Miguel Ángel Priego Grisolia
Expediente 1372/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1372/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Miguel Ángel Priego Grisolia
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Razón imposibilidad de notificar a quejoso. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, a través de la cual el Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional manifiesta la imposibilidad que le asiste para notificar a la parte quejosa en el domicilio señalado en su demanda de amparo, el contenido del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, por las razones que ahí expone. 2. Se ordena notificar por lista a la parte quejosa. En las relatadas circunstancias y, ante la imposibilidad de realizar la notificación personal del referido auto a la parte quejosa; con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procédase a notificar a la quejosa de mérito por lista de acuerdos el presente proveído y el diverso de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Naucalpan de Juárez. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que informa, la Jurisprudencia 1ª./J. 20/2008, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.".1 Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por **********, apoderado legal de **********, sociedad anónima de capital variable, en contra de actos reclamados de la Procuraduría Federal del Consumidor Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana de Tlalnepantla, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4, 8, 103 y 107, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 1372/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Ahora bien, previo a pronunciarse sobre la admisión o rechazo de la demanda de amparo que se atiende, debe analizarse la personalidad de quien la promueve. Lo que, en el caso se actualiza con base en la fotocopia certificada de la escritura pública número **********, libro **********, pasada ante la fe del Notario Público número Doscientos nueve. Documental de la que se advierte que a **********, se le otorgó poder general de la persona moral **********, sociedad anónima de capital variable. Por tanto, se le otorga pleno valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; y, en tal virtud, con fundamento en el precepto 10 de la Ley de Amparo, se reconoce con el que carácter con que se ostenta. 2. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o.J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible a página 64, con número de registro 210751, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Causal de improcedencia advertida. En mérito de lo anterior, quien esto juzga, advierte la actualización de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que contempla el principio de definitividad. En efecto, quien esto juzga advierte de oficio, que en el caso, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de trece e septiembre de dos mil veintitrés dictada en contra de la parte quejosa así como su ejecución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa debió impugnarlo a través del juicio contencioso administrativo de nulidad a que alude el artículo 3º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que, omitió observar el principio de definitividad. Con el propósito de analizar la causa de improcedencia propuesta, es necesario tomar en cuenta lo que se dispone en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...)" En ese sentido, es preciso señalar que el seis de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaban, adicionaban y derogaban diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellas, el artículo 107, fracción IV, para quedar como sigue: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; (.)." A su vez, el numeral 61, fracción XX de la ley de amparo, regula una de las infracciones a la inobservancia del principio de definitividad que se reconoce respecto de actos materialmente administrativos en la fracción IV del artículo 107 Constitucional, en la medida en que prevé que contra tales actos procede el amparo, siempre y cuando no fueran reparables mediante algún medio de defensa legal. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo dicho juicio, recurso o medio ordinario de defensa, sin que sea promovido por el quejoso, previa la promoción del amparo, conducirá a la improcedencia de éste. Al respecto, el artículo 135, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, dispone: "Artículo 135.- En contra de las resoluciones de la Procuraduría dictadas con fundamento en las disposiciones de esta ley y demás derivadas de ella, se podrá interponer recurso de revisión, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo." Por su parte el arábigo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé: "Articulo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de derechos, se desprende que la parte quejosa reclama un acto respecto del cual procede en su contra el recurso de revisión, en virtud de que conforme al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, contenido en la fracción XX del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, antes de acudir al amparo en contra de los actos aquí reclamados, éste debió ser. Sin embargo, no existe constancia en autos de la que se advierta que la parte quejosa haya promovido el citado juicio mencionado en contra de los actos que aquí se analiza, lo que implica que carezca de definitividad para efectos del juicio de derechos. Se toma la anterior determinación, sin soslayar que el artículo 61, fracción XX, de Ley de Amparo, señala diversas excepciones al principio de definitividad, siendo éstas las siguientes: 1) Si el acto reclamado carece de fundamentación; 2) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; 3) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. 4) Que se trate de un amparo contra leyes. Por lo antes expuesto, este Juzgador concluye que no se surte excepción alguna al principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. De ahí que, quien esto resuelve, estima que el presente juicio de derechos es improcedente contra los actos reclamados al quedar demostrado que carecen de definitividad, por lo que opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156 del Tomo XII, Julio de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Desechamiento de la demanda. Por tanto, en términos del artículo 113, así como de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que mencionan para tales efectos en su escrito de demanda, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho, de lo contrario únicamente tendrán las facultades de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de la Materia. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que en caso de no hacerlo así, se le harán las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal sin ulterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se comisiona a la persona actuaria adscrita para que por única ocasión notifique el contenido del presente proveído en el domicilio que señala. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental1 ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personal
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