Miguel Ángel Ramírez Hernández

Expediente 29/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
29/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Ramírez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de dos de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la Juez Interina del??? Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz; devuélvanse a su lugar de origen, y solicítesele el acuse de recibo respectivo.

  2. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 29/2020, promovido por Alejandro Fernández Corona, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y otras autoridades, el cual consideró violatorio en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, . acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de las autoridades responsables que se precisa a continuación: ".la Orden de traslado del Centro de Reinserción Social del que actualmente me encuentro internado, girada en mi contra la cual no se encuentra debidamente fundada y motivada y de las Autoridades señaladas como ejecutoras se reclama la ejecución de dicha orden así como la tortura y golpes que estoy sufriendo como motivo del traslado que se ejecutó y todas sus consecuencias que traiga aparejada la misma." SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante auto de dieciséis de enero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional la intervención legal que le compete, y señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de la demanda. Por auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo respecto de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia con sede en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, de quien reclamó la orden de traslado (foja 429). CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se reclaman actos que, de existir, tendrían ejecución en la jurisdicción de este juzgado, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados; y de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama, lo siguiente: - La orden de traslado del centro de reinserción donde se encuentra a otro. - Los actos de tortura y golpes que está recibiendo en el centro de reinserción donde actualmente se encuentra ubicado en Centro de Reinserción Social con sede en Amatlán de los Reyes, Veracruz. TERCERO. Inexistencia de autoridad. Por autos de diecinueve de febrero, tres y diecisiete de marzo, de dos mil veinte, se tuvo por inexistentes a las autoridades denominadas "4. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE VERACRUZ "IGNACIO ALLENDE", CON SEDE EN VERACRUZ, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 5. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE PEROTE "FORTALEZA SAN CARLOS", CON SEDE EN PEROTE, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 14. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE ORIZABA, CON SEDE EN ORIZABA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 39. DIRECTOR DEL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL PAPANTLA, CON SEDE EN PAPANTLA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE) y 40. DIRECTOR DEL COMPLEJO PENITENCIARIO ISLAS MARÍAS, CON SEDE EN ISLAS MARÍAS, NAYARIT (AUTORIDAD RESPONSABLE)", de ahí que no se haga pronunciamiento en esta sentencia en relación con dichas autoridades. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 111/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y dos, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." CUARTO. Inexistencia del acto reclamado consistente en la orden de tortura y golpes. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables 1. DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA (AUTORIDAD RESPONSABLE), 2. COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 3. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE AMATLÁN, CON SEDE EN CONGREGACIÓN LA TOMA, MUNICIPIO DE AMATLÁN DE LOS REYES, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 6. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COATZACOALCOS, CON SEDE EN COATZACOALCOS, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 7. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE TUXPAN, CON SEDE EN TUXPAN, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 8. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COSAMALOAPAN, CON SEDE EN COSAMALOAPAN, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 9. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE POZA RICA DE HIDALGO, CON SEDE EN POZA RICA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 10. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA, CON SEDE EN SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 11. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE ACAYUCAN, CON SEDE EN ACAYUCAN, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 12. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MISANTLA, CON SEDE EN MISANTLA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 13. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE PAPANTLA, CON SEDE EN PAPANTLA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 15. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE JALACINGO, CON SEDE EN JALACINGO, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 16. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE PÁNUCO, CON SEDE EN PÁNUCO, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 17. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE TANTOYUCA, CON SEDE EN TANTOYUCA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 18. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE ZONGOLICA, CON SEDE EN ZONGOLICA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 19. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE CHICONTEPEC, CON SEDE EN CHICONTEPEC, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 20. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE OZULUAMA, CON SEDE EN OZULUAMA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 21. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE HUAYACOCOTLA, CON SEDE EN HUAYACOCOTLA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 22. COORDINADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 23. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 5 "ORIENTE", CON SEDE EN CERRO DE LEÓN, MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 24. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 2 "OCCIDENTE", CON SEDE EN EL SALTO, JALISCO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 25. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 3 "NORESTE", CON SEDE EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (AUTORIDAD RESPONSABLE), 26. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 4 "NORESTE", CON SEDE EN TEPIC, NAYARIT (AUTORIDAD RESPONSABLE), 27. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 1 "ALTIPLANO", CON SEDE EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 28. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 6 "SURESTE", CON SEDE EN HULMANGUILLO, TABASCO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 29. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 7 "NOR-NOROESTE", CON SEDE EN GUADALUPE VICTORIA, DURANGO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 30. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 8 "NOR-PONIENTE", CON SEDE EN GUASAVE, SINALOA (AUTORIDAD RESPONSABLE), 31. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 9 "NORTE", CON SEDE EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA (AUTORIDAD RESPONSABLE), 32. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 11 "CPS SONORA", CON SEDE EN HERMOSILLO, SONORA (AUTORIDAD RESPONSABLE), 33. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 12 "CPS GUANAJUATO", CON SEDE EN OCAMPO, GUANAJUATO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 34. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 13 "CPS OAXACA", CON SEDE EN MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA (AUTORIDAD RESPONSABLE), 35. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 14 "CPS DURANGO", CON SEDE EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 36. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 15 "CPS CHIAPAS", CON SEDE EN VILLA DE COMALTITLAN, CHIAPAS (AUTORIDAD RESPONSABLE), 37. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 "CPS MICHOACÁN", CON SEDE EN BUENA VISTA TOMATLÁN, MICHOACÁN (AUTORIDAD RESPONSABLE), 38. DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL NÚMERO 18 "CPS COAHUILA", CON SEDE EN RAMOS ARIZPE, COAHUILA (AUTORIDAD RESPONSABLE), 41. COMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 42. TITULAR DE LA DIVISIÓN DE FUERZAS FEDERALES DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 43. COORDINADOR DE OPERACIONES ESPECIALES DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 44. COORDINADOR ESTATAL DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 45. DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 46. DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES TÉCNICAS DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 47. DIRECTOR GENERAL DE INTELIGENCIA OPERATIVA DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 48. DIRECTOR GENERAL DE APOYO TÁCTICO DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 49. DIRECTOR GENERAL DE LAS FUERZAS DE PROTECCIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 50. DIRECTOR GENERAL DE TRASLADOS Y APOYO PENITENCIARIO DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE); ya que negaron los actos que se les atribuyen consistentes en los actos de tortura y golpes que está recibiendo en el centro de reinserción donde actualmente se encuentra ubicado en Centro de Reinserción Social con sede en Amatlán de los Reyes, Veracruz; tal y como se aprecia de sus respectivos informes justificados. La parte quejosa no ofreció prueba alguna tendente a desvirtuar esa negativa. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el presente juicio respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables de que se trata este considerando. No pasa inadvertido que de la razón actuarial se advierte que el fedatario público adscrito a este juzgado dio fe que el quejoso presentó diversas lesiones en el cuerpo, sin embargo, el mismo le mencionó que dichos golpes lo recibió del personal del Centro de Reinserción Social de la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, la cual no es autoridad responsable en este juicio de amparo. Ello con independencia de la responsabilidad que le resulte en su caso a las autoridades en relación con los actos de tortura que menciona el peticionario del amparo, respecto de lo que se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para la investigación correspondiente. Sirve de apoyo la Jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". QUINTO. Inexistencia del acto reclamado consistente en la orden de traslado. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables 2. COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 6. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COATZACOALCOS, CON SEDE EN COATZACOALCOS, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 7. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE TUXPAN, CON SEDE EN TUXPAN, VERACRUZ. (AUTORIDAD RESPONSABLE), 8. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COSAMALOAPAN, CON SEDE EN COSAMALOAPAN, VERACRUZ. (AUTORIDAD RESPONSABLE), 9. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE POZA RICA DE HIDALGO, CON SEDE EN POZA RICA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 10. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA, CON SEDE EN SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 11. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE ACAYUCAN, CON SEDE EN ACAYUCAN, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 12. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MISANTLA, CON SEDE EN MISANTLA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 13. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE PAPANTLA, CON SEDE EN PAPANTLA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 15. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE JALACINGO, CON SEDE EN JALACINGO, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 16. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE PÁNUCO, CON SEDE EN PÁNUCO, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 17. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE TANTOYUCA, CON SEDE EN TANTOYUCA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 18. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE ZONGOLICA, CON SEDE EN ZONGOLICA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 19. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE CHICONTEPEC, CON SEDE EN CHICONTEPEC, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 20. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE OZULUAMA, CON SEDE EN OZULUAMA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 21. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE HUAYACOCOTLA, CON SEDE EN HUAYACOCOTLA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 22. COORDINADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 23. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 5 "ORIENTE", CON SEDE EN CERRO DE LEÓN, MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), 24. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 2 "OCCIDENTE", CON SEDE EN EL SALTO, JALISCO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 25. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 3 "NORESTE", CON SEDE EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (AUTORIDAD RESPONSABLE), 26. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 4 "NORESTE", CON SEDE EN TEPIC, NAYARIT (AUTORIDAD RESPONSABLE), 27. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 1 "ALTIPLANO", CON SEDE EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 28. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 6 "SURESTE", CON SEDE EN HULMANGUILLO, TABASCO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 29. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 7 "NOR-NOROESTE", CON SEDE EN GUADALUPE VICTORIA, DURANGO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 30. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 8 "NOR-PONIENTE", CON SEDE EN GUASAVE, SINALOA (AUTORIDAD RESPONSABLE), 31. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 9 "NORTE", CON SEDE EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA (AUTORIDAD RESPONSABLE), 32. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 11 "CPS SONORA", CON SEDE EN HERMOSILLO, SONORA (AUTORIDAD RESPONSABLE), 33. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 12 "CPS GUANAJUATO", CON SEDE EN OCAMPO, GUANAJUATO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 34. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 13 "CPS OAXACA", CON SEDE EN MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA (AUTORIDAD RESPONSABLE), 35. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 14 "CPS DURANGO", CON SEDE EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 36. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 15 "CPS CHIAPAS", CON SEDE EN VILLA DE COMALTITLAN, CHIAPAS (AUTORIDAD RESPONSABLE), 37. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 "CPS MICHOACÁN", CON SEDE EN BUENA VISTA TOMATLÁN, MICHOACÁN (AUTORIDAD RESPONSABLE), 38. DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL NÚMERO 18 "CPS COAHUILA", CON SEDE EN RAMOS ARIZPE, COAHUILA (AUTORIDAD RESPONSABLE), 41. COMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 42. TITULAR DE LA DIVISIÓN DE FUERZAS FEDERALES DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 43. COORDINADOR DE OPERACIONES ESPECIALES DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 44. COORDINADOR ESTATAL DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 45. DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 46. DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES TÉCNICAS DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 47. DIRECTOR GENERAL DE INTELIGENCIA OPERATIVA DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 48. DIRECTOR GENERAL DE APOYO TÁCTICO DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 49. DIRECTOR GENERAL DE LAS FUERZAS DE PROTECCIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), 50. DIRECTOR GENERAL DE TRASLADOS Y APOYO PENITENCIARIO DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE); ya que negaron los actos que se les atribuyen, tal y como se aprecia de sus respectivos informes justificados. La parte quejosa no ofreció prueba alguna tendente a desvirtuar esa negativa. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el presente juicio respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables de que se trata este considerando, consistentes en la orden de traslado del centro de reinserción donde se encuentra el quejoso a otro. Sirve de apoyo la Jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". SEXTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables 3. Director del Centro de Readaptación Social de Amatlán, con sede en Congregación La Toma, Municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, y 51. Juez Primero de Primera Instancia con sede en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, además, de que ello se corrobora con las copias certificadas de la orden de traslado de dieciséis de enero de dos mil veinte, que calificó de legal el citado Juez Primero para trasladar al quejoso .. del Centro de Reinserción Social de la Congregación de Pacho Viejo, al Centro de Reinserción Social de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Documento público al cual se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo segundo. Al respecto, se invoca como apoyo la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, la autoridad responsable 1. DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa ya que de la orden que calificó el juez de legal, se advierte que dicha autoridad participó en la creación del acto reclamado, pues fue la autoridad que solicitó la orden de traslado. SÉPTIMO. Improcedencia del juicio de amparo. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, procede analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al respecto, este Juzgado de Distrito -de oficioadvierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Disposición de la que deriva que el juicio constitucional se rige por el principio de definitividad, que obliga a que, previo a instar el amparo, se hagan valer y agoten los medios de defensa o recursos ordinarios que prevea la ley del acto reclamado; de lo contrario, el juicio en cuestión será improcedente. Por su importancia, se considera necesario establecer la vigencia y el ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, para lo cual se transcriben los artículos 1 y 2, así como primero y tercero transitorios de la misma: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales." De dichos preceptos se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social, y que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda. La referida ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis y entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que se encuentra vigente desde el diecisiete de junio de dicha anualidad. En ese entendido, respecto al medio de defensa que debió tramitar el quejoso antes de acudir al juicio de amparo, se estima pertinente transcribir lo dispuesto por los artículos 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra dicen: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.] VII. Traslados;" De lo anterior se obtiene que en relación con la orden de traslado atribuida al Juez Primero de Primera Instancia con sede en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, en cuya emisión participan las autoridades administrativas, procedía el recurso de apelación, medio de defensa mediante el cual pudo ser modificado o revocado el acto reclamado, de conformidad con los citados artículos 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en acato al principio de definitividad. Cabe precisar que no se actualiza alguna de las excepciones a dicho principio, que prevé la referida porción normativa, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; así como tampoco de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; así también no se trata de persona extraña al procedimiento ni de un auto de vinculación a proceso. Tiene aplicación a lo aquí expuesto, la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materias Común, Penal, Décima Época, con registro 2018548, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dispone: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Similar criterio sostuvieron el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al resolver la queja 76/2020 en sesión de veintiuno de mayo de dos mil veinte; y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, residente en esa misma ciudad, cuando resolvió la queja 246/2019, en sesión de trece de febrero del año en curso. En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto de los actos reclamados, al actualizarse la causal de improcedencia en mención, lo que impide analizar el fondo del asunto. Ante el sobreseimiento decretado en este considerando, no es posible entrar al examen de los conceptos de violación vertidos, y tampoco emitir mayor pronunciamiento sobre el material probatorio que no guarda relación con las causales de improcedencia sino con el fondo del asunto. Es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado Del Segundo Circuito, visible en la página 57, materia común, tomo 70, correspondiente al mes de octubre de 1993, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de admisorio, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75 de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alejandro Fernández Corona, respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto, quinto y séptimo de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, personalmente al agente del Ministerio Público Federal adscrito, vía electrónica al quejoso y por oficio a las autoridades responsables. Así, lo sentenció y firma la licenciada Margarita Morrison Pérez, Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Córdoba, asistida por el licenciado Bethel Plancarte Rentería, secretario de la Sección de Amparo que autoriza y da fe, hoy dos de marzo de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinte de octubre de dos mil veinte. Agréguese sin mayor proveído el telegrama remitido por el, mediante el cual rinde su informe justificado, toda vez que el doce de febrero de dos mil veinte se acordó lo conducente. Cúmplase.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, quince de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, de los que se advierte que a la fecha se encuentra trascurriendo la vista de ocho días otorgada a las partes mediante proveído de cinco de octubre de dos mil veinte, con el informe justificado rendido por la Juez Interina del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, la cual se fija objetivamente, atendiendo a las cargas de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias; misma que se llevará a cabo por videoconferencia. Atento a lo anterior, se requiere a las partes para que, hasta cinco días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, proporcione un correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo; en el entendido de que de no hacerlo se realizará sin su comparecencia

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