Miguel Ángel Reyes Portocarrero y otros

Expediente 2200/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2200/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
12/12/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Reyes Portocarrero y otros
  • Miguel Ángel Reyes Portocarrero y otros y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    Ciudad de México, doce de diciembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y estado procesal de los autos de los que se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido al quejoso en auto de once de octubre de este año, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna al respecto, por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos que se fijará en los estrados de este órgano jurisdiccional, con apoyo en los artículos 26, fracción III, y 27, fracción II de la ley de la materia, situación que prevalecerá hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Estado procesal Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado al quejoso en auto de once de octubre dos mil veintitrés, a efecto que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento de la sentencia, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o si se incurrió en exceso o defecto. Cabe precisar que en la sentencia se concedió el amparo y protección de la justicia Federal al quejoso para los siguientes efectos: "[.] SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. De manera que si las autoridades no dieron contestación a la petición del peticionario de amparo en un tiempo que se estime suficiente, tal omisión constituye una violación al derecho de petición previsto en el artículo 8° constitucional, por lo que lo conducente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que: - El Director General y el Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al servicio del Estado de Nayarit, den respuesta fundada, motivada y congruente a la petición formulada por la parte quejosa el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en breve término, de forma congruente con lo solicitado y, hecho lo anterior, le notifique su determinación en el domicilio señalado al efecto, haciendo constar tal circunstancia. En el entendido de que se encuentran en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarlas a pronunciarse en determinado sentido [.]" Ahora, del contenido del escrito de petición del quejoso, se advierte que solicitó lo siguiente: "[.] Por lo anterior, y con el objetivo de esclarecer el manejo, situación financiera que guarda Fondo de Pensiones y estar en posibilidad de fincar responsabilidades a quien resulte responsable; en ejercicio de mi derecho, y con apego en los artículos 8°. y 35 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pido se ejecuten las acciones necesarias para que se practique una Auditoría Selectiva, por resultar de mi interés como trabajador, en la cual se revise e informe todo lo referente a la operación del Fondo de Pensiones y su recurso, que permita: [.] 1.- Se me informe [.]. 2.- Se me informe [.]. 3.- Se me informe y proporcione [.]. 4.- Se me informe y proporcione [.]. 5.- Se me informe y proporcione [.]. 6.- Se me informe y proporcione [.]. 7.-Se me informe y proporcione [.]. Para recibir respuesta a la presente petición señalo que la misma me sea notificada al correo electrónico **************** y al domicilio ubicado en la esquina que forman la calle ****************. [.]." En atención a dicho escrito, el director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, emitió oficio de respuesta en los siguientes términos: "[.], con fundamento en el artículo 10 fracción I de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y 13 fracción XVII del Reglamento Interior del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en relación la petición, recibida en la Dirección General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, en la cual solicitó información precisa respecto a la situación financiera que guarda el Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Al respecto, en cumplimiento a la sentencia emitida dentro de los autos del expediente [.], hago de su conocimiento que la información solicitada podrá ser visualizada, por la gran cantidad de documentos, en formato PDF en los siguientes enlaces: [.]. Asimismo, dicha información se encuentra a su entera disposición en formatos físicos en el almacén de la Dirección General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit para su cotejo. No omito manifestarle, la información que se proporciona, es el resultado de las búsqueda (sic) e integración de la información solicitada, asimismo, se proporciona en el orden en que se peticionó, además, es idónea y pertinente, tan es así, que esclarece la operación y situación financiera que guarda el Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado del año 2011 a la fecha, lo anterior, para su consulta y posteriores acciones. [.]." Expuesto el contenido del escrito de petición y la respuesta que le recayó a éste, al realizar una confrontación entre ambos, se advierte que si bien la autoridad responsable fundamentó su respuesta y proporcionó al quejoso diversas ligas electrónicas en las que, a su consideración, puede consultar la información que solicitó e incluso refirió que quedaba a su disposición de forma física en el almacén de la Dirección General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit para su cotejo, lo cierto es que, con ello, no atendió en su integridad la petición efectuada hecha por el solicitante de amparo. Tal aspecto se concluye así, ya que del contenido del oficio de respuesta, no se advierte que la autoridad responsable se haya pronunciado respecto a la petición del quejoso referente a que se ejecuten las acciones necesarias para que se practique una auditoría selectiva en el Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, ya que es de su interés como trabajador al servicio del Estado, que se revise e informe todo lo referente a la operación de dicho fondo de pensiones. Dicha omisión, trae como consecuencia que a consideración de esta juzgadora, no se encuentre cumplida la sentencia dictada en autos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo requiérase al (1) director general y al (2) Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit (en su carácter de autoridades responsables) así como al (3) gobernador del Estado de Nayarit (en su carácter de superior jerárquico de ambas autoridades), para que en el plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, en alcance al oficio que se analizó, emita uno diverso en el que dé respuesta puntual a esa solicitud, lo haga del conocimiento del promovente y remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de esta juzgadora no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo expuesto, se hace del conocimiento que aun cuando dejen sus puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duraron sus encargos y por tal razón, podrán ser consignadas en términos de lo previsto en el artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido que: 1. Las autoridades responsables deberán cumplir la totalidad de lo requerido en la sentencia en el plazo fijado, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo y b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento en lo previsto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, ocho de diciembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que el quejoso no realizó manifestación respecto al cumplimiento de la sentencia dado por la autoridad, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver si la ejecutoria se encuentra cumplida, o si se incurrió en exceso o defecto. Cabe señalar que se concedió el amparo de la justicia Federal para los efectos siguientes: "[.] Conforme a lo expuesto, dado que el valor catastral más cercano al del inmueble de la parte quejosa es el previsto para el rango G, el efecto del amparo concedido debe ser para que se considere que le resulta aplicable el subsidio que en el acuerdo reclamado se prevé para ese renglón de la tarifa, y que consiste en un descuento del veinticinco por ciento del monto a pagar; y para que se le devuelva la cantidad pagada en demasía por la aplicación de un precepto que aquí ha sido declarado inconstitucional, no así conforme a la cuota prevista en el rango D que prevé la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México como estableció el juzgador. [.]". Para acreditar el cumplimiento del fallo el subdirector divisional de Administración Tributaria en Parque Lira de la mencionada secretaría, en su carácter de autoridad vinculada, exhibió lo siguiente: Oficio *********** de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual realizó el cálculo conforme a los efectos de la sentencia y estableció el monto a devolver actualizado el que asciende a $************) respecto al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, relativo al inmueble con cuenta predial **********. Oficio *********** de veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, con el que remitió copia certificada del aviso de pago entregado el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, del que se advierte que el quejoso recibió la cantidad determinada en cumplimiento a la sentencia. Cabe destacar que las actuaciones de cumplimiento se hizo del conocimiento del quejoso, sin que hubiera realizado manifestación alguna; sin embargo, ello no implica que esta juzgadora no pueda pronunciarse sobre el cumplimiento de la ejecutoria, dado que la falta de manifestación a la vista no es impedimento para emitir la resolución en la que declare si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En ese sentido, de las constancias descritas se advierte que el fallo protector se ha cumplido en sus términos, dado que la autoridad fiscal determinó el impuesto predial para el ejercicio dos mil veintitrés, conforme a los efectos de la ejecutoria, pues aplicó el beneficio previsto para el rango G, del numeral segundo, inciso b), del acuerdo impugnado, respecto de la cuenta predial *********. También, acreditó haber devuelto la cantidad actualizada que resultó en favor del quejoso al aplicarse la mecánica señalada respecto del pago que realizó del impuesto predial, la que ascendió a $3***********) respecto al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, relativo al inmueble con cuenta predial ************. En consecuencia, se estima que la sentencia ha sido cumplida, sin exceso ni defecto, ya que se ha restituido al quejoso el goce de sus derechos violados, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluído. Notifíquese y vía electrónica al quejoso

  3. Principal

    Ciudad de México, siete de diciembre de dos mil veintitrés.****************************************Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el término de tres días otorgado a las quejosas en auto de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia, sin que haya realizado manifestación alguna.****************************************En ese sentido, conviene destacar que por auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la resolución dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en la que determinó lo siguiente en relación al recurso de revisión interpuesto por las quejosas: ****************************************"[.]********************Primero. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. ****************************************Segundo. Se sobresee en el juicio de amparo.****************************************Tercero. La justicia federal no ampara ni protege a C**********en términos de los considerandos noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo de la sentencia recurrida, por las razones indicadas en la última consideración de la presente ejecutoria.****************************************Notifíquese;********************[.]."****************************************Asimismo, conviene recalcar que los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal en la sentencia dictada en este juicio:****************************************"[.]********************TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. ********************[.]"****************************************De lo anterior, se advierte que el efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a las quejosas y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. ****************************************Ahora, para acreditar el acatamiento de la sentencia la citada autoridad responsable manifestó mediante el oficio registrado con folio 20143 que no realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a las quejosas y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes.****************************************Sin que las solicitantes de amparo realizaran manifestaciones al respecto.****************************************Por tanto, se estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a las quejosas.******************** ********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído.****************************************Notifíquese y personalmente a todas las quejosas.

  4. Incidental

    Ciudad de México, siete de diciembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido por la encargada de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, por el que en atención al requerimiento formulado en auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, informa que no considera necesario señalar constancias por los motivos que expone, de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México · 11,142 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano