Miguel Angel Pérez Rivera
Expediente 975/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 121 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 975/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 121
- Última actuación
- 07/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Miguel Angel Pérez Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 121.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, siete de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido el escrito signado por el apoderado legal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco, mediante el cual manifiesta estar dando cumplimiento al requerimiento de veinticinco de mayo de este año y al efecto remite copia simple de los acuses de recibo de los oficios HAN/DAJ/342/2023 y HAN/DAJ/342/2023. Ahora, del análisis del contenido de los oficios anexos al escrito de cuenta, se advierte que los mismos hacen referencia a distintos juicios de amparo del índice del Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Tabasco, y no así, del presente juicio. En razón de lo anterior, infórmesele al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco, que se mantiene incólume el requerimiento y apercibimiento realizado en proveído de dos de los actuales.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, cinco de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguense para que obren como corresponda, los oficios signados por los Magistrados Representantes de los Trabajadores y de las Entidades Públicas, ambos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Sin que sea necesario emitir mayor pronunciamiento, en virtud de que únicamente manifiestan adherirse al diverso oficio TCYA/AMP/6451/2023, sobre el que se proveyó en auto de dos de junio de dos mil veintitrés.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, dos de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada del proveído dictado el veintinueve de mayo del año en curso, en autos del juicio laboral 222/2012. Por lo anterior requiérase a Narciso Contreras Hernández, Presidente; Gustavo García Pereyra, Representante de las entidades públicas; y Soledad López Álvarez, Representante de los trabajadores; todos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco para que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias de notificación del acuerdo dictado el veintinueve de mayo del año en curso, en autos del juicio laboral 222/2012. Se apercibe a todas las autoridades antes citadas, que de no cumplir lo ordenado en párrafos anteriores dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente; es decir, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa de doscientas unidades de medida y actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $103.74 (ciento pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues su eventual incumplimiento acarrearía un perjuicio en contra de la parte quejosa respecto del derecho humano de pronta impartición de justicia, prerrogativa fundamental consagrada por el numeral 17 Constitucional y por el que debe velar el suscrito juzgador. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley Amparo, se requiere al Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco y a sus integrantes: 1. Sheila Darlin Álvarez Hernández, Presidenta Municipal y Primera Regidora. 2. Carlos Ovando Lázaro, Segundo Regidor y Síndico de Hacienda. 3. Gaby del Carmen Rodríguez Rodríguez, Tercera Regidora. 4. Carmen Remedio López de la Cruz, Cuarto Regidor. 5. Alejandrina Hernández Gerónimo, Quinta Regidora. Para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación del presente asunto, acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de mérito, es decir, haber realizado el pago del monto total pendiente de pago a los aquí quejosos, con motivo del laudo emitido en el contradictorio laboral de origen. Se apercibe a todas las autoridades antes citadas, que de no cumplir lo ordenado en párrafos anteriores dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente; es decir, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa de trescientas unidades de medida y actualización equivalentes a $31,122.00 (treinta y un mil ciento veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $103.74 (ciento pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues su eventual incumplimiento acarrearía un perjuicio en contra de la parte quejosa respecto del derecho humano de pronta impartición de justicia, prerrogativa fundamental consagrada por el numeral 17 Constitucional y por el que debe velar el suscrito juzgador. Precisando, que se fija esa cantidad en virtud que de autos se desprende que, además de haber transcurrido más de tres años sin que haya dado cumplimiento a la ejecutoria, ya le se les hizo efectiva una multa; de igual forma, se hace del conocimiento, que de continuar en desacato, la medida de apremio continuará aumentando hasta la cantidad de mil unidades de medida de actualización, como lo establecen los artículos antes citados. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que resulte aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 185736, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación."
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada del proveído dictado el veintiséis de abril del año en curso, en autos del juicio laboral 222/2012, así como las constancias de notificación a las partes de dicho proveído. Asimismo, ténganse por recibidos, para que surtan los efectos legales correspondientes, los oficios signados por los Magistrados Representantes de las Entidades Públicas y de los Trabajadores, mediante los cuales informan que se adhieren a los manifestado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Por lo anterior requiérase a Narciso Contreras Hernández, Presidente; Gustavo García Pereyra, Representante de las entidades públicas; y Soledad López Álvarez, Representante de los trabajadores; todos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco para que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que fenezca el plazo otorgado en el precitado acuerdo, remita copia certificada del auto que recaiga al cumplimiento o no de la demandada a lo ordenado en el laudo. Se apercibe a todas las autoridades antes citadas, que de no cumplir lo ordenado en párrafos anteriores dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente; es decir, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa de doscientas unidades de medida y actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $103.74 (ciento pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues su eventual incumplimiento acarrearía un perjuicio en contra de la parte quejosa respecto del derecho humano de pronta impartición de justicia, prerrogativa fundamental consagrada por el numeral 17 Constitucional y por el que debe velar el suscrito juzgador. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley Amparo, se requiere al Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco y a sus integrantes: 1. Sheila Darlin Álvarez Hernández, Presidenta Municipal y Primera Regidora. 2. Carlos Ovando Lázaro, Segundo Regidor y Síndico de Hacienda. 3. Gaby del Carmen Rodríguez Rodríguez, Tercera Regidora. 4. Carmen Remedio López de la Cruz, Cuarto Regidor. 5. Alejandrina Hernández Gerónimo, Quinta Regidora. Para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación del presente asunto, acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de mérito, es decir, haber realizado el pago del monto total pendiente de pago a los aquí quejosos, con motivo del laudo emitido en el contradictorio laboral de origen. Se apercibe a todas las autoridades antes citadas, que de no cumplir lo ordenado en párrafos anteriores dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente; es decir, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa de trescientas unidades de medida y actualización equivalentes a $31,122.00 (treinta y un mil ciento veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $103.74 (ciento pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues su eventual incumplimiento acarrearía un perjuicio en contra de la parte quejosa respecto del derecho humano de pronta impartición de justicia, prerrogativa fundamental consagrada por el numeral 17 Constitucional y por el que debe velar el suscrito juzgador. Precisando, que se fija esa cantidad en virtud que de autos se desprende que, además de haber transcurrido más de tres años sin que haya dado cumplimiento a la ejecutoria, ya le se les hizo efectiva una multa; de igual forma, se hace del conocimiento, que de continuar en desacato, la medida de apremio continuará aumentando hasta la cantidad de mil unidades de medida de actualización, como lo establecen los artículos antes citados. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que resulte aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 185736, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación."
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