Miguel Angel Perez Dewey

Expediente 157/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
157/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/02/2023

Partes del expediente

  • Miguel Angel Perez Dewey

Actuaciones

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Desahoga requerimiento. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de demanda signado por el quejoso Miguel Ángel Pérez Dewey, a través del cual desahoga el requerimiento efectuado en auto de siete de febrero del año actual. Desechamiento de la demanda. El suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: [ . . . ] En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, en relación con el diverso en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Secretario en funciones de Juez de Distrito. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/557/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó a Rodolfo Jiménez Silva, para desempeñarse como Secretario en funciones de Juez de Distrito de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Desahoga requerimiento. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de demanda signado por el quejoso Miguel Ángel Pérez Dewey, a través del cual desahoga el requerimiento efectuado en auto de siete de febrero del año actual. Desechamiento de la demanda. El suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: [ . . . ] En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, en relación con el diverso en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Secretario en funciones de Juez de Distrito. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/557/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó a Rodolfo Jiménez Silva, para desempeñarse como Secretario en funciones de Juez de Distrito de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de febrero de dos mil veintitrés. Téngase recibida la demanda de amparo que promueve Miguel Ángel Pérez Dewey, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil de esta ciudad; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 157/2023-V. Pues bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con cuatro copias del propio ocurso aclaratorio, en caso de que se presente en forma física, por corresponder una para la autoridad designada como responsable, una para la tramitación del incidente de suspensión que se peticiona, una para el tercero interesado que señala y una más para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Especifique de manera puntual qué acto o actos reclama en la presente instancia constitucional. En concreto, deberá precisar si reclama, -según lo asienta en el apartado relativo al acto reclamado-, el emplazamiento al incidente de liquidación de intereses ordinarios, moratorios e IVA, promovido en el juicio extraordinario civil hipotecario 512/2017 del índice de la autoridad responsable y, como consecuencia de ello, las actuaciones posteriores del citado incidente. Lo anterior, ya que a lo largo del escrito de demanda se aqueja de que se transgredió su derecho de audiencia al no haber sido legalmente notificado a procedimiento, sin especificar si se refiere al emplazamiento al juicio de origen o únicamente al incidente señalado; por lo que, deberá especificar con claridad el acto o actos que reclama en el presente juicio de amparo. SEGUNDO. Aclaración de las autoridades responsables. En relación a lo anterior, deberá manifestar si es su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Civil de esta ciudad, dado que en el capítulo respectivo a los actos reclamados, hace referencia a la falta o ilegal emplazamiento realizado en el juicio extraordinario civil hipotecario de origen; empero en el apartado relativo a las autoridades responsables, no hace mención de dicha autoridad. En la inteligencia de que, de ser su deseo señalarlo como responsable, deberá acompañar la copia de su ocurso aclaratorio para correr traslado a la misma. TERCERO. Bajo protesta de decir verdad, amplíe los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación. La presente prevención emerge, toda vez que, en el capítulo respectivo, únicamente señala diversas actuaciones llevadas a cabo en el juicio extraordinario civil hipotecario 512/2017 de origen, relativas al incidente de liquidación de intereses promovido en el mismo; empero es omiso en precisar las actuaciones previas al citado incidente. En ese sentido, deberá de precisar de manera clara, cronológica y correcta, la totalidad de los antecedentes del acto reclamado, de los que además, se deberá advertir si es parte procesal dentro del citado juicio, si compareció al mismo y el estado en que se encuentra el controvertido en cuestión. Asimismo, deberá especificar si en contra de los actos que se pretende combatir, promovió el medio ordinario de defensa legalmente procedente; la fecha de su interposición; y, de ser el caso, la data y el sentido en que se haya resuelto el mismo. Lo anterior, en el entendido de que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría actualizar la conducta delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo; numeral que en lo conducente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" En ese sentido se cita la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del libro 45, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de 2017, Décima Época, con registro digital 2014917, que dice: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Circunstancias las anteriores que devienen en imprecisiones que, a su vez, constituyen irregularidades que deben ser subsanadas en sus términos, a fin de establecer la litis constitucional, así como la procedencia de la acción de amparo. Al caso se invoca, la jurisprudencia VI.1º.C.18 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1716 del tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Así como la tesis P. VII/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 325 del tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. Apercibida la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención, en el término precisado, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Asimismo, se le apercibe que de no dar cumplimiento a la aclaración señalada en el punto SEGUNDO, en el término antes precisado, se determinará lo que conforme a derecho corresponda, únicamente respecto de la autoridad designada como responsable en su escrito inicial de demanda. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, dado que no se proporcionan los datos inherentes que se encuentren enlistados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que los faculta para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese personalmente.

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