Miguel Ángel Pérez Ochoa

Expediente 140/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
140/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Pérez Ochoa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, transcurrió del treinta y uno de marzo al dieciocho de abril de dos mil veintitrés, con exclusión de los días uno, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis de abril de dos mil veintitrés, por ser inhábiles en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, así como cinco, seis y siete de abril del 27/04/24 19:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 2 año en curso por oficio SEPLE/GEN./007/678/2023, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, que sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del dos mil veintitrés, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 20, fracción I del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA II "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, de la que se advierte la imposibilidad del actuario judicial adscrito, para notificar personalmente al quejoso ***, en el domicilio señalado en su escrito inicial de demanda, toda vez que, no fue posible localizar dicho domicilio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, el presente acuerdo y los subsecuentes, aún los de carácter personal, por lista que se fije en el local de este juzgado. Notifíquese por lista a las partes. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, Secretario Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe. *********************************PROVEÍDO DE 23/03/2023********************************* Ciudad del Carmen, Campeche, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio S.A./0828/2023, de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado por el quejoso. Como justificación de su informe, la autoridad responsable remite las siguientes documentales en copia certificada: 1. El acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictado en los autos del expediente laboral 167/2018. 2. El oficio J.E.2/254/2023, de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social. 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 2 3. El comunicado J.E.2/255/2023, de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dirigido a la Unidad de Inteligencia Financiera. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado y por exhibidas las constancias que adjunta a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de Amparo 140/2023-II 3 Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, *********, mediante escrito presentado el diez de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 4 promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, a quien le reclamó la omisión de admitir y ordenar el desahogo de las inspecciones oculares, cotejo de documentos y documentales por vía de informe del expediente 167/2018. Ahora bien, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, en su informe justificado manifestó que era cierto el acto reclamado por el quejoso, sin embargo, el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se proveyó respecto de las pruebas que fueron admitidas en el expediente laboral 167/2018, en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Para corroborar su dicho, la autoridad responsable anexó copia certificada de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, de la que se advierte que se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes procesales en el procedimiento laboral 167/2018, entre ellas, las inspecciones oculares, cotejo de documentos y documentales por vía de informe, fijándose las horas y fechas siguientes: I. Las nueve horas del doce de abril de dos mil veintitrés, para llevar a cabo el desahogo de la inspección ocular en el domicilio ubicado en kilómetro 10, de la carretera federal 180, Matamoros Puerto Juárez, tramo Carmen - Puerto Real, colonia San Joaquín de esta ciudad. II. Las diez horas del doce abril de dos mil veintitrés, para llevar a cabo el desahogo de la inspección ocular en el domicilio ubicado en kilómetro 10, de la carretera federal 180, Matamoros Puerto Juárez, tramo Carmen - Puerto Real, colonia San Joaquín de esta ciudad. III. Las nueve horas del dieciocho de abril de dos mil veintitrés, para llevar a cabo el desahogo de la inspección ocular en el domicilio ubicado en kilómetro 10, de la carretera federal 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de Amparo 140/2023-II 5 180, Matamoros Puerto Juárez, tramo Carmen - Puerto Real, colonia San Joaquín de esta ciudad. IV. Las diez horas del dieciocho de abril de dos mil veintitrés, para llevar a cabo el desahogo de la diligencia de fecha inspección ocular en el domicilio ubicado en kilómetro 10, de la carretera federal 180, Matamoros Puerto Juárez, tramo Carmen - Puerto Real, colonia San Joaquín de esta ciudad. V. Las once horas del veintiuno de abril de dos mil veintitrés, para el desahogo de la diligencia de cotejo y compulsa de documentos con su original que se ubican en el domicilio de la parte demandada en el ubicado en kilómetro 10, de la carretera federal 180, Matamoros Puerto Juárez, tramo Carmen - Puerto Real, colonia San Joaquín de esta ciudad. Asimismo, se ordenó girar los oficios J.E.2/254/2023, dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social y el comunicado J.E.2/255/2023, dirigido a la Unidad de Inteligencia Financiera, para recabar las documentales en vía de informe ofrecidas como pruebas. Copia certificada a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche. Bajo ese contexto, al haber emitido la autoridad responsable el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual, admitió y ordenó el desahogo de las pruebas consistentes en las inspecciones oculares, cotejo de documentos y documentales por vía de informe del expediente 167/2018, 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 6 resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las diez horas con diez minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente al quejoso y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio S.A./0828/2023, de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado por el quejoso. Como justificación de su informe, la autoridad responsable remite las siguientes documentales en copia certificada: 1. El acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictado en los autos del expediente laboral 167/2018. 2. El oficio J.E.2/254/2023, de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social. 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 2 3. El comunicado J.E.2/255/2023, de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dirigido a la Unidad de Inteligencia Financiera. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado y por exhibidas las constancias que adjunta a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de Amparo 140/2023-II 3 Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, *********, mediante escrito presentado el diez de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 4 promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, a quien le reclamó la omisión de admitir y ordenar el desahogo de las inspecciones oculares, cotejo de documentos y documentales por vía de informe del expediente 167/2018. Ahora bien, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, en su informe justificado manifestó que era cierto el acto reclamado por el quejoso, sin embargo, el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se proveyó respecto de las pruebas que fueron admitidas en el expediente laboral 167/2018, en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Para corroborar su dicho, la autoridad responsable anexó copia certificada de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, de la que se advierte que se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes procesales en el procedimiento laboral 167/2018, entre ellas, las inspecciones oculares, cotejo de documentos y documentales por vía de informe, fijándose las horas y fechas siguientes: I. Las nueve horas del doce de abril de dos mil veintitrés, para llevar a cabo el desahogo de la inspección ocular en el domicilio ubicado en kilómetro 10, de la carretera federal 180, Matamoros Puerto Juárez, tramo Carmen - Puerto Real, colonia San Joaquín de esta ciudad. II. Las diez horas del doce abril de dos mil veintitrés, para llevar a cabo el desahogo de la inspección ocular en el domicilio ubicado en kilómetro 10, de la carretera federal 180, Matamoros Puerto Juárez, tramo Carmen - Puerto Real, colonia San Joaquín de esta ciudad. III. Las nueve horas del dieciocho de abril de dos mil veintitrés, para llevar a cabo el desahogo de la inspección ocular en el domicilio ubicado en kilómetro 10, de la carretera federal 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de Amparo 140/2023-II 5 180, Matamoros Puerto Juárez, tramo Carmen - Puerto Real, colonia San Joaquín de esta ciudad. IV. Las diez horas del dieciocho de abril de dos mil veintitrés, para llevar a cabo el desahogo de la diligencia de fecha inspección ocular en el domicilio ubicado en kilómetro 10, de la carretera federal 180, Matamoros Puerto Juárez, tramo Carmen - Puerto Real, colonia San Joaquín de esta ciudad. V. Las once horas del veintiuno de abril de dos mil veintitrés, para el desahogo de la diligencia de cotejo y compulsa de documentos con su original que se ubican en el domicilio de la parte demandada en el ubicado en kilómetro 10, de la carretera federal 180, Matamoros Puerto Juárez, tramo Carmen - Puerto Real, colonia San Joaquín de esta ciudad. Asimismo, se ordenó girar los oficios J.E.2/254/2023, dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social y el comunicado J.E.2/255/2023, dirigido a la Unidad de Inteligencia Financiera, para recabar las documentales en vía de informe ofrecidas como pruebas. Copia certificada a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche. Bajo ese contexto, al haber emitido la autoridad responsable el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual, admitió y ordenó el desahogo de las pruebas consistentes en las inspecciones oculares, cotejo de documentos y documentales por vía de informe del expediente 167/2018, 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 6 resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las diez horas con diez minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente al quejoso y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, POR MEDIO DE LISTA, EL SIGUIENTE PROVEÍDO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad del Carmen, Campeche, trece de febrero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Pérez Ochoa, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen; radíquese con el número de expediente 140/2023, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por Miguel Ángel Pérez Ochoa, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir por escrito dentro plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le pide dicho informe. 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 2 Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañará, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. SUSPENSIÓN. 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González Juicio de amparo indirecto 140/2023-II 3 No se tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado expresamente el quejoso. TERCEROS INTERESADOS. Ahora bien, no ha lugar a tener como terceros interesados a: 1. SEAMAR DIVERS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.; 2. TEPMAT TÉCNICOS PROFESIONALES MARINOS Y TERRESTRE, S. DE R.L.; 3. OFFSHORE EQUIPMEN AND SERVICES, S.A. DE C.V.; 4. ASAI ABASTECEDORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES, S. DE R.L.; 5. SEAMAR DIVERS INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.; 6. ORANGE OÍ TOOL, S.A. DE C.V.; 7. ELOY ANAYA MADRIGAL; 8. FANNY ANAYA, y; 9. LUIS MARTÍN VALLE NEGRÓN. Lo anterior es así, pues atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la denegación de justicia, no resulta necesario ordenar el emplazamiento de los terceros interesados, es decir, la contraparte del quejoso en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del promovente -que subsista tal denegación- y, por el contrario, su búsqueda podría causarle perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere la audiencia constitucional, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. No se soslaya la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 4 SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, toda vez que en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete) se establece lo siguiente: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por tanto, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte del quejoso, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en que participa, lo que inclusive es favorable a la contraparte del quejoso. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en el predio número 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González Juicio de amparo indirecto 140/2023-II 5 79, Colonia Renovación Primera Sección, código postal 24155, en esta ciudad. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julio González Zacarías. Autorización que se admite sin necesidad de que la persona autorizada acredite encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y el quejoso tiene el carácter de parte trabajadora. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 6 proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por lista a la parte quejosa; y por oficio a la autoridad responsable.

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