Miguel Ángel Ramírez Hernández

Expediente 725/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
725/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
16/10/2020

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Ramírez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vistas las certificaciones que anteceden y del estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de trece de agosto de dos mil veinte, transcurrió del veintisiete de agosto al dos de septiembre de dos mil veinte, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Ramírez Hernández, ha causado estado. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: a) Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele el documento exhibido en autos anexo al escrito inicial de demanda, previa toma de razón que de su recibo obre en autos para constancia. Notifíquese

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Ramírez Hernández, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades. Integración del expediente Fórmese el expediente 725/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Norma general y acto reclamados. Miguel Ángel Ramírez Hernández busca que a través del presente juicio de amparo, este Juzgado de Distrito ejerza control de constitucionalidad sobre la norma y acto siguientes: De la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: Los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, de la Ley General de Salud. Del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios: El oficio 193300EL354450, de trece de enero de dos mil veinte, a través del cual se informa a la quejosa la negativa para otorgarle la autorización que solicitó. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo ya que se actualizan causas de improcedencia manifiestas e indudables. Antecedentes relevantes. De las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, se advierten los siguientes antecedentes: 1. El diecisiete de octubre de dos mil diecinueve Miguel Ángel Ramírez Hernández solicitó ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, una autorización sanitaria para sembrar, cultivar, cosechar, adquirir, poseer y transportar el estupefaciente "Cannabis" (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas), para consumo personal con fines lúdicos o recreativos. 2. Por oficio 1193300EL354450 de trece de enero de dos mil veinte, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la citada comisión negó al promovente la autorización sanitaria solicitada. 3. En contra de dicho oficio la parte quejosa promovió el juicio de amparo que ahora se analiza. Fundamento de la causa de improcedencia respecto de la norma general reclamada. En el caso, respecto a los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe(...) Dicho precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Al respecto, es importante distinguir entre la titularidad de un interés jurídico o legítimo (cuestión de derecho) y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). La anterior distinción cobra relevancia en la medida en que existen casos en los que del análisis de la demanda y del acto reclamado, se advierte sin lugar a dudas que la parte quejosa carece de un interés jurídico o legítimo para la promoción del juicio de amparo; sin embargo, en otras ocasiones, de los elementos relatados en la demanda, pudiera desprenderse la titularidad de un interés jurídico o legítimo, en cuyo caso debe existir la posibilidad de demostrarlo durante la sustanciación del juicio de amparo. En este último caso, no es necesario que se acredite plenamente la titularidad del derecho o del interés legítimo desde la presentación de la demanda, ya que tal extremo se encuentra estrechamente vinculado con un aspecto que debe ser analizado y valorado en la sentencia que se dicte en el juicio de amparo; por tanto, basta que al proveer sobre la demanda se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés jurídico o legítimo para admitirla a trámite y darle oportunidad de demostrar esa situación. Así, el interés jurídico en el juicio de amparo se refiere a la titularidad que tiene el quejoso en relación con los derechos transgredidos y, en consecuencia, se requiere que el acto de autoridad que se reclama lesione de manera directa el derecho de que es titular la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que uno de los principios constitucionales que rigen al juicio de amparo es el denominado "agravio personal y directo", que se contempla en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, de la siguiente manera: (...) Derivado de estas normas, tenemos que el juicio de amparo procede contra actos que afecten de manera real y actual la esfera jurídica de la parte quejosa. Ahora bien, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado que deriva de una situación particular frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, ya que no resultaría lógico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente el quejoso se debe situar en uno u otro supuesto, pero no es posible que se ubique en ambos. Ahora, para demostrar que se actualiza la causa de improcedencia en cuestión es necesario señalar que en el caso concreto, el estándar de afectación que resulta aplicable es el de interés jurídico y no el de interés legítimo, toda vez que la afectación que alega el promovente no la hace depender de su especial situación frente al ordenamiento jurídico, sino a partir de la emisión de un oficio dirigido directamente a él, y no con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido, como primera premisa tenemos que la presente determinación se sustentará en la ausencia de (no la falta de acreditamiento) interés jurídico como parámetro de agravio. Máxime que si la ausencia de interés legítimo puede ser una causa manifiesta e indudable de improcedencia, por mayoría de razón, también la ausencia de interés jurídico. (...)En efecto, la causa de improcedencia en análisis contempla tres distintas hipótesis: (i) el quejoso no demuestra su interés jurídico, es decir, pudiendo tenerlo, no lo prueba [falta de acreditamiento]; (ii) el quejoso carece de interés jurídico para impugnar el acto reclamado [ausencia de interés]; y, (iii) teniendo legitimación procesal, el acto reclamado no le produce una afectación. Así, solo la primera hipótesis es la que impide el desechamiento de la demanda de amparo, por referirse a una cuestión probatoria susceptible de acreditarse hasta la celebración de la audiencia constitucional, mientras que las otras hipótesis dos pueden actualizarse de manera manifiesta e indudable, por relacionarse con cuestiones de derecho que pueden advertirse desde el inicio del juicio sin requerir un análisis minucioso o exhaustivo, tal y como acontece en el caso. En relación con lo anterior, es necesario considerar que los artículos 17 y 61, fracciones XII y XIV, así como el diverso 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general en atención a su propia naturaleza; es decir, que por su sola entrada en vigor causan perjuicio (autoaplicativas), o bien, requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, resulta suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, el que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo, sin ningún acto ulterior de autoridad; esto es, sin condicionar su individualización para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se está frente a una disposición heteroaplicativa cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su promulgación y publicación, ya que con su sola vigencia no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, sino que para que se configure el perjuicio de algún gobernado se requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación. La condición puede consistir en actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación del ordenamiento controvertido, debiendo tomarse en cuenta que el acto-condición de aplicación de una ley también puede traducirse en un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana, o bien, en un acto jurídico realizado por el propio particular, pues tal acontecimiento o acto voluntario son los que determinan la colocación de una persona en la hipótesis legal. Para reclamar la constitucionalidad de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también pueden surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. (...)Es importante hacer hincapié en el hecho de que, si bien la Ley de Amparo en vigor establece como parámetros de procedencia del juicio de amparo, tanto el interés jurídico como el interés legítimo, ello no conlleva que haya dejado de ser aplicable la distinción entre normas generales autoaplicativas y heteroaplicativas, ya que esta distinción constituye un criterio formal y clasificador que resulta adaptable en función de diversas concepciones de agravio. (...)En el caso de que se reclame afectación al interés jurídico, el particular necesariamente debe acreditar la titularidad del derecho que considera vulnerado por la autoridad responsable. En cambio, el interés legítimo permite reclamar un agravio diferenciado (no exclusivamente patrimonial) al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. (...)De modo que es posible sostener que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, el cual proviene de una afectación directa al particular o derivada de su situación particular frente al orden jurídico. Es importante precisar que al promover juicio de amparo, el quejoso debe situarse en alguna de las referidas hipótesis; esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado -interés jurídico-, o bien, aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, ya que no resultaría lógico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente el quejoso se debe situar en uno u otro supuesto, pero no en ambos. En este sentido, se debe examinar en cada caso la naturaleza de los actos reclamados y la afectación a su esfera jurídica, ya sea como titular de un derecho o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, de tal manera que sea posible identificar si es exigible el acreditamiento del interés jurídico o del interés legítimo. Razones y motivos de la improcedencia. En el caso, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud, toda vez que dichas normas no se aplicaron en perjuicio del quejoso. En relación con la presente sentencia, este órgano jurisdiccional considera que el estándar de agravio aplicable al caso concreto es el relativo al interés jurídico, toda vez que la parte quejosa estima que le fueron aplicados en su perjuicio los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud y que, con base en ellos, se le negó la autorización para sembrar, cosechar, cultivar y consumir -entre otros- cannabis con fines lúdicos. Así, los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud, en la parte que interesa, disponen lo siguiente: Ley General de Salud. (...)Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras substancias señaladas en el artículo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia." (...)Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga. (.) (...) Así, el artículo 235, último párrafo, se establece que los actos de cultivo, cosecha, preparación, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, uso y consumo, sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos, para lo cual requerirán autorización de la Secretaría de Salud. Mientras que en el diverso 237, prohíbe los actos mencionados en el diverso 245, por lo que hace al opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones; así como para las substancias especificadas el artículo 234. En el artículo 245, fracción I, refiere que respecto de las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos, que son: I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública y se enlistan aquellas que se ajustan a ese supuesto. Por su parte, en el artículo 247 se establece que los actos de siembra, elaboración, adquisición, posesión, comercio, transporte, prescripción médica, suministro, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas, queda sujetos a diversos ordenamientos de carácter general, y sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos con autorización de la Secretaría de Salud. El precepto 248 establece que quedan prohibidos las actuaciones especificadas por el artículo del párrafo anterior y respecto del diverso 245. Ahora bien, en el oficio 1193300EL354450 de trece de enero de dos mil veinte, en que el promovente del juicio sustenta la aplicación de la normatividad transcrita, no se aplicaron los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud, en perjuicio del quejoso, pues en dicho acto únicamente se le hizo de su conocimiento la improcedencia de su solicitud, ya que la Ley General de Salud no establece facultad alguna para que las autoridades sanitarias puedan otorgar la autorización solicitada. Es decir, lo resuelto en dicho oficio resulta insuficiente para sostener que se hayan actualizado en su perjuicio, las hipótesis normativas de los preceptos impugnados cuya reseña se realizó en párrafos procedentes, máxime que no se trata de una negativa a otorgar una autorización como lo sostiene la parte quejosa. Esto es, no existe la aplicación de los artículos reclamados, en el oficio controvertido y, por tanto, no existe un perjuicio real, actual y directo en la esfera jurídica de la parte quejosa... En ese sentido, en el oficio reclamado no se advierte la aplicación de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud; lo que se traduce en que no existe un acto concreto de aplicación que actualice el perjuicio o agravio personal y directo, requerido para la procedencia del juicio de amparo. En atención a lo expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda respecto de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud. Fundamento de la causa de improcedencia respecto del acto de aplicación. De modo que, decretada la improcedencia de la demanda respecto de los artículos de la legislación en cuestión, este Juzgado de Distrito advierte que por lo que hace al acto de aplicación de la norma combatida, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. (...) Ahora bien, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: (...) Además, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En el caso, previo a la promoción del juicio de amparo, se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica de ese tribunal, en el que establece: (...) Razones y motivos de la improcedencia. En el caso, la solicitud del quejoso Miguel Ángel Ramírez Hernández constituye una instancia, en la medida en que solicita la actividad administrativa del Estado para obtener algo; por lo que es claro que la respuesta otorgada mediante oficio 193300EL354450, de trece de enero de dos mil veinte, que le recayó a dicha solicitud constituye una resolución definitiva que pone fin a una instancia. Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente en contra de las resoluciones definitivas o actos administrativos que pongan fin a una instancia, como sucedió en el caso, entonces es claro que previamente a la promoción del juicio de amparo se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación de los oficios reclamados. En el entendido de que el vocablo instancia, en términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe entenderse como una petición o solicitud, mas no como una instancia derivada de un recurso, pues para este supuesto específico se establece la fracción XIII de ese precepto, en la que se prevé: (...) Por consiguiente, al no satisfacerse el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en la inteligencia de que el medio ordinario cumple con las condiciones constitucionales y legales. Es importante señalar que, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, previó a la promoción del juicio de amparo es necesario agotar los medios de defensa legales, siempre que la ley que los prevea reúna las condiciones siguientes: Que se suspendan los efectos del acto reclamado [con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido conforme a la Ley de Amparo]. Que dicha suspensión tenga los mismos alcances que la Ley de Amparo. Que no exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Que no prevea un plazo mayor que el establecido por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. (...) Derivado de lo anterior, es válido concluir que el juicio contencioso previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no prevé mayores plazos, no exige más requisitos ni establece menores alcances que los contemplados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotarlo en atención al principio de definitividad. No se actualizan excepciones al principio. En el caso, no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que: 1. Los actos no carecen de fundamentación. Como se puede advertir del oficio 1193300EL354450 de trece de enero de dos mil veinte, toda vez que de su lectura se advierte que la autoridad responsable citó diversos preceptos, lo que permite concluir que no hay una falta absoluta de fundamentos. 2. No se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución. De la lectura de la demanda se advierte que, entre otras cuestiones, la quejosa aduce violaciones indirectas al texto constitucional, pues contrapone dicho oficio en relación con lo dispuesto en los artículos 235 bis y 479 de la Ley General de Salud, cuestión que constituye un planteamiento de mera legalidad. Lo anterior, implica que no se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo de la Ley de Amparo, ya que en ese precepto se dispone: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". En dicha norma se utiliza la palabra "sólo" como un adverbio de modo que significa "únicamente". De hecho así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que lleva por rubro: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. 3. El juicio no está previsto en un reglamento. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está previsto en una ley formal y materialmente y no en un reglamento. En conclusión, tenemos que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. Finalmente, es importante precisar que este Juzgado de Distrito no desconoce las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala del Alto Tribunal en las que declaró como inconstitucionales las normas de la Ley General de Salud que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana. No obstante, además de que dichas normas no fueron aplicadas en el oficio combatido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la suplencia de la queja tratándose de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia del Alto Tribunal, opera solo respecto de cuestiones de fondo, es decir, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues es inadmisible que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 7/2006, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS." . Incluso, determinar si en el caso resultan aplicables las jurisprudencias que aluden a la inconstitucionalidad de las normas que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana es una cuestión de legalidad que de ningún modo justifica la procedencia del juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa. (...)Por ende, es evidente que previamente el quejoso debió agotar el juicio contencioso administrativo, en atención al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Por lo expuesto, este Juzgado de Distrito advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos en contra de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que establece que cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma en el juicio de amparo. No obstante, en el presente caso no se actualizó dicho supuesto, ya que como se expuso, en el oficio reclamado no se aplicaron los preceptos combatidos, por lo que no resultaba optativo para el promovente promover el medio ordinario de defensa o el juicio de amparo, sino que se encontraba obligado, en atención al principio de definitividad, a agotar aquél. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 61, fracciones XII y XX y 113, ambos todos de la Ley de Amparo, y por los motivos expuestos, se debe desechar la demanda respecto del oficio 193300EL351303, de tres de julio de dos mil diecinueve. Las causas de improcedencia son manifiestas e indudables. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" debe entenderse aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, las causas de improcedencia son manifiestas e indudables porque: (i) encuentran sustento en la demanda de amparo y sus anexos, de los cuales se advierte la naturaleza y alcances del oficio reclamado, (ii) los antecedentes de los actos reclamados sobre las que se actualizan son claros; (iii) derivan de cuestiones de derecho y no de prueba de hechos; y, (iv) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del oficio reclamado no variará. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia invocada no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio. Incluso debe tenerse presente que la causa de improcedencia de ausencia de interés no es igual que su falta de acreditamiento, es decir, solo tiene sentido admitir a trámite una demanda de amparo y otorgar la oportunidad de acreditar el interés jurídico o legitimo cuando la relación entre el acto reclamado y la situación particular de la parte quejosa genera una posibilidad de afectación. En este caso, el desechamiento de la demanda de amparo no obedece a que la parte quejosa no haya acreditado su interés jurídico o legítimo, sino a que dada su situación particular, carece de dicho interés, por lo que sería imposible que probara una afectación que de antemano se sabe que el acto no produce. Así, solo la falta de acreditamiento impide el desechamiento de la demanda de amparo, por referirse a una cuestión probatoria susceptible de acreditarse hasta la celebración de la audiencia constitucional, mientras que la ausencia de interés o la falta de afectación pueden actualizarse de manera manifiesta e indudable, por relacionarse con cuestiones de derecho que pueden advertirse desde el inicio del juicio sin requerir un análisis minucioso o exhaustivo, tal y como acontece en el caso. Conclusión Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracciones XII y XX, y 113 de la Ley de Amparo, y en virtud de los motivos desarrollados en este auto, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Miguel Ángel Ramírez Hernández. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 2, del Acuerdo General 8/2020 referido en párrafos anteriores, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo, y para los mismos efectos a las personas propuestas para tal fin, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 24 de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Protección de Datos Personales y Transparencia Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese, personalmente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE: "Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Ramírez Hernández, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades. Integración del expediente Fórmese el expediente 725/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Norma general y acto reclamados. Miguel Ángel Ramírez Hernández busca que a través del presente juicio de amparo, este Juzgado de Distrito ejerza control de constitucionalidad sobre la norma y acto siguientes: De la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: Los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, de la Ley General de Salud. Del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios: El oficio 193300EL354450, de trece de enero de dos mil veinte, a través del cual se informa a la quejosa la negativa para otorgarle la autorización que solicitó. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo ya que se actualizan causas de improcedencia manifiestas e indudables. Antecedentes relevantes. De las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, se advierten los siguientes antecedentes: 1. El diecisiete de octubre de dos mil diecinueve Miguel Ángel Ramírez Hernández solicitó ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, una autorización sanitaria para sembrar, cultivar, cosechar, adquirir, poseer y transportar el estupefaciente "Cannabis" (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas), para consumo personal con fines lúdicos o recreativos. 2. Por oficio 1193300EL354450 de trece de enero de dos mil veinte, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la citada comisión negó al promovente la autorización sanitaria solicitada. 3. En contra de dicho oficio la parte quejosa promovió el juicio de amparo que ahora se analiza. Fundamento de la causa de improcedencia respecto de la norma general reclamada. En el caso, respecto a los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe(...) Dicho precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Al respecto, es importante distinguir entre la titularidad de un interés jurídico o legítimo (cuestión de derecho) y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). La anterior distinción cobra relevancia en la medida en que existen casos en los que del análisis de la demanda y del acto reclamado, se advierte sin lugar a dudas que la parte quejosa carece de un interés jurídico o legítimo para la promoción del juicio de amparo; sin embargo, en otras ocasiones, de los elementos relatados en la demanda, pudiera desprenderse la titularidad de un interés jurídico o legítimo, en cuyo caso debe existir la posibilidad de demostrarlo durante la sustanciación del juicio de amparo. En este último caso, no es necesario que se acredite plenamente la titularidad del derecho o del interés legítimo desde la presentación de la demanda, ya que tal extremo se encuentra estrechamente vinculado con un aspecto que debe ser analizado y valorado en la sentencia que se dicte en el juicio de amparo; por tanto, basta que al proveer sobre la demanda se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés jurídico o legítimo para admitirla a trámite y darle oportunidad de demostrar esa situación. Así, el interés jurídico en el juicio de amparo se refiere a la titularidad que tiene el quejoso en relación con los derechos transgredidos y, en consecuencia, se requiere que el acto de autoridad que se reclama lesione de manera directa el derecho de que es titular la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que uno de los principios constitucionales que rigen al juicio de amparo es el denominado "agravio personal y directo", que se contempla en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, de la siguiente manera: (...) Derivado de estas normas, tenemos que el juicio de amparo procede contra actos que afecten de manera real y actual la esfera jurídica de la parte quejosa. Ahora bien, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado que deriva de una situación particular frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, ya que no resultaría lógico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente el quejoso se debe situar en uno u otro supuesto, pero no es posible que se ubique en ambos. Ahora, para demostrar que se actualiza la causa de improcedencia en cuestión es necesario señalar que en el caso concreto, el estándar de afectación que resulta aplicable es el de interés jurídico y no el de interés legítimo, toda vez que la afectación que alega el promovente no la hace depender de su especial situación frente al ordenamiento jurídico, sino a partir de la emisión de un oficio dirigido directamente a él, y no con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido, como primera premisa tenemos que la presente determinación se sustentará en la ausencia de (no la falta de acreditamiento) interés jurídico como parámetro de agravio. Máxime que si la ausencia de interés legítimo puede ser una causa manifiesta e indudable de improcedencia, por mayoría de razón, también la ausencia de interés jurídico. (...)En efecto, la causa de improcedencia en análisis contempla tres distintas hipótesis: (i) el quejoso no demuestra su interés jurídico, es decir, pudiendo tenerlo, no lo prueba [falta de acreditamiento]; (ii) el quejoso carece de interés jurídico para impugnar el acto reclamado [ausencia de interés]; y, (iii) teniendo legitimación procesal, el acto reclamado no le produce una afectación. Así, solo la primera hipótesis es la que impide el desechamiento de la demanda de amparo, por referirse a una cuestión probatoria susceptible de acreditarse hasta la celebración de la audiencia constitucional, mientras que las otras hipótesis dos pueden actualizarse de manera manifiesta e indudable, por relacionarse con cuestiones de derecho que pueden advertirse desde el inicio del juicio sin requerir un análisis minucioso o exhaustivo, tal y como acontece en el caso. En relación con lo anterior, es necesario considerar que los artículos 17 y 61, fracciones XII y XIV, así como el diverso 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general en atención a su propia naturaleza; es decir, que por su sola entrada en vigor causan perjuicio (autoaplicativas), o bien, requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, resulta suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, el que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo, sin ningún acto ulterior de autoridad; esto es, sin condicionar su individualización para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se está frente a una disposición heteroaplicativa cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su promulgación y publicación, ya que con su sola vigencia no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, sino que para que se configure el perjuicio de algún gobernado se requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación. La condición puede consistir en actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación del ordenamiento controvertido, debiendo tomarse en cuenta que el acto-condición de aplicación de una ley también puede traducirse en un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana, o bien, en un acto jurídico realizado por el propio particular, pues tal acontecimiento o acto voluntario son los que determinan la colocación de una persona en la hipótesis legal. Para reclamar la constitucionalidad de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también pueden surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. (...)Es importante hacer hincapié en el hecho de que, si bien la Ley de Amparo en vigor establece como parámetros de procedencia del juicio de amparo, tanto el interés jurídico como el interés legítimo, ello no conlleva que haya dejado de ser aplicable la distinción entre normas generales autoaplicativas y heteroaplicativas, ya que esta distinción constituye un criterio formal y clasificador que resulta adaptable en función de diversas concepciones de agravio. (...)En el caso de que se reclame afectación al interés jurídico, el particular necesariamente debe acreditar la titularidad del derecho que considera vulnerado por la autoridad responsable. En cambio, el interés legítimo permite reclamar un agravio diferenciado (no exclusivamente patrimonial) al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. (...)De modo que es posible sostener que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, el cual proviene de una afectación directa al particular o derivada de su situación particular frente al orden jurídico. Es importante precisar que al promover juicio de amparo, el quejoso debe situarse en alguna de las referidas hipótesis; esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado -interés jurídico-, o bien, aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, ya que no resultaría lógico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente el quejoso se debe situar en uno u otro supuesto, pero no en ambos. En este sentido, se debe examinar en cada caso la naturaleza de los actos reclamados y la afectación a su esfera jurídica, ya sea como titular de un derecho o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, de tal manera que sea posible identificar si es exigible el acreditamiento del interés jurídico o del interés legítimo. Razones y motivos de la improcedencia. En el caso, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud, toda vez que dichas normas no se aplicaron en perjuicio del quejoso. En relación con la presente sentencia, este órgano jurisdiccional considera que el estándar de agravio aplicable al caso concreto es el relativo al interés jurídico, toda vez que la parte quejosa estima que le fueron aplicados en su perjuicio los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud y que, con base en ellos, se le negó la autorización para sembrar, cosechar, cultivar y consumir -entre otros- cannabis con fines lúdicos. Así, los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud, en la parte que interesa, disponen lo siguiente: Ley General de Salud. (...)Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras substancias señaladas en el artículo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia." (...)Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga. (.) (...) Así, el artículo 235, último párrafo, se establece que los actos de cultivo, cosecha, preparación, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, uso y consumo, sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos, para lo cual requerirán autorización de la Secretaría de Salud. Mientras que en el diverso 237, prohíbe los actos mencionados en el diverso 245, por lo que hace al opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones; así como para las substancias especificadas el artículo 234. En el artículo 245, fracción I, refiere que respecto de las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos, que son: I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública y se enlistan aquellas que se ajustan a ese supuesto. Por su parte, en el artículo 247 se establece que los actos de siembra, elaboración, adquisición, posesión, comercio, transporte, prescripción médica, suministro, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas, queda sujetos a diversos ordenamientos de carácter general, y sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos con autorización de la Secretaría de Salud. El precepto 248 establece que quedan prohibidos las actuaciones especificadas por el artículo del párrafo anterior y respecto del diverso 245. Ahora bien, en el oficio 1193300EL354450 de trece de enero de dos mil veinte, en que el promovente del juicio sustenta la aplicación de la normatividad transcrita, no se aplicaron los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud, en perjuicio del quejoso, pues en dicho acto únicamente se le hizo de su conocimiento la improcedencia de su solicitud, ya que la Ley General de Salud no establece facultad alguna para que las autoridades sanitarias puedan otorgar la autorización solicitada. Es decir, lo resuelto en dicho oficio resulta insuficiente para sostener que se hayan actualizado en su perjuicio, las hipótesis normativas de los preceptos impugnados cuya reseña se realizó en párrafos procedentes, máxime que no se trata de una negativa a otorgar una autorización como lo sostiene la parte quejosa. Esto es, no existe la aplicación de los artículos reclamados, en el oficio controvertido y, por tanto, no existe un perjuicio real, actual y directo en la esfera jurídica de la parte quejosa... En ese sentido, en el oficio reclamado no se advierte la aplicación de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud; lo que se traduce en que no existe un acto concreto de aplicación que actualice el perjuicio o agravio personal y directo, requerido para la procedencia del juicio de amparo. En atención a lo expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda respecto de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud. Fundamento de la causa de improcedencia respecto del acto de aplicación. De modo que, decretada la improcedencia de la demanda respecto de los artículos de la legislación en cuestión, este Juzgado de Distrito advierte que por lo que hace al acto de aplicación de la norma combatida, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. (...) Ahora bien, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: (...) Además, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En el caso, previo a la promoción del juicio de amparo, se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica de ese tribunal, en el que establece: (...) Razones y motivos de la improcedencia. En el caso, la solicitud del quejoso Miguel Ángel Ramírez Hernández constituye una instancia, en la medida en que solicita la actividad administrativa del Estado para obtener algo; por lo que es claro que la respuesta otorgada mediante oficio 193300EL354450, de trece de enero de dos mil veinte, que le recayó a dicha solicitud constituye una resolución definitiva que pone fin a una instancia. Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente en contra de las resoluciones definitivas o actos administrativos que pongan fin a una instancia, como sucedió en el caso, entonces es claro que previamente a la promoción del juicio de amparo se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación de los oficios reclamados. En el entendido de que el vocablo instancia, en términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe entenderse como una petición o solicitud, mas no como una instancia derivada de un recurso, pues para este supuesto específico se establece la fracción XIII de ese precepto, en la que se prevé: (...) Por consiguiente, al no satisfacerse el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en la inteligencia de que el medio ordinario cumple con las condiciones constitucionales y legales. Es importante señalar que, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, previó a la promoción del juicio de amparo es necesario agotar los medios de defensa legales, siempre que la ley que los prevea reúna las condiciones siguientes: Que se suspendan los efectos del acto reclamado [con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido conforme a la Ley de Amparo]. Que dicha suspensión tenga los mismos alcances que la Ley de Amparo. Que no exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Que no prevea un plazo mayor que el establecido por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. (...) Derivado de lo anterior, es válido concluir que el juicio contencioso previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no prevé mayores plazos, no exige más requisitos ni establece menores alcances que los contemplados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotarlo en atención al principio de definitividad. No se actualizan excepciones al principio. En el caso, no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que: 1. Los actos no carecen de fundamentación. Como se puede advertir del oficio 1193300EL354450 de trece de enero de dos mil veinte, toda vez que de su lectura se advierte que la autoridad responsable citó diversos preceptos, lo que permite concluir que no hay una falta absoluta de fundamentos. 2. No se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución. De la lectura de la demanda se advierte que, entre otras cuestiones, la quejosa aduce violaciones indirectas al texto constitucional, pues contrapone dicho oficio en relación con lo dispuesto en los artículos 235 bis y 479 de la Ley General de Salud, cuestión que constituye un planteamiento de mera legalidad. Lo anterior, implica que no se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo de la Ley de Amparo, ya que en ese precepto se dispone: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". En dicha norma se utiliza la palabra "sólo" como un adverbio de modo que significa "únicamente". De hecho así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que lleva por rubro: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. 3. El juicio no está previsto en un reglamento. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está previsto en una ley formal y materialmente y no en un reglamento. En conclusión, tenemos que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. Finalmente, es importante precisar que este Juzgado de Distrito no desconoce las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala del Alto Tribunal en las que declaró como inconstitucionales las normas de la Ley General de Salud que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana. No obstante, además de que dichas normas no fueron aplicadas en el oficio combatido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la suplencia de la queja tratándose de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia del Alto Tribunal, opera solo respecto de cuestiones de fondo, es decir, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues es inadmisible que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 7/2006, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS." . Incluso, determinar si en el caso resultan aplicables las jurisprudencias que aluden a la inconstitucionalidad de las normas que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana es una cuestión de legalidad que de ningún modo justifica la procedencia del juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa. (...)Por ende, es evidente que previamente el quejoso debió agotar el juicio contencioso administrativo, en atención al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Por lo expuesto, este Juzgado de Distrito advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos en contra de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que establece que cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma en el juicio de amparo. No obstante, en el presente caso no se actualizó dicho supuesto, ya que como se expuso, en el oficio reclamado no se aplicaron los preceptos combatidos, por lo que no resultaba optativo para el promovente promover el medio ordinario de defensa o el juicio de amparo, sino que se encontraba obligado, en atención al principio de definitividad, a agotar aquél. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 61, fracciones XII y XX y 113, ambos todos de la Ley de Amparo, y por los motivos expuestos, se debe desechar la demanda respecto del oficio 193300EL351303, de tres de julio de dos mil diecinueve. Las causas de improcedencia son manifiestas e indudables. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" debe entenderse aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, las causas de improcedencia son manifiestas e indudables porque: (i) encuentran sustento en la demanda de amparo y sus anexos, de los cuales se advierte la naturaleza y alcances del oficio reclamado, (ii) los antecedentes de los actos reclamados sobre las que se actualizan son claros; (iii) derivan de cuestiones de derecho y no de prueba de hechos; y, (iv) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del oficio reclamado no variará. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia invocada no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio. Incluso debe tenerse presente que la causa de improcedencia de ausencia de interés no es igual que su falta de acreditamiento, es decir, solo tiene sentido admitir a trámite una demanda de amparo y otorgar la oportunidad de acreditar el interés jurídico o legitimo cuando la relación entre el acto reclamado y la situación particular de la parte quejosa genera una posibilidad de afectación. En este caso, el desechamiento de la demanda de amparo no obedece a que la parte quejosa no haya acreditado su interés jurídico o legítimo, sino a que dada su situación particular, carece de dicho interés, por lo que sería imposible que probara una afectación que de antemano se sabe que el acto no produce. Así, solo la falta de acreditamiento impide el desechamiento de la demanda de amparo, por referirse a una cuestión probatoria susceptible de acreditarse hasta la celebración de la audiencia constitucional, mientras que la ausencia de interés o la falta de afectación pueden actualizarse de manera manifiesta e indudable, por relacionarse con cuestiones de derecho que pueden advertirse desde el inicio del juicio sin requerir un análisis minucioso o exhaustivo, tal y como acontece en el caso. Conclusión Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracciones XII y XX, y 113 de la Ley de Amparo, y en virtud de los motivos desarrollados en este auto, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Miguel Ángel Ramírez Hernández. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 2, del Acuerdo General 8/2020 referido en párrafos anteriores, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo, y para los mismos efectos a las personas propuestas para tal fin, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 24 de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Protección de Datos Personales y Transparencia Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese, personalmente."

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