Miguel Ángel Ramos Silva

Expediente 471/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
471/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
28/07/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Ramos Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia engrosada el doce de julio del año en curso, que sobreseyó en este juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental. Con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción I (Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, procédase a su destrucción; d) Dentro de los treinta días siguientes a la destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Provéase lo conducente en el incidente que deriva de este expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado de autos, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa; por lo que, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Archivo y valoración. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción III (El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: Este asunto carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, procédase a su destrucción; c) Dentro de los treinta días siguientes a la destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 471/2023; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Demanda de amparo. ******************** por derecho propio, mediante escrito de demanda presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y Comandante o Jefe de Grupo o Encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones, en la referida población; que estimó violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se precisarán en el considerando segundo de este fallo. SEGUNDO. Admisión y trámite. A este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno, le correspondió conocer de la referida demanda, que se registró con el número de juicio 471/2023; y en proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, previo cumplimiento al requerimiento formulado el diecisiete de los referidos mes y año (fojas 23 - 26 y 32- 35), se determinó admitir la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de treinta y uno de mayo del año en curso, se ordenó girar despacho al Juez de Control en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a efecto de emplazar al tercero interesado ********************, y la audiencia constitucional tuvo verificativo como se encuentra asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56, fracción I (materia penal), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado y ejecutado por autoridades que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda, escrito aclaratorio y demás constancias que obran en el asunto. Este órgano jurisdiccional advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, los siguientes actos: Del Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 1. La orden de cateo librada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el cuaderno de antecedentes ********************. 2. La orden para presentar ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, la camioneta ********************, tipo ********************, doble cabina, modelo ********************, ******************** ********************, con número de serie ********************, clave vehicular ********************, con placas de circulación ********************, del Estado de Oaxaca. 3. La orden de detención librada contra el quejoso. Del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 3. La ejecución de la orden de cateo verificada el tres de mayo de dos mil veintitrés, librada por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el cuaderno de antecedentes ********************. 4. La orden de presentación de la camioneta ********************, tipo ********************, doble cabina, modelo ********************, ******************** ********************, con número de serie ********************, clave vehicular ********************, con placas de circulación ********************, del Estado de Oaxaca. 5. Orden de detención de la camioneta ********************, tipo ********************, doble cabina, modelo ********************, ******************** ********************, con número de serie ********************, clave vehicular ********************, con placas de circulación ********************, del Estado de Oaxaca. 6. La orden de detención librada contra el quejoso. Del Agente de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Grupo, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 7. La ejecución de las órdenes dictadas por el Juez de Control y Agente del Ministerio Público responsables. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. De los informes justificados rendidos por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y Agente de Guardia de la Agencia Estatal de Investigaciones del Grupo, en la citada población (fojas 38, 40, 72, 83 y 89) se advierte la inexistencia de los siguientes actos. Del Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y Agente de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Grupo, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. * La orden para presentar ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, la camioneta ********************, tipo ********************, doble cabina, modelo ********************, ******************** ********************, con número de serie ********************, clave vehicular ********************, con placas de circulación ********************, del Estado de Oaxaca. * La orden de detención librada contra el quejoso. * La ejecución de dichas órdenes. Lo anterior, ya que en su informe justificado, el juez responsable negó la existencia de los citados actos e informó que únicamente libró la orden de cateo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el cuaderno de antecedentes ******************** (fojas 72 y 83). Del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y Agente de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Grupo, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. * La orden de detención librada contra el quejoso. * Su ejecución. Es así, pues de las actuaciones que obran en la carpeta de investigación ********************, no se advierte que el Agente del Ministerio Público haya librado alguna orden de detención contra el quejoso, únicamente requirió a ******************** la presentación de una camioneta ********************, tipo ********************, doble cabina, modelo ********************, ******************** ********************, con número de serie ********************, clave vehicular ********************, con placas de circulación ********************, del Estado de Oaxaca. De ahí la inexistencia de dicho acto. Del Agente de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Grupo, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. La ejecución de las órdenes de presentación y detención de la camioneta ********************, tipo ********************, doble cabina, modelo ********************, ******************** ********************, con número de serie ********************, clave vehicular ********************, con placas de circulación ********************, del Estado de Oaxaca. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia de los actos reclamados antes indicados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, consultable en la página 181 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, con número de registro digital 804176, que dice: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Circuito Judicial del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, consistente en la orden de cateo librada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el cuaderno de antecedentes ******************** (foja 72); lo que se corrobora con el registro de audio y video que contiene la audiencia desahogada en el cuaderno de antecedentes ********************, de su índice; al que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, localizable en la página 703, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, con número de registro digital 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Además, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia de los actos reclamados consistentes en la ejecución de la orden que se verificó el tres de mayo de dos mil veintitrés; así como la orden de presentación de la camioneta ********************, tipo ********************, doble cabina, modelo ********************, ******************** ********************, con número de serie ********************, clave vehicular ********************, con placas de circulación ********************, del Estado de Oaxaca (fojas 40 y 89). Lo que se acredita con las copias de las actuaciones que obran en la carpeta de investigación ********************, pues el Agente del Ministerio Público responsable, requirió al quejoso la presentación del citado vehículo, el ocho de mayo de dos mil veintitrés. Por otra parte, fue omiso en realizar alguna manifestación en cuanto al diverso acto reclamado consistente en la orden de detención de la camioneta ********************, tipo ********************, doble cabina, modelo ********************, ******************** ********************, con número de serie ********************, clave vehicular ********************, con placas de circulación ********************, del Estado de Oaxaca; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto dicho acto. Orden de detención de la camioneta se corrobora con lo expuesto por el Agente del Ministerio Público responsable, ante el Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en la audiencia de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, quien refirió que obran en la carpeta de investigación diversos oficios de petición de colaboración de cinco de abril de dos mil veintitrés, dirigidos al Director de la Policía Municipal, Comandante de la Guardia Nacional Destacamentado, Comandante de la Policía Estatal, Delegado de la Policía Vial Estatal de Oaxaca, todos en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, girados con la finalidad de la localización y aseguramiento del vehículo antes mencionado [minuto 28:48 del disco DVD] Finalmente, también se advierte la existencia del acto reclamado del Agente de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Grupo, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, consistente en la ejecución de la orden de cateo verificada el tres de mayo de dos mil veintitrés, librada por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el cuaderno de antecedentes ********************; pues en la audiencia de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, a petición del Agente del Ministerio Público responsable, se autorizó la intervención del Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, destacamentado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca (********************), y de los Agentes Estatales de Investigación adscritos a la Comandancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca (********************, con número de identificación ********************; ********************, con número de identificación ********************; ********************, con número de identificación ********************, ********************, con número de identificación ******************** y ********************, con número de identificación ********************), los Agentes Estatales de Investigación adscritos a la Comandancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en su ejecución [minutos 37: 51 y 56:12 del disco DVD]. De ahí la existencia de los actos reclamados. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir actualizada una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Tocante a los actos reclamados consistentes en la orden de cateo librada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el cuaderno de antecedentes ********************, por el Juez de Control del Circuito Judicial del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y su ejecución, este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5º, fracción I y 6º, de la citada ley, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. De los dispositivos transcritos se desprende que el juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Conforme con los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5° y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Ahora bien, el interés jurídico, precisa la afectación a un derecho subjetivo, como lo definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª/J.168/2007, visible en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, con número de registro digital 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. De acuerdo con el criterio anterior, para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, ello debe derivar de un perjuicio directo sobre los intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, conforme a los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, o lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones sean susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que se acredite en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona sufra, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), debiendo acreditar fehacientemente que es titular del derecho subjetivo público que es violado por un acto de autoridad. Precisado lo anterior, en el caso a estudio se desprende que el quejoso no demostró un vínculo existente entre sus derechos fundamentales, con la relación jurídica sustancial que subyace en el cuaderno de antecedentes ********************, en que el veintiocho de abril del año en curso, se libró la orden de cateo de un predio, a efecto de realizar la búsqueda, localización y aseguramiento de una camioneta de la marca ********************, con número de serie ********************, de la línea ********************, ******************** ********************, año ********************, sin número de motor, doble cabina, con clave vehicular ******************** de ocho cilindros, con placas de circulación ******************** del Estado de Oaxaca. Inviolabilidad del domicilio. Para una adecuada compresión de lo aseverado, conviene establecer que la orden de cateo, como acto de molestia, supone la afectación preponderante al derecho humano a la privacidad, en el aspecto de inviolabilidad del domicilio. El cual, debe quedar establecido como el derecho subjetivo a tutelar; y, respecto del cual, el quejoso debe acreditar plenamente que la autoridad responsable le violentó. En este contexto, los artículos 14, párrafo segundo, así como 16, párrafos primero y decimoprimero, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el diverso 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se establece que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su domicilio. Regla genérica que admite excepción, siempre y cuando, medie procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en el que, se cumplan las formalidades esenciales del mismo. Dado que la intromisión en un domicilio es considerada una afectación al derecho a la privacidad; por lo que, para ejecutar una injerencia al mismo por parte de agentes estatales, éstos deben seguir las formalidades constitucionales y legales, consistentes en que a) Conste por escrito y sea emitida por autoridad competente que la funde y la motive; b) Exprese el lugar que ha de inspeccionarse, los objetos o personas que se buscan; c) Precise la materia de la inspección, y d) Se levante un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. Concepto legal de domicilio. Establecido lo anterior, conviene tener presente el concepto de domicilio que, conforme a los artículos 29, 30, 31, 32 y 34 del Código Civil Federal, tiene dicha figura como atributo de las personas físicas; y que, constitucionalmente, esta tutelado en su privacidad. Así, el domicilio es lugar donde las personas residen habitualmente, y a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de éstos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encontraren. Además, existe un "domicilio legal" como el lugar en donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. Previéndose que, cuando una persona tenga dos o más domicilios se le considerará domiciliada en: ( El lugar en que simplemente resida, y ( Si viviere en varios, aquél en que se encontrare. Conforme a las anteriores precisiones, en el caso -previo a examinar la constitucionalidad de los actos reclamados- era deber de la parte quejosa, acreditar plenamente que el predio cateado, es donde tiene su domicilio particular y hasta legal, por ser el lugar donde habitualmente reside, atiende sus negocios o la ley le fijó para el ejercicio de sus derechos y obligaciones; además, que tiene la propiedad o posesión del vehículo cuya búsqueda, localización y aseguramiento se autorizó en dicha orden de cateo. Ahora bien, del registro de audio y video que contiene la audiencia desahogada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el cuaderno de antecedentes ********************, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se advierte que el Juez de Control responsable, libró la orden de cateo solicitada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de la citada población, que se practicaría en el domicilio ubicado en la calle ********************, colonia ******************** Miahuatlán de Porfirio Díaz, que tiene como referencia un terreno sin portón, cercado con carrizo y malla que tiene maleza, a un costado de la estética denominada ******************** y ********************, y de un edificio de tres niveles de ******************** blanco en donde venden ropa, que se encuentra entre las calles ******************** e ******************** y como calle intermedia, la calle ********************, para la búsqueda, localización y aseguramiento de una camioneta de la marca ********************, con número de serie ********************, de la línea ********************, ******************** ********************, año ********************, sin número de motor, doble cabina, con clave vehicular ******************** de ocho cilindros, con placas de circulación ******************** del Estado de Oaxaca. Sin embargo, en el caso, el quejoso no aportó prueba alguna con la que acredite que es propietario o poseedor del bien inmueble en donde se ordenó el desahogo de la orden de cateo, esto es, en la calle ********************, colonia ******************** Miahuatlán de Porfirio Díaz, que tiene como referencia un terreno sin portón, cercado con carrizo y malla que tiene maleza, a un costado de la estética denominada ******************** y ********************, y de un edificio de tres niveles de ******************** blanco en donde venden ropa, que se encuentra entre las calles ******************** e ******************** y como calle intermedia, la calle ********************. Por lo tanto, el quejoso no comprobó que esté domiciliado en el predio en que se ordenó el desahogo del cateo, porque generalmente ahí habita, atiende sus negocios o, legalmente es donde ejerce sus derechos y obligaciones. Inclusive, en la demanda de amparo, el quejoso refirió que dicho cateo fue ejecutado en un domicilio en que habitan sus familiares, el tres de mayo del año en curso, pues en el punto seis del capítulo de antecedentes, dijo: "[.] 6. Cabe mencionar que me enteré de forma extraoficial que el Juez de Control libró una orden de cateo dentro del cuaderno de antecedentes ********************, para localizar la camioneta de mi propiedad, cuyo cateo al parecer fue ejecutado en diverso domicilio donde habitan mis familiares el día tres de mayo del año en curso, lugar en el que desde luego no encontraron la camioneta de mi propiedad [.]". Además, para acreditar la propiedad de la camioneta cuya búsqueda, localización y aseguramiento fue ordenada en la orden de cateo librada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el cuaderno de antecedentes ********************, y en consecuencia, demostrar su interés jurídico, ofreció como prueba el instrumento número cuatrocientos ochenta y nueve, volumen cuatro, de doce de abril de dos mil catorce, pasado ante la fe del Notario Público número Ciento Veintiuno del Estado de Oaxaca, que contiene la información testimonial que otorgaron ******************** y ********************, quienes de manera coincidente refirieron que el promovente es dueño de la camioneta marca ********************, tipo ********************, doble cabina, modelo ********************, ******************** ********************, con número de serie ********************, clave vehicular ******************** y placas de circulación ********************, del Estado de México (fojas 16 - 22). No obstante, para efectos de este juicio de amparo, tal probanza tampoco puede demostrar fehacientemente el interés jurídico para accionar, porque las diligencias de información testimonial, por su naturaleza, únicamente se tratan de una declaración rendida por un particular, sin ser constitutiva de derechos; por lo que carecen de prueba probatoria como documento público, aun cuando hayan sido vertidas ante notario público, pues dichas declaraciones testimoniales no poseen las formalidades legales para demostrar la causa generadora de la posesión de algún bien mueble o inmueble, en alguna de las formas permitidas por la ley. Como apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, consultable en la página 622 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, con número de registro digital 211528, de rubro y texto: "INFORMACIÓN TESTIMONIAL, DILIGENCIAS DE. NO SURTEN EFECTOS CONTRA TERCEROS. En relación a las diligencias de información testimonial, debe indicarse que no pueden surtir efectos contra terceros por tratarse de un acto unilateral que sólo se decreta cuando se trata de acreditar algún hecho o justificar un derecho en los que sólo tenga interés la persona que lo solicita; y no puede ser estimada en jurisdicción contenciosa como prueba testimonial, puesto que los declarantes deponen en ellas sin citación contraria y no pueden ser repreguntados." A mayor abundamiento, conviene destacar que en dicha diligencia de información testimonial, los testigos aseguraron que ******************** es propietario de la camioneta marca ********************, tipo ********************, doble cabina, modelo ********************, ******************** ********************, con número de serie ********************, clave vehicular ******************** y placas de circulación ********************, del Estado de México; cuando la camioneta cuyo aseguramiento autorizó el juez responsable, tiene un número de serie distinto, esto es, ********************. También ofreció como prueba, la copia certificada de la tarjeta de circulación vehicular, de la camioneta antes indicada, correspondiente al año dos mil veintiuno, expedida por la Secretaría de Movilidad (foja 15); documental a la cual se le otorga valor probatorio de indicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, dicha documental por sí sola resulta insuficiente para acreditar la propiedad que ostenta del vehículo antes referido y como consecuencia, el interés jurídico del quejoso. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 61/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 175 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, con número de registro digital 171897, de rubro y texto: "TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR. NO ES UN DOCUMENTO IDÓNEO, POR SÍ MISMO, PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO EN CALIDAD DE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO AUTOMOTRIZ A QUE SE REFIERE. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversas tesis que el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. El interés jurídico está directamente vinculado con el derecho que se dice vulnerado por el acto de autoridad, por lo cual, cuando se acude al juicio de amparo reclamando el acto consistente en el embargo trabado sobre un vehículo automotriz por afectar el derecho de propiedad del quejoso, debe demostrarse que el quejoso es titular de tal derecho a fin de demostrar el interés jurídico en el juicio de amparo. Ahora bien, la tarjeta de circulación vehicular sólo permite la identificación del vehículo automotriz referido en ella, es decir, su alcance probatorio se limita a comprobar que el vehículo que describe cuenta con el permiso de circulación respectivo; de ahí que dicha tarjeta, por sí misma, no sea un documento idóneo para acreditar la propiedad del vehículo, pues sólo establece una presunción respecto de ese derecho y, como se ha dicho, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no con base en presunciones." Por lo expuesto, al no acreditarse la afectación al interés jurídico del quejoso, tampoco afectan a su interés jurídico, las órdenes de presentación y detención de la camioneta ********************, tipo ********************, doble cabina, modelo ********************, ******************** ********************, con número de serie ********************, clave vehicular ********************, con placas de circulación ********************, del Estado de Oaxaca, libradas en la carpeta de investigación ********************. En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia, conlleva a sobreseer en la presente contienda constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley invocada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 471/2023, promovido por ******************** en términos de los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de veintitrés de junio del presente año, este órgano de control constitucional dio vista a la quejosa para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector, sin que lo hubieran realizado. En tales condiciones, se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias de autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Mediante sentencia dictada el catorce de febrero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Perla Sandoval Flores, respecto al acto reclamado a la autoridad responsable. Dicha sentencia se declaró ejecutoriada en auto de dieciséis de junio del presente año y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Por medio de los oficios registrados en este juzgado con los números 8801 y 9598, la autoridad responsable informó lo relativo al acatamiento de la sentencia, con lo cual se dio vista a las partes en proveído de veintitrés de junio de este año. Enseguida, se inserta un cuadro comparativo, en el que se reproducen los efectos del fallo protector y los actos realizados para su cumplimiento. 27/10/23 17:02:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.48.44 Ricardo Mendoza García EFECTOS CUMPLIMIENTO La Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez: i) Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, instruya a la auxiliar dictaminadora para que, de inmediato, proceda a elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo, en el expediente laboral número 705/2016. 2). Efectuado lo anterior, dentro de los términos previstos por los numerales 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, se distribuya el proyecto de laudo entre los integrantes de la Junta, se cite para la audiencia de discusión y votación, se eleve a la categoría de laudo definitivo y se ordene su notificación a las partes, todo lo cual se deberá realizar estrictamente dentro de los plazos estipulados en dichos numerales, sin excederlos. 3). Justifique lo anterior con las constancias conducentes. *El dieciséis de junio del presente año, se dictó laudo en el juicio laboral número 705/2016. *En diligencia de cuatro de julio del año en curso, la Actuaria adscrita a la Junta responsable notificó a la parte quejosa el laudo de referencia. *Oficios con números de registro 8801 y 9598, y actuaciones anexas. Con base en lo anterior, se considera que la autoridad responsable cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, sin excesos ni defectos, de tal manera que en el caso, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, se ordena incorporar al expediente físico el presente acuerdo, toda vez que se trata de una determinación relevante, en razón de que es una resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; a la quejosa en forma electrónica.

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