Miguel Angel Peña Azuara y Otros.
Expediente 1334/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1334/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/09/2022
Partes del expediente
- Miguel Angel Peña Azuara y Otros.
- Miguel Angel Peña Azuara
- Miguel Peña Velasco
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda que dio origen al presente juicio (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. En otro orden, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico únicamente para que obre como corresponda el oficio signado electrónicamente por la Apoderada Legal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por medio del cual manifiesta la imposibilidad que le asiste para dar cumplimiento al requerimiento formulado el veintinueve de agosto, esto es, informar las gestiones realizadas a fin de salvaguardar la integridad de los menores quejosos, por los motivos insertos en el oficio de cuenta, puesto que como quedó asentado en párrafos que anteceden ha causado estado el auto que desechó la demanda de amparo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio firmado por la Jueza del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado el veintinueve de agosto del año en curso, informa las gestiones realizadas en el expediente 709/2022 a fin de salvaguardar la integridad de los menores quejosos. Se tiene por desahogado el requerimiento formulado y se deja sin efectos el apercibimiento decretado. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Peña Azuara, no así Peña Velasco (ello de acuerdo con la copia del acta de matrimonio que se anexa al ocurso de demanda, en la que se aprecia la firma de Peña Azuara y corresponde a la estampada en el ocurso inicial de demanda), por derecho propio y en representación de los menores de iniciales A.R.P.V. y M.P.V. (cuyos nombres se omiten en atención a los puntos 9 y 10, capitulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a Niños, Niñas y Adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de resguardar la privacidad de los infantes); fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1334/2022-I. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador interpreta, luego de la lectura del escrito inicial de demanda que propiamente la parte quejosa reclama: La privación de la libertad de los menores de edad de iniciales A. R. P. V. y M. P. V.; y como consecuencia peticiona se decreten medidas de protección en su favor. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Expuesto lo anterior, este juzgador, estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción II y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: (.) II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación armónica y sistemática de los numerales transcritos, cabe señalar que para los efectos del juicio de garantías, autoridad responsable es aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Conviene tener presente que sobre la figura de "autoridad para efectos del juicio de amparo" anteriormente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. En ese orden, afirmó que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Cuestión que se contempla en la actualidad en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. Asimismo, es importante señalar que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Así, es dable aseverar que el concepto actual de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares, y por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es corolario de lo anterior que, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernada y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, Novena Época, Materia Común, con registro digital 161133, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, en el caso concreto este juzgador estima que no se cumple con el requisito señalado en el inciso a) ante la inexistencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación y tampoco se cumple con el inciso d), ya que precisamente se requiere de acudir a las instancias jurisdiccionales, porque son estas quienes se encargan de resolver el tema en conflicto. En efecto, en el asunto que nos ocupa, el quejoso fue omiso en señalar a alguna autoridad a la cual le atribuya el acto reclamado, tal como lo prevé el numeral 108, fracción III de la Ley de Amparo. Pues del análisis a la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se lo atribuye a la progenitora de los menores de edad quejosos; así como a su familia materna, toda vez que refiere que, son aquellos quienes tienen retenidos a los menores de edad. De lo anterior se infiere que no se está en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación de particulares, y por consecuencia no puede considerarse un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente. Pues, de las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, a saber, la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular y que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales; habida cuenta que se está en presencia de actos entre particulares, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Por su contenido, se cita la siguiente tesis: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad." En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Peña Azuara, no así Peña Velasco por derecho propio y en representación de los menores de iniciales A.R.P.V. y M.P.V., al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción II y 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. CONSIDERACIÓN DESTACADA Sin que se deje en estado de indefensión a la parte quejosa, toda vez que con el acto reclamado consistente en la privación de la libertad de los menores quejosos, se puede configurar probablemente la comisión de los delitos de "privación de la libertad de menores de edad" previsto en el numeral 262 del Código Penal del Estado de México y el diverso de "sustracción de hijo" de conformidad con el ordinal 263 del citado código que a la letra disponen: "CAPÍTULO III PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE MENORES DE EDAD Artículo 262.- A quien siendo un extraño a su familia se apodere de un menor de dieciocho años de edad, se le impondrán de diez a cuarenta años de prisión y de quinientos a mil días multa. Cuando el delito lo cometa un familiar, que no sea el padre o la madre, y obre con mala fe y no por móviles afectivos, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de treinta a ciento veinticinco días multa. Si el menor es restituido espontáneamente a su familia o a la autoridad dentro de tres días y sin causar daño, se le impondrán de tres meses a cuatro años de prisión y de treinta a cien días multa. Si se causare daño, se impondrán de seis meses a seis años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa. CAPITULO IV SUSTRACCION DE HIJO Artículo 263.- Al padre o la madre que se apodere de su hijo menor de edad o familiares que participen en el apoderamiento, respecto del cual no ejerza la patria potestad o la custodia, privando de este derecho a quien legítimamente lo tenga, o a quién aún sin saber la determinación de un Juez sobre el ejercicio la patria potestad o la custodia, impida al otro progenitor ver y convivir con el menor, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de cuarenta a ciento veinticinco días. Este delito se perseguirá por querella." Por ende, toda vez que este Juzgado de Distrito es un órgano de buena fe, que actúa bajo el principio de que las partes se conducen con lealtad procesal, motivo por el cual no se está en posibilidad de dar vista al Ministerio Público; lo anterior, aunado a que este órgano de control constitucional no es la autoridad competente para determinar si un hecho es o no constitutivo de delito; no obstante, se dejan a salvo sus derechos para que los ejerza en la vía y forma que procedan, en caso de que estime que se ha cometido una conducta posiblemente constitutiva de delito en su perjuicio. Bajo dichas circunstancias, se precisa que a esta instancia constitucional no le corresponde ocuparse de las cuestiones externadas por el promovente del amparo, sino lo que resulta competencia de este Juzgado son, en su caso, los actos de autoridad que resulten lesivos a los derechos humanos de los justiciables, razón por la cual se dejan a salvo los derechos del promovente del amparo (Miguel Ángel Peña Azuara) y progenitor de los quejosos para acudir ante la Representación Social a formular la denuncia correspondiente; máxime que en el caso, se estima que éste no carece de asesoría legal, pues designó autorizados en el presente asunto, por lo que, en conjunto con las consideraciones legales expuestas, resultan motivos suficientes para que prevalezca la decisión adoptada en la presente determinación. Lo anterior es así, toda vez que los Agentes del Ministerio Público son a quienes les corresponde la investigación y persecución de los delitos, a efecto de aplicar la ley, según corresponda. MEDIDAS DE PROTECCION PARA LOS MENORES Ahora bien, y toda vez que en el presente se encuentran menores involucrados, a fin de no dejarlos en estado de indefensión se provee: En el escrito inicial de demanda el promovente bajo protesta de decir verdad, refiere que la progenitora de los menores quejosos ejerce violencia intrafamiliar, por tanto, conforme al artículo 4, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 9.1, 9.3, 12.1 y 27.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, conllevan la obligación para el Juzgador de analizar los posibles perjuicios que los menores pudieran sufrir, desde la óptica del interés superior de los mismos, que demanda que en toda situación donde se vean involucrados niños, niñas y adolescentes se traten de proteger y privilegiar sus derechos. A la luz del interés superior no debe darse preferencia a una cuestión legal en detrimento del análisis de una cuestión que podría resultar perjudicial y trascendente para los niños. Por lo que, los jueces están facultados para solicitar todas las pruebas que consideren necesarias con el objeto de establecer lo más conveniente para preservar el interés superior del niño. Al respecto, resultan aplicables, en lo conducente, la tesis 1a.CXXII/2012 (10a.) de la Primera Sala y jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a.) y Pleno ambos de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros respectivamente son: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR." "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES." Atento a lo anterior, se requiere al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, Estado de México, para que en el plazo de veinticuatro horas contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído: a) Ordene a la autoridad competente para que se constituya en el domicilio de los menores quejosos, a fin de verificar la integridad de los infantes; y, b) Realice las gestiones necesarias a fin de salvaguardar su integridad de los quejosos menores de edad. Circunstancias que deberá comunicar a este Juzgado de Distrito y remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. En el entendido que de no hacerlo así, o bien, de no informar la imposibilidad que tenga para ello en el plazo concedido, podrá hacerse acreedor a una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. SOLICITUD DE CONSTANCIAS Finalmente, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que el Juzgado Sexto Familiar de Toluca, Estado de México, conoce del juicio de violencia familiar que registró con el número 709/2022; por lo que, se requiere a dicho juzgador para que en el plazo de veinticuatro horas, informe si ha emitido alguna medida preventiva o restrictiva en favor de los menores quejosos; y en caso de ser así, informe las gestiones realizadas a fin de salvaguardar la integridad de los mismos. En el entendido que, de no hacerlo así o de no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se hará acreedor a la multa señala en párrafos que anteceden. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda. Únicamente se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Evans Kenneth Ramón Sarmiento pues cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las restantes personas únicamente para oír y recibir notificaciones por carecer del registro respectivo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Hágase lo anterior del conocimiento de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, a fin de que realice la compensación correspondiente. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Enrique Vázquez Pérez, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Luz del Carmen Peñaloza Mireles, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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