Miguel Angel Ramos Gutierrez
Expediente 684/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 684/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Angel Ramos Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto el estado de autos, del cual se advierte que el presente juicio se encuentra concluido; por tanto, al resultar innecesaria su retención, remítase a la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas de la Fiscalía General del estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, los tomos de pruebas que en copia certifica adjuntó a su informe de ley.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el auto de seis de julio de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según el artículo 2°, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento a los artículos 21, inciso a) y 18, fracción I, inciso a) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, y el original del cuaderno incidental de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio principal y se negó por una parte y concedió por otra, la medida suspensional definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que el promovente del amparo reclama lo siguiente: La desposesión y aseguramiento del vehículo de motor de la marca ********************; El no permitirle el acceso a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Investigación de Alto Impacto en el Estado, a efecto de solicitar información respecto del bien mueble descrito. La diligencia de cateo ejecutada el quince de noviembre de dos mil diecinueve en el inmueble ubicado en ********************. En la especie se estima que se actualizan diversas causas de improcedencia, las que conducen a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. En tal virtud, para un mejor análisis de dichas causales y mayor comprensión se realizarán dos apartados. I. Causal de improcedencia respecto a los actos señalados en los incisos a y b. Ahora, del estado de autos, en particular de las constancias remitidas por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas de la Fiscalía General del estado de Guanajuato, se desprende que en la carpeta de investigación ********************se determinó lo siguiente: Que el ********************, la autoridad responsable en comento acordó la devolución del vehículo de motor de la marca ********************. Que dicha misiva fue recibida en la misma data de su emisión, por el aquí quejoso ********************, pues en la misma se observa la leyenda "Recibí oficio 10/06/21 ******************** (rúbrica)". Al respecto, se reitera, los actos reclamados de manera destacada en esta instancia constitucional son los siguientes: la desposesión y aseguramiento del vehículo de motor de la marca ********************, así como el no permitir el acceso a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Investigación de Alto Impacto en el Estado, a efecto de solicitar información respecto del bien mueble descrito. En tal virtud, este juzgado federal considera que respecto a esos actos se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, numeral que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/993, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, cuyo contenido es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, como ya se precisó, el quejoso reclama la desposesión y aseguramiento del vehículo de motor de la marca ********************, así como el no permitir el acceso a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Investigación de Alto Impacto en el Estado, a efecto de solicitar información respecto del bien mueble descrito. Al respecto, debe señalarse que los agravios causados a la parte quejosa con dichos actos han quedado subsanados; puesto que, por una parte, la autoridad responsable acordó la devolución del vehículo cuya desposesión reclamó el amparista; y por la otra, cesó la negativa de permitirle el acceso a las oficinas de la Fiscalía en comento, dado que del propio oficio se advierte que el quejoso lo recibió personalmente en las instalaciones de dicha institución. Efectivamente, la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas de la Fiscalía General del estado de Guanajuato, emitió el oficio número ********************, de fecha ********************, en la carpeta de investigación ********************con el que acredita que acordó la devolución del vehículo de motor de la marca ********************; misiva que recibida en la misma data de su emisión, por el aquí quejoso ********************, pues en la misma se observa la leyenda "Recibí oficio 10/06/21 ******************** (rúbrica); la cual fue allegada a este expediente en copia certificada, documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. De lo anterior se obtiene que han cesado los efectos de los actos reclamados que se analizan, pues ya se dio fin a la desposesión del multicitado vehículo de motor y cesó la negativa para que el aquí quejoso ingresara a las instalaciones de la Fiscalía responsable, para solicitar información del mismo vehículo. En tal sentido, los actos impugnados ya no agravian al quejoso, habiéndose restituido las cosas al estado que guardaban con anterioridad a la violación, produciéndose el resultado que asigna a una sentencia protectora el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa tesitura, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, respecto a los aludidos actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud de que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquella para resolver de la forma en que se hace, pues, como se expresó, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 constitucional, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. II. Causal de improcedencia respecto al acto descrito en el inciso c. En la especie, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, en relación con el diverso 77, fracción II, aplicada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, pues la orden de cateo se erige como un acto consumado de modo irreparable. Al respecto, dichos numerales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De una interpretación armónica de tales preceptos se concluye que por actos consumados, de modo irreparable, debe entenderse aquéllos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir a la parte quejosa en el goce de derecho fundamental violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Cierto, para efectos de la procedencia del juicio de amparo en contra de este tipo de actos, en atención a su naturaleza y efectos, pueden clasificarse en actos consumados de modo reparable o irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable. En cambio, lo segundos, los actos consumados de modo irreparable, son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente no pueden ser restituidos al estado que guardaban antes de la violación reclamada. Bajo este contexto, para distinguir la reparabilidad de un acto consumado, debe atenderse a los efectos y consecuencias de su ejecución. De tal manera, la naturaleza de los actos consumados, en modo irreparable, para efectos del juicio de amparo indirecto debe atender a la posibilidad de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho tutelado y que aduce le fue transgredido, igual que antes de la violación cometida; de ser aquello imposible, el juicio de amparo es improcedente. Es aplicable, por las consideraciones que ahí expone, la tesis aislada emitida por el Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 280252, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXII, página 693, de rubro y texto: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La improcedencia del amparo sólo puede decretarse, fundándose en que el acto se ha consumado de un modo irreparable, cuando la restitución de las cosas al estado anterior a la violación, es materialmente imposible." De igual forma, apoyo las anteriores consideraciones, la tesis aislada I. 3o. A. 150 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro digital 209662, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, diciembre de 1994, página 325, de rubro y contenido siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Ahora, en la especie, la orden de cateo reclamada se erige como un acto consumado de modo irreparable, pues aun cuando se concediera el amparo, la sentencia respectiva no tendría el efecto de dejarla insubsistente, pues ya se consumó en sus efectos, es decir, no podría retrotraerse el tiempo y evitar que dicha orden no se lleve a cabo, pues como lo señaló el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas de Investigación Especializadas, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, dicha orden se ejecutó el quince de noviembre de dos mil diecinueve. De ahí que, ni física ni materialmente puede obtenerse la restitución de los derechos que en su caso habrían sido transgredidos a la parte quejosa, ya que la afectación en su esfera jurídica no podría repararse aun cuando se le otorgara la protección solicitada; lo cual es así, considerando que materialmente es imposible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por haberse consumado irreversiblemente, con el sólo transcurso del tiempo. Apoyo lo anterior, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro digital 211211, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 484, de contenido: "CATEO EJECUTADO. AMPARO IMPROCEDENTE. Cuando el acto reclamado lo constituye la orden de cateo, misma que según consta en autos ya fue ejecutada sin que se hubiese constituido el depósito de los bienes embargados, es incuestionable que tal acto quedó consumado de un modo irreparable, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción IX de la Ley de Amparo." Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que en la citada diligencia se haya decretado el aseguramiento diversos bienes, dentro de los cuales destacan el vehículo de motor de la marca ********************, así como el inmueble en el cual tuvo verificativo la orden de cateo. Sin embargo, como se advierte de lineas precedentes se ordenó la devolución de ese vehículo de motor al ahora quejoso, motivo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, por lo que respecta al aseguriamiento de ese bien mueble. Además, el aseguramiento de los bienes restantes no forma parte de los actos reclamados en la presente instancia constitucional. Incluso, el aseguramiento del bien inmueble antes señalado fue materia del diverso juicio de amparo ********************del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por ********************, quien reclamó, entre otras cosas, la misma orden de cateo y el aseguramiento de ese bien inmueble. Sin embargo, el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se decretó el sobreseimiento de ese asunto. Lo que se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoria a la Ley de la Materia y de la jurisprudencia número P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que, se actualiza la causa de improcedencia en estudio de forma notoria, manifiesta e indudable, aunado a que con ningún elemento de prueba puede ser desvirtuada. Ante este panorama, como el acto reclamado se consumó de forma irreparable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, en relación con el diverso 77, fracción II, aplicada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; por lo tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, respecto a dicho acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En virtud de lo anterior, resulta innecesario celebrar la audiencia constitucional programada para las trece horas con cuarenta minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que por acuerdo de catorce de junio de la presente anualidad, se ordenó dar vista a las partes para que se impongan del contenido de las constancias remitidas por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas de la Fiscalía General del estado de Guanajuato; determinación que se notificó por lista publicada el quince de los actuales, lo que evidencia que aún no trascurre el plazo de ocho días que la ley les otorga para tal efecto. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de dar oportunidad a las partes se impongan de su contenido, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las trece horas con cuarenta minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis jurisprudencial número 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98PL entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y a la anterior Primera Sala, ambas del más alto Tribunal del País, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN EN OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO."
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Miguel Ángel Molina Flores167/2023
- Miguel Ángel Mora Hernández546/2016
- Miguel Ángel Mosqueda González823/2019
- Miguel Ángel Orlando Antonio Juárez Lule641/2015
- Miguel Ángel Palato Mancera1133/2019
- MIGUEL ANGEL PÉREZ AYALA y Otros.273/2015
- Miguel Ángel Rico Cárdenas829/2017
- Miguel Ángel Rodriguez Rosillo257/2017
- Miguel Ángel Rojas Ramírez218/2017
- Miguel Angel Ruelas Abonce725/2019
- Miguel Ángel Saldaña Díaz965/2021
- Miguel Angel Saldaña Diaz588/2021