Miguel Ángel Pat Llanes
Expediente 530/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 530/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Miguel Ángel Pat Llanes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el veinticuatro de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda de amparo, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos la razón actuarial de cuenta, de la cual se advierte la imposibilidad del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal de notificar el acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso, a la parte quejosa ***, toda vez que al constituirse al domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, fue informado que en dicho lugar no reciben notificaciones a su nombre, así como tampoco de su apoderado legal y autorizados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el acuerdo de veinticuatro de agosto pasado a la parte quejosa, así como los subsecuentes aun de carácter personal, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación secretarial con que se da cuenta, y atendiendo al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días otorgado al promovente ***, por auto de trece de julio del año en curso, a fin de que realizara lo siguiente: "PRIMERO. Manifieste si es su deseo señalar como actos reclamados: El proveído de quince de enero de dos mil veinte, en el que se le requirió proporcionar el domicilio de un banco extranjero a fin de notificar el diverso acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete. La omisión o negativa de las autoridades responsables de cumplimentar el laudo dictado en el juicio de origen, específicamente, el acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete, donde se ordenó notificar el embargo o aseguramiento de las cuentas bancarias de las instituciones financiera BANCO HSBC, BANCO BBVA BANCOMER, BANCO BANAMEX, BANCO IBC, supuestamente a nombre de la empresa HIDROPONIA MAYA S.A. DE C.V. En el entendido que la negativa implica el rehusamiento por parte de la autoridad a las pretensiones del gobernado, mientras que la omisión consiste en un no hacer respecto de un deber que la autoridad se encuentra obligada a realizar. Segundo. En caso de que sea su deseo señalar los actos precisados en el punto anterior, deberá exponer bajo protesta de decir verdad cuáles son los antecedentes mediatos e inmediatos que originaron la emisión de los mismos". Sin que haya realizado manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se tiene únicamente como acto reclamado la notificación de veintitrés de junio del año en curso, relativa a la ejecución de los acuerdos de once de octubre de dos mil diecisiete y quince de enero de dos mil veinte, dictados en autos del expediente laboral ***. Ahora, en primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda, atento a las siguientes consideraciones.En el caso concreto, la parte quejosa, hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: ***.Precisado lo anterior, el suscrito considera que en relación con el acto reclamado en este juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Inicialmente es necesario señalar que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Esta directriz de procedencia del juicio biinstancial se desprende del contenido del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente, lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [...]". Del contenido de las anteriores disposiciones legales se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. En consecuencia, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Establecido lo anterior, resulta pertinente destacar que el acto reclamado consiste en la notificación de veintitrés de junio del año en curso, por la que se le hace saber el contenido del acuerdo quince de enero de dos mil veinte, dictado en autos del expediente laboral DI-141/2012 del índice de la junta responsable. En ese sentido, respecto a la notificación de veintitrés de junio del año en curso, ordenada dentro del expediente laboral DI-141/2012, conviene tener en consideración lo dispuesto en los artículos 752, 762 y 764 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen que son nulas las notificaciones que no se practiquen conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII de la ley en cita, asimismo, que contra las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo mencionado, procede el medio de impugnación de nulidad de actuaciones. Al respecto, los citados artículos 752, 762 y 764 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 752.- Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo. . Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; . Artículo 764.- Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la Ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. ." Como se dijo, y de la lectura de los artículos transcritos, se obtiene que las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo VII, de la Ley Federal del Trabajo pueden ser combatidas a través del medio de impugnación denominado en el artículo 762 denominado como incidente de nulidad. De ahí que la parte quejosa tenía que agotar el medio de defensa ordinario contra la notificación reclamada, pues la ley prevé su procedencia. Lo anterior es así, ya que la quejosa es parte formal en el juicio del cual emana el acto reclamado. En ese tenor, si como se dijo, la parte quejosa es parte formal del juicio, del cual tuvo conocimiento; por lo que es indudable que estuvo en aptitud de agotar el incidente de nulidad en contra de las notificaciones de las cuales se duele en amparo. Por tanto, todo lo señalado con antelación pone en relieve que contra el acto reclamado en este juicio procede el medio de impugnación incidente de nulidad, mecanismo ordinario de defensa previsto en la Ley Federal del Trabajo, pues tal actuación se hizo consistir en la notificación de veintitrés de junio del año en curso, respecto a los acuerdos de once de octubre de dos mil diecisiete y quince de enero de dos mil veinte, dictados dentro del expediente laboral *** del índice de la responsable. De ahí que previo al juicio de amparo debió agotarse el principio de definitividad, pues se insiste, por virtud del medio de impugnación previsto en la ley, puede nulificarse la notificación reclamada. Asimismo, se precisa que de conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la ley en la materia, el principio de definitividad únicamente encuentra excepción en los casos siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Excepciones que no encuadran en el presente asunto, debido a que, en primer término, este asunto es de naturaleza laboral y no se trata de ninguno de los actos a que se refieren los citados incisos a) y b); y en segundo término, como se advierte de la demanda de amparo, la aquí parte quejosa es parte actora en la controversia de origen, lo cual excluye la hipótesis a que se contrae el inciso c). Aunado a lo anterior, cabe señalar que el principio de definitividad establece que previo al juicio de amparo indirecto deben agotarse contra el acto reclamado los medios de defensa ordinarios que establece la ley, ya que de otra manera no se cumpliría con el objetivo del mencionado principio, esto es, promover el juicio constitucional cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad, pues podría suceder que simplemente por formulismo se interpusiera el recurso aun en una hipótesis en que resultara improcedente, para tener por cumplido el recurso de definitividad que en caso se ha analizado. Por todo lo anterior, contra la notificación reclamada, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que prevé la Ley Federal del Trabajo, antes de acudir al juicio de amparo.En esas condiciones, se acredita de manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y personalmente al promovente.
- Principal
Vista la certificación secretarial con que se da cuenta, y atendiendo al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días otorgado al promovente ***, por auto de trece de julio del año en curso, a fin de que realizara lo siguiente: "PRIMERO. Manifieste si es su deseo señalar como actos reclamados: El proveído de quince de enero de dos mil veinte, en el que se le requirió proporcionar el domicilio de un banco extranjero a fin de notificar el diverso acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete. La omisión o negativa de las autoridades responsables de cumplimentar el laudo dictado en el juicio de origen, específicamente, el acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete, donde se ordenó notificar el embargo o aseguramiento de las cuentas bancarias de las instituciones financiera BANCO HSBC, BANCO BBVA BANCOMER, BANCO BANAMEX, BANCO IBC, supuestamente a nombre de la empresa HIDROPONIA MAYA S.A. DE C.V. En el entendido que la negativa implica el rehusamiento por parte de la autoridad a las pretensiones del gobernado, mientras que la omisión consiste en un no hacer respecto de un deber que la autoridad se encuentra obligada a realizar. Segundo. En caso de que sea su deseo señalar los actos precisados en el punto anterior, deberá exponer bajo protesta de decir verdad cuáles son los antecedentes mediatos e inmediatos que originaron la emisión de los mismos". Sin que haya realizado manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se tiene únicamente como acto reclamado la notificación de veintitrés de junio del año en curso, relativa a la ejecución de los acuerdos de once de octubre de dos mil diecisiete y quince de enero de dos mil veinte, dictados en autos del expediente laboral ***. Ahora, en primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda, atento a las siguientes consideraciones. En el caso concreto, la parte quejosa, hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: ***. Precisado lo anterior, el suscrito considera que en relación con el acto reclamado en este juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Inicialmente es necesario señalar que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Esta directriz de procedencia del juicio biinstancial se desprende del contenido del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente, lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [...]". Del contenido de las anteriores disposiciones legales se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. En consecuencia, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Establecido lo anterior, resulta pertinente destacar que el acto reclamado consiste en la notificación de veintitrés de junio del año en curso, por la que se le hace saber el contenido del acuerdo quince de enero de dos mil veinte, dictado en autos del expediente laboral DI-141/2012 del índice de la junta responsable. En ese sentido, respecto a la notificación de veintitrés de junio del año en curso, ordenada dentro del expediente laboral DI-141/2012, conviene tener en consideración lo dispuesto en los artículos 752, 762 y 764 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen que son nulas las notificaciones que no se practiquen conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII de la ley en cita, asimismo, que contra las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo mencionado, procede el medio de impugnación de nulidad de actuaciones. Al respecto, los citados artículos 752, 762 y 764 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 752.- Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo. . Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; . Artículo 764.- Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la Ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. ." Como se dijo, y de la lectura de los artículos transcritos, se obtiene que las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo VII, de la Ley Federal del Trabajo pueden ser combatidas a través del medio de impugnación denominado en el artículo 762 denominado como incidente de nulidad. De ahí que la parte quejosa tenía que agotar el medio de defensa ordinario contra la notificación reclamada, pues la ley prevé su procedencia. Lo anterior es así, ya que la quejosa es parte formal en el juicio del cual emana el acto reclamado. En ese tenor, si como se dijo, la parte quejosa es parte formal del juicio, del cual tuvo conocimiento; por lo que es indudable que estuvo en aptitud de agotar el incidente de nulidad en contra de las notificaciones de las cuales se duele en amparo. Por tanto, todo lo señalado con antelación pone en relieve que contra el acto reclamado en este juicio procede el medio de impugnación incidente de nulidad, mecanismo ordinario de defensa previsto en la Ley Federal del Trabajo, pues tal actuación se hizo consistir en la notificación de veintitrés de junio del año en curso, respecto a los acuerdos de once de octubre de dos mil diecisiete y quince de enero de dos mil veinte, dictados dentro del expediente laboral *** del índice de la responsable. De ahí que previo al juicio de amparo debió agotarse el principio de definitividad, pues se insiste, por virtud del medio de impugnación previsto en la ley, puede nulificarse la notificación reclamada. Asimismo, se precisa que de conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la ley en la materia, el principio de definitividad únicamente encuentra excepción en los casos siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Excepciones que no encuadran en el presente asunto, debido a que, en primer término, este asunto es de naturaleza laboral y no se trata de ninguno de los actos a que se refieren los citados incisos a) y b); y en segundo término, como se advierte de la demanda de amparo, la aquí parte quejosa es parte actora en la controversia de origen, lo cual excluye la hipótesis a que se contrae el inciso c). Aunado a lo anterior, cabe señalar que el principio de definitividad establece que previo al juicio de amparo indirecto deben agotarse contra el acto reclamado los medios de defensa ordinarios que establece la ley, ya que de otra manera no se cumpliría con el objetivo del mencionado principio, esto es, promover el juicio constitucional cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad, pues podría suceder que simplemente por formulismo se interpusiera el recurso aun en una hipótesis en que resultara improcedente, para tener por cumplido el recurso de definitividad que en caso se ha analizado. Por todo lo anterior, contra la notificación reclamada, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que prevé la Ley Federal del Trabajo, antes de acudir al juicio de amparo. En esas condiciones, se acredita de manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y personalmente al promovente.
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