo por el cual, se reitera, se estima que esa obligación no corresponde a los Juzgados de Distrito en el amparo indirecto en primera instancia. Apoya esta consideración, la jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región , cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. SI EL JUEZ DE DISTRITO OMITE DAR VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DE OFICIO, NO ES DABLE REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA PARA EFECTO DE REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE LA OTORGUE, EN TANTO, CON EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA ANALIZAR EL SOBRESEIMIENTO RESPECTIVO Y, POR ENDE, NO SE DEJA INAUDITO AL IMPETRANTE DE TUTELA FEDERAL. La porción normativa en consulta dispone que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. De ahí, se desprende la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales de amparo (conocedores tanto del indirecto, como del directo), de dar vista al accionante cuando adviertan, de oficio, que pudiese actualizarse en el asunto correlativo una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes; en amparo en revisión, esa obligación surge cuando el Tribunal Colegiado de Circuito observa que el juicio que examina es improcedente, siempre y cuando la causal de que se trate no haya sido examinada por el a quo en la sentencia recurrida; con ello, se le otorga la oportunidad de que aporte los elementos necesarios con el ánimo de desvirtuar el impedimento técnico que pudiese, a la postre, derivar en el sobreseimiento del juicio, privilegiando de esa manera el acceso a la justicia y, por ende, el estudio de fondo que amerite el controvertido constitucional de que se trate que es, precisamente, la esencia de las reformas constitucionales en protección a los derechos fundamentales de los gobernados, del cual deriva la nueva Ley de Amparo que ahora se aplica. Además, se evita que el impetrante, en todos esos supuestos, tenga que agotar necesariamente el recurso de revisión para controvertir el aspecto de improcedencia actualizado en primera instancia, puesto que lo que la norma pretende es que esté en aptitud de desvirtuar la causal de improcedencia advertida de oficio con el fin de que el Juez de amparo se pronuncie sobre el fondo de la controversia planteada ante su jurisdicción. De modo que, si el a quo omite dar la vista de que se trata, es claro que se trastoca el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor; sin embargo, no es dable revocar la sentencia recurrida para reponer el procedimiento en aras de que se observe el numeral en cita, dado que el derecho de defensa del quejoso se encuentra privilegiado en la sede de revisión, ya que el Tribunal Colegiado de Circuito está facultado para examinar, a la luz de los agravios correspondientes (y en los casos en que proceda suplir la deficiencia de la queja), las consideraciones que adopte el Juez de Distrito en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, por lo que el quejoso no queda inaudito, ni se le deja en estado de indefensión; así pues, si el sobreseimiento es correcto, habrá de avalarse, si no, quedará insubsistente para dar paso al estudio de fondo del asunto. Asimismo, es importante señalar, que la causa de improcedencia por las que se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, de ningún modo transgreden los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así como la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto son: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Finalmente, guárdese en el secreto de este Juzgado el disco compacto remitido por la autoridad oficiante, realizando para ello la certificación de recibo y entrega ante la Secretaría encargada de ello, en el libro de documentos correspondiente. En otro aspecto, visto el contenido de la constancia actuarial de quince del mes y año que transcurren, en la que se señala que al fedatario judicial no le fue posible notificar personalmente al quejoso Miguel Ángel Reyna Rodríguez, el acuerdo de cinco de julio de la presente anualidad, por los motivos expuestos; en consecuencia, túrnense los autos al Actuario adscrito a este órgano de control constitucional, para que con fundamento en el artículo 27, fracción III, en relación con el 29, de la Ley de Amparo, realice la notificación de que se trata, así como las subsecuentes que sean de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado; lo anterior hasta en tanto señale nuevo domicilio para tales efectos. de conformidad con fundamento en el articulo 27, fracción III, en relación con el 29, de la ley de amparo, se notifica al quejoso el presente proveído.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, mediante el cual, informa que la audiencia que se llevó a cabo el veintiocho de junio del año en curso, fue suspendida a petición del sentenciado y su defensa, por lo que se señalaron las once horas del día nueve de julio de dos mil diecinueve, para que se reanude la misma; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Así entonces, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se consagra que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijan las respectivas leyes, requiérase nuevamente al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, para que dentro del término de tres días, remita copia certificada de las constancias relativas al desahogo de la audiencia que fijó para las once horas del nueve de julio de dos mil diecinueve, señalada a efecto de resolver respecto a algún beneficio de libertad anticipada, dentro de los autos del cuaderno de ejecución 372/2019. Asimismo, se reitera al juez responsable, los requerimientos de cuatro y seis de junio de la presente anualidad, en el sentido de que deberá informar qué Agente del Ministerio Público intervino en el cuaderno de ejecución 372/2019, así como el domicilio donde puede ser localizado, ello a fin de estar en aptitud de emplazarlo a juicio, atento al precepto legal 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez dicha información es necesaria para la debida resolución del presente asunto; con el apercibimiento que de no hacerlo así de manera justificada, se les impondrá en lo individual multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo establecido por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Finalmente, guárdese en el secreto de este Juzgado el disco compacto remitido por la autoridad oficiante, realizando para ello la certificación de recibo y entrega ante la Secretaría encargada de ello, en el libro de documentos correspondiente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atento a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el presente expediente se encuentra transcurriendo el plazo de tres días otorgado a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, mediante proveído de veinticuatro de junio último, el cual le fue notificado a través del oficio 31510, recibido por esa autoridad el veintiocho de junio del año en curso, a fin de que remita lo concerniente a la reanudación de la audiencia que informó se encontraba señalada en la fecha antes apuntada, en los autos del cuaderno de ejecución 372/2019. Así entonces, a fin de dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las diez horas con quince minutos del treinta de julio de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Brando Arturo González Ramírez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria Lorena Lugo Romero, quien autoriza y da fe.

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