Miguel Ángel Reyes Santos
Expediente 1890/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1890/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Miguel Ángel Reyes Santos
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a catorce de diciembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no obra en autos la constancia de notificación dirigida a la autoridad responsable Titular de la Unidad de Responsabilidades y Jurídico Contenciosa del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, relativa al proveído de veintidós de noviembre de la presente anualidad, a través del cual se le requirió dentro del plazo ahí señalado, remita copia certificada de la totalidad de las constancia que integran el expediente relativo al recurso de revocación 0008/2022, e informe el estado procesal que guarda. En estas circunstancias, lo que procede es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a siete de diciembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido la Coordinadora Jurídica y Normativa de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al requerimiento de trece de noviembre del año en curso, informa que de la revisión de las constancias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, advirtió la posible comisión de un delito, por lo que el cinco de los corrientes, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, por lo que solicita la suspensión del presente juicio, hasta en tanto se determine la existencia o no de la comisión del delito; tomando conocimiento de su contenido. Atento a lo solicitado por la autoridad oficiante, no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que la probable de la comisión de un delito, no forma parte de la litis, toda vez que, los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, en la sentencia dictada el uno de diciembre de dos mil veintidós, consisten en: emitir la respuesta correspondiente al escrito presentado por el aquí quejoso el veintitrés de julio de dos mil diecinueve; actualizar los conceptos que integran su pensión por jubilación; y pagar las diferencias que resulten al aquí quejoso; sentencia que causó ejecutoria el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, sin que la autoridad responsable se inconformara con dicha determinación, por lo que la misma constituye cosa juzgada. Apercibidas la totalidad de las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acato a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada ley, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis se impondrá a las personas físicas que ostentan el cargo de las autoridades requeridas una multa por ciento cincuenta veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirá copia certificada de los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese.
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