Miguel Ángel Reyez Vasquez

Expediente 467/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
467/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Reyez Vasquez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dos de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el once de junio de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente asunto y se determinó que el plazo para su destrucción era de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo; sin embargo, tomando en consideración que se trata de un cuaderno de antecedentes, lo correcto es que una vez que transcurran seis meses de archivado el presente expediente es susceptible de destrucción, lo anterior de conformidad en los artículos 20 y 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.1 inciso a), del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. ... Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos se desprende que no fue enviado el exhorto 77/2021 (orden 124/2021), del índice de este órgano jurisdiccional, a fin de notificar al quejoso ****, el auto de tres de junio pasado, por el cual este Juzgado declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo interpuesta por el citado quejoso; sin embargo, de autos se desprende que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, aceptó la competencia declinada, por lo que resulta innecesario reenviar la comunicación oficial en comento. En tales condiciones, dese de baja el exhorto en cita y hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; once de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ténganse por recibido el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, con el que informa acusa recibo de las constancias originales del presente juicio de amparo; asimismo, del comunicado que se recibe se advierte que aceptó la competencia para conocer del presente asunto, mismo que registró con el número de amparo directo 826/2021; de lo que este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Archivo. ....Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de junio de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por ------, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y otras autoridades, regístrese bajo el número 467/2021-II. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama el traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", al Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS-Coahuila". Incompetencia. Precisado lo anterior, es menester indicar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones conforme a lo mandado, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, con independencia de la procedencia o no del juicio, este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, determina que carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda; y 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese contexto, resulta claro que, por regla general, son los actos ejecutivos los que determinan la competencia de los jueces de distrito, por lo que resulta necesario hacer algunas reflexiones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas. Por lo que hace a la primera regla, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse el acto reclamado lo que fija la competencia del juez de distrito. Es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Ha de recordarse que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva. Así, para determinar la competencia de un juez de distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial. Y es que, según lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la expresión "ejecución material" contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo "debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real.". Así, es el sitio donde los actos reclamados se ejecuten o vayan a ejecutarse materialmente, lo que define la competencia de los jueces de distrito; así se estableció al resolver la contradicción de tesis 7/2015, en sesión de veintinueve de abril de dos mil quince, de la que derivó la jurisprudencia 2ª/J. 68/2015, de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO." Luego, de la demanda de amparo indirecto promovida en contra de actos que requieren una ejecución, necesariamente debe atenderse a la localidad en que deben cumplirse o materializarse tales actos, pues ahí en donde se ejecutan y producen consecuencias en el mundo fáctico. La regla antedicha tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que generalmente la ejecución recae en el domicilio del gobernado o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva. En el segundo supuesto previsto en el artículo 37 de la ley de la materia, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, ante el juez de distrito en donde se presentó la demanda. Finalmente, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del juez de distrito es el lugar en donde la parte quejosa decidió presentar la demanda. Esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, se insiste, rigen las dos reglas precedentes. Con estos elementos, es preciso señalar que del examen de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama actos que tienen ejecución, como es el que traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato" al Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS-Coahuila", el cual ya se ejecutó, por lo que se encuentra interno en este último. Destacado lo anterior, para efectos de fijar la competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto que nos ocupa, debe atenderse al lugar en donde tuvo ejecución, deben cumplirse o materializarse los actos reclamados, esto es, en qué lugar producen consecuencias en el mundo fáctico, que en el caso es en Coahuila, por ser el lugar donde se ejecutaron los actos reclamados, pues se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS-Coahuila". En consecuencia, atendiendo a lo previsto en el artículo 37 de Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que resulta competente para conocer la demanda de amparo de referencia, es el Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en turno. Por lo que, lo procedente es declarar la legal incompetencia por razón del territorio de este órgano de control constitucional para conocer de este juicio, declinándola en favor del Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en turno, para lo cual remítase la demanda de amparo, a fin que dentro del plazo señalado en el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe si acepta o no la competencia que se plantea. Por tanto, con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar, pues con independencia de establecer la procedencia del amparo es necesario verificar primero la competencia del órgano jurisdiccional para pronunciarse al respecto; solicítese el acuse de recibo correspondiente y en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, realícensele las anotaciones correspondientes. En esas condiciones, tomando en consideración que el quejoso ----, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS-Coahuila", esto es, fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, de conformidad con los ordinales 26, fracción I, inciso c) y 27 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, líbrese exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, con plenitud de jurisdicción para llevar a cabo las diligencias necesarias a fin de dar cumplimiento a la encomienda, e inclusive en días y horas inhábiles, como lo establece el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, comisione al Actuario Judicial de su adscripción, para que notifique el presente auto al mencionado quejoso. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. Requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen correo electrónico y número telefónico, para establecer contacto respectivo, en caso de que este Juzgado estime necesario localizarlas por alguno de los citados medios de comunicación. Notifíquese y vía exhorto al quejoso.

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