Miguel Angel Pérez González

Expediente 630/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
630/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
25/07/2018

Partes del expediente

  • Miguel Angel Pérez González

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de cuatro de julio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, transcurrió para la parte quejosa del once al diecisiete julio de la presente anualidad, sin que lo haya hecho valer; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado de plano la demanda origen de los presentes autos, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, lo cual se llevará a cabo con posterioridad al VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Eduardo Jácome Parra, quien ostenta con el carácter de apoderado legal de Miguel Ángel Pérez González, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 630/2018. [...]INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, toda vez que el suscrito se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. En efecto, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste último aplicado en contrario sensu, que en lo conducente disponen: [...]La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el artículo 107 constitucional en su fracción I, dice "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; es decir, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, además ese principio no tiene excepciones, pues todo aquel que solicita la protección de la Justicia Federal, exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de amparo o en su escrito aclaratorio; formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. Ahora bien, el escrito de demanda fue presentado vía electrónica a través del sitio web denominado Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, y en observancia al contenido del artículo 3° de la Ley de Amparo. De la visualización del escrito electrónico que fue recepcionado por medio del módulo de demandas electrónicas en la oficialía de partes de éste Juzgado, asimismo, de la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se desprende que no contiene la evidencia criptográfica, es decir, que no contiene firme electrónica reconocida por el Poder Judicial de la Federación. De lo anterior, se advierte que si bien la demanda de amparo fue presentada a través del medio tecnológico establecido para tal efecto, cierto es también que su presentación se hizo sin una firma electrónica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, por lo que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, en el sentido de que la firma electrónica reconocida por el Poder Judicial de la Federación produce los mismos efectos que la firma autógrafa, es dable concluir que la demanda de amparo, carece de la firma de *****, quien se ostenta como apoderado legal de ******, por la cual se considera que no hay elementos suficientes para determinar que la demanda de amparo de que se trata, fue promovida de manera voluntaria por el promovente. En este sentido, al advertirse que la demanda electrónica no fue presentada mediante el empleo de firma electrónica del interesado la cual produce los mismo efectos jurídicos que la firma autógrafa, no se satisface el principio de instancia de parte agraviada. Por ende de conformidad con el artículo 107 fracción I Constitucional, se establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte el artículo 6° de la Ley de Amparo, previene en lo conducente, que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante y solo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal. En efecto, el artículo 6° de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma autógrafa o huella digital de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita, o en este caso a través de la utilización de la firma electrónica. Por consiguiente, la omisión del promovente de presentar la demanda de amparo sin el uso de la firma electrónica, misma que como ya se expuso produce los efectos jurídicos de la firma autógrafa, equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo. Además dicha demanda no contiene estampado ningún signo gráfico que permita presumir que fue suscrita por el nombrado promovente, por lo que no es dable prevenirlo para que estampe su firma, pues, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 108 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 114, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia conduce a desechar por improcedente la demanda, ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como solicitante de amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que una demanda de amparo requiere expresar la voluntad del agraviado, que debe manifestarse por medio de la suscripción del documento respectivo, de manera que si éste se presenta sin firma, debe desecharse. [...]En consecuencia, ante la carencia de firma, no existe instancia de parte, por lo que de conformidad con la fracción 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 6, 113, todos de la Ley de Amparo, y 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo presentada vía electrónica POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en la demanda de amparo. Ahora, en atención a su solicitud que se le autorice la consulta del expediente electrónico y para lo cual proporciona como usuario para acceder al expediente electrónico el identificado como "******"; al respecto, se comisiona al Analista Jurídico SISE adscrito a este juzgado para que realice el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del usuario antes referido a fin de que el promovente esté en aptitud de acceder al expediente electrónico; asimismo, instrúyase al actuario de la adscripción para que realice las habilitaciones correspondientes. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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