Miguel Ángel Pérez Espinoza
Expediente 173/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 30 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 173/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 09/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Miguel Ángel Pérez Espinoza
- Juez Primero de lo Penal de Primera Instancia del Distrito del Soconusco. Tapachula, Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
mesa 3-A. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Secretario General de Acuerdos por Ministerio de Ley de la Sala Regional Colegiada en Materia Penal 02, Tapachula, con sede en esta ciudad; mediante el cual solicita el estado procesal de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, hágase del conocimiento a la citada autoridad que mediante auto de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio de amparo.
- Principal
MESA 3-A.- Visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, sin que las partes quejosa y tercera interesada lo hubiesen hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se ordena: 1. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo disponen el último párrafo del artículo 18 y 27. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; además de que se estima que el presente expediente no tiene relevancia documental. En consecuencia, transcurridos los tres años, contados a partir de esta data, y dentro los noventa días siguientes, a que se refiere el artículo 18, párrafos segundo y tercero, del Acuerdo General citado, procédase a la depuración del presente expediente, por lo que únicamente deberá de conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia y el auto por el cual causó ejecutoria dicha sentencia; hecho lo anterior, solicítese su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, hágase la devolución de las documentales consistentes en cuatro tomos relativos a la causa penal 128/2015, remitidos por el Juzgado Primero del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, y un tomo relativas al toca penal 395-B-1P02/2015, remitida por la autoridad responsable Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona Dos, con sede en esta ciudad.
- Principal
MESA 3-A.- Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de catorce de junio de esta anualidad, se reservó proveer lo conducente con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por las autoridades responsables, ello en virtud de que en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la secretaria encargada del despacho, carece de atribuciones legales para decidir si la sentencia de amparo se encuentra o no cumplida. Por tanto, se provee: Este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, decima época, página 18, con registro electrónico 2007918, del rubro y texto siguientes:...En ese contexto, en sentencia con engrose de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se negó el amparo y Justicia de la Unión a Miguel Pérez Espinoza y/o Miguel Ángel Pérez Espinoza. En proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, el impetrante Miguel Ángel Pérez Espinoza, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de veintitrés de noviembre del año próximo pasado. Por auto de dieciocho de mayo del presente año, se tuvo por recibido la copia certificada del testimonio a la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 40/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Al resolver el recurso de revisión interpuesto, el referido tribunal resolvió lo siguiente:...En acuerdo de tres de junio del año en cita, se tuvo por recibido el oficio del Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Secretario General de Acuerdos por Ministerio de Ley, de la Sala Regional Colegiada en Materia Penal Región 02, Tapachula, por medio del cual informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de la resolución de uno de junio de dos mil veintiuno, pronunciada en el toca penal número 395-B-1P02/2015, de su índice. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. En consecuencia, por cuanto el término apuntado feneció sin que realizaran la parte quejosa y tercera interesada manifestación de inconformidad alguna al respecto, procede que el suscrito juzgador federal realice el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo amparatorio se encuentra debidamente cumplido. Lo anterior es así, toda vez que mediante resolución de uno de junio de dos mil veintiuno, la Sala Regional Colegiada en Materia Penal Región 02, Tapachula, dejó insubsistente la resolución de nueve de noviembre de dos mil quince, emitida en el toca penal número 395-B-1P02/2015, en el que se revocó el auto, de fecha cinco de agosto de dos mil quince, pronunciado por la Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta ciudad, en el expediente número 128/2015, en el que negó el libramiento de la orden de aprehensión, solicitada por el representante social, en contra de Miguel Pérez Espinoza y/o Miguel Ángel Pérez Espinoza. Consecuentemente, subsanadas las observaciones de la ejecutoria del Tribunal de Alzada, la Sala Penal, con plenitud de jurisdicción, procedió a dictar el auto, única y exclusivamente por lo que hace al quejoso Miguel Pérez Espinoza y/o Miguel Ángel Pérez Espinoza, en la que ordenó la búsqueda y aprehensión del impetrante, por la comisión del delito de despojo previsto por el artículo 305, párrafo primero, fracción I, y sancionado por el párrafo cuarto, del mismo numeral, en relación al 14, párrafos primero y segundo, fracción I, 15 párrafos primero y segundo, y 19, párrafos primero, (primera hipótesis), y segundo, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio la sucesión testamentaria a bienes del extinto Héctor Antonio Díaz Salinas, representada por Celia Damiana Echeverría Salinas. Por lo tanto, es evidente que la autoridad responsable ha cumplido con el fallo protector; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, esto es dejó insubsistente la resolución de nueve de noviembre de dos mil quince, emitida en el toca penal número 395-B-1P02/2015 y subsanó las observaciones de la ejecutoria del Tribunal de Alzada, la Sala Penal, con plenitud de jurisdicción, procedió a dictar el auto, única y exclusivamente por lo que hace al quejoso Miguel Pérez Espinoza y/o Miguel Ángel Pérez Espinoza, en la que ordenó la búsqueda y aprehensión del impetrante, por la comisión del delito de despojo cometido en agravio de la sucesión testamentaria a bienes del extinto Héctor Antonio Díaz Salinas, representada por Celia Damiana Echeverría Salinas...Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsable, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda. Finalmente, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de quince días, para que manifieste lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente.
- Principal
MESA 3-A.- Vista la certificación secretarial que antecede, se obtiene que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesada, a fin de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo emitida en este asunto, el cual transcurrió sin que hayan realizado pronunciamiento al respecto. No obstante lo anterior, se reserva proveer lo conducente, toda vez que al no ser la declaratoria de cumplimiento una diligencia, providencia de mero trámite, o resolución de carácter urgente, la suscrita carece de atribuciones legales en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para decidir si la sentencia de amparo se encuentra o no cumplida.
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