Miguel Angel Perez Oceguera
Expediente 1299/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1299/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Miguel Angel Perez Oceguera
Actuaciones
- Incidental
Visto el estado de los autos, se desprende que el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se expidió el oficio 23403/2019, dirigido a la Directora del Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, a efecto de notificar el acuerdo dictado en esa data por el cual se le requiere su informe previo, sin embargo de autos se advierte que éste no ha sido notificado, ni se advierte razón actuarial que indique los motivos por los que no se ha entregado, no obstante que las oficinas de dicha autoridad se encuentran abiertas al público. Consecuentemente, túrnense los autos al actuario para el efecto de que se notifique a la referida autoridad responsable el proveído de veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Para dar marguen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental programada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la misma.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos se advierte que del certificado de libertad de gravamen exhibido relativo al folio 220277, que la Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, fue quien ordenó la anotación marginal sobre el inmueble que refiere el quejoso en su ocurso de demanda, y que reclama en el presente asunto. Por otra parte, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, se tiene como hecho notorio el diverso juicio de amparo 1043/2019-III, del índice de este juzgado, promovido por Joel Luis Armendáriz Gallardo, en contra de la Juez Primero Distrito en el Estado de San Luis Potosí y de otras autoridades, de la cual reclamó la orden de inscripción de anotación marginal en el folio mercantil 220777, entre otros. Asimismo, del informe justificado rendido por la referida Juez de Distrito a través del oficio 108/2019-9, se advierte que ésta negó la existencia de tal acto reclamado, inexistencia de actos que se encuentra robustecida con el informe rendido por la Directora General del Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, del que se desprende que dicha anotación fue ordenada por la Agente del Ministerio Público del Fuero Común dentro de la carpeta de investigación CDI/FJE/I/D01/024064/2019, constancias que se ordena se agreguen en copia autorizada a este asunto. En virtud de lo anterior, no es dable requerir al quejoso en términos de la jurisprudencia de rubro "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA", ya que existe prueba plena que demuestra que la Juez Primero de Distrito en el Estado, no emitió la orden de anotación marginal en el folio mercantil 220777, aquí reclamada. Notifíquese
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Pérez Oceguera, contra el acto del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y de otra autoridad; con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de mérito; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1299/2019-III. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión que se solicita, y agréguese copia autorizada de este auto a los cuadernos incidentales, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la parte quejosa la que acompañó a su escrito de demanda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Además, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro de compilación 163758, publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 7, Novena Época, con el rubro "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J.92/97)", se ordena la compulsa de la documental que se acompañan a la demanda principal, para que obren en el incidente de suspensión cuya apertura se ordenó. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita. Requiérase a las responsables para que en caso de ser cierto el acto reclamado, al rendir su informe con justificación remitan las constancias a que alude el artículo 117 de la Ley de la materia, remitiendo el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de todas y cada una de las actuaciones que hayan tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, del ordenamiento legal en cita. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5° fracción IV de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Solicítese a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 64 de la Ley de la Materia; en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado, y el 251 de la citada ley, en caso de no cumplir con tal obligación se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de la Materia, a Héctor Barri Pascacio, quien cuenta con su cédula profesional número 5795366, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del aludido numeral a Estefanía Ashley Labastida Domínguez, toda vez que no proporciona los datos necesarios para acreditar que se encuentren legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". Con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Finalmente, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 13 del Acuerdo General conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se instruye tanto al secretario como al actuario encargados de este asunto, a efecto de que den puntual cumplimiento a lo previsto por los artículos 13 y 14 del Acuerdo General de referencia a fin de que se verifique oportunamente que coincidan tanto en el expediente impreso, como el electrónico.
- Incidental
Como está ordenado en el cuaderno principal con dos copias simples de la demanda de amparo, así como copia autorizada del proveído dictado el día de la fecha en el cuaderno, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1299/2019-III, promovido por Miguel Ángel Pérez Oceguera, contra el acto del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y de otra autoridad. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene ofrecida y admitida la prueba documental que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, y que previo cotejo y compulsa de la que se exhibió en copia certificada se agrega a este asunto. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 128, 136, 138 y 140, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo. Apercibidas de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción I, de la Ley en cita. Se señalan las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión provisional respecto del acto reclamado consistentes en la orden de inscripción de anotación marginal en el folio mercantil 220277, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, y con ello se impida que la autoridad ejecute o realice un acto de mayor gravedad. Por tanto, procédase a pronunciarse sobre la medida cautelar bajo los lineamientos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.) , que dispone: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". En primer término, debe destacarse que para la procedencia de la suspensión, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los siguientes requisitos: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; Pues bien, por lo que hace al primero de los requisitos establecidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, debe decirse que en la especie se satisface cabalmente, toda vez que la medida cautelar fue solicitada por la parte peticionaria del amparo, quien acreditó para efectos de este incidente que es titular registral del inmueble correspondiente al folio mercantil 220277, con copia certificada del certificado de libertad de gravamen correspondiente expedido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, el cual obra agregado a estos autos. Con relación al segundo de ellos, debe precisarse que el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa, sosteniendo que se afectan esas instituciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia quinientos veintidós, visible en la página trescientos cuarenta y tres, Tomo VI, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, con el rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA". Asimismo, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 383, Tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece en su rubro: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA". De lo que se colige, que en el caso se reúne el segundo de los referidos requisitos, pues no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues con ella no se afecta a la colectividad ni a la actuación pública del Estado. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128, 132, 136, 138, 139 y 151 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, respecto de las consecuencias del acto reclamado, para el único efecto de que la Agente del Ministerio Público del Fuero Común Adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, no afecte el inmueble que ampara el folio mercantil 220277, de modo diverso en que lo ordenó en la determinación contenida en el oficio FGE/D01/318665/08/2019, de seis de agosto de dos mil diecinueve, expedido dentro de la carpeta de investigación CDI/FJE/D01/024064/2019, siempre y cuando aquello no haya ocurrido, y hasta en tanto cause ejecutoria la resolución que sobre el fondo del amparo se pronuncie. Tal bien inmueble se ubica en calle Viveros, número 535, interior 5, perteneciente al fraccionamiento Garita de Jalisco, de esta ciudad, con una superficie de 75.760 metros cuadrados. Sin que ello implique la paralización de la carpeta de investigación referida, en diversos aspectos al señalado con antelación, ya que al ser ésta de orden público, es insuspendible. Cabe precisar que la medida cautelar aquí otorgada no surtirá efectos si el acto reclamado proviene de autoridades diversas a las señaladas como responsables o si fue emitido en cumplimiento a una ejecutoria de amparo. La medida cautelar aquí decretada surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no otorga ante este Juzgado Sexto de Distrito una garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100, moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, de preferencia en billete de depósito expedido por Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo de la serie "N", dentro del plazo de tres días a partir de la legal notificación de este proveído, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que con esta medida se pudieran causar a la parte tercero interesada, cantidad que se señala con la facultad discrecional que le concede al suscrito el artículo 132 de la Ley de la materia, atendiendo a que en este momento procesal sólo se cuenta con los datos vertidos bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa. En la inteligencia que de no otorgarse la aludida garantía este órgano jurisdiccional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, de oficio o a instancia de parte, lo hará del conocimiento de las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la ley de la materia, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.".
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