Miguel Ángel Real Barragán

Expediente 2217/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2217/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/12/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Real Barragán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL: Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 62, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta, a través del cual el Síndico del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, informa respecto de las constancias que le fueron solicitadas; tan solo agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que en proveído de treinta de noviembre del presente año, se recibieron las documentales correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para los efectos conducentes. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por presentadas las pruebas documentales que acompaña, sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno. Finalmente, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados y domicilio a los que señala. Notifíquese.

  4. Principal

    NOTIFIQUESE Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el escrito del autorizado de la parte quejosa, en atención su solicitud, dígasele que con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza recibir las notificaciones por vía electrónica, a través del usuario *********. Se ordena al Actuario Judicial que corresponda, realizar las notificaciones de carácter personal, por dicha vía. Ahora bien, en atención a sus manifestaciones, se ordena al Actuario que corresponda, notifique a la parte quejosa la sentencia dictada en autos, vía electrónica, lo anterior, para los efectos legales conducentes. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1442/2022; y, R E S U L T A N D O 1. PRIMERO. Por escrito presentado el doce de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, MIGUEL ÁNGEL PINZÓN MURILLO, Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos que ahí indicó. 2. SEGUNDO. La demanda se turnó a este Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la que se registró con el número 1442/2022 y en acuerdo de quince de julio de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo. Tramitado el juicio, en su oportunidad se celebró la audiencia constitucional, con el resultado que se asienta en el acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O 3. PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; así como el numeral 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 4. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del estudio integral de la demanda y demás constancias de autos, los actos reclamados se hacen consistir en: ? El acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio 1352/2018, donde se impuso al quejoso una multa por el equivalente a ciento veinte veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (Acto atribuido a la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco). ? La ejecución de la multa referida (acto que se reclama del Titular del Departamento de Notificación y Ejecución Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco). 5. TERCERO. Es cierto, el acto reclamado de la responsable Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, consistente en la emisión del acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio 1352/2018, donde se impuso al quejoso una multa por el equivalente a ciento veinte veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, pues así se desprende de las constancias del certificadas del juicio de origen, con pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entre las que destaca el auto impugnado. 6. Asimismo, queda desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, consistente en la ejecución de la multa impuesta al peticionario de la protección federal, al rendir informe justificado, en razón de que dicha ejecución es de carácter inminente, al ser una consecuencia del mandamiento judicial primordialmente reclamado, cuya existencia quedó acreditada. 7. En efecto, del análisis de las constancias de autos se advierte que la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, ordenó girar oficio a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, para que se hiciera efectiva la multa reclamada; por tanto, al existir la solicitud relativa de parte del órgano jurisdiccional a efecto de que ésta se haga efectiva, ello torna inminente su ejecución y, en consecuencia, cierto el acto reclamado. 8. Es aplicable la tesis de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se 29/08/24 10:23:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.37 RUBÉN ELIZALDE SÁNCHEZ 3 les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." 9. CUARTO. La responsable dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, al rendir su informe con justificación adujo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, del mismo ordenamiento, ya que no ha ordenado, ejecutado ni tratado de ejecutar la multa impuesta al quejoso. 10. Lo numerales de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (...)" 11. De la lectura de los numerales insertos se aprecia, en esencia, que es improcedente el juicio de amparo, si alguna de las autoridades responsables señaladas en el juicio, no posee atribuciones de "imperio" -facultades en la ley para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria-. 12. Sin embargo, contrario a lo manifestado por la responsable, ésta sí ostenta carácter de responsable ejecutora, razón por la cual, su intervención radica en el cobro de la multa impuesta en el juicio de origen, facultad legal que sí está contemplada en su reglamento interno, lo que la obliga, en su caso, a llevar a cabo lo ordenado por la diversa responsable en el auto reclamado en el presente juicio. 13. Por tal razón, se desestima la citada causa de improcedencia. 14. Al no advertirse causa de improcedencia que opere de oficio ni otra invocada por las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación. 15. QUINTO. Previo a dar respuesta a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, es necesario realizar una breve narración de antecedentes que se extraen de las copias certificadas del juicio de origen, ya valoradas: I. En escrito presentado el once de junio de dos mil dieciocho, Miguel Bravo Castro promovió juicio administrativo contra actos de un Agente Vial dependiente de la Policía de Tránsito Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, de quien reclamó la imposición de una cédula de infracción determinada. II. De dicha demanda conoció la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, quien la registró con el número 1352/2018 y la admitió a trámite en auto de catorce de junio de dos mil dieciocho. III. Desahogado el juicio por sus etapas procesales, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que en esencia se resolvió: "(.) TERCERO.- Por las consideraciones y fundamentos legales contenidos en el último considerando de la presente resolución, se declara la nulidad lisa y llana del acto administrativo impugnado, esto es, la Cédula de Notificación de Infracciones número de folio 192807 emitida por el personal de la Policía.". IV. En auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, causó estado la sentencia de referencia, y en esa misma fecha se requirió a la demandada el cumplimiento voluntario de la sentencia dictada, bajo apercibimiento de multa por el equivalente a sesenta Unidades de Medida y Actualización, en caso de desacato. V. En auto de catorce de junio de dos mil veintidós, ante el incumplimiento del requerimiento formulado en el auto descrito en el punto que antecede, se impuso al peticionario de la protección federal una multa por el 29/08/24 10:23:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.37 RUBÉN ELIZALDE SÁNCHEZ 4 equivalente a ciento veinte Unidades de Medida y Actualización y se requirió de nueva cuenta en los mismos términos. Este auto constituye el acto reclamado. 16. En los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo identificados como PRIMERO y SEGUNDO, aduce el quejoso que se viola en su perjuicio el derecho de debida fundamentación y motivación contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 10, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, pues indica, en esencia, que la multa de ciento veinte Unidades de Medida y Actualización que le fue impuesta en el auto reclamado, no está debidamente motivada, ya que la responsable no especificó las razones por las que determinó imponerle como sanción el máximo previsto en la norma. 17. A manera de preámbulo y con el propósito de ubicar adecuadamente el problema que se plantea, que se relaciona con la fundamentación y motivación del acto emitido por la responsable, es necesario analizar el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,1 que en lo que interesa, dispone que una de las garantías de seguridad jurídica es la de legalidad, prevista en su primer párrafo, que establece la obligación de todo acto de autoridad, de fundar y motivar la causa legal del procedimiento. 18. En el mencionado primer párrafo,2 se establece la exigencia de los siguientes requisitos en la emisión de cualquier acto de molestia proveniente de una relación pública de supra-subordinación: 1. Que provenga de autoridad competente; 2. Que se encuentre fundado y motivado, y 3. Que conste por escrito. 19. En él se protege a todo individuo de los actos de autoridad que perturben cualquiera de los bienes jurídicos que en él se contemplan, ya sea que se trate de actos materialmente administrativos, materialmente jurisdiccionales o actos estrictos de privación, independientemente de su índole formal o material, esto es, cualquier acto que produzca un menoscabo en la esfera jurídica de la persona y no cumpla con la obligación de fundar y motivar la causa legal del procedimiento. 20. La doctrina define a la seguridad jurídica como la garantía que se otorga al individuo para que su persona, bienes y derechos no sean objeto de ataques violentos ni su situación jurídica sea afectada, a menos que se trate de procedimientos regulares establecidos previamente. 21. Dentro de un régimen jurídico, esa afectación de diversa índole y de múltiples y variadas consecuencias que opera en el estatus de cada gobernado, debe obedecer a determinados principios previos, llenar ciertos requisitos, esto es, debe estar sometida a un conjunto de modalidades jurídicas, sin cuya observancia no sería válida desde el punto de vista del derecho. 22. La garantía de seguridad jurídica implica un conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado. Por ende, un acto de autoridad que afecte el ámbito jurídico particular de un individuo sin observarlo, no será válido a la luz del derecho. 23. Tiene aplicación al caso la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página cincuenta y seis, del tomo 151-156, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, en su Séptima Época, cuyo rubro se cita como nota al pie.3 24. Así, la obligación de fundar y motivar adecuadamente las resoluciones, en estricto apego a lo dispuesto en el analizado artículo 16 de la Constitución Federal, en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, trata en esencia, de citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadraban en los presupuestos de la norma que invocó. 25. Asimismo, debe establecerse la diferencia que existe entre falta e indebida; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se 1 "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)." 2 "Artículo. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]." 3 "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE." 29/08/24 10:23:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.37 RUBÉN ELIZALDE SÁNCHEZ 5 apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste. 26. Así lo estableció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la jurisprudencia I.6º.C. J/52, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Novena Época, enero de dos mil siete, página dos mil ciento veintisiete, cuyo rubro se cita como nota al pie.4 27. Así, atento a las premisas insertas, debe precisarse que para que una multa no resulte excesiva y, por tanto, violatoria del artículo 16 constitucional, resulta necesario que se faculte a la autoridad sancionadora con el objeto de que se encuentre en condiciones de correlacionar dos elementos, a saber: a) Que exista correspondencia entre la cuantía de la multa y las condiciones económicas del infractor; y b) Que la sanción pecuniaria tome en cuenta la gravedad de la falta. 28. Luego, del análisis del auto reclamado en sede constitucional, se advierte que se citó como fundamento el artículo 10, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que se inserta a continuación: "Artículo 10. Las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa y su presidente, para hacer cumplir sus determinaciones y para mantener el orden en las diligencias que ante estas se promuevan, podrán hacer uso de los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias: (.) II. Multa, que podrá ser hasta por el monto de ciento veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; (.)". 29. De la lectura de la porción normativa inserta se aprecia, que entre las medidas de apremio y disciplinarias que prevé la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se encuentra la multa, misma que puede ser de hasta ciento veinte Unidades de Medida y Actualización, sin que se precise un monto mínimo. 30. Ahora bien, del análisis del auto reclamado se aprecia, en lo que interesa: ".la parte demandada no ha cumplido cabalmente con la sentencia definitiva pronunciada en autos, no obstante de encontrarse legalmente notificada de dicha resolución así como el requerimiento formulado en el auto que antecede, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 85 en relación al numeral 10, fracción II, de la citada Ley de Justicia Administrativa. por en ende se le aplica una multa por el equivalente a 120 ciento veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización señalada por." 31. Esto es, como se ve, la multa impuesta a la quejosa, constituye la pena máxima contemplada por la legislación aplicable. 32. Sin embargo, no se advierte que la autoridad responsable hubiese individualizado, en el caso concreto, el monto de la multa, tomando en cuenta la capacidad económica del infractor, la gravedad de la conducta a sancionar y la mayor o menor trascendencia del asunto en que se cometió cada falta, a fin de determinar las razones que la llevaron a imponer la multa de mayor cuantía y no otra menor; por lo que, es precisamente esa falta de individualización, por parte de la autoridad que la impone, lo que conduce a considerar que la sanción impuesta es contraria a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 33. Lo anterior, con independencia de que la sanción aplicada al quejoso, se haya impuesto con motivo del incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio administrativo 1352/2018, pues ello, en modo alguno, justifica que se viole lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, al imponer al infractor la multa máxima prevista en un precepto que establece ciento veinte Unidades de Medida y Actualización como máximo; por ende, resulta excesiva su imposición al no haber 4 "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA." 29/08/24 10:23:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.37 RUBÉN ELIZALDE SÁNCHEZ 6 ponderado y establecido los factores determinantes para establecer por qué decidió actuar en la forma que lo hizo y no de otra manera, aplicando un monto menor. 34. En conclusión, al no advertirse que la responsable realizara ponderación respecto a la gravedad de la falta por omitir el incumplimiento de la sentencia de origen, la reincidencia y capacidad económica del infractor, a fin de determinar el monto de la sanción materia de reclamo; evidentemente resulta inconstitucional dicha sanción. 35. Cobra aplicación a lo antes expuesto, la jurisprudencia P./J. 17/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 192195, de rubro citado como nota al pie.5 36. Así, ante lo fundado de los conceptos de violación sintetizados, con fundamento en el artículo 73 de la Ley de Amparo, procede CONCEDER EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. 37. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado de la responsable dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, al no haberse controvertido por vicios propios. 38. SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo. 39. Así, a fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental relativo a la garantía de legalidad consagrado en el numeral 16 constitucional, que se estima transgredido, la protección de la Justicia Federal tiene el efecto de que la Sala responsable: - Deje insubsistente el auto de catorce de junio de dos mil veintidós. 40. Con independencia de lo anterior, se dejan intactas las facultades de la autoridad responsable a efecto de que, si lo considera, dicte un nuevo auto en el que realice un apercibimiento diverso, ciñéndose a los elementos evidenciados en la presente sentencia, ya que, como se indicó en la relación de antecedentes del acto reclamado, el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución y su cumplimiento, por tanto, es de carácter oficioso acorde a lo ordenado en el párrafo segundo del artículo 85 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.6 41. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve: 42. ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******, ******, contra el acto reclamado de la responsable, por las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos precisados en el diverso sexto de este fallo.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,927 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano