Miguel Ángel Reyez López

Expediente 733/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
733/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
18/01/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Reyez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, dieciocho de enero de dos mil veintidós. DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTOVisto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hubieran efectuado manifestación alguna; empero, en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. Así las cosas, la sentencia dictada en este juicio se concedió para que el JUEZ CUARTO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, dentro de la causa penal 210/2016, realizara lo siguiente: ".se concede el amparo al quejoso para el efecto de que el juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, deje insubsistente el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitido en la causa penal 210/2016, únicamente en la porción en la que hace efectiva la garantía exhibida por Agustín Nicolás Reyes García y, realice las actuaciones conducentes en el ámbito de su competencia a fin de que la garantía exhibida por el concepto de libertad del indiciado continúe surtiendo los efectos legales correspondientes en el proceso de origen, sin que se emita pronunciamiento por la orden de reaprehensión dicada en su contra, pues ya se ejecutó y la presente sentencia no podría retrotraer los efectos de su ejecución" Ahora bien, de las constancias que envió el JUEZ CUARTO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, se advierte que el siete de diciembre de dos mil veintiuno, dejó sin efectos el auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 210/2016, de su índice, y ordenó girar oficio al Jefe de Depósitos, Fianzas y Multas del Poder Judicial del Estado, para que la garantía de $25,000.00 (Veinticinco Mil Pesos M.N. 00/100) continuara surtiendo efectos dentro de la causa penal aludida. Así mismo, por oficio 4178 acordado el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, el JUEZ CUARTO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA remitió a este juzgado federal, el acuse del oficio en copia certificada, suscrito por Teódulo Ramírez Barrales, Jefe de Depósitos, Fianzas y Multas del Poder Judicial del Estado, de donde se advierte: "tengo a bien informarle que se dejó sin efecto el auto de fecha 26 de marzo de (sic) año 2019, mediante el cual ordenó hacer efectiva la cantidad de $25,000.00, por lo que el recurso antes mencionado está a disposición del Juzgado a su digno cargo." Con dicha relación de actuaciones y documentales que la responsable remitió a este juzgado federal, se cumplió con lo ordenado en la sentencia de amparo dictada en este juicio, pues el efecto fue que dejara insubsistente el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitido en la causa penal 210/2016, únicamente en la porción en la que hace efectiva la garantía exhibida por Agustín Nicolás Reyes García y, realizara las actuaciones conducentes en el ámbito de su competencia a fin de que la garantía exhibida por el concepto de libertad del indiciado continúe surtiendo los efectos legales correspondientes en el proceso de origen. En ese sentido, se estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DEPURABLE de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso b) del acuerdo general citado porque se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, debiéndose conservar por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En relación al cuaderno incidental, ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21 inciso b) del acuerdo general aludido, ya que por resolución interlocutoria se NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, por todos los actos, debiéndose conservar por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, deberá ser destruido por los órganos jurisdiccionales. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado del acuerdo general citado, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. ANOTACIONES EN CARATULA Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta del JUEZ CUARTO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, por el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, así como con el diverso registro 19772, para que en el plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido dicho plazo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que en derecho proceda.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hubieran efectuado manifestación alguna; empero, en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. Así las cosas, la sentencia dictada en este juicio se concedió para que el JUEZ CUARTO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, dentro de la causa penal 210/2016, realizara lo siguiente: ".se concede el amparo al quejoso para el efecto de que el juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, deje insubsistente el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitido en la causa penal 210/2016, únicamente en la porción en la que hace efectiva la garantía exhibida por Agustín Nicolás Reyes García y, realice las actuaciones conducentes en el ámbito de su competencia a fin de que la garantía exhibida por el concepto de libertad del indiciado continúe surtiendo los efectos legales correspondientes en el proceso de origen, sin que se emita pronunciamiento por la orden de reaprehensión dicada en su contra, pues ya se ejecutó y la presente sentencia no podría retrotraer los efectos de su ejecución" Ahora bien, de las constancias que envió el JUEZ CUARTO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, se advierte que el siete de diciembre de dos mil veintiuno, dejó sin efectos el auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 210/2016, de su índice, y ordenó girar oficio al Jefe de Depósitos, Fianzas y Multas del Poder Judicial del estado, para que la garantía de $25,000.00 (Veinticinco Mil Pesos M.N. 00/100) continuara surtiendo efectos dentro de la causa penal aludida. No obstante lo anterior, omitió remitir copia del acuse de recibo del oficio que haya girado al Jefe de Depósitos, Fianzas y Multas del Poder Judicial del estado, no obstante de estar ordenado en la misma resolución por la que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Esto, porque si bien con la nueva determinación dejó insubsistente su determinación de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, lo cierto es que no acompañó el acuse a que se hace referencia en el párrafo que antecede, por lo que no hay certeza de que haya realizado las actuaciones conducentes en el ámbito de su competencia a fin de que la garantía exhibida por el concepto de libertad del indiciado continúe surtiendo los efectos legales correspondientes en el proceso de origen. En tales condiciones, resulta evidente que la autoridad responsable incumple con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Por ende, a efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, es necesario que demuestre fehacientemente que la garantía exhibida por el concepto de libertad del indiciado continúa surtiendo los efectos legales correspondientes en el proceso de origen. Bajo esa tesitura, atendiendo al criterio establecido para el procedimiento de ejecución de sentencias relativo a que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional, pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia, se deberá requerir de nueva cuenta especificando qué deberá realizar la autoridad responsable y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1520 , Libro 3, Tomo II, febrero de dos mil catorce, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS" Por tanto se requiere al JUEZ CUARTO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, dentro de la causa penal 210/2016, para que dé cumplimiento a la sentencia dictada, en este caso, deberá realizar lo siguiente: 1. Remita copia del acuse de recibo del oficio que haya girado al Jefe de Depósitos, Fianzas y Multas del Poder Judicial del estado, el cual, constituye una de las actuaciones conducentes en el ámbito de su competencia a fin de que la garantía exhibida por el concepto de libertad del indiciado continúe surtiendo los efectos legales correspondientes en el proceso de origen. Lo anterior, deberá realizarlo dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibida la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en los términos establecidos, sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, conforme al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Y en caso de que este juzgado determine que no se encuentra cumplida total o correctamente la misma, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que corresponda como establece el diverso 193 de la ley de la materia, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de inejecución de sentencia; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, procede remitir el expediente al dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Previniendo a dicha autoridad responsable que la desobediencia a este mandato entraña la comisión de un delito, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos a que haya lugar.

  4. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 733/2021, promovido por Miguel Ángel Reyes López y Agustín Nicolás Reyes García, por derecho propio, contra actos del Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla y otra. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por demanda presentada el veintiocho de julio de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y turnada a este juzgado federal el mismo día, Miguel Ángel Reyes López y Agustín Nicolás Reyes García solicitaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos del juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, y otra autoridad, al estimarlos violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales. Actos que hicieron consistir en el proveído de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve en el que se ordenó su reaprehensión, se revocó su libertad caucional, se hizo efectiva la fianza, así como la falta de notificación para rendir su declaración preparatoria o presentarse a través de su garante. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de treinta de julio de dos mil veintiuno se formó y registró el juicio de amparo 733/2021, y se previno a la parte quejosa para que precisara el nombre y domicilio de la parte tercera interesada. Tercero. Previo cumplimiento a la prevención, el veinte de agosto de dos mil veintiuno se admitió a trámite, se requirió informe justificado a las autoridades responsables; finalmente, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que la orden de reaprehensión reclamada es de naturaleza penal, y tiene ejecución donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene indicar con precisión el acto reclamado: Al Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla: -El auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve emitido en el proceso 733/2021 del índice del juez responsable, en el que se ordenó la reaprehensión del quejoso, e hizo efectiva la cantidad exhibida como garantía por el concepto de libertad de aquél. Cabe precisar que los quejosos reclamaron Al diligenciario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla la falta de notificación para rendir su declaración preparatoria o presentarse a través de su garante. Sin embargo, tal omisión no se tiene como acto reclamado destacado, en virtud que es un aspecto que atiende a la legalidad del auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, motivo por el cual no se atenderá como acto reclamado, sino en su caso como un aspecto atinente a la legalidad del acto reclamado, el cual se estudiará en caso que proceda su análisis. Resulta aplicable a lo anterior la tesis con rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, aceptó el acto reclamado, pues reconoció que el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve revocó la libertad de Miguel Ángel Reyes López y por ende hizo efectivo el depósito que exhibió el fiador ante el agente del ministerio público y ordenó la reaprehensión del quejoso; esto, dentro del proceso 210/2016. Lo que se corrobora con la documental que remitió el juez responsable, consistente en un tomo -en copia certificada- de dicho proceso, con las que se formó el anexo I de este expediente; en tanto que de su contenido se advierte tal determinación que hoy se reclama en esta vía. CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla invocó, al momento de rendir su informe justificado como causal de improcedencia la prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de amparo. Dicha causal establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, pues dice la responsable que el nueve de julio de dos mil veintiuno resolvió la situación jurídica del quejoso en el sentido de dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar. Tales alegaciones son infundadas, pues en el acuerdo en el que se ordena la reaprehensión del quejoso también se hizo efectivo el monto exhibido para gozar de su libertad caucional, de tal suerte que al tratarse de un solo acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, procede analizarlo en su integridad, sin que el auto de libertad pueda sustituir procesalmente la garantía que se hizo efectiva al procesado y a su garante; máxime que con el dictado de aquél no desaparecerán las supuestas vulneraciones a la esfera jurídica de los quejosos. En tales condiciones, no se actualiza la hipótesis planteada por el juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla. QUINTO. ANÁLISIS DE FONDO. En suplencia de los conceptos de violación, conforme a lo ordenado en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se considera que el juez responsable transgredió la garantía que prevé la primera parte del artículo 16, párrafo primero, constitucional, que dispone: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Conforme a tal precepto todo acto de molestia dirigido a un gobernado debe estar contenido en mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En dicha disposición se consagra el derecho humano de seguridad jurídica, que se traduce en la prohibición a todas las autoridades de emitir actos de molestia en forma verbal, pues éstos deben constar por escrito; así mismo, impone que tales actos sean emitidos por autoridad competente, esto es, que quien emita un acto de molestia dirigido a un gobernado sea la señalada en la ley correspondiente como la facultada para hacerlo. Finalmente, establece la obligación de fundar y motivar el acto autoritario, entendiéndose por lo primero que debe expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que deben exponerse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Tales lineamientos no se acataron en su totalidad en el acto reclamado. Para evidenciar lo anterior, cabe destacar, como antecedentes del acto reclamado, que el veintidós de diciembre de dos mil trece, Miguel Ángel Reyes López fue puesto a disposición de la Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos, como probable responsable de la comisión del delito de encubrimiento por receptación, previsto y sancionado por los artículos 212 Ter, en relación con los diversos 11, 12, 14, 21, fracción I y 83 del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de quien resulte ser el legítimo propietario de la motocicleta en litis. Una vez realizadas diversas diligencias, se concedió al inculpado el beneficio de libertad provisional bajo caución, por lo que se fijaron los montos para que Miguel Ángel Reyes López gozara de la misma; luego, en comparecencia de esa misma data, Agustín Nicolás Reyes García exhibió la cantidad requerida en efectivo, con la finalidad de garantizar la libertad bajo fianza del indiciado (foja 83 del anexo I). Posteriormente, en acuerdo de esa misma fecha, se precisó como una de las obligaciones del quejoso comparecer las veces que fuera requerido, para la práctica de diligencias de carácter ministerial o judicial; también se le hizo saber que de no cumplir se haría efectiva la garantía, se revocaría ese beneficio y se ordenaría su reaprehensión; finalmente, consta la firma del quejoso de esta determinación (foja 88 del cuaderno en comento). Luego, el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, el juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, libró orden de presentación en contra de Miguel Ángel Reyes López, a fin de que acudiera a rendir su declaración preparatoria, y poder continuar con la secuela procesal correspondiente (fojas 158 a 161 del cuaderno en comento) . Sin embargo, llegada la fecha y hora señalada para que el quejoso compareciera a rendir su declaración preparatoria, el secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, certificó que el indiciado no se presentó, y posteriormente, señaló nueva fecha para el desahogo de dicha diligencia (foja 162). Posteriormente, luego de diversos requerimientos realizados al indiciado, y ante su reiterada incomparecencia, el veinte de agosto de dos mil dieciocho, el juez de origen requirió al fiador Agustín Nicolás Reyes García, a fin de que presentara ante sus instalaciones al quejoso, con el apercibimiento que de no hacerlo, se haría efectiva la garantía exhibida para garantizar su libertad, y se ordenaría su reaprehensión (foja 214 del tomo de pruebas). Finalmente, el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, el juez responsable precisó, en esencia, que pese haber requerido al garante del indiciado para que el indiciado compareciera a rendir su declaración preparatoria, con los apercibimientos conducentes, no lo hizo, por lo que revocó la libertad bajo caución de Miguel Ángel Reyes López, ordenó su reaprehensión e hizo efectiva la cantidad que exhibió el garante del citado inculpado a su favor. Como se indicó, esta última es la determinación reclamada al juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, la cual transgrede el artículo 16, párrafo primero, constitucional. Esto, pues si bien consta por escrito y lo emitió una autoridad jurisdiccional competente, las razones que se invocaron carecen de sustento para emitirlo, pues el juez partió de una premisa inexacta, al dar por sentado que el inculpado y su garante, conocían las diversas determinaciones que emitió en la causa penal de origen, a través de las cuales se le constriñó a presentarse a rendir su declaración preparatoria, con los apercibimientos ahí indicados; lo cual no es cierto, de ahí que, ante ello, el juez responsable no estaba en condiciones de hacerlos efectivos. Para concluir en tales términos, primeramente, cabe destacar que la relatada orden de presentación de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, no se notificó correctamente al indiciado. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la hoja que continúa de dicha determinación únicamente obra un sello, de fecha (veintinueve de junio de dos mil dieciséis), y enseguida la leyenda: "Se turna proceso al diligenciario (a) para su notificación" sin que se advierta alguna diligencia tendente a notificar al indiciado (foja 161 vuelta). Posteriormente, existe una determinación de veintiocho de julio de dos mil dieciséis, en donde la autoridad responsable señala fecha y hora para que el indiciado declare en preparatoria, apercibido que de no hacerlo se revocará su libertad personal. Dicha determinación fue diligenciada el dos de agosto de dos mil dieciséis en los siguientes términos: "A fin de notificar el auto de fecha 28 de julio de 2016, dictado por esta autoridad judicial al indiciado Miguel Ángel Reyes López, hago constar que me constituí en el domicilio asentado en autos, sito en calle MIGUEL HIDALGO, NÚMERO 57, SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA.quien dijo llamarse Ana María Jiménez sin querer referir su segundo apellido, ni mucho menos identificarse, que la persona que busco no vive ni habita en ese domicilio y que desconoce totalmente quién sea y dónde se le pueda localizar, no queriendo proporcionar mayores datos al suscrito y cerrando la puerta de su domicilio." (foja 162 vuelta del anexo I). En proveído de diecisiete de octubre siguiente, la autoridad responsable nuevamente fijó fecha y hora a efecto de que el indiciado compareciera a rendir su declaración preparatoria. En diligencia de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis el actuario asentó "A fin de notificar el auto de fecha 17 de octubre de 2016, dictado por esta autoridad judicial al indiciado Miguel Ángel Reyes López, hago constar que me constituí en el domicilio asentado en autos, sito en calle MIGUEL HIDALGO, NÚMERO 57, SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA.la persona que busco no vive ni habita en ese domicilio" (foja162). El tres de enero de dos mil diecisiete, se inició la búsqueda oficiosa para localizar el domicilio de Miguel Ángel Reyes López, sin obtener resultado favorable. Tales notificaciones no pueden generar consecuencias jurídicas pues se realizaron en un domicilio incorrecto. Para sustentar lo anterior, conviene precisar que a foja ochenta y cuatro (84) del tomo de pruebas obra la credencial para votar del garante Agustín Nicolás Reyes García (padre del quejoso) de la cual textualmente se lee: DOMICILIO C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 57, PBLO SAN MIGUEL CANOA, 5TA SECC, PUEBLA, PUEBLA De lo anterior se desprende que si bien el actuario se constituyó en el domicilio ubicado en calle MIGUEL HIDALGO, NÚMERO 57, SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA, lo cierto es que no corresponde al de la parte quejosa pues por un lado, el nombre de la calle está incompleto (falta "y Costilla"); y por otro lado no se precisó que el lugar en el que se constituyó el actuario corresponde a la quinta sección de la colonia denominada San Miguel Canoa. No es inadvertido que en diligencia de veintidós de diciembre de dos mil trece (fojas 43 y 80) el personal del Ministerio Público asentó que el domicilio de Miguel Ángel Reyes López era el ubicado en calle MIGUEL HIDALGO, NÚMERO 57, SAN MIGUEL CANOA (domicilio en el que se constituyó el actuario); sin embargo, no hay que perder de vista que por un lado se asentó que el declarante "no se identifica por no tener identificación alguna", y por otro, que en foja ochenta y tres (83) el personal de la autoridad investigadora asentó que el domicilio del garante se encontraba en calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, NÚMERO 57, SAN MIGUEL CANOA, no obstante que en la foja siguiente obra la credencial de elector de Agustín Nicolás Reyes García, con domicilio en C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 57, PBLO SAN MIGUEL CANOA, 5TA SECC, PUEBLA, PUEBLA. Esto es, la autoridad ministerial asentó un domicilio que no corresponde completamente al proporcionado en la credencial de elector de Agustín Nicolás Reyes García, pues está incompleto; de ahí que no se tenga certeza de que el domicilio que asentaron en favor de Miguel Ángel Reyes López sea el correcto. No obstante lo anterior, si el indiciado y garante son padre e hijo y cohabitan en el mismo domicilio, es dable concluir que su domicilio correcto es el ubicado en C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 57, PBLO SAN MIGUEL CANOA, 5TA SECC, PUEBLA, PUEBLA, pues es la dirección que está corroborada con un documento oficial (credencial de elector). A pesar de lo anterior, el diligenciario adscrito al juzgado responsable se limitó a practicar sus notificaciones en el domicilio asentado por el agente investigador, sin cerciorarse que fuera el domicilio correcto. En consecuencia, al no existir en las constancias remitidas por el juez la documental que acredite que se haya notificado en el domicilio correcto a Miguel Ángel Reyes López, no se logra tal certeza y, por tanto, no existe sustento ni base jurídica para citar al garante Agustín Nicolás Reyes García, menos para emitir la determinación reclamada, circunstancia que evidentemente soslayó el juez responsable. A pesar de lo anterior, el juez responsable emite diversos requerimientos dirigidos al fiador Agustín Nicolás Reyes García a fin de presentar al inculpado para que rindiera su declaración preparatoria, no obstante acontece similar situación. En efecto, el veintiocho de junio de dos mil dieciocho se requirió a Agustín Nicolás Reyes García para presentar a Miguel Ángel Reyes López apercibido que no hacerlo se haría efectivo el depósito hecho en favor de su fiado (foja 210 del anexo I). En diligencia de dos de julio de dos mil dieciocho el notificador se constituyó en el domicilio ubicado en calle MIGUEL HIDALGO, NÚMERO 57, SECCIÓN QUINTA, SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA (foja 211 del tomo de pruebas); sin embargo, nuevamente el diligenciario omite notificar en calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA; es decir, el domicilio en el que se practicó la diligencia no coincide totalmente con el proporcionado por el garante. El diez de julio de dos mil dieciocho, nuevamente se requirió al garante del hoy quejoso (foja 211 vuelta), quien mediante diligencia de doce de julio de dos mil dieciocho fue notificado en los siguientes términos: Hago constar que me constituí en el domicilio señalado en calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, NÚMERO 57, QUINTA SECCIÓN, SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA por lo que una vez previa y plenamente cerciorado de ser este el domicilio que se busca por así coincidir con la nomenclatura oficial y porque así me lo hicieron saber vecinos del lugar mismos que se niegan a identificarse, donde procedí a tocar en repetidas ocasiones por un lapso de quince minutos sin obtener respuesta alguna a mi llamado y sin observar que nadie salga del lugar, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46, fracción IX del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, procedo a fijar cédula con citatorio . No obstante, mediante proveído de veinte de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad responsable señaló (foja 214): ".Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y a fin de mejor proveer y tener la certeza de que la notificación realizada por el diligenciario adscrito a este juzgado es correcta TÚRNESE LOS AUTOS a dicho funcionario a fin de que se constituya de nueva cuenta en el domicilio de AGUSTÍN NICOLÁS REYES GARCÍA garante de MIGUEL ÁNGEL REYES LÓPEZ y lo requiera de nueva cuenta para que presente a su fiador dentro del término de 20 DÍAS ante esta autoridad." Ahora, mediante diligencia de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se desprende que el diligenciario se constituyó en el domicilio ubicado en calle Miguel Hidalgo y Costilla, número 57, quinta sección, San Miguel Canoa, Puebla, posteriormente asentó ".respondiendo a mi llamado una persona del sexo femenino, tez morena clara, complexión media de aproximadamente 1.67 centímetros de estatura ante quien me identifiqué con la credencial del poder judicial para acreditar la calidad con que se actúa, requiriendo la presencia de Agustín Nicolás Reyes García quien no quiso brindar su nombre ni apellidos ni mucho menos identificarse, que la persona que busco no vive en ese domicilio y que efectivamente este es el número 57, pero que como San Miguel Canoa es una población muy extensa ya que consta de varias secciones los números de las casas se repiten constantemente y que quizás dentro de la sección quinta existan más domicilios en la calle Miguel Hidalgo con el mismo número . por lo que me encuentro imposibilitado materialmente para notificar de manera personal a Agustín Nicolás Reyes García" Sin que pase inadvertido, que mediante proveído de catorce de febrero de dos mil diecinueve se inició la búsqueda del domicilio de Agustín Nicolás Reyes García a través de distintas dependencias, pues por un lado, Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México informaron que no se localizó registro con ese nombre (fojas 221 y 224); por otro lado, el Vocal del Registro Federal de Electores proporcionó el mismo domicilio que según el diligenciario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla estaba imposibilitado para notificar, sin que exista una razón que corrobore lo manifestado en diligencia de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, esto es que como San Miguel Canoa es una población muy extensa ya que consta de varias secciones los números de las casas se repiten constantemente y que quizás dentro de la sección quinta existan más domicilios en la calle Miguel Hidalgo con el mismo número pues el diligenciario no corroboró que hubiese casas con números repetidos o no; es decir, no se cercioró de que en efecto existiera otro domicilio con la misma nomenclatura donde pudiera localizar al quejoso. De tal manera, si no obra documento que evidencie la práctica de esas diligencias, es inconcuso que el acto reclamado es incapaz de producir consecuencias jurídicas, como en el caso, considerar que el inculpado o su garante, conocieron de los relatados requerimientos y, por ende, el apercibimiento en caso de incumplirlo. De ahí que, no existe certeza, de que el aludido indiciado y garante tuviesen conocimiento del contenido de tales determinaciones; por otra parte tampoco se advierte que el juez responsable analizara las circunstancias aquí destacadas para poder atribuir consecuencias legales a esas diligencias, de forma que de ellas no puede derivarse que el indiciado o el garante conocieran tales determinaciones. Ante tales inconsistencias, no es posible concluir que el impetrante conocía la existencia de los acuerdos mencionados, emitidos en la causa penal 210/2016, lo cual era necesario. Al respecto, es pertinente destacar que toda sanción legal debe provenir de la existencia de una determinación justa y fundada en derecho que deba ser cumplida por alguna de las partes, derivado de una comunicación oportuna mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará la sanción que corresponda conforme a la ley; sin embargo, debe constar o desprenderse de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial, lo que en la especie no aconteció. Por tanto, si las diligencias de notificación de los diversos acuerdos que se mencionaron no se practicaron conforme a la ley; es evidente que no pudieron servir de sustento al juez responsable para emitir el acto reclamado, esto es, hacer efectivos los apercibimientos ahí contenidos. De forma que el acto reclamado deviene ilegal, en tanto las razones que lo sustentan son erróneas, pues ninguna de las actuaciones practicadas en la misma generan certeza sobre el conocimiento de alguno de tales determinaciones a sus destinatarios. Consecuentemente, la determinación que libra la orden de reaprehensión y hace efectiva la garantía de libertad del indiciado, que se sustentó en tales razones y motivos, conculca el artículo 16, párrafo primero, constitucional, pues los motivos que se invocaron para emitirla son ineficaces para sustentarla jurídicamente. Razón por la cual, se concede el amparo al quejoso para el efecto de que el juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, deje insubsistente el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitido en la causa penal 210/2016, únicamente en la porción en la que hace efectiva la garantía exhibida por Agustín Nicolás Reyes García y, realice las actuaciones conducentes en el ámbito de su competencia a fin de que la garantía exhibida por el concepto de libertad del indiciado continúe surtiendo los efectos legales correspondientes en el proceso de origen, sin que se emita pronunciamiento por la orden de reaprehensión dicada en su contra, pues ya se ejecutó y la presente sentencia no podría retrotraer los efectos de su ejecución. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión ampara y protege a Miguel Ángel Reyes López y Agustín Nicolás Reyes García respecto al acto reclamado al juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, consistente en auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve dictado en su contra en el proceso 210/2016 y su ejecución, conforme a lo expuesto en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la sentencia como se ordena en su último considerando.

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